Crisis y acumulación capitalista: construir una alternativa global

En la historia del capitalismo, cada ciclo de acumulación basado en una expansión productiva ha terminado en una crisis de sobreproducción, que ha desencadenado en el sistema un período de mayor competencia, expansión financiera y el consiguiente fin de las estructuras orgánicas sobre las que se basaba la anterior expansión productiva. La crisis estalla cuando los beneficios obtenidos en la producción no encuentran salidas suficientes en inversiones rentables. La gestión de la crisis consiste en buscar salidas que eviten la desvaloración masiva de los excedentes de capital flotante. La mundialización iniciada a comienzos de los 80 reposa en la crisis del régimen de acumulación que caracterizó la etapa 1945-1970, en el agotamiento económico y político del orden mundial alcanzado tras la última gran guerra (basado en los acuerdos de Bretton Woods), en la exacerbación de la competencia intercapitalista, en el avance de los movimientos de liberación en el Tercer Mundo, y en las luchas obreras y populares de finales de los 60.

En la historia del capitalismo, cada ciclo de acumulación basado en una expansión productiva ha terminado en una crisis de sobreproducción, que ha desencadenado en el sistema un período de mayor competencia, expansión financiera y el consiguiente fin de las estructuras orgánicas sobre las que se basaba la anterior expansión productiva. La crisis estalla cuando los beneficios obtenidos en la producción no encuentran salidas suficientes en inversiones rentables. La gestión de la crisis consiste en buscar salidas que eviten la desvaloración masiva de los excedentes de capital flotante. La mundialización iniciada a comienzos de los 80 reposa en la crisis del régimen de acumulación que caracterizó la etapa 1945-1970, en el agotamiento económico y político del orden mundial alcanzado tras la última gran guerra (basado en los acuerdos de Bretton Woods), en la exacerbación de la competencia intercapitalista, en el avance de los movimientos de liberación en el Tercer Mundo, y en las luchas obreras y populares de finales de los 60.

La clase capitalista, para evitar la desvalorización de capitales y reafirmar su poder de clase, respondió con el neoliberalismo y la mundialización, aumentando la tasa de explotación de la fuerza de trabajo, y extendiendo e intensificando la acumulación por desposesión. Las políticas neoliberales han sido un medio de retrasar la crisis de sobreproducción, pero han acabado por precipitarla aumentando su fuerza, en un mundo donde las desigualdades se han multiplicado y las sociedades se distinguen por una profunda polarización social, y donde el modelo de desarrollo está provocando una crisis ecológica de dimensión planetaria.

No hay alternativas desde dentro del sistema que puedan revertir significativamente la tasa de ganancia y garantizar el crecimiento económico durante un largo ciclo económico. El desorden que amenaza al mundo pone en jaque a las fuerzas del trabajo. Si éstas no irrumpen con un programa revolucionario, capaz de sumar a amplios sectores sociales, se impondrá la lógica de la acumulación capitalista, el caos y la barbarie.

1. Expansión financiera: Neoliberalismo y Consenso de Washigton

A mediados de los 60, Alemania y Japón imponen precios relativamente reducidos en el mercado de productos industriales desafiando la hegemonía productiva estadounidense. La intensificación de la competencia internacional provocó en EEUU la reducción de precios frente a unos costos productivos que no lograron ser reducidos suficientemente, generando una caída de la tasa de ganancia y una crisis de sobrecapacidad y sobreproducción. La reducida rentabilidad mermó el crecimiento de la inversión industrial y, en consecuencia, de la producción, lo que incidió negativamente en el crecimiento de los salarios y en el empleo, generando una caída de la demanda que agudizó a su vez la sobreproducción y sostuvo la tendencia a la caída de la tasa de ganancia.

Las políticas de reducción de salarios (en Alemania y Japón eran un 60% y un 25% de los de EEUU) y rebaja de los costes laborales (80% y 50% respectivamente de los de EEUU) para recobrar la rentabilidad, chocaron con las resistencias obreras, que impidieron que la flexibilización del mercado de trabajo y la disminución de costes alcanzasen niveles que permitiesen dicha recuperación. De manera que si la contracción de los beneficios no fue provocada por un ascenso del poder obrero –la productividad creció en el sector industrial un 3,3% entre 1965 y 1973 frente a un 2,9% entre 1950 y 1965, y el crecimiento medio de los salarios reales cayó un 1,9% en el período 1965-1973 frente a un aumento del 2,2% entre 1958 y 1965 (Brenner, 2002)-, las fuertes organizaciones sindicales sí contribuyeron a impedir la salida.

Si la disminución de la competitividad de los productos industriales estadounidenses provocó un déficit de su balanza comercial, los superávits de Alemania y Japón favorecieron sus inversiones en EEUU. Este factor junto a los enormes gastos militares estadounidenses –asociados a la guerra de Vietnam y a su papel de gendarme mundial-, dispararon el déficit de la balanza de pagos de EEUU y aumentaron las presiones sobre el dólar, provocando una crisis del sistema monetario nacido de Bretón Woods. En 1971, Nixon rompió la paridad entre el dólar y el oro, y puso a flotar los tipos de cambio. La ruptura del sistema monetario de la posguerra generó una asimetría entre EEUU y Alemania-Japón, dado que el petróleo y la mayoría de los bienes estratégicos se hacían efectivos en dólares y que ninguna moneda podía sustituir internacionalmente a éste. El enorme poder de EEUU se manifestaba en que la bajada del dólar beneficiaba sus exportaciones, y la subida aumentaba la venta de dólares al ser moneda refugio y facilitaba los flujos financieros hacia los mercados estadounidenses. EEUU devaluó el dólar bruscamente mientras el marco y el yen se revalorizaban, lo que provocó un aumento comparativo de los costes de producción en Japón y Alemania respecto a los estadounidenses. Pero la extensión de la crisis de rentabilidad a estos países no logró una recuperación significativa de la misma en EEUU.

