Bolivia: Enjuiciamiento a Dalence oculta la entrega del yacimiento de hierro a una transnacional

Responsable o no, el juicio a Dalence oculta un paso atrás para los derechos colectivos constitucionalizados.

Yacimientos del Mutún fueron descubiertos en 1948 y luego en 1956 COMIBOL y GEOBOL iniciaron estudios para su explotación, Hoy la Jindall Steel and Power se hará cargo de estas riquezas.

Para que opere la trasnacional el gobierno pagó alrededor de dos millones de dólares a particulares por predios de tierras. El estado una vez más facilitará infraestructuras para el aprovechamiento privado ?

En los días que corren impregnados de campañas pre-electorales, y de presiones para la modificación de las listas de candidatos, como pugnas por los espacios de poder, las actuaciones que hacen las instituciones del Estado como los diferentes poderes, son vistas con la desconfianza que genera el hecho de ser acciones en pos de objetivos de propaganda.

De este modo se suceden citaciones retroactivas a funcionarios cruceños y al mismo prefecto por la consulta autonómica del 4 de mayo del 2008 y otros como el enjuiciamiento a Guillermo Dalence, ex presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) por presuntas irregularidades en la compra de un total de 18 predios, en la provincia Germán Busch, entregados en el pasado abril al consorcio internacional empresa Jindal Steel and Power de origen Indio pero con una composición de capital internacional, para el comienzo de la explotación de los yacimientos de hierro del Mutún, uno de los mas grandes del mundo.

Sucede que motivos no faltan para creer que solo son noticias para los medios y para la foto, pues, pocos o ninguno de los procesos judiciales e investigativos, llegan a algún término efectivo.

Así, por ejemplo, la demanda entablada contra las propiedades de «las jazmincas» y la «laguna corazón» contra Branko Marinkovic denunciado por haberse apoderado de predios pertenecientes aun a la reserva forestal del pueblo Guarayo, así, como otros de YPFB no pasan de lo procedimental. Sucede que en Bolivia, lo judicial y los pleitos entablados desde las instituciones del Estado como defensor de los derechos ciudadanos son siempre movimientos ajedrecísticos con vistas a acomodar y desacomodar factores políticos de acuerdo a la coyuntura.

Por el contrario: otros procesos legítimos, legalizados y con la firma del presidente Morales se frenan en medio de internas y pugnas del partido oficialista, tal como la demanda de la TCO de Ayopaya-Cbba, que llegan hasta el desmembramiento de las organizaciones de base.

Volviendo a Santa Cruz, para que opere la trasnacional Jindall Steel and Power el gobierno pagó alrededor de dos millones de dólares por predios de terrenos presuntamente sobrevalorados de dudosa legalidad. Sea como fuere, la denuncia presentada por la fiscalia de La Paz, el pasado 10 de septiembre y que se llevaría a cabo en el Juzgado Décimo de la Corte del Distrito de La Paz contra Dalence, es parte de esos movimientos dentro de las estructuras donde se confunde el estado con los intereses privados y viceversa.

En el supuesto caso que todo se inscriba en la legalidad, cosa que podrá determinar el Juzgado Décimo de La Paz, no está de mas preguntarse si una vez mas el estado, con dinero del erario publico que pertenece a todos los bolivianos, debe facilitar infraestructura de tierras, caminos y otros para el gran capital transnacional que siempre promete progreso, empleos que jamás se ven.

El Mutua cedido gentilmente en el 2006, a la corporación Jindall, fue un descubrimiento en 1948 y luego de 1956 la COMIBOL, empresa de todos los bolivianos y GEOBOL iniciaron estudios para su explotación, por tanto: si en aquellos años ya era probidad de los bolivianos las enormes reservas de hierro, cual es la razón ahora para que una transnacional explote las
riquezas del hierro que constitucionalmente pertenecen al pueblo boliviano ?

Corría 1993 cuando la Empresa Metalúrgica del Oriente por entonces dentro de la COMIBOL extrajo 350.000 toneladas de concentrados que tenían por destino los mercados de Paraguay y Argentina. Sin embargo, la explotación fue suspendida alegándose falta de tecnología, problemas con el trasporte y falta de caminos. No sería este un buen momento acaso, para que la industrialización con el debido control social, también constitucionalizado se lleve a cabo ? ya que
desde los despachos oficiales de hacienda se insiste en que las reservas intencionales llegan a la histórica suma de ocho mil millones ? acaso, no podríamos los bolivianos, tener nuestra propia empresa minera de hierro tal como plantea la FRUTCAS con el Litio de Potosí?

Por ello, nada resuelve saber si Dalence como ex-presidente de la ESM es responsable o no, aspecto que tendrá que determinar el Juez competente, lo que está a las claras es que las políticas de estado en el caso del Mutun, son para facilitar las ganancias de la industria extractiva transnacional y donde los bolivianos todavía no podemos hacer efectivos los preceptos constitucionales que abogan por los derechos colectivos que el pueblo posee siendo legítimos dueños de las riquezas.