Los trabajadores fueron los actores sociales más movilizados en febrero, registrando, al menos, 203 manifestaciones. Superando las 143 protestas registradas en enero. Marchas huelgas de hambre, paralizaciones, concentraciones y asambleas permanentes fueron algunas de las expresiones de lucha realizadas por la masa obrera durante este mes, que cerró con una tasa de desempleo de 10.4% según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). El mes se caracterizó por una intensa movilización de los sectores público y privado, destacando la marcha nacional del 05.02.11 que congregó a trabajadores y representantes de diversas corrientes sindicales del país, antes distanciadas como consecuencia de la polarización política, demostrando la unificación de fuerzas para exigir sus derechos. Discusión de convenciones colectivas paralizadas, pago de pasivos, estabilidad laboral, ausencia de inversión en las industrias básicas, rechazo a la criminalización de la protesta social, y libertad para dirigentes sindicales privados de libertad fueron las principales demandas del sector.

El estado Bolívar mantuvo la tensión registrada en enero, congregando las principales protestas, principalmente por derechos laborales. La ausencia de respuestas efectivas y oportunas por parte del Gobierno Nacional agudizó la crisis laboral que se vive en la entidad.

Por otra parte, la sentencia, el 28.02.11, de 7 años, 6 meses de prisión al dirigente de Sintraferrominera, Rubén González, por liderar una huelga laboral en Guayana, cierra el mes con una fuerte tendencia hacia el aumento del rechazo a las medidas gubernamentales en todo el territorio nacional. La solidaridad con González ha sido unos de los puntos de encuentro de diferentes actores sociales en las constantes protestas relacionadas con la exigencia de derechos humanos en el país.

Finalizando la redacción de esta investigación se releva que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó la libertad condicional para González, en menos de 72 horas después haber sido condenado a prisión. Así se difunde en su sitio de Internet: “Se anula la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Sexto de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar (…) se repone la causa al estado de que se realice un nuevo juicio oral y público, ante un Tribunal de Juicio distinto al que conoció, y dicte nueva sentencia prescindiendo de los vicios señalados en el presente avocamiento; se ordena remitir el expediente a la Presidencia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, y se sustituye la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad que actualmente pesa sobre el referido acusado, por las Medidas Cautelares Sustitutivas a la Privación Judicial Preventiva de Libertad (…) (ordenando) la presentación periódica a la sede judicial cada quince (15) días y la prohibición de salida del país”.

La medida del TSJ es el resultado de la presión social, del trabajo articulado entre organizaciones sociales, sindicatos y trabajadores, quienes denunciaron y rechazaron el encarcelamiento de González desde hace más de una año. Sin embargo, estos mismos grupos afirman que es un triunfo parcial, porque la medida no contempla la libertad plena. Por otra parte, desde la tercera semana de febrero inician acciones para pedir la libertad plena para más de 2.500 personas que se encuentran en prisión o con medidas sustitutivas de libertad por ejercer su derecho humano a la protesta. Incluyendo en esta cifra a más de 120 dirigentes sindicales.

Se radicalizan las formas pacíficas de lucha. Incremento de las huelgas de hambre