Chile: juez ordena detención de 129 represores de la dictadura

El juez que abrió juicio a 129 ex agentes represores acusados de actuar contra izquierdistas durante la dictadura en los años setenta ordenó notificarlos y detenerlos el miércoles, incluso un oficial recontratado por el ejército con un salario mensual equivalente a 2.230 dólares.

En el mayor procesamiento desde que se investigan los crímenes de lesa humanidad, el juez Víctor Montiglio eliminó la tesis de la responsabilidad del mando y encausó también a quienes actuaron como guardias o encargados de trasladar prisioneros.

Los enjuiciados fueron vinculados por Montiglio a la Operación Cóndor, en la que participaron las policías represivas de las dictaduras del Cono Sur; la Operación Colombo, una pantalla propagandística para ocultar el asesinato de 119 izquierdistas, y a la desaparición de dos directivas completas del Partido Comunista.

Dos de los juicios, la Operación Colombo y la desaparición de los líderes comunistas, involucran al menos a unos 140 desaparecidos políticos. Se desconoce el número exacto de víctimas de la Operación Cóndor, en la que colaboraron agentes represivos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, pero se estima que son decenas.

Montiglio estableció que los 129 procesados participaron en el secuestro permanente de 75 opositores y en el asesinato de dos.

Actuarios del juez notificaron y ordenaron el arresto de 25 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la mano represiva de la dictadura del general Augusto Pinochet, jubilados de la armada y la fuerza aérea.

Los restantes son 64 del ejército, 32 policías uniformados, 6 policías de investigaciones y dos ex guardias de prisiones.

Montiglio dijo en la víspera que «estamos mucho más cerca del final», lo que fue interpretado por algunos abogados como la proximidad del fin de la etapa judicial de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Pinochet, que dejó 3.197 víctimas fatales, de ellas 1.200 desaparecidos políticos, según cifras oficiales. Los parientes de los muertos afirman que aun faltan muchos ex agentes por enjuiciar.

Pocos datos se han filtrado a la prensa, pero se sabe que unos 60 represores nunca han sido procesados en alguna causa de derechos humanos.

Solo se conocen los nombres de cinco ex oficiales del ejército incluso del coronel retirado Sergio Castillo González, quien figura en la planilla institucional como recontratado para realizar una «asesoría al desarrollo del proyecto de estructura de la carrera «, por el equivalente a unos 2.230 dólares mensuales.

Castillo fue procesado el 2008 por la desaparición de izquierdistas. Otros 13 ex oficiales de la DINA también fueron recontratados por el ejército, uno de los cuales está condenado y 10 enjuiciados por crímenes de lesa humanidad.

El ministro de Defensa, Francisco Vidal, justificó la situación al decir que el estar procesado no es sinónimo de culpabilidad, tesis compartida por el comandante en jefe del ejército, Oscar Izurieta, en declaraciones publicadas el miércoles por el diario El Mercurio.

«Lo que el ejército está haciendo es cautelar el derecho que le asiste a todo chileno a la presunción de inocencia y a contar con un trabajo», dijo Izurieta.

En círculos judiciales es reconocida la capacidad investigadora de Montiglio, quien el 2007 descubrió un cuartel y una brigada de la DINA que no se conocían, pero entre familiares de las víctimas sus condenas son resistidas.

«Lo que pasa es que cuando él tiene que dictar sentencia, aplica la amnistía o la prescripción del delito», dijo a la AP el abogado Héctor Salazar, uno de los decanos de la defensa de los derechos humanos.