La crisis del petróleo de 1974-75 sumió al mundo industrializado en una profunda recesión, con caídas drásticas de los salarios y de la productividad, aumento del paro y estancamiento aún mayor del crecimiento económico. La respuesta con políticas keynesianas evitó la depresión, pero generó mayores déficits presupuestarios y que fluyera el dinero fácil, favoreciendo el endeudamiento. Estas políticas impulsaron la inflación y ayudaron a sobrevivir a los sectores y empresas de altos costes y baja ganancia, frenando la recuperación de la rentabilidad e impidiendo una revitalización económica (la denominada estanflación).

El fracaso de las políticas keynesianas amparó, a finales de los 70, la vuelta al monetarismo en EEUU y Reino Unido. Reducción del crédito y del endeudamiento público, desincentivación de las inversiones en el sector productivo –quebrando e l modelo de posguerra, donde la intervención del Estado favorecía e incentivaba fuertes inversiones de capital en este sector- y reducción de los subsidios a la demanda, perseguían la reducción de los salarios y acabar con las empresas de baja rentabilidad para abrir el camino al restablecimiento de la tasa de ganancia. Pero la reducción drástica de los salarios retrajo la demanda, y la r educción del gasto público y del crédito aumentaron la competencia interna y dificultaron la innovación empresarial, poniendo en riesgo a todo el tejido industrial, incluidas las empresas costoefectivas.

Las respuestas obreras centradas en aspectos económicos se saldaron con el éxito de Reagan sobre la huelga de controladores de 1981 y de Thatcher sobre la huelga de mineros de 1983. De manera que al fracaso de la aplicación de políticas keynesianas para restablecer la tasa de ganancia por parte de diferentes gobiernos estadounidenses y británicos, se sumó la incapacidad de la clase trabajadora para irrumpir con un programa revolucionario. La derrota de los sindicatos supuso el fin de los incrementos salariales y la congelación de los costes del trabajo hasta mediados de los 90, y abrieron la puerta a la ofensiva del capital apoyada en amplios sectores de las clases medias.

En 1981 el gobierno estadounidense redujo de manera importante el impuesto de sociedades y el tipo impositivo máximo a los sectores más ricos de la sociedad (la tasa nominal pasó del 70% al 50%, para alcanzar en 1986 tan sólo el 28%), a fin de impulsar las inversiones productivas. Pero el rechazo de los capitalistas a destinar capital en la producción –para evitar los riesgos de invertir a largo plazo en plantas y equipos-, se traducía en la búsqueda de caminos alternativos para hacer dinero. A la huída de capital hacia las finanzas y actividades especulativas, se sumaron las inversiones en otras regiones que auguraban mejores rentabilidades y el aumento del sector servicios –con trabajos de baja productividad y bajos salarios facilitados por el paro creciente y la mayor flexibilidad laboral-, amenazando al sector industrial estadounidense con un profundo declive, que fue corregido con una subida descomunal del gasto público en la industria militar. La disminución de la recaudación y el gigantesco gasto militar, dieron lugar a un desmedido déficit presupuestario (del 2,7% en 1980 al 6% en 1983) y de la deuda pública.

Desde la crisis del 29 hasta los años setenta, los mercados financieros internacionales de acciones y divisas estaban controlados por instituciones nacionales (bancos centrales y del tesoro), pero a comienzos de los ochenta, el gobierno estadounidense –bajo l a presión de sus potentes sectores financieros- decidió financiar su enorme déficit presupuestario en el mercado internacional y profundizar la liberalización de los movimientos de capitales iniciada en 1974 a raíz de la crisis del petróleo –EEUU había decidido que las plusvalías del petróleo árabe se reciclasen a través de bancos privados, eludiendo las instituciones públicas como el FMI-. La exclusión de la influencia de los bancos centrales sobre las relaciones financieras internacionales, dejó éstas progresivamente en manos de los agentes privados, lo que permitía no sólo disminuir los controles y gravámenes estatales sobre los movimientos de capitales, sino asegurar su entrada y salida masiva a través de las fronteras. Impuestos, controles sobre los intercambios, reservas obligatorias y todo tipo de regulación, fueron suprimidos en los mercados financieros estadounidenses y británicos, extendiéndose progresivamente estas políticas al resto del mundo industrializado.

A su vez, las nuevas divisiones del trabajo –fruto de modificaciones productivas, técnicas y culturales-, impulsaron procesos de descentralización productiva y de reorganización y relocalización de la producción . Los empleadores lograron descalificar el trabajo al desmembrarlo en sus partes más simples, separando los trabajos de la línea de ensamblaje, incluso geográficamente. Los trabajadores podían realizar más tareas, ahora simplificadas, y se podía emplear directa o indirectamente trabajadores para tareas específicas en el tiempo. Este hecho y el desplazamiento de l as vías de financiación empresarial a los mercados financieros, que impusieron nuevas disciplinas a las empresas apoyados en la enorme fluidez que les permitía la liberalización de los movimientos de capital, facilitaron una profundización del ataque a los salarios y los derechos laborales .

