Ante la ley electoral pactada

Ante la crisis parlamentaria por el debate de la ley electoral se evidencia una vez más el carácter antidemocrático de la derecha, y la de la nueva rosca encabezada por el MAS-Podemos, AUN, NFR, MNR, MIR, que busca por todos los medios obstaculizar la participación popular.

La negativa de la derecha al voto de los bolivianos en el exterior está dirigida contra un sector que es mayoritariamente de la clase trabajadora y por eso se lo quiere excluir.

La maniobra del tendem MAS-Podemos de incluir el voto de los bolivianos en el exterior esta revestida de un carácter demócratico-legítimo.

Sin embargo quiere encubrir las permanentes violaciones del gobierno al débil orden demócratico-constitucional:

Usurpación del poder constituido sobre el poder constituyente, modificación deliberada y a su antojo de lo que votan las bases en los sindicatos y organizaciones sociales, ausencia del tribunal constitucional también deliberada para que justamente la nueva rosca modifique propuestas y leyes a total conveniencia, aceptación del chantaje de los dos tercios como regla intocable del sistema político, violación del voto del soberano que a nivel nacional el 2 de julio del 2006 votó NO a las autonomías departamentales con un 57 %, y que en enero del 2009 votó por ponerle fin al latifundio.

¿Es creíble que se desee la real participación de los bolivianos en el exterior, cuando en España el gobierno boliviano, mira para otro lado cuando los compatriotas son enjuiciados y encarcelados, y se les aplica las duras leyes de inmigración europeas?

(ver «Abuso y detenciones de Bolivianos en España: El Gobierno Boliviano no interviene» – en
http://constituyentesoberana.org/3/pronunciamientos/022009/250209_1.html )

La derecha, habla de los escaños indígenas como faltos de proporcionalidad con su base de votantes, pero oculta, al igual que lo hace el propio gobierno, que el Senado funciona en forma totalmente antidemocrática.

Podemos con el 18% de la votación popular puede tener mayoría en el Senado gracias a la distorsión de la voluntad popular que significa que Pando o Beni elijan la misma cantidad de senadores que La Paz, y gracias al MAS que le cedió en el 2007 la presidencia, para crear 44 contratos petroleros a gusto de cada una de las empresas de ese rubro.

Este mecanismo antidemocrático del Senado fue mantenido por la Constitución, y el gobierno del MAS nunca lo cuestionó. Una elección democrática debería ser para una cámara única sobre base estrictamente proporcional a la población.

La representación de diputados electos por sectores sociales obreros, populares, campesinos e indígenas, en forma democrática y en base a su representatividad numérica real, había sido propuesta para la elección de la Constituyente pero el MAS y la derecha se pusieron de acuerdo en rechazarla.

Los propios escaños indígenas que propone el gobierno, en base a la Constitución, tienen una representatividad distorsionada, adonde las masas mayoritarias de origen quechua o aymara, que en gran medida pueblan las grandes ciudades, no participan de la elección de los supuestos “diputados indígenas”.

Esto da por resultado que, en cualquiera de los proyectos de ley, y en el que están consensuando ahora, la heroica ciudad de El Alto, vanguardia de la rebelión que derrocó a Sánchez de Losada, tiene con un millón de habitantes, menos representatividad parlamentaria que Pando con 60 mil.

La Constitución pactada entre el gobierno y la derecha, mantiene las distorsiones a la representatividad popular del viejo régimen, con el único añadido de esta “representación indígena”, que ahora también se recorta en función de un nuevo pacto del gobierno con la derecha.

¿Por qué se mantiene el poder de la oligarquía?

Recordamos que este pacto, que llevó al cambio de 144 artículos de la Constitución, tiene una fuerte base objetiva en el acuerdo en mantener los latifundios “preexistentes”, es decir todos, y los “derechos adquiridos” por las compañias petroleras, con los 44 contratos que significaron un retroceso en la nacionalización.

Este retroceso se profundiza con la entrega de YPFB al control de expertos del Banco Mundial, de los imperialismos de Holanda y Noruega. También se pretende entregar el litio a empresas multinacionales. Mientras esto sucede, de estos problemas básicos del país y el pueblo no discute el Parlamento. Porque en eso están de acuerdo, lamentablemente, el gobierno del MAS y la derecha.

Existe una forma concreta de quitarle el poder a la oligarquía y liquidar así todas sus conspiraciones antipopulares: la aplicación integral de la Agenda de Octubre. El poder de la oligarquía esta cimentado en la gran propiedad agraria y en su relación con las multinacionales.

Lamentablemente, liquidar este poder, no es el camino del gobierno del MAS que, por el contrario, públicamente dice que quiere que sean “socios”.

La Agenda de Octubre, la nacionalización integral de los hidrocarburos y minería con la expulsión de las multinacionales, la industrialización y la liquidación de los latifundios con la entrega de la tierra a los que la trabajan, un salario acorde con la canasta familiar, trabajo, salario, tierra, alimentos baratos, es la necesidad de las mayorías trabajadoras del país. Este debería ser el objetivo que unifique a los dirigentes de la COB, la CSUTCB, la Fejuve y de otras organizaciones populares.

Es urgente y necesaria una alternativa política y social para encarar esta lucha vital para el presente y futuro del pueblo boliviano.

Además de llevar adelante una Iniciativa ciudadana de 500.000 firmas para llamar nuevamente a un referéndum constitucional, para eliminar la actual constitución volviendo a la Constitución legítima, votada por la Asamblea Constituyente en Oruro.

Anulación de los 44 contratos petroleros, expulsión de la Jindall, y de todas las trasnacionales de la minería. Nacionalización con control de los trabajadores de todos los recursos extractivos.