CAP: entre el absurdo y la desmemoria
Con la muerte de Carlos Andrés Pérez (CAP) en Miami, donde vivió un exilio dorado durante 17 años, acaba una de las cohortes de políticos que marcaron el siglo XX de la política venezolana.
Con el debido respeto al fallecido y a sus deudos, es importante deslindar el legítimo duelo de la indecente exaltación post mortem propiciada por ciertos círculos políticos y mediáticos. Tal es el caso con la retahíla de proclamaciones de la «honorabilidad democrática» de Pérez que escuchamos en esto días.
Con la muerte de Carlos Andrés Pérez (CAP) en Miami, donde vivió un exilio dorado durante 17 años, acaba una de las cohortes de políticos que marcaron el siglo XX de la política venezolana.
Con el debido respeto al fallecido y a sus deudos, es importante deslindar el legítimo duelo de la indecente exaltación post mortem propiciada por ciertos círculos políticos y mediáticos. Tal es el caso con la retahíla de proclamaciones de la «honorabilidad democrática» de Pérez que escuchamos en esto días.
A los que juegan a la desmemoria infame sería bueno recordarles que CAP representa uno de los referentes indiscutidos de la vulneración de derechos humanos en la historia contemporánea de nuestro país. Por ello, resulta cínico e irrespetuoso con las víctimas que dejó a su paso por instancias de gobierno, el hecho que desde el Departamento de Estado norteamericano se hayan atrevido a calificarlo como un «paladín» de los derechos humanos.
Quienes efectivamente hemos dedicado la vida a la defensa de los derechos del pueblo, no podemos menos que considerar dichas apreciaciones como una ofensa a la memoria de las víctimas: a los torturados y ejecutados en los teatros de operaciones o en las dependencias del ministerio del Interior que él liderizó con puño de hierro durante el gobierno de Rómulo Betancourt; a los cientos de estudiantes y líderes progresistas ejecutados bajo su gobierno, como Alberto Lovera o Jorge Rodríguez por citar sólo a dos referenciales; a los asesinados, torturados y desaparecidos durante la masacre de el Caracazo en 1989, ejemplo incontrastable de los «criterios» que guiaron los actos de este exgobernante, implementando a sangre y fuego un programa económico neoliberal impuesto desde los organismos multilaterales de siempre y, por supuesto, por el poder que desde Washington hoy bochornosamente ensalza a su «fiel servidor».
Bueno es recordar que Carlos Andrés Pérez no pagó nunca su deuda con la justicia por los crímenes del 89 (mucho menos por los de décadas previas), jamás se dio respuesta efectiva al pedido de extradición que pesaba sobre él y se fue a la tumba sin cumplir ni un solo día de cárcel por esa razón. Suficientes motivos para convertirlo, como ocurrió con Pinochet, en otro monumento necrológico de la impunidad y la injusticia contra los más vulnerables, vale decir, los que siempre ponen los muertos.
Bueno es recordar que, además de violador de derechos humanos, CAP fue el único presidente venezolano condenado por corrupción. En marzo de 1993, el Fiscal General de la República introdujo una acusación en su contra por malversación de 250 millones de bolívares de la partida secreta, de cuyo manejo era responsable. La Corte Suprema de Justicia dictaminó que había méritos para su juicio y el Congreso Nacional resolvió destituirlo para que continuara dicho proceso. En mayo de 1996, la Corte Suprema de Justicia lo condenó por malversación genérica agravada a dos años y cuatro meses de arresto domiciliario.
Ojalá pudiéramos desearle paz a sus restos. La misma paz que merecían las víctimas que dejó a su paso y que nunca obtuvieron.