El poder financiero dictó a las empresas los resultados a obtener, bajo la amenaza de perdurar o desaparecer. Los trabajadores se vieron atrapados entre el riesgo permanente de las reestructuraciones o el paro –en un mercado de trabajo limitado-, si su empresa no aplicaba los ajustes y cumplía las exigencias de los accionistas. Las regulaciones laborales proteccionistas del período anterior fueron totalmente eliminadas y se extendió una profunda dominación del capital sobre el trabajo. La reestructuración barrió las empresas de altos costes y baja rentabilidad –en EEUU, las quiebras anuales superaron a las de la Gran Depresión y el empleo industrial en 1989 se situaba un 5% por debajo del existente en 1979-, permitiendo iniciar el camino hacia la recuperación de la rentabilidad a costa de un aumento de las desigualdades. El número de estadounidenses por debajo del nivel de pobreza aumentó de 29,2 millones en 1980 a 31,7 en 1988, la participación en el ingreso total del 20% más pobre pasó del 4,1% al 3,8%, y la situación de los grupos de renta baja se vio perjudicada por la reducción del gasto social (Brenner, 2002).

Las periferias activas asumieron segmentos enteros de la producción industrial tradicional abandonados por el centro, que procuraba mantener su control gracias a su poderío financiero. L a alta rentabilidad que ofertaba el sector financiero generó un efecto riqueza, actuando el aumento del precio de las acciones como motor de la economía durante un tiempo. Pero hacer frente al creciente precio de las acciones exigía un incremento constante de los beneficios en el terreno productivo.

A comienzos de los años 90, los organismos financieros internacionales con sede en Washington (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial) y los centros económicos occidentales lanzaron un programa político y económico para Latinoamérica –con el objetivo de extenderlo progresivamente a todos los países en vías de desarrollo-, bajo el pretexto de impulsar su crecimiento (Consenso de Washington): protección de la propiedad privada, disciplina presupuestaria, reordenamiento de las prioridades del gasto público, reducción de los impuestos a las rentas más altas y ampliación por la base, desregulación de los mercados, liberalización del comercio internacional y eliminación de las barreras aduaneras, eliminación de cualquier medida que dificultase las inversiones extranjeras –incluso en los servicios públicos de carácter básico-, privatización de las empresas públicas y de los servicios de carácter social, y venta de los monopolios estatales.

Sin embargo, lejos de producir expansiones económicas significativas, provocaron severas crisis y la acumulación de deuda externa en esos países, revelándose como medidas que perseguían el mero aumento de la rentabilidad y la apertura del mercado laboral de las economías periféricas a la explotación por parte de compañías de los centros económicos, favoreciendo la rápida apropiación de las riquezas de los países de la periferia y la adaptación de sus economías a los nuevos intereses de los Estados centrales.

A mediados de los 90, el capital había logrado recuperar buena parte de la tasa de ganancia en un marco de bajo crecimiento económico, a costa del aumento de la tasa de explotación de la mano de obra y del expolio de los Estados periféricos, agudizando la pauperización de importantes sectores de la población mundial y generalizando la polarización social . Todo ello en un clima de inestabilidad muy sensible a las crisis, que sin descanso se sucedían regionalmente bien por los riesgos de impago de la deuda , bien por quiebras de fondos especulativos .

La respuesta del capitalismo central a las sucesivas crisis de esos años, ha consistido en una reiterada huída hacia delante con una deriva creciente hacia el comportamiento especulador –que alejaba progresivamente el precio de los títulos del necesario respaldo productivo-, y el impulso del consumo interno a través del recorte continuado de los tipos de interés, del endeudamiento creciente y del enriquecimiento patrimonial –originando enormes burbujas bursátiles e inmobiliarias-, provocando la deuda privada un complejo mecanismo financiero esencial para generar los capitales y activos líquidos, de los que se ha beneficiado el sistema en su conjunto. Este modelo de crecimiento se ha mantenido desde mediados de los noventa con la condición de que el déficit fuera financiado por entradas de capitales provenientes de los excedentes de los países emergentes y de los países productores de petróleo. El resultado ha sido un enorme déficit comercial.

2. Fracaso de las políticas neoliberales

a) Incapacidad para estimular el crecimiento económico.

Si bien la disciplina fiscal ha logrado controlar en buena medida la inflación –a costa de un elevado déficit de la balanza comercial y de configurar un modelo social dual-, la estabilidad monetaria no ha sido suficiente para lograr un crecimiento económico prolongado. La enorme concentración de riqueza impulsada por las políticas neoliberales, no ha repercutido significativamente en la tasa de inversión en los países donde se han aplicado. La experiencia de EEUU en los 8 años de gobierno de Bush (2001-2009), muestra el fracaso de estas políticas. Un estudio de Richard Berstein, publicado en septiembre de 2010 en Financial Times, concluye que fue la década de crecimiento más débil de la inversión no residencial en EEUU desde la segunda guerra mundial. Lo mismo sucedió en Latinoamérica, donde el crecimiento del PIB se situó en una tasa promedio de sólo el 2,8% para el período 1990-2001, muy lejos del 5,5% del período 1960-1980 (CEPAL. Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2003) , para recuperarse a partir de 2003 coincidiendo con el cambio de orientación económica en la región, alcanzando un crecimiento promedio del 4,2% anual en el período 2004-2010 a pesar de la crisis mundial (CEPAL, 2010).

