7 febrero, 2026

Arrecia persecución yanqui contra Wikileaks

Una corte yanqui ordenó a Twitter proveer información de la cuenta del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, la de Bradley Manning, el analista de inteligencia del Ejército estadounidense sospechoso de filtrar miles de documentos del Pentágono divulgados el año pasado por WikiLeaks, así como algunos seguidores de Wikileaks.

Una corte yanqui ordenó a Twitter proveer información de la cuenta del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, la de Bradley Manning, el analista de inteligencia del Ejército estadounidense sospechoso de filtrar miles de documentos del Pentágono divulgados el año pasado por WikiLeaks, así como algunos seguidores de Wikileaks.

La información que solicita el gobierno yanqui incluye todos los registros de conexión y sesiones iniciadas, historial de IP usadas para acceder a Twitter, correos electrónicos y direcciones residenciales además de registros de facturación y detalles de cuentas bancarias y tarjetas de crédito.

La citación incluye las cuentas de los seguidores de WikiLeaks Jacob Appelbaum, programador estadounidense; Rop Gonggrijp, hacker, y Birgitta Jonsdottir, una ex voluntaria de WikiLeaks y diputada del Parlamento de Islandia.

“WikiLeaks condena fuertemente este hostigamiento de individuos por parte del gobierno de Estados Unidos”, dijo el abogado de Assange, Mark Stephens, en un comunicado emitido en Londres.

El autoritario gobierno yanqui intenta acusar a los directores de Wikileaks por espionaje, luego de la publicación de miles de documentos sobre la invasión de Irak y Afganistán, así como comunicaciones diplomáticas.

WikiLeaks dijo que tres o cuatro individuos a los que apuntaba el Departamento de Justicia no habían trabajado para ellos y eran ciudadanos privados que la apoyaban voluntariamente como activistas o políticos.

Dos de ellos fueron piezas fundamentales en ayudar a WikiLeaks a hacer público el video del Pentágono que mostró un tripulante de un helicóptero gringo asesinando indiscriminadamente a un grupo de civiles iraquíes y a miembros de un equipo periodístico de la agencia Reuters.

Justicia imperialista vs. libertad de expresión

La citación dio a Twitter tres días para entregar los registros y ordenó a la compañía con base en San Francisco no informar a los usuarios bajo indagación.

Twitter Inc se ha negado a comentar el tema, e indicó solamente que su política consiste en notificar a sus usuarios, siempre que sea posible, sobre las peticiones gubernamentales de información.

Para Assange, la petición de la Justicia estadounidense a Twitter supone un ataque a los derechos humanos. “Si el gobierno iraní intentara conseguir ese tipo de informaciones sobre periodistas extranjeros o activistas, habría reacciones de grupos de derechos humanos de todo el mundo”, dijo el fundador de WikiLeaks a la BBC, subrayando la doble moral yanqui.

«El gobierno estadounidense quiere conocer todos mis Twitt y aún más, desde el 1 de noviembre de 2009. ¿Serán conscientes de que soy miembro del Parlamento islandés?», preguntó Jonsdottir.

Los ministros de Relaciones Exteriores, Oessur Skarphedinsson, y de Interior, Oegmundur Jonasson, de Islandia calificaron de inaceptable que las autoridades estadounidenses intenten obtener información sobre Jonsdottir mediante Twitter.

En su comunicado, WikiLeaks afirmó tener «motivos para creer que Facebook y Google, entre otros, recibieron pedidos similares de la justicia» estadounidense.

En opinión de WikiLeaks, este pedido de información confirma por primera vez «la existencia de una investigación secreta llevada a cabo por un gran jurado estadounidense».

Diversos políticos yanquis han solicitado la pena de muerte para Assange, lo cual refleja el clima de histeria que aqueja a la clase política yanqui luego de las publicaciones de Wikileaks, en las que quedan al descubierto centenares de crímenes de guerra, así como las maniobras sucias del servicio diplomático.

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