Cicpc mantiene aislado a líder sindical de Ferrominera
Ciudad Piar, 22 de enero de 2010 (Foto cortesía Laclase.info).- El secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, cumplió más de 24 horas incomunicado este jueves. El ruleteo comenzó la noche del miércoles cuando intempestivamente fue trasladado desde Ciudad Piar – donde tiene arresto domiciliario- hasta el Cuerpo de Investigaciones Científico Penales y Criminalísticas (Cicpc). El dirigente sindical fue sacado de su residencia a las 10 y media de la noche del miércoles por una comisión del Cicpc, que lo mantuvo -hasta el cierre de esta edición- aislado de su representante legal y allegados.
Ciudad Piar, 22 de enero de 2010 (Foto cortesía Laclase.info).- El secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, cumplió más de 24 horas incomunicado este jueves. El ruleteo comenzó la noche del miércoles cuando intempestivamente fue trasladado desde Ciudad Piar – donde tiene arresto domiciliario- hasta el Cuerpo de Investigaciones Científico Penales y Criminalísticas (Cicpc). El dirigente sindical fue sacado de su residencia a las 10 y media de la noche del miércoles por una comisión del Cicpc, que lo mantuvo -hasta el cierre de esta edición- aislado de su representante legal y allegados.
Familiares, amigos y trabajadores se apostaron ayer en la mañana en frente de la sede del Palacio de Justicia y del Cicpc a la espera de noticias sobre el paradero del dirigente sindical.
Pero fue hasta las ocho de la noche cuando sus familiares pudieron verlo de lejos, mientras se realizaba el traslado desde el cuerpo policial hasta los tribunales de Puerto Ordaz.
Henry Arias, Edgar Caldera, “La Mucura”, José “Acarigua” Rodríguez, Luis Blanca, dirigentes políticos y trabajadores llegaron hasta la sede del Palacio de Justicia, en espera de noticias, pero ninguna autoridad dio información de la integridad física del dirigente.
Procedimiento ilegal
El abogado Ítalo Atencio, defensor de González, no tuvo contacto con el secretario general. El líder de Ferrominera Orinoco (FMO) tiene más de 120 días privado de libertad, bajo la modalidad de arresto domiciliario, desde que fue suspendido el juez de la causa, Arsenio López Quiroz, el 13 de octubre.
Atencio explicó que desde el 13 de enero la Corte de Apelaciones declaró con lugar el amparo solicitado y ordenó a la juez Tercero de Control que se pronunciara acerca del decaimiento de la medida privativa de libertad.
“Pensamos que el motivo del traslado era por una audiencia que tiene que celebrarse para dejar en libertad a Rubén González, nos estamos enterando que la juez no lo mandó a buscar, no está a la orden de la juez, aparentemente es una orden administrativa y que por supuesto viola el debido proceso, y todos los principios de juez natural”.
¿Peligro de fuga?
“Supuestamente hay información de que Rubén se iba a fugar y que fueron a dejar constancia, al parecer lo que se está tratando de generar es un cambio de sitio de reclusión, eso no lo pueden hacer, porque quien puede ordenar eso es la juez de control. No sabemos nada más”, agregó.
En la tarde los defensores legales preparaban un habeas corpus, con el objetivo de que el juez competente y de lugar, declarara si el procedimiento realizado contra González es legal o no. La medida se trata de un proceso que protege la integridad física frente a posibles “abusos” de funcionarios del Estado.
A las 10 de la noche el Palacio de Justicia estaba desolado, los fieles trabajadores lo acompañaron en los alrededores. Según se pudo conocer, en los tribunales no había ningún juez, el dirigente fue devuelto a las oficinas del Cicpc luego de permanecer en el interior de una camioneta en los tribunales.
Fuentes ligadas al caso aseguran que el Ministerio del Interior y de Justicia fue quien ordenó el traslado, presuntamente se intenta hacer ver un intento de fuga por parte de González, para así justificar el cambio de reclusorio.
Caso FMO
El secretario general fue apresado el 24 de septiembre, casi un mes después de haber finalizado una huelga de 16 días en Ferrominera Orinoco (FMO). Al dirigente se le imputa por la paralización parcial de actividades en la planta en agosto de 2009, por esto se le acusa de: delitos de agavillamiento, instigación a delinquir, restricción a la libertad del trabajo e incumplimiento al régimen especial de zonas de seguridad, según la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación en sus artículos 47 y 48.
El dirigente fue notificado en el mes de octubre, mediante un escrito en un diario regional, que debía presentarse en un lapso de 15 días en la Inspectoría del Trabajo “Alfredo Maneiro”, porque la empresa introdujo contra él una calificación de despido. La misma acción está ejerciendo FMO contra seis dirigentes y 13 trabajadores de la empresa.
