Chirino: "El gobierno expropia los derechos de la clase trabajadora"

Conocidos los principales indicadores que marcaron la actividad económica durante el año 2010 en Venezuela, Orlando Chirino, dirigente nacional del Frente Autónomo por la Defensa del Empleo, el Salario, y la libertad sindical (FADESS) e integrante de la corriente sindical CCURA ofreció una rueda de prensa el pasado miércoles para exponer la visión del movimiento sindical sobre el impacto que las medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional han tenido en la clase trabajadora venezolana.

El líder obrero puntualizó que “contrario a lo que pregona el gobierno, no nos encontramos atravesando una fase de transición al socialismo ni nada que se le parezca. Estamos en presencia de un modelo económico de capitalismo salvaje, donde la política estatista del gobierno, al igual que el modelo neoliberal de los años 90, saquea a los trabajadores para favorecer a los más ricos y a la nueva clase burguesa emergente conocida en el país como la chavoburguesía”.

Sobre los cifras indicó que “el gobierno intenta demostrar que las condiciones económicas del país han mejorado relativamente con respecto a los años 2008 y 2009. Si el gobierno se refiere a los negocios de los patronos del sector financiero, de las multinacionales, de los grandes terratenientes, y de los empresarios cobijados bajo su manto, y a los grandes especuladores y corruptos, tenemos que reconocer que efectivamente esos sectores mejoraron sus ganancias. Pero si se refiere a los trabajadores, a los sectores populares, a los desempleados y a los campesinos pobres, tenemos que ser enfáticos en señalar que la situación empeoró, pues en estos tres años han sido aplastadas importantes conquistas y se ha descargado sobre el pueblo el costo de la crisis”.

Cifras económicas encubren verdades dolorosas

Chirino afirmó que “detrás de la relativa mejoría de los negocios de los empresarios, se encubre una verdad dolorosa para los trabajadores y la soberanía nacional, porque dicha recuperación ha sido a costa de desconocer los derechos de millones de trabajadores y trabajadoras venezolanas al servicio del Estado o de empresas privadas, de desnacionalizar la industria petrolera y de endeudar al país como lo hizo en el pasado la dictadura de Pérez Jiménez y los gobiernos de la IV República.”

Chirino denunció al gobierno por la emisión y venta de bonos “colocando en riesgo a PDVSA y atentando contra la soberanía sobre la industria petrolera al fomentar el mecanismo desnacionalizador de las empresas mixtas con poderosas multinacionales”. Pero el punto más preocupante a juicio del dirigente sindical socialista es “el endeudamiento externo que ha crecido vertiginosamente en los últimos tres años, dadas las necesidades del gobierno de tener liquidez para rescatar 12 instituciones financieras de empresarios aliados y familiares de prominentes dirigentes del PSUV que las llevaron a la quiebra al robarse miles de millones de bolívares fuertes, o para encubrir el costo de la crisis eléctrica o el desastre provocado por las inundaciones que han puesto al descubierto el abandono que este gobierno ha sometido a millones de venezolanas y venezolanos que hoy tienen que vivir en situaciones de extremo riesgo por no poder contar con viviendas dignas. Las expropiaciones de SIDOR, Banco de Venezuela, las cementeras, la Electricidad de Caracas, y otras grandes empresas han sido pagadas a elevadísimos precios, y ya la cuenta supera los 30 mil millones de dólares. Esta actitud del gobierno frente a la burguesía contrasta con la violación de los derechos de los trabajadores en esas empresas expropiadas, y no tiene nada que ver con las verdaderas expropiaciones revolucionarias que nosotros defendemos, aquellas que debe realizar la propia clase trabajadora sin indemnización y bajo control obrero”.

Se están expropiando los derechos de los trabajadores

“El Presidente Chávez se ha hecho famoso en el país con su famosa frase “exprópiese”, pero en Venezuela lo único que se ha expropiado son los derechos de los trabajadores. Desde hace 6 años se expropió el derecho de dos millones y medios de empleados de la administración pública a discutir y disfrutar de un nuevo contrato colectivo de trabajo. Hace años se expropió el derecho de la clase trabajadora venezolana de disfrutar de un aumento general de salarios que compense el impacto de los altos índices inflacionarios de los últimos tres años que han pulverizado nuestros sueldos.”

Y agregó: “desde hace varios años se expropió el derecho a la protesta. Cada vez que nos movilizamos en defensa de nuestros derechos somos perseguidos, reprimidos, encarcelados o procesados judicialmente. Allí está el caso emblemático de Rubén González, que es la expresión perversa de lo que hace este gobierno en contra de honestos defensores de los derechos de los trabajadores. Miles hemos sido despedidos de nuestros puestos de trabajo porque nos hemos opuesto a la política gubernamental y se nos ha negado el reenganche al que tenemos derecho de acuerdo a las providencias de las inspectorías del trabajo y del ministerio del trabajo”.

A la calle

Chirino invitó a la movilización que “en defensa del salario, el empleo digno, la negociación de contratos colectivos y en contra de las expropiaciones de los derechos de los trabajadores” se realizará el sábado 5 de febrero en Caracas.

“Hemos llegado a un importante acuerdo los dirigentes de diferentes vertientes sindicales y particularmente con los de la Administración pública, el Metro de Caracas, de la electricidad, las empresas del Grupo Polar, los petroleros, las empresas de alimentos afiliados a fetraharina, docentes universitarios, y otros sectores, para desarrollar una manifestación que reclame en forma contundente el respeto a nuestros derechos”.

“El 5 de febrero demandaremos un aumento general de sueldos y salarios que mejore el poder adquisitivo de nuestros ingresos. Demandaremos descongelamiento de la negociación de los contratos colectivos de trabajo en la administración pública, la discusión en la AN de las leyes de seguridad social que fueron postergadas y olvidadas por el gobierno y el PSUV, el reenganche de Robert González y Efraly Pastrán de PDVSA, y el acatamiento de las 2000 órdenes de reenganche pendientes en la administración pública; exigiremos la libertad de Rubén González, y el pago de cesta ticket para todos los trabajadores sin ninguna discriminación para los trabajadores de empresas pequeñas o pensionados”.

«Los trabajadores toman cada vez mayor conciencia de la necesidad de luchar unidos y organizados por la defensa de nuestros derechos y se disponen a profundizar sus exigencias al gobierno, y allí seguiremos nosotros, acompañando las luchas en la primera línea», finalizó.