Claman por agua y luz en las regiones

En Anzoátegui, cada dos días se producen protestas por la deficiente prestación de los servicios básicos como agua, luz y basura, y de acuerdo con las cifras que maneja la Fundación de Derechos Humanos se realizaron 83 manifestaciones en reclamo de prontas soluciones a los problemas en el primer semestre del año.

Por las fallas en la electricidad y agua, Corpoelec e Hidrocaribe, organismos responsables de estos dos servicios, han recibido el mayor cuestionamiento de los habitantes del estado, al punto que 35 del total de protestas corresponden a estos dos sectores. Los apagones y racionamientos continúan aunque se solventó la crisis de Guri y la falta de agua potable y el desbordamiento de aguas servidas ya se han hecho cotidianos, y eso ha desmejorado la calidad de vida de la región, afirma Noel Azócar, directivo de la Fundación.

La carencia constante de estos dos servicios públicos ha molestado tanto a la gente que hasta se han atrevido a pedir la destitución de los dos responsables de las compañías eléctricas y de agua, narraron Pedro Rojas y Martín Luces, en Barcelona y Lechería. «El Gobierno central no quiere abrir los ojos y ver cómo estos funcionarios están afectando su gestión», manifestó Juanita Torres, en Lechería.

17 manifestaciones callejeras han sido por la inseguridad y las cifras del diario El Tiempo revelan que solamente en agosto hubo 60 homicidios. Seis de estas jornadas de calle se deben a los secuestros, delito que cada día crece en la zona.

La Fundación además revela que por reclamo de derechos laborales se han hecho 14 protestas y por el deterioro de vías urbanas y nacionales se sumaron 8. Por falta de insumos en hospitales, 2, y por mala praxis policial, 3, por decisiones judiciales con las que algunas personas no están de acuerdo, 4.

Según Azócar, las causas de estas protestas están relacionadas con la falta de respuestas oportunas y adecuadas a los reclamos. «Son protestas espontáneas sin que las mismas obedezcan a estrategias políticas y no hay una política diseñada para mejorar la calidad de vida de los sectores populares de la población».

En Lara, el respeto a la vida, al trabajo, el empleo, el derecho a un techo o la inexistencia y fallas de los servicios públicos, además de la inseguridad, son los motivos que han llevado a los concejos comunales del estado Lara a salir a la calle a ejercer su derecho a la protesta.

Con una población que llega a los dos millones de habitantes de los cuales la mitad está concentrada en Barquisimeto, este estado mantiene una cifra elevada de violencia: 470 homicidios en 8 meses, de los cuales 330 se han registrado solo en Barquisimeto. 329 de las víctimas son menores de edad.

Existe un déficit de vivienda superior a 170 mil unidades, mientras que la paralización de obras de infraestructura ha generado una fuerte recesión económica que causa desempleo.

La deficiente inversión oficial en obras de servicios ha obligado a las comunidades a tomar la calle, ya que aún hoy existen zonas urbanas en la capital que no cuentan con servicios básicos, agua, cloacas, vialidad y viviendas dignas.

Los programas de viviendas se han paralizado, mientras que la infraestructura escolar está en más de 66% deteriorada. Lo mismo sucede con los ambulatorios o módulos de Barrio Adentro, algunos construidos en su totalidad pero abandonados, de otros solo quedaron las bases y algunas estructuras.

La protesta por las deficientes condiciones para el estudio como escuelas sin agua, sin pupitres, con techos rotos, se presentaron casi a diario durante el período escolar, así como el cierre de avenidas importantes como la Florencio Jiménez que comunica a Barquisimeto con el resto de los municipios.