En más de 30 años de hegemonía neoliberal, las tasas de crecimiento agregado distan mucho de las logradas en los años 50 y 60 (Harvey, 2007). Aunque la tasa de beneficios se recuperó en los 90 hasta superar la de los años 70 y 80, aún se situaba muy por debajo del período de posguerra, y l a tasa de crecimiento promedio en los tres centros de la economía mundial apenas llegaba a la mitad de la alcanzada en el período 50-60 (Katz, 1998) . Desde la recesión de 2000, el crecimiento del PIB de EEUU ha sido el más bajo en comparación con cualquier otro período desde finales de los años 40, mientras que las inversiones productivas en equipamientos y creación de empleo han sido un tercio y dos tercios inferiores respectivamente a las medias de posguerra (Brenner, 2008).

Sin embargo, las políticas neoliberales han sido una herramienta inestimable para transferir activos y canalizar la riqueza y los ingresos de la masa de la población hacia las clases altas y de los países vulnerables hacia los más ricos –mientras el 1% de la población mundial posee el 44% de la riqueza, el 90% apenas cuenta con el 16%, concentrándose el 62% en Europa y EEUU (Credit Suisse. Global Welth Report, 2011 )- . Y han representado un éxito para restaurar el poder de clase de las elites gobernantes en EEUU, Reino Unido y Europa, y para crear las condiciones que han configurado la nueva clase capitalista en China, India o Rusia.

b) La mundialización neoliberal no ha reforzado el papel de los Estados centrales.

La era neoliberal ha generado a escala mundial la creación de un espacio libre de restricciones para las operaciones del capital, para producir y realizar plusvalía. Ese espacio, aunque no es homogéneo, ha permitido al capital organizar a escala global el ciclo de valoración al tiempo que ha puesto en competencia entre sí a los trabajadores de todos los países.

La orientación de las inversiones y las políticas de deslocalización de diversas ramas de la producción, aceleraron la formación de potentes grupos industriales en Asia, permitiendo su rápida transformación en la fábrica del mundo. La integración de China e India a la economía mundial representó un arma evidente en la contención salarial en los Estados centrales y en las perspectivas de ganancia para el capital.

La transformación de esos países ha variado el panorama económico mundial, hasta el punto que no es concebible el proceso de acumulación de capital sin su presencia. Aunque los Estados centrales del sistema mantienen una tasa de plusvalía más elevada, la mayor parte de la plusvalía (la masa) que permite la reproducción del capital proviene de Asia y sobre todo de China, debido a que la importación masiva de productos muy baratos es fruto de un bajo coste de reproducción de la fuerza de trabajo –en Asia, el precio proporcional del trabajo bajó a medida que al efecto de la duración y la intensidad del trabajo, se le sumó el del aumento de la productividad por la modernización de equipamientos-.

Por otra parte, el modelo macroeconómico de esos países tiene un carácter específicamente nacional y la penetración neoliberal no se ha traducido en la aplicación sistemática de sus políticas. Y e n el continente americano, aunque el impacto de las políticas neoliberales ha sido muy fuerte provocando severas crisis desde los 80 hasta los primeros años del nuevo siglo, la reacción de buena parte de Latinoamérica ha impulsado el desarrollo de políticas soberanistas y la creación de mercados regionales que limitan el papel preponderante que EEUU ha jugado en la región. Estas periferias activas tienen hoy un proyecto y una estrategia que se enfrenta a los intereses de los Estados centrales. De manera que mientras se desmantelan las barreras aduaneras a nivel nacional y se consolidan mercados globales –como los monetarios- que reducen la capacidad de los Estados nacionales para regular sus propias economías, se generalizan barreras no tarifarias y se consolidan grandes bloques y territorios económicos con lógicas eminentemente proteccionistas.

En la medida que cada oligarquía particular procura reforzar y avanzar sus posiciones en la jerarquía mundial en desmedro de otras, uno de los pilares elegidos por los Estados centrales para reforzar su poder se ha transformado en fuente de nuevas contradicciones. Hasta comienzos del nuevo siglo, EEUU era el centro de las relaciones jerarquizadas fruto de la mundialización, pero l a etapa en que EEUU podía actuar como potencia mundial indiscutible, ha finalizado. La elevada dependencia de EEUU frente a China, tanto en el plano financiero –en 2010 financiaron el 20% de un déficit público que alcanzó los 4,4 billones de dólares- como en el comercial –aprovisionamiento de bienes manufactureros poco complejos-, ha obligado a EEUU a mantener una relación especial con China, creando un diálogo permanente entre ambos países. China, India y Brasil –éste como cabeza de las economías proveedoras de materia básica-, han entrado en la configuración económico-política del sistema capitalista mundial. El G8 ha dado paso al G20, y los cambios que se están produciendo en los derechos de voto en el FMI amenazan con el decaimiento de los países europeos en beneficio de las nuevas potencias.

A su vez, en el plano financiero, los llamados Fondos Soberanos (fondos de inversión creados por gobiernos de países que disponen de un exceso de ahorro debido a sus recursos petroleros –Oriente Medio, Rusia, Noruega o Venezuela-, a excedentes presupuestarios –Singapur- o a reservas de divisas de los bancos centrales –China-), se han convertido en importantes puntos de centralización del capital bajo la forma dinero. Estos Fondos tienen estrategias y dinámicas propias q ue persiguen modificar el reparto intercapitalista de los flujos financieros a favor de los sectores rentistas que representan, introduciendo un nuevo factor de perturbación.

