Bolivia conmemoró la masacre de Pando en un clima de impunidad

A un año de la masacre de campesinos en el departamento boliviano de Pando, las víctimas exigen justicia contra los culpables de lo que aquí consideran uno de los capítulos más oscuros de la historia de la nación andina. Según evidencias obtenidas en las investigaciones, más de 64 personas están implicadas en ese suceso, y el principal acusado es el ex prefecto derechista Leopoldo Fernández, recluido en el penal de San Pedro en La Paz, sin recibir sanción judicial. Fernández encabezó un comando paramilitar que emboscó una movilización campesina en la localidad de El Porevenir, el 11 de septiembre de 2008, asesinando al menos 18 campesinos.

Hace exactamente un año una movilización de campesinos fue interceptada por funcionarios del Servicio Departamental de Caminos, quienes cavaron una zanja profunda para evitar su paso hacia Filadelfia, en el departamento de Pando. Seguidamente se produjo una emboscada en la que resultaron muertas ocho personas. Los campesinos intentaron escapar hacia el monte e identificaron a mercenarios brasileños y peruanos entre los agresores.

Según testigos camiones trasladaron a personas armadas hasta la zona. Los homicidios continuaron por varios días, situación que obligó al Ejecutivo a decretar un estado de sitio regional para evitar más crímenes.

A un año de la masacre, en la capital de Pando los líderes ‘cívicos’ pandinos organizaron una misa en homenaje a los victimarios. Dos miembros de la banda que perpetró la masacre fueron ajusticiados en la refriega.

En Oruro y en La Paz hubo manifestaciones de grupos sociales afines al Movimiento al Socialismo que demandaron el enjuiciamiento del ex prefecto pandino Leopoldo Fernández, que se encuentra en prisión preventiva como el principal responsable de la matanza.

Para la abogada, Mary Carrasco, defensora de las víctimas de la matanza en las localidades de Porvenir y Filadelfia, la justicia no alcanza la estatura debida para condenar a los criminales que actuaron el 11 de septiembre de 2008.

«Fernández obstruye el proceso penal de la manera más cínica del mundo y esgrime que el dolor de las víctimas no le hace mella», sostiene Carrasco.

Pese a todo intento, subrayó, no prosperará la estrategia trazada para frenar el sumario en su contra.

«Ha utilizado el tráfico de influencias en el poder judicial para obstruir la marcha de la investigación y de sanciones, pero estamos aún dentro del plazo para la instauración del proceso», afirmó.
El ex prefecto Fernández ahora se postula como candidato a la vicepresidencia de Bolivia para las elecciones generales del 6 de diciembre próximo.

Fernández, desde la cárcel, aceptó acompañar a otro personero político criticado por su oscuro pasado, Manfred Reyes Villa (ex prefecto revocado de Cochabamba), quien aspira a la presidencia a nombre del derechista Plan Progreso para Bolivia (PPB).

Carrasco agregó que la postulación del principal implicado en el asesinato de labriegos en Pando es otra vía para lograr impunidad sobre los delitos que ha cometido.

Añadió que antes de octubre será instaurado el proceso respectivo con las pruebas recogidas por el Ministerio Público.

Por su parte, representantes de organizaciones de derechos humanos en Bolivia lamentan que los autores intelectuales y materiales de los flagrantes crímenes no hayan sido juzgados aun.

Un informe del Capítulo Boliviano de los Derechos Humanos Democracia y Desarrollo afirma que esa postura alimenta la impunidad engarzada en la historia del país y silenciada por los medios de comunicación.

Asevera que los labriegos murieron por el simple hecho de movilizarse junto a sus familiares para reclamar su propiedad sobre la tierra.

Con esas acciones sangrientas, subraya el documento, se violó una serie reglamentaciones nacionales e internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos que garantiza el derecho a la vida, la integridad y la libertad sin distinción alguna.

El pasado miércoles también se levantó la voz del viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, quien advirtió que la masacre de campesinos no puede quedar en la impunidad.

«Aquel hecho constituye uno de los capítulos más oscuros y funestos de la historia boliviana, perpetrado por quienes no creen en la democracia», manifestó la autoridad.

Subrayó que aquel acontecimiento es una de las formas más evidentes de la lógica segregacionista de no considerar al campesino originario como un igual.

Días después del ensañamiento, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) determinó, tras ardua investigación, que grupos civiles armados arremetieron contra una marcha de campesinos que se dirigían hacia la ciudad capital de Cobija.

Además de la pesquisa de UNASUR, la televisión estatal transmitió un video, en el cual cívicos pandinos y hasta congresistas opositores aparecen en plena acción, unas veces arengando a los asesinos y otras interrogando a campesinos heridos de bala o golpiza

La masacre de Porvenir se incluye en el mismo contexto de la toma y saqueo de instituciones públicas, los días 9 y 10 de septiembre de 2008, con la pretensión de derrocar al presidente Evo Morales. Luego de esta arremetida golpista, Morales claudicó y concedió a la derecha y al separatismo una reingeniería de la constitución que había sido redactada por la Asamblea Constituyente, alterando en favor de la burguesía más de 100 artículos del texto constitucional.

El suceso condujo a investigaciones por parte de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) que calificaron los homicidios como un crimen de lesa humanidad. A la fecha los presuntos autores del hecho no han recibido sentencia.

Según la ONU y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), así como instituciones bolivianas como el Observatorio de Derechos Humanos, la Fiscalía o el Defensor del Pueblo boliviano, lo ocurrido constituyó una masacre organizada por el Gobierno regional.