Colombia: presuntamente asesinados 35 indígenas Awá por las FARC

Bogotá, IPS, 12-2-09. La noticia de una matanza se superpuso a otra, y ya sumarían 35 los indígenas awá asesinados en un aislado territorio del sudoccidental departamento colombiano de Nariño. Al menos 25 de las muertes se atribuyen a las insurgentes FARC.

«La masacre está confirmada. Hay una duda sobre el número exacto de los muertos, eso está en verificación. Se hablaba de 17 y acabamos de recibir una información, sin confirmar, de que son 25 de la primera masacre. En la misma área serían 10 más los indígenas asesinados», dijo a IPS por teléfono Zabier Hernández, asesor de paz de la Gobernación de Nariño, a las 14:15 horas (19:15 GMT).

El recuento «proviene directamente de los gobernadores indígenas de los resguardos (territorios aborígenes) de Tortugalia y de El Sande, en los límites entre los municipios de Barbacoas, Ricaurte, Guachavez y Samaniego», precisó.

Ambos resguardos suman unas 40.000 hectáreas en «una zona montañosa y selvática muy cerrada, donde los indígenas no viven en puntos urbanos, sino dispersos», no existe carretera alguna y a donde se llega luego de día y medio de caminata. «Es una zona con muchas minas antipersonal», describió Hernández.

Ninguna comisión judicial, misión humanitaria o de verificación ha podido acercarse al lugar, con gran concentración de campos minados y escenario de ametrallamientos aéreos, bombardeos y combates entre el ejército y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) desde el 1 de este mes.

Poco antes de las 16:00 horas (21:00 GMT), el ministro de Defensa Juan Manuel Santos aseveró que las tropas gubernamentales «desembarcaron» en los puntos donde habrían ocurrido los hechos, pero «no pudieron encontrar nada», tampoco evidencias del supuesto secuestro de al menos 120 personas indígenas, incluyendo niños, por parte de las FARC.

Las izquierdistas FARC están en armas desde 1964 y son la principal guerrilla de este país.

Unos 25.000 awás ocupan un territorio binacional que abarca el pie de monte costero nariñense y pasa la frontera hacia Ecuador. Además, comparten su hábitat con comunidades negras tradicionales.

Es una zona con «fuerte presencia del 29 Frente y de la Columna Mariscal Sucre de las FARC, y donde la fuerza pública ha desarrollado vastos operativos. Esto genera un cuadro crítico que deja a la población indígena en medio de la confrontación», señaló Hernández.

Allí actúa el Batallón Contraguerrilla Mártires de Puerres, de la Brigada 29, adscrita a la Tercera División del ejército colombiano.

Según la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las guerrillas responsabilizan a las comunidades awá de facilitar la entrada del ejército a sus territorios.

Además, «miembros del ejército cometen violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario», indican ambas organizaciones, y denuncian que la ocupación militar de los territorios ancestrales y el desconocimiento de las autoridades indígenas violan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

La Unipa y la ONIC acusaron a los militares de entrar «de manera abusiva a las viviendas» y obligar «mediante diferentes maltratos a miembros de la comunidad, a dar información sobre la ubicación de los guerrilleros» de las FARC, «exponiendo a la comunidad a una situación de impotencia y miedo».

«Los awá son la ‘gente del silencio’, son personas muy pacíficas», dijo Luis Evelis Andrade, Autoridad Nacional Indígena de la ONIC.

«Algunos no comprenden bien el idioma español y por eso los han asesinado: porque muchas veces, por decir que ‘no’, dicen ‘sí’. La mayoría de las veces dicen que sí sin comprender cuál fue la pregunta, o sonríen», señaló. «Esto no lo conocen los actores de la guerra».

«Por eso los bandos en conflicto, al interrogarlos, los han asesinado y acusado de ser colaboradores del bando enemigo», añadió Andrade.

Desde 1998, el pueblo awá contabiliza cuatro masacres además de la actual, unos 200 asesinatos, 50 afectados por minas antipersonal, cinco desplazamientos masivos, desplazamiento forzado individual hacia dentro y fuera del territorio indígena y emigración hacia Ecuador.