Hoy la crisis está acelerando procesos de destrucción de capacidades productivas –y con ellas puestos de trabajo- en el centro del sistema, mientras en China se está concentrando una sobreacumulación de capital que se tornará insostenible si cae la demanda en EEUU y Europa –las exportaciones netas representan la tercera parte del crecimiento chino, siendo EEUU su principal mercado- , y no logra abrir nuevos mercados o su demanda interna es incapaz de absorber la realización de la plusvalía que se daba en EEUU. Los efectos de esa sobreacumulación se transformarían entonces en un factor de propagación de la crisis, como sucedió en Corea en 1997. S e produciría una crisis de sobreproducción mundial de enorme envergadura, que no sólo golpearía a las fábricas mundiales de Asia, agudizando las contradicciones del sistema, tanto intercapitalistas como sociales.

Las profundas interconexiones económicas mundiales ponen en evidencia los límites de los actuales centros de poder . Comienza una nueva etapa de cambios que obliga a EEUU, junto a las potencias centrales, a renegociar sus relaciones mundiales sobre la base de compartir el poder con las nuevas potencias emergentes. En la medida que este proceso nunca se ha producido de forma pacífica en la historia del capitalismo, el riesgo de una aventura militar de impredecibles consecuencias está de nuevo presente, más si se tiene en cuenta que EEUU perdió su superioridad productiva en la década de los 70 y puede estar ahora perdiendo su dominio financiero, quedándole únicamente el poderío militar.

c) El neoliberalismo como generador de burbujas y crisis.

En 30 años de políticas neoliberales, las continuas huidas hacia delante de los centros económicos occidentales intentando superar sus límites, se han saldado con la creación a una escala sin precedentes de capital ficticio. Los neoliberales han propagado que los productos financieros crean valor, cuando no representan más que expectativas de plusvalías futuras . Los productos financieros se reproducen mediante distintas operaciones especulativas, siendo la principal consecuencia la inflación de esos productos, que acaban constituyendo burbujas financieras. El milagro que explica la aceleración de la expansión económica en los Estados centrales desde mediados de los 90 y la ilusión neoliberal, reposa en un crecimiento de la inversión –que impulsó el consumo- basado no en un aumento de los beneficios reales o potenciales, sino en el acceso de las empresas a un crédito fácil. Lo que oculta el neoliberalismo es que esa financiación casi gratuita condujo a una sobreinversión y a un efecto riqueza, que provocó una caída de la tasa de beneficios más allá del sector industrial y nuevas recesiones.

Durante la etapa de liberalización y globalización financiera de los años 80 y 90, la acumulación de capital ficticio corrió fundamentalmente a cargo de Fondos de Inversión, Fondos de Pensiones o Fondos Financieros. Y desde mediados de los 90, en forma de créditos de las entidades financieras a las empresas, al consumo y sobre todo hipotecario, para ampliar una demanda insuficiente en el centro del sistema . A partir de 1996, los precios de las acciones dejaron muy atrás a los beneficios empresariales, comenzando a hipertrofiarse la burbuja bursátil. La facilidad de crédito en los mercados financieros era fomentada por los gobiernos, y las empresas se endeudaron enormemente para llevar a cabo fusiones o absorciones, o para recuperar sus propios títulos en circulación. El mecanismo de convertir en títulos de valores negociables las deudas, agigantó el negocio e impulsó que bancos y fondos de cobertura inflaran sin medida las transacciones de los documentos financieros. A medida que el precio de los títulos crecía y aumentaba el papel, se hacía evidente su sobrevaloración. La respuesta consistió en aumentar progresivamente las operaciones de mayor riesgo con activos cada vez más opacos, de manera que los bancos vendieron papel en tales condiciones que nadie podía saber exactamente qué estaba comprando .

La farsa ha sido sostenida por las sociedades financieras al mantener la circulación de enormes masas de títulos cuyo valor no tenía sustento en la economía real y aceptarlos en sus intercambios. Su carácter ficticio se hizo visible a raíz del estallido de la burbuja bursátil en 2000 y de la burbuja inmobiliaria en 2006, porque todo ese papel no era más que, en el mejor de los casos, el recuerdo de una inversión productiva lejana y su precio rebasaba en mucho el valor real de la riqueza mundial producida.

El colapso en 2006 de la burbuja inmobiliaria en EEUU y el estallido de las hipotecas subprime (concedidas sin seguridad de devolución), se contagió rápidamente al sistema financiero y provocó una contracción del crédito y una crisis de liquidez del sistema bancario –intoxicado por numerosos activos contaminados-, que repercutió negativamente en la actividad económica y en el empleo, poniendo en evidencia ese modelo de crecimiento por endeudamiento. Aunque la crisis se haya mostrado inicialmente como un colapso especulativo, éste no es más que un síntoma. La especulación ha sido un medio de retrasar la crisis al dar una salida temporal al mercado a la sobreproducción, pero acaba por precipitarla y aumentar su fuerza. Cuando la crisis estalla, lo hace inicialmente en el ámbito más débil, el especulativo.

3. Socialización de las pérdidas y crisis de la deuda soberana en el centro del sistema.

El modelo de crecimiento neoliberal no es sostenible porque el consumo interno no puede ser relanzado indefinidamente mediante el crédito –que ha alcanzado niveles inmanejables-, y menos cuando el endeudamiento ya es muy alto, la burbuja inmobiliaria ha estallado y existen numerosos activos contaminados. La envergadura de la crisis financiera está en relación con la envergadura de capital ficticio creado. El Banco de Inglaterra cifró, en octubre de 2008, en 2,8 billones de dólares las pérdidas sufridas inicialmente por las instituciones financieras –bancos, aseguradoras y fondos de inversión- de todo el mundo (Finanzas.com, 28/10/2008), pero las cifras reales comprometidas en este enorme fraude rebasan en mucho esas cantidades. De ahí que las fusiones bancarias no evitaran la amenaza de quiebra ni activaran el crédito, y l os gobiernos de los Estados centrales optaran por evitar un colapso financiero y limitar el monto de las pérdidas de las instituciones financieras a costa de agravar el endeudamiento público mediante la socialización de las pérdidas.

