Asamblea Nacional aprobó ley antidemocrática contra la disidencia parlamentaria

Caracas, 23 de diciembre.- Este martes la bancada chavista del PSUV y el PCV aprobó varias leyes antidemocráticas. La Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, así como la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, fueron aprobadas de manera atropellada, como parte del intento de reconfigurar la institucionalidad burguesa, imponiendo restricciones a las libertades democráticas para hacer frente a la caída del apoyo popular al gobierno y la creciente crisis política a lo interno del chavismo.

El primer vicepresidente de la AN, Darío Vivas, aseguró que se trataba de un «récord histórico», al haberse aprobado más de 20 leyes en una semana. Sin duda, un récord antidemocrático.

La ley de partidos políticos aprobada recientemente demuestra la fragilidad de la mayoría chavista en la Asamblea Nacional que se juramentará en enero de 2011. Previendo el agravamiento de la crisis interna, el PSUV aprobó una ley que castiga severamente el «hacer causa común con fuerzas políticas contrarias a los movimientos sociales u organizaciones políticas que respaldaron el programa de gestión consignado ante el Consejo Nacional Electoral», una verdadera aberración antidemocrática. También se castiga «separarse del grupo parlamentario de opinión perteneciente a la organización política o social que lo postuló, para integrar o formar otro grupo parlamentario de opinión contrarios al programa de gestión consignado ante el CNE», con lo cual se ilegaliza la disidencia.

Con las firmas del 0,1% de los votantes inscritos en la entidad donde haya sido electo el diputado objeto del mecanismo sancionatorio, se puede solicitar la inhabilitación, que será remitida, con el voto mayoritario de la AN, a la Contraloría General de la República (CGR), para la decisión final. El gobierno sobrepone este instrumento a la figura del referendo revocatorio, en el cual los votantes pueden decidir la permanencia de sus representantes, transcurrida la mitad del período para el cual fueron electos; los referendos revocatorios son sustituídos por un parapeto legal en el cual la última palabra la tiene la CGR. Podemos, el Frente Humanista y Patria Para Todos votaron contra la ley.

También se aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley del Proceso de Transferencia de Competencias y Servicios de los Estados y Municipios al Poder Popular. De acuerdo a este instrumento legal, será el Ejecutivo Nacional el que decidirá la transferencia de competencias de estados y municipios a las organizaciones corporativizadas del «Poder Popular». El Ejecutivo también podrá revocar estas medidas y quitarle competencias al «Poder Popular» para devolverlas a los estados y municipios.