¡Cárcel a los fascistas que atentaron contra el pueblo boliviano!
El grupo armado desarticulado por la policía en Santa Cruz, después de un enfrentamiento en el que cayeron muertos tres miembros del grupo, estaba comandado por Eduardo Rozsa, de origen boliviano, con nacionalidad húngara y croata. Rozsa tiene una biografía de aventurero internacional, en la que destaca haber sido miembro del grupo de extrema derecha católica “Opus Dei” y, en el mismo período, comandante de una brigada de extrema derecha que combatió a favor de Croacia en la guerra civil Yugoeslava. Antes, tuvo formación universitaria y militar en Hungría y Rusia. Fue miembro de los servicios de “inteligencia” húngaros. En sus últimas entrevistas dice profesar la fe islámica, incluso es dirigente de la comunidad islámica húngara, y afirma haber estado en “misiones internacionales” en Sudán y países asiáticos.
El grupo armado desarticulado por la policía en Santa Cruz, después de un enfrentamiento en el que cayeron muertos tres miembros del grupo, estaba comandado por Eduardo Rozsa, de origen boliviano, con nacionalidad húngara y croata. Rozsa tiene una biografía de aventurero internacional, en la que destaca haber sido miembro del grupo de extrema derecha católica “Opus Dei” y, en el mismo período, comandante de una brigada de extrema derecha que combatió a favor de Croacia en la guerra civil Yugoeslava. Antes, tuvo formación universitaria y militar en Hungría y Rusia. Fue miembro de los servicios de “inteligencia” húngaros. En sus últimas entrevistas dice profesar la fe islámica, incluso es dirigente de la comunidad islámica húngara, y afirma haber estado en “misiones internacionales” en Sudán y países asiáticos.
Pero además de esta extraña y pintoresca biografía, que él mismo contó, y que parece propia de un agente de la CIA o de algún otro aparato internacional de gran poder, destaca un “detalle” fundamental. Era miembro semipúblico del grupo de extrema derecha cruceño, Nación Cambá. Esto se puede ver entrando en su propio blog, donde hay un link a esta declaración de Nación Cambá: ”Hacia la toma del poder total”
Eduardo Rozsa era un cuadro de alta formación intelectual y militar, que muy posiblemente jugó un papel decisivo en la organización de grupos armados fascistas en Santa Cruz. Esos grupos, nucleados varios de ellos en la Juventud Cruceñista, salieron a la luz pública en septiembre del año pasado, alentados por el prefecto Rubén Costas y el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic, atacando instituciones públicas, y apaleando campesinos y pobladores urbanos. Grupos además con evidente y pública conexión con los masacradores de campesinos en Pando.
También destaca el hecho significativo de que, según la policía, iban a realizar una reunión en el Alto Parapetí, para planificar sus atentados. Justamente en la región adonde balearon el año pasado al ministro Alejandro Almaraz y a sus acompañantes cuando fueron a realizar saneamiento de tierras. Tampoco este hecho fue siquiera investigado.
A la vista de estos hechos, las protestas de Costas de que “se quiere desprestigiar a Santa Cruz” y de que “esto es un montaje”, no tienen demasiado sustento. Se podrá discutir las intenciones reales de ese grupo, las posibilidades de llevar a cabo un atentado contra el presidente de la república y otras autoridades, y si realmente fueron los que pusieron la bomba en casa del cardenal Terrazas, etc. Pero la vinculación de Rozsa con la derecha cruceña, incluyendo a Marinkovic, es evidente. También su peligrosidad y carácter de organización paramilitar.
Pacto de impunidad
Pero hubo un pacto de impunidad. Ninguno de los responsables de los atentados en Santa Cruz de septiembre del año pasado fue detenido, ni procesado, ni tan siquiera acusado por sus múltiples delitos. Y esta impunidad se la garantizó en primer lugar la prefectura y Comité Cívico cruceño, pero también el gobierno nacional.
Esta impunidad para los jefes de la conspiración golpista cruceña y para sus perros guardianes, los grupos fascistas a su servicio, fueron parte importante del acuerdo nacional con el gobierno de Evo Morales, que llevó a cambiar 144 artículos de la Constitución de Oruro, garantizando la continuidad de los latifundios y los 44 contratos petroleros con las multinacionales.
Precisamente porque se mantiene ese pacto, hoy no hay ningún plan golpista de los sectores decisivos de la oligarquía. Por eso es muy probable que este grupo actuara, con la inspiración de su aventurero jefe, para ejecutar acciones provocadoras y recuperar protagonismo, dado que quedaron momentáneamente aislados. El separatismo cruceño sólo fue un arma de la oligarquía para defender sus latifundios, que hoy los puede defender por vía constitucional. Por eso hoy todos juran su “fe democrática”. En ese marco de aislamiento de los grupos fascistas, es creíble que pusieran la bomba al cardenal Terrazas para culpar al gobierno y generar movilización de la extrema derecha cruceña.
Fascistas a la cárcel
Repudiamos categóricamente el atentado al cardenal Terrazas, como el posible atentado a autoridades nacionales. Pero no basta quedarse en ese repudio. Hay que terminar con los grupos fascistas. No sólo con el que se acaba de desarticular, sino con sus conexiones, con los centenares que actuaron abiertamente en septiembre del 2008. ¿O se va a esperar que hagan nuevos atentados antes de actuar contra ellos?
Repetimos entonces, de que se mantengan grupos fascistas armados, es también responsabilidad política del propio gobierno de Evo Morales. Estamos convencidos de que en octubre del 2008, con Santa Cruz cercada por el movimiento campesino, con la población movilizada contra los fascistas, hubo posibilidades muy reales de encarcelarlos y castigarlos. Si el gobierno no lo hizo, fue precisamente por el pacto con la derecha. Este pacto fue realizado bajo fuerte presión de los gobierno de UNASUR, en primer lugar Brasil, interesado en mantener el poder intacto de su aliada oligarquía cruceña, a sus propios latifundistas en Santa Cruz y contratos con Petrobras. Además de la consecuencia principal de ese pacto, que fue el cambio constitucional y la preservación de latifundios y contratos con las multinacionales, la otra consecuencia es mantener la impunidad de estos grupos fascistas.
El vicepresidente Alvaro García Linera ha denunciado que hay otros grupos y la complicidad de sectores empresarios de Santa Cruz. No puede quedar tampoco esto en una mera declaración en el marco de la campaña electoral. La denuncia es gravísima, y como lo dice García Linera, un peligro para el país. Por eso justamente hay que exigir que sean todos castigados y enfrentar las consecuencias necesarias para hacerlo. Es necesaria la movilización popular para exigirlo. Pues el gobierno ha tenido, hasta el atentado al cardenal Terrazas, una política opuesta, como si el problema no existiese.
Reclamar que sean desarticulados, desarmados, y vayan a la cárcel no se trata de un deseo de “venganza” por lo que hicieron, sino que lo más importante es que esos grupos son un peligro, no sólo para las autoridades políticas, sino para las organizaciones obreras, populares y campesinas. Lo ocurrido en Pando muestra hasta dónde pueden llegar.
Por eso, una vez más levantamos la exigencia de pobladores del Plan 3000, campesinos e indígenas, ¡que se castigue a los fascistas que atacaron al pueblo! No hay excusas, ni “pacificación nacional” que justifique la impunidad.
