Condena histórica a Fujimori por violaciones de derechos humanos
jueves, 23 de abril de 2009. El pasado 7 de abril la Sala Penal de la Corte Suprema en Perú condenó al ex presidente Alberto Fujimori como autor mediato por los crímenes de Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer; y le impuso la pena máxima aplicable al caso, es decir, 25 años de prisión.
jueves, 23 de abril de 2009. El pasado 7 de abril la Sala Penal de la Corte Suprema en Perú condenó al ex presidente Alberto Fujimori como autor mediato por los crímenes de Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer; y le impuso la pena máxima aplicable al caso, es decir, 25 años de prisión.
El proceso penal contra Alberto Fujimori constituye un hecho histórico en la lucha contra la impunidad y a favor de los derechos humanos en el Perú y en el continente. Por primera vez un ex presidente del Perú es llevado a juicio por graves crímenes contra los derechos humanos y también es la primera vez en la historia que un ex mandatario ha sido extraditado para responder por acusaciones de tales crímenes en su propio país.
Según la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (Aprodeh), organización que lideró las acciones para el enjuiciamiento de los responsables de estos hechos, la autoría mediata que se le atribuyó a Fujimori por las masacres de La Cantuta y Barrios Altos se sustentó en el hecho de que como presidente de la República del Perú actuó como la cabeza de un aparato de poder pensado y construido para adelantar, al margen de la ley, una estrategia de aniquilamiento contra los grupos subversivos.
El Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) estuvo al mando de este aparato de poder y de él dependían los grupos de exterminio, como el destacamento Colina, encargados de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales selectivas contra presuntos integrantes de las organizaciones alzadas en armas. Fujimori lideraba personalmente la SIN. De hecho, su despacho y su residencia se encontraban en las instalaciones de este organismo de inteligencia. Vladimiro Montesinos, su más cercano colaborador, se encargó de la ejecución de una política de guerra sucia para combatir la subversión.
El grupo Colina inició sus operaciones durante el primer semestre del año 1991. Según un informe presentado por Aprodeh, este grupo tuvo “como único propósito el asesinato. Nunca (hubo) prisioneros”. Durante el desarrollo del juicio a Fujimori, uno de los militares que participó en las operaciones admitió: “La misión del destacamento Colina era eliminar personas”.
Las masacres de Barrios Altos y La Cantuta
La noche del 3 de noviembre de 2003, los integrantes del grupo Colina entraron en el solar de una vivienda ubicada en el jirón Huanta 840, Cercado de Lima, donde se celebraba una fiesta; y dispararon indiscriminadamente contra todos los presentes, sin intentar detenciones ni la identificación de persona alguna. Durante esta masacre, que después se conoció con el nombre de Barrios Altos, resultaron 15 personas muertas, entre ellas un niño y varios vendedores de helados; y otras cuatro sufrieron heridas, con daños físicos y sicológicos de por vida.
Los efectivos policiales justificaron la operación al alegar que en la reunión se encontraban integrantes del grupo subversivo Sendero Luminoso. Días antes, se había producido un atentado senderista contra un autobús del Ejército repleto de funcionarios militares. La acción en Barrios Altos constituyó un acto de represalia a este hecho y los perpetradores se encargaron de dejarlo en evidencia: durante la operación se usaron vehículos oficiales, pasamontañas y armas con silenciador.
Los hechos de La Cantuta ocurrieron el 18 de julio de 1992, cuando el mismo grupo Colina entró violentamente a las viviendas estudiantiles de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Una vez allí secuestraron a un profesor y a nueve estudiantes, para luego trasladarlos a una zona denominada Boca del Diablo, ubicada en la carretera Ramiro Prialé. En ese lugar los mataron a todos a balazos, cubrieron con cal sus cadáveres y luego los enterraron. Para intentar ocultar la masacre, quemaron varios cuerpos y los depositaron en un botadero de basura en la carretera a Cieneguilla, donde unos recolectores los descubrieron.
La operación se desarrolló con el mismo contexto de la ocurrida en Barrios Altos, es decir, como una medida de represalia por un atentado dinamitero cometido por Sendero Luminoso en el jirón Tarata, distrito de Miraflores, el cual dejó numerosas víctimas y causó una alarma generalizada en la capital. El profesor y varios de los estudiantes ultimados habían participado un año antes en las protestas de repudio al gobierno de Fujimori en la misma universidad, que era conocida como la Universidad de La Cantuta.
A pesar de que en ambas masacres dejaron evidencias de la actuación de un escuadrón de la muerte que integraba la estructura militar, Fujimori nunca dispuso una investigación de estos hechos. La sentencia que lo condenó por los graves crímenes cometidos es el resultado de la lucha de víctimas y familiares así como del movimiento de derechos humanos y otros actores sociales que las acompañaron en ese largo camino hacia la justicia. El fallo desarrolla las pruebas que incriminan a Fujimori en la comisión de crímenes de lesa humanidad. En la próxima entrega se explicarán los alcances de esta histórica sentencia.