Para ello se pusieron en marcha planes de salvación, haciéndose cargo los Estados de préstamos dudosos, inyectando enormes masas de dinero y ofertando garantías sobre los depósitos y los préstamos interbancarios. Los recursos movilizados para hacer frente a la crisis financiera en 2008 y 2009, superaron el 25% del PIB en los países desarrollados según el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. A esas enormes sumas de liquidez se sumaron otras entregas encubiertas. Un informe de 21 de julio de 2011 de la Oficina Gubernamental de Rendición de Cuentas de EEUU, revela que entre diciembre de 2007 y julio de 2010 la Reserva Federal ( banco central estadounidense) concedió en secreto 16 billones de dólares (superior al PIB anual de EEUU en 2010) en préstamos a grandes corporaciones y empresas del sector financiero mundial a un interés del 0,25%, en el mismo momento en que esos bancos prestaban dinero a países como Grecia al 7% (Una estafa de 16 billones de dólares. Atilio Boron en Diariocolatino.com, 3/8/2011; informe completo en http://www.gao.gov/new.items/d11696.pdf ).

Estos desembolsos de dinero público para equilibrar el enorme déficit comercial y recapitalizar los bancos, se realizaron a medida que los Estados entraban en recesión, disminuyendo sus ingresos por la caída de la actividad económica y disparando sus gastos en cobertura social por el aumento del paro. De este modo se provocó un abultado endeudamiento público sin que incidiese en la reactivación económica.

La ausencia de reactivación económica y falta de fluidez del crédito se debía a que los fondos públicos que l os bancos recibían a intereses muy bajos (los intereses del Banco Central Europeo giraban en torno al 1%), para sanear sus finanzas, impulsar el crédito y financiar la economía real, se empleaban en nuevas prácticas especulativas, aprovechando las necesidades de financiación de los Estados tras el enorme esfuerzo realizado para reflotar la banca. Los bancos consiguieron, con los fondos públicos recibidos en esos años de los Estados, rentabilidades de entre el 5% y el 12% (alcanzando el 25% en el caso griego) comprando bonos y obligaciones de esos mismos Estados.

Los Estados de la eurozona podrían haberse financiado mediante cambios en sus políticas fiscales que no dañasen a la inmensa mayoría de la población –aumento de la presión fiscal sobre los segmentos sociales con mayores rentas y patrimonios, aumento de gravámenes a las rentas del capital, creación de impuestos sobre el movimiento de capitales, o persecución del enorme fraude y la evasión fiscal (procedente en su mayoría de las grandes fortunas, grandes empresas y banca)-. Sin embargo, l a recaudación de los Estados se ha orientado a hacer recaer el peso de la fiscalidad sobre los asalariados mediante el incremento de los impuestos indirectos ( principalmente el IVA), fomentando los aspectos más regresivos fiscales al gravar de forma indiscriminada en lugar de hacerlo según el nivel de rentas, a l tiempo que se han reducido las cotizaciones sociales de las rentas del capital –en la UE-27 la media del impuesto de sociedades ha disminuido del 31,9% en 2000 al 23,2% en 2010 (Instituto de Estudios Económicos, en El País, 7/12/2011)- .

También podrían haber recurrido al propio Banco Central Europeo variando el Tratado de Maastricht (ratificado en 1993 por los Estados de la UE), que impide prestar dinero a los Estados pero permite préstamos a la banca privada. La dejación de los gobiernos europeos, fruto de la correlación de fuerzas entre los distintos bloques sociales, abocaron a los Estados a buscar liquidez en el mercado financiero, dando lugar a partir de 2009 a una crisis de la deuda pública que ha golpeado con especial dureza a la periferia de la eurozona (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España –los PIIGS, como se les denomina despectivamente-).

Esta farsa entre instituciones financieras y gobiernos europeos, colocó en dos años a la banca en una posición de poder, pasando de una situación de quiebra a ser acreedora de los Estados. Los ataques especulativos contra la deuda pública han sido una constante en este último período, dada la complicidad entre el sector financiero y las agencias de calificación crediticia, encargadas de evaluar el riesgo de incumplimiento de los compromisos de los Estados y cuyos principales clientes son los acreedores –la banca y otras entidades financieras-. Si las agencias dictan que un Estado tiene un elevado riesgo de incumplir sus compromisos, su prima de riesgos sube y crecen los intereses de su deuda y por tanto el monto de ésta, y a medida que crecen las necesidades de financiación de los Estados se multiplican esos intereses y los acreedores exigen nuevas garantías sobre el patrimonio estatal, al tiempo que les obligan a adoptar ajustes estructurales cada vez más drásticos. Estos ajustes estructurales se aplican en una situación de indefensión de los Estados de la eurozona, que en el proceso de integración en las instituciones europeas han cedido a éstas el control de mecanismos esenciales que actúan sobre la recuperación económica, como los tipos de cambio (devaluación monetaria) o las tasas de interés.

Por tanto, si la deuda pública de los Estados centrales en el período anterior a la crisis provenía de la insuficiente contribución fiscal de las rentas del capital y de la parte mas rica y acomodada de la población, los intereses que se imponen a los Estados a la hora de otorgarles préstamos para financiar su deuda una vez que ha estallado la crisis, permite a esos sectores enriquecerse aún más mediante la apropiación de una parte de los impuestos.