En 10 años, ese pueblo ha sufrido también secuestros, detenciones arbitrarias, acusaciones, amenazas, reclutamiento forzado, bloqueo de alimentos y medicamentos, utilización de bienes civiles por parte de todos los combatientes y presión a los civiles para que sirvan de informantes.

«Como asesor de paz, estoy pidiendo una especie de tregua para poder desarrollar las acciones humanitarias necesarias para preservar la vida de los indígenas en esa área», sostuvo Hernández.

«Ojalá podamos contar con una decisión de nivel nacional de detener todos los operativos para atender humanitariamente al pueblo awá y sacarlo a una zona segura mientras la situación se estabiliza», indicó a IPS.

El funcionario también pidió «a las FARC que se retiren del área y permitan que la población indígena pueda llegar a sitios seguros, así como el ingreso de la comisión judicial para recuperar los cuerpos».

Los awá, dueños originarios del territorio, paradójicamente viven en «tierra de nadie» en términos militares.

Nariño, de 33.265 kilómetros cuadrados de ariscas montañas andinas y rica biodiversidad y de 1,6 millones de habitantes, registra el mayor desplazamiento forzado de civiles causado por grupos irregulares, así como la mayor concentración de campos minados de este país.

Por ser fronterizo con Ecuador y tener costas sobre el océano Pacífico, es un corredor estratégico para el narcotráfico y el abastecimiento militar clandestino.

En esa zona están planteados varios proyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, que comunidades indígenas y negras relacionan con la guerra.

Todos los actores armados están presentes en Nariño, y en 2008 el enfrentamiento se profundizó. Además de las FARC, allí opera el también izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN), segunda guerrilla del país, surgida asimismo en 1964. Desde 2005, los dos grupos se enfrentan en Nariño por el control territorial.

Además, es el segundo departamento con más acciones de grupos paramilitares entre 2007 y 2008, según el Observatorio del Conflicto Armado de la no gubernamental Corporación Nuevo Arco Iris, basado en la Bitácora Semanal de Prensa del Programa Presidencial de Derechos Humanos de la Vicepresidencia.

Estas bandas ilegales están presentes en 17 de los 64 municipios de Nariño, y en al menos 11 de ellos tienen cultivos de coca, materia prima de la cocaína.

Las bandas presentes en Nariño «son grupos remanentes del Cartel de Cali y del Cartel del Norte del Valle que todavía están en proceso de fortalecimiento y aún no tienen un liderazgo claramente definido», dijo a IPS Mauricio Romero, director del Observatorio de la Corporación Nuevo Arco Iris.

Contra esos dos otrora poderosos carteles de droga, rivales de los reductos del Cartel de Medellín, enfiló baterías el actual gobierno de Álvaro Uribe.

A su vez, las dos guerrillas izquierdistas «en distintos momentos han hecho acuerdos con las ‘bandas emergentes’ (como las llaman las autoridades tras la desmovilización parcial de los paramilitares). Son acuerdos muy inestables y en los que la fuerza pública juega también», advirtió Romero.

Por momentos, luchan «todos contra todos, o se dan alianzas de unos para golpear a los otros». En Nariño la fuerza pública, que en 2008 incrementó la militarización de la región, «no juega como un garante del Estado de derecho, sino como un actor armado más», según el investigador.

«No siempre, pero sí en algunos casos», matizó.

El ELN, con fuerte presencia en el sudoccidente colombiano, tiene allí una alianza, o acuerdo de guerra «por enemigo común», con el grupo Los Rastrojos, un sector remanente del Cartel del Norte del Valle, para combatir a las FARC.

Al comandante de las fuerzas militares, Freddy Padilla, le pareció «extraño que los indígenas no estén colaborando» para esclarecer esta masacre. «Hay muertos», dijo, «pero las autoridades colombianas no los han visto».

Los indígenas exigen desde hace años que todos los actores armados se retiren de sus territorios. «Queremos vivir como antes», en paz, afirman, la guerra «no es nuestra».

*Inter Press Service