Criminalizan el sindicalismo
Grupos sindicales convocan a marchar este sábado 5 de febrero por la defensa de los derechos laborales. Dicen que, a pesar de proclamarse socialista, el presidente Chávez reprime y persigue a los sindicalistas. A la calle. Esa es la decisión de un grupo de dirigentes sindicales de todo el país, quienes decidieron convocar una marcha para exigir respeto a los derechos laborales, reivindicar la vigencia de la contratación colectiva y rechazar la criminalización de la protesta y del ejercicio de la actividad sindical.
Grupos sindicales convocan a marchar este sábado 5 de febrero por la defensa de los derechos laborales. Dicen que, a pesar de proclamarse socialista, el presidente Chávez reprime y persigue a los sindicalistas. A la calle. Esa es la decisión de un grupo de dirigentes sindicales de todo el país, quienes decidieron convocar una marcha para exigir respeto a los derechos laborales, reivindicar la vigencia de la contratación colectiva y rechazar la criminalización de la protesta y del ejercicio de la actividad sindical.
La marcha es convocada por el Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, y partirá este sábado a las 10 de la mañana desde el Parque del Este para culminar en la zona industrial de Los Cortijos. Participarán trabajadores de Guayana, los estados Aragua y Carabobo, así como profesores universitarios.
Rodrigo Penso señala que bajo la administración de Hugo Chávez, y a pesar de proclamarse socialista, se niega el sindicato como instrumento de lucha y a la contratación colectiva como mecanismo de reparto de la riqueza.
Como consecuencia de lo anterior, hay más de 2.000 dirigentes que tienen régimen de presentación ante los tribunales, más de 200 dirigentes sindicales sometidos a juicio, resaltando el caso más emblemático de todos, el del Rubén González, dirigente sindical de Ferrominera, detenido desde más de 1 año.
El objetivo de toda esta persecución, según Penso, es “escarmentar y aterrorizar” a quienes lideran las luchas de los trabajadores. Denuncia que el llamado “control obrero” es empleado en fábricas como Sidor para pretender controlar a quienes allí trabajan, pues lo que hacen es “vigilar y sapear”.
Recuerda que el cambio del régimen de prestaciones sociales implicaba cancelar las mismas a los trabajadores de la administración pública, lo que no se ha hecho y por lo que se les adeudan 12.000 millones de dólares.
“Este es un gobierno maula, incapaz, inepto e indolente”, apuntando que ahora quien decide si se firma o no un contrato colectivo es Jorge Giordani.
Hasta no hace mucho los trabajadores pedían la nacionalización de la empresa en que laboraran, pero la experiencia en Sidor y más recientemente en Fama de América, les confirma que “este gobierno no respeta los derechos laborales. Lo que está en juego es la permanencia del puesto de trabajo con salarios decentes y seguridad social”, afirma Penso.
