Argentina: Aprueba el Congreso la ley antiterrorista para perseguir a los que luchan

El Congreso aprobó la Ley Antiterrorista propuesta por la presidenta Cristina Kirchner. La misma le otorga a su gobierno, a los futuros, a jueces y fiscales, una nueva herramienta jurídica para ir contra la protesta social. Diputados y senadores, en su gran mayoría kirchneristas, junto a Sabbatella y otros, aprobaron la ley.

El Congreso aprobó la Ley Antiterrorista propuesta por la presidenta Cristina Kirchner. La misma le otorga a su gobierno, a los futuros, a jueces y fiscales, una nueva herramienta jurídica para ir contra la protesta social. Diputados y senadores, en su gran mayoría kirchneristas, junto a Sabbatella y otros, aprobaron la ley.

El peronismo gobernante del Frente para la Victoria (FpV) -junto a sus socios provinciales y Nuevo Encuentro-Sabatella- aprobaron a fin de año una nueva aberración tendiente a reforzar los mecanismos jurídicos para criminalizar las protestas. Como está articulada, prácticamente cualquier reclamo o manifestación popular podría ser calificada como “acto terrorista”.

La nueva norma incorpora al Código Penal la amplificación de las penas a delitos cometidos bajo el supuesto móvil de “terrorismo”, es decir, “cometido con la finalidad de aterrorizar a la población… o si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.” Bajo este articulado, prácticamente cualquier protesta o manifestación podría ser tipificada por algún juez o fiscal como “acto terrorista”.

Como sostuvo el Dr. Omar Dib -abogado del “Pollo” Sobrero y miembro de la Coordinadora Antirepresiva por los Derechos del Pueblo- en un pronunciamiento previo a su sanción: “No quedan dudas que esta Ley será utilizada para limitar, restringir y penalizar a los integrantes de organizaciones obreras y populares y a los luchadores en general que quieran reclamar más allá de lo tolerable para el gobierno y que, lejos de servir para combatir algún tipo de “terrorismo”, se trata de una legislación que desarrolla y legitima el poder de represión contra los que reclaman activamente por la solución de los problemas que este gobierno no tiene interés en solucionar, que son los problemas que debe enfrentar la enorme mayoría del pueblo”. Dib agrega que, en el caso de la detención de Sobrero, la pena que le hubiera correspondido con esta ley hubiese sido de 10 a 30 años de prisión.

A su vez, se trata de una norma que bajo este gobierno u otro, deja a la libre interpretación de los jueces qué es exactamente “acto terrorista”, palabra de nefastos antecedentes en nuestra historia, ya que en su nombre se mató, despareció, torturó, violó y robó bebes en un pasado que todavía contiene innumerables casos de genocidas impunes.

Una exigencia del imperialismo

Esta ley es una expresión suprema del más absoluto sometimiento a los poderes económicos internacionales. Ni siquiera se disimuló que el “apuro” por votarla tenía como fundamento la exigencia del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), un organismo financiero del imperialismo de segundo orden que, bajo la excusa de “evitar el lavado de dinero”, opera como organismo técnico para disciplinar a los países semicoloniales a los dictados del imperialismo.

Los legisladores oficialistas al aprobar la ley, sostuvieron que de ninguna manera puede ser entendida con el fin de condenar la protesta social ya que “este gobierno no reprime”. Falso. Los Kirchner siempre se negaron a desprocesar a los 5.000 luchadores sociales, se encuentran presos el petrolero de Las Heras Oñate y el obrero de la construcción Olivera, y, sólo en el último año, han sido asesinados 16 compañeros en una saga sangrienta que cubre desde Mariano Ferreyra, los Qom de Formosa, el Indoamericano, Ledesma y culmina con el asesinato del compañero del Mocase de Santiago del Estero.

En suma, con su promulgación, se le cae una nueva capa a la careta de este gobierno que se autoproclama “defensor de los derechos humanos”. Lo definió Eduardo Grüner, integrante de la Asamblea de Intelectuales en apoyo al FIT: “¿Puede ser “nacional” un gobierno que resigna su soberanía nada menos que para dictar leyes sometiéndose a las presiones de un organismo económico internacional como el GAFI, comandado a control remoto por el Imperio? ¿Puede ser “popular” un gobierno que propone leyes “antiterroristas” que, en manos de jueces conservadores o simplemente desaprensivos podría castigar con severas penas de cárcel a unos obreros que ocupen una fábrica, unos campesinos que protesten por la contaminación de la minería a cielo abierto, unos maestros que instalen “carpas blancas” demandando aumento de salarios?”.

Muchas personalidades que apoyan al oficialismo salieron contra la ley (Zaffaroni, Verbitsky, Estela Carlotto, entre otros). Repudiamos esta nueva ley, convocando a luchar por su abolición.

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