La política del eje Berlín-París, hunde sus raíces en la fuerte aportación de las exportaciones al PIB en Alemania y el gran crecimiento de las rentas del capital en los años previos a la crisis, que generó una gran concentración de capital que se dirigió, en buena medida, a actividades lucrativas en los Estados del sur de Europa –compra de deuda externa a elevados intereses, inversiones en bancos para impulsar el endeudamiento privado o inversiones especulativas inmobiliarias-. La crisis de liquidez bancaria aumentó los riesgos de impagos de deuda a la banca alemana –en abril de 2009, una filtración a la prensa de un informe del organismo controlador del sistema financiero alemán, puso de manifiesto el enorme volumen de créditos y valores problemáticos de los bancos alemanes, valorado en 816.000 millones de euros- . Los bancos alemanes y franceses, respaldados por los gobiernos de sus Estados, para asegurar su cobro han impulsado el traslado de la deuda privada a las arcas públicas y se han centrado en la solvencia de la deuda pública, imponiendo políticas de austeridad que sólo persiguen que los bancos centrales recuperen los fondos invertidos y sus intereses –según el Premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz, las supuestas ayudas de la UE y del FMI a los Estados periféricos europeos, no son más que un préstamo para que corran con las deudas y puedan pagar a los bancos centrales-.

E l caso de España es altamente ilustrativo de esas políticas. La enorme deuda de la economía española se conformó fundamentalmente durante los años de crecimiento desequilibrado –1997 a 2007-, facilitada por un crédito barato que procedía en gran medida de Alemania y Francia. La deuda total española ascendía en 2010 al 400% del PIB , recayendo especialmente en los bancos (32%) y empresas no financieras (31%), representando la deuda pública apenas el 16% del endeudamiento total . Según el informe de marzo de 2011 del Banco Internacional de Pagos, la mayor parte de la deuda externa neta está en manos de bancos alemanes y franceses, siendo muy baja su exposición a la deuda pública en comparación con el riesgo de impago del sector privado (Daniel Gómez-Olivé, investigador del Observatori del Deute en la Globalització en Diagonal, 21/11/2011). Sin embargo, los bancos alemanes y franceses –y sus gobiernos- azuzan al resto de acreedores internacionales para que presionen sobre la deuda pública de España a fin de imponer los recortes necesarios que coloquen las cuentas públicas en condiciones de asumir, si se producen, los i mpagos de la banca privada española.

En esas circunstancias y dada la posición de poder de la banca para marcar las políticas económicas, el capital ha desencadenado una guerra de clase a fin de aumentar la explotación del trabajo y la apropiación privada de la riqueza social (el pastel que representan los gastos sociales supera el 27% del PIB en la UE) , cuyos principios programáticos están contenidos en el Pacto del Euro –aprobado en marzo de 2011 por los gobiernos de la euroz ona y otros seis Estados-, bajo el lema de mejorar la competitividad y disminuir el endeudamiento de los Estados. Pero la pretensión de elaborar estrategias de crecimiento basadas en la flexibilización laboral y los bajos salarios para impulsar las exportaciones, corren el riesgo de una declinación de la participación de los salarios en ese crecimiento, provocando caídas mayores de la demanda interna y desequilibrios mundiales. Y la excusa de poner freno al endeudamiento de los Estados no esconde más que la imposición de mecanismos de endeudamiento perpetuo, a través de préstamos privados dirigidos al pago de la deuda soberana y la limitación de la capacidad recaudatoria de los Estados sobre las rentas del capital y las grandes fortunas.

El coste de la recesión económica ha recaído fundamentalmente en los trabajadores y ha disparado las cifras de paro (más de 23 millones de desempleados en la UE). Capital y Estados han utilizado y utilizan el paro y la competitividad como herramientas para rebajar los salarios, abaratar el despido y desregular la contratación , y acabar con la negociación colectiva y con los derechos laborales , procediendo a una brutal desvalorización del trabajo mientras se incrementa desproporcionadamente el consumo de lujo. E n España, según datos de la Contabilidad Nacional del INE, entre 2009 y 2011 los salarios perdieron casi tres puntos porcentuales, mientras que los beneficios empresariales ganaron dos puntos , pasando las rentas empresariales a superar a las salariales en el reparto del valor añadido por primera vez.

Capital y Estados han utilizado y utilizan la deuda pública para reducir severamente el gasto público y descerrajar los servicios públicos de carácter social, atacando el salario socializado bajo la forma de prestaciones (reforma de los sistemas de pensiones, recortes en sanidad, enseñanza, subsidios al desempleo,…), reduciendo el empleo y los salarios públicos, y acelerando los procesos de privatización de los servicios públicos. Reducir déficit y endeudamiento públicos retraerá las inversiones públicas y ahondará los efectos de la crisis. S egún datos de Eurostat, las restricciones del gasto público del último trienio están bloqueando la recuperación económica.

Estas políticas no lograrán disminuir la deuda pública de la periferia europea debido al elevado monto de sus intereses y a la débil recuperación económica, pero favorecen una nueva recesión porque van a limitar la demanda. La Comisión Europea prevé que en 2012 la actividad económica de la eurozona se contraiga un 0,3%, siendo más acusada en Grecia (4,4%), Portugal (3,3%), Italia (1,3%) y España (1%). La Fundación de Cajas de Ahorros establece un panorama más sombrío para España, situando la caída de su economía en el 1,7% –que elevará la tasa de paro hasta el 24,5%-, un déficit del 5,8% –que favorecerá la elevación de la prima de riesgo-, y una caída del consumo de los hogares del 1,9%. En estas circunstancias el cumplimiento del déficit exigido por la UE ( 4,4% del PIB para 2012 y 3% para 2013), se hace imposible en el sur de Europa, lo que profundizará la crisis de la deuda pública y la recesión económica. Recurrir a aumentos significativos en los impuestos que golpeen fundamentalmente a las clases medias –como en el caso del IRPF en España para 2012-, tampoco logrará ralentizar el endeudamiento de los Estados, dado que repercutirá en el consumo interno hasta congelarlo y acelerará la crisis.

