Continúa la razzia antiobrera en Vtelca: 30 despedidos más
El 18 de agosto fueron despedidos de la fábrica de celulares Venezolana de Telecomunicaciones, CA (Vtelca), 30 trabajadores más. Con esa segunda lista, llegan a 86 las personas despedidas en los últimos dos meses. Jairo Viloria, militante del Psuv, formuló la denuncia y solicitó una vez más a la empresa que se pronuncie y presente las pruebas que los acusan de ser saboteadores. Indicó que los botados de ayer no fueron notificados previamente, con lo cual se suma una nueva ilegalidad a las actuaciones de la directiva de Vtelca.
El 18 de agosto fueron despedidos de la fábrica de celulares Venezolana de Telecomunicaciones, CA (Vtelca), 30 trabajadores más. Con esa segunda lista, llegan a 86 las personas despedidas en los últimos dos meses. Jairo Viloria, militante del Psuv, formuló la denuncia y solicitó una vez más a la empresa que se pronuncie y presente las pruebas que los acusan de ser saboteadores. Indicó que los botados de ayer no fueron notificados previamente, con lo cual se suma una nueva ilegalidad a las actuaciones de la directiva de Vtelca.
Marlin Lizardo, otra de las expulsadas, dijo que los despidos son injustificados y prueba de ello es que la empresa no ha mostrado ante la Inspectoría del Trabajo las evidencias que los incriminan.
«Se nos acusa de saboteadores y guarimberos por exigir que se nos respeten nuestros derechos como trabajadores.
Dijeron ser militantes activos del Psuv, estar comprometidos con el proceso revolucionario, y apoyar al presidente Chávez. De hecho, la selección de los trabajadores se hizo luego de un proceso de inducción, y fueron postulados por los consejos comunales y organizaciones afines al gobierno.
Por su parte, el presidente de Vtelca, Carlos Audrines, al intentar justificar las acciones ilegales que ha tomado contra la masa laboral, reconoció que los trabajadores no contaban con un contrato. Según Audrines, pese a haber ensamblado miles de celulares, los trabajadores eran en realidad «estudiantes», sin goce de salario. Esta situación es una violación flagrante de la Ley Orgánica del Trabajo.
El presidente de la empresa, que según eĺ ni siquiera ha sido registrada legalmente, dijo que las 30 personas despedidas habían ido a la Inspectoría del Trabajo el 10 de julio con los primeros 71 botados. Como represalia fueron despedidos.
Audrines también intentó criminalizar a los trabajadores despedidos, acusándolos de haber derramado más de 3 mil litros de gasoil, haber causado daños a los aires acondicionados, robado claves y extraído los exámenes de suficiencia. Sin embargo, no existen pruebas que sustenten tales acusaciones.
