Crecimiento económico a cuenta de sacrificar a los trabajadores y endeudar la nación

Señala Álvarez que entre el año 2003 y 2007, en vísperas del inicio de la crisis capitalista internacional con fuerte impacto sobre la economía venezolana, el propósito gubernamental fue reactivar el aparato productivo para lo cual implementó una política de “incentivos a la inversión económica, las exoneraciones arancelarias, de los créditos a baja tasa de interés y largo plazo, los dólares preferenciales, los dólares a mitad de precio de lo que indicaba el mercado, del suministro de materias primas de condiciones preferenciales, la capacitación técnica y productiva, las exoneraciones de impuesto sobre la renta o del IVA, en fin, toda esa amplia gama de instrumentos de política económica que puede manejar el gobierno bolivariano, son ofrecidos a ese aparato productivo en función de reactivarlo, de reanimarlo”. Gracias a esta política los empresarios gozaron un puyero durante cinco años, incrementando sus ganancias y haciéndose de un colchón que les permitió enfrentar en forma tranquila los tres años de contracción económica vividos por el país. Sobre todo el otorgamiento de enormes volúmenes de dólares a precio subsidiado se ha convertido en una importante fuente de ingresos para el parasitismo empresarial.

A partir del año 2008 la recesión se instaló en el país y efectivamente el valor monetario de los bienes y servicios producidos empezó a contraerse, pero en modo alguno significó una disminución del porcentaje de rentabilidad obtenida por los empresarios privados por cada bolívar fuerte o dólar invertido. Con la inflación, el desabastecimiento ficticio y la especulación, los empresarios privados sacaron una buena tajada de ganancias que superaron largamente la disminución de sus ingresos debido a la baja de la producción de bienes y servicios.

Por su parte el sector público, que también tuvo un bajón drástico en la producción, suplió esta caída con la obtención de mayores ingresos gracias al incremento del impuesto indirecto cobrado a los pobres por la vía del perverso mecanismo del IVA, que golpea a los sectores populares y no discrimina entre asalariado o desempleado. Sin excepción todos debemos pagar IVA.

En materia salarial, el gobierno se apegó a la ley que rige el comportamiento de cualquier capitalista mundano: congelación salarial al punto que dos millones y medio de empleados de la administración pública llevan siete años sin discutir el Contrato Colectivo Marco; extensión de la jornada de trabajo sin retribuirla con pago de horas extras y encubriéndolo con el velo del “trabajo voluntario”; y se encargó de legitimar la tercerización promoviendo las cooperativas para aprovecharse de las necesidades de decenas de miles de venezolanas y venezolanos, que al estar desempleados no tuvieron otra opción que agruparse para contratar con el Estado, pero sin gozar de vinculación fija ni prerrogativas contractuales, muy por debajo de lo contemplado en la Ley Orgánica del Trabajo y sin posibilidades de organizarse sindicalmente para reclamar sus derechos. Obviamente de esta legitimización de la tercerización y del festín de la súper-explotación, también gozaron los alcaldes y gobernadores de la oposición que gustosos copiaron esta desalmada forma de sobreexplotación de la fuerza de trabajo venezolana.

Además de saquear el bolsillo de los trabajadores y el pueblo, el gobierno pisó el acelerador de la desnacionalización de la industria petrolera al darle vida al mecanismo de las empresas mixtas, permitiendo con ello que las multinacionales se convirtieran en socias del negocio hasta en un 40%. Eso nos permite afirmar que sólo el 60% de las reservas y la producción presente y futura, al menos para los próximos 50 años, de la Faja Petrolífera del Orinoco, será del Estado, mientras que el resto será para las sanguijuelas que controlan la industria petrolera mundial.

En las industrias básicas, para apañar la crisis, el Gobierno firmó contratos leoninos con multinacionales para las ventas a futuro de bienes a precios fijos, justo en el momento en que se presenta un crecimiento sostenido en las materias primas requeridas por las grandes potencias económicas internacionales. Política que con el correr del tiempo también se aplicó para el petróleo, siendo los chinos los más beneficiados. Y No hace mucho el gobierno expidió un decreto de “nacionalización” de la industria extractora de minerales preciosos, pero rápidamente se supo que tal política estaba encaminada a controlar la explotación artesanal indiscriminada y en pequeña escala, y al poco tiempo se dio apertura a las negociaciones con grandes multinacionales para aplicar el esquema de las empresas mixtas en la explotación aurífera.