Las consecuencias serán un aumento aún mayor del desempleo y la precariedad, una acentuada tendencia a la baja en los salarios y un aumento de los rigores del ajuste presupuestario en las prestaciones públicas. El aumento del tiempo medio de permanencia en paro y la disminución de prestaciones, extenderán la pobreza y la asistencia social, dejando claro que el caso griego no es más que el espejo en el que contemplarse los pueblos de la periferia europea.

Pero esta nueva recesión surge cuando una gran parte de la deuda de los Estados está en manos de los bancos europeos, lo que sacudirá de lleno a la economía real europea y la estabilidad financiera de los Estados que han actuado como garantes – el Informe de Estabilidad Financiera Mundial del FMI, de 2011, avisaba del riesgo de una nueva crisis del sistema financiero, dado que su solvencia se ve comprometida por la tenencia de bonos públicos que pierden progresivamente valor en los mercados, y en el mismo sentido se manifestaba la OCDE al situar al sector bancario como el primer riesgo para la recuperación-. Alemania y Francia corren ahora severos riesgos fruto de sus políticas, que han acentuado las tendencias recesivas en la periferia de la UE en su aspiración de mantener la competencia con EEUU –fortaleciendo el euro para que el ahorro mundial fluya hacia sus bancos-, y de producir mercancías a precios más baratos para frenar el empuje de naciones como China, que les disputa el mercado en varios productos industriales. EEUU y sus entidades financieras, aparte de su contribución a la sangría del sur de Europa, presionan a su vez al eje Berlín-París para que aumente su deuda a fin de estimular la economía, de modo que el papel moneda que imprime sin freno la Reserva Federal de EEUU encuentre también una salida ventajosa en la eurozona que ayude a impulsar su decaída economía.

En definitiva, la crisis ha avivado la competencia entre los Estados centrales del sistema y les ha obligado a introducir ajustes para garantizar la acumulación de capital y evitar su desvalorización, orientando sus políticas hacia un incremento de los niveles de explotación de la clase trabajadora y el empobrecimiento de buena parte de las clases medias de sus países, una apropiación sustancial de l os gastos sociales y la privatización de servicios públicos –que posibilitan inversiones privadas rentables rápidamente-, mientras se mantienen las tendencias inversoras en países y continentes más competitivos, y la lucha por el control de las fuentes de energía. Es una política de guerra social que se llevará por delante incluso la democracia delegativa y sustitutiva de la voluntad popular de esos Estados –lo sucedido en Grecia o Italia, con cambios de gobiernos no electos, o las presiones sobre Papandreu para no convocar un referéndum sobre las políticas impuestas por Berlín-París, son sólo el principio-, porque “cuando la democracia se equivoca y avanza contra el mercado, es preciso cancelar la democracia”.

4. Entierro del keynesianismo en los estados centrales y nuevas perspectivas.

La teoría keynesiana, ideada tras el crash de 1929, es una propuesta pragmática de administrar el problema de la crisis productiva, el desempleo y la deflación, mediante la intervención del Estado y el aumento de l gasto presupuestario público (política fiscal) –éste permitirá realizar las inversiones necesarias que incrementen la demanda-. Es un planteamiento de solución a corto plazo en las crisis, pero no resuelven el problema porque centran sus acciones en el subconsumo en lugar de en la tendencia innata del capitalismo a la crisis de sobreproducción . El cenit del keynesianismo se alcanzó tras la II Guerra Mundial con los acuerdos de Bretton Woods. Pero éstos no nacieron para resolver una crisis capitalista. Fueron el resultado de una crisis no resuelta en los años 30 y de la destrucción violenta de fuerzas productivas por la vía de la guerra, en un mundo muy diferente del actual. Hoy ni se dan las necesidades de reconstrucción tras una guerra mundial, ni el mundo está dividido en bloques, ni los trabajadores disponen de potentes organizaciones, ni existe un fuerte movimiento anticolonial y de liberación nacional.

Los poskeynesianos plantean, frente a la actual crisis, toda una batería de medidas orientadas a impulsar el crecimiento económico mediante el relanzamiento del consumo : aumento de los salarios y de las políticas expansivas del gasto público, para estimular la economía mediante el crecimiento del empleo y el aumento de la demanda de bienes y servicios; devaluación de la moneda, a fin de impulsar las exportaciones de productos y bienes al hacerlos más baratos y competitivos; desincentivación de las actividades financieras especulativas mediante el gravamen de los movimientos de capitales; refiscalización de las rentas del capital y la redistribución de los ingresos; reestructuración del pago de la deuda, dado que sin crecimiento económico es imposible su devolución. Tales cambios generarían enormes recursos al Estado, que se invertirían en creación de empleo y en nuevas áreas productivas.

Sin duda estas políticas representan, en plena crisis, un gran atractivo para determinados sectores populares, pero se sitúan fuera del mundo real y olvidan que ya fueron ensayadas en buena medida en EEUU en la década de los 70 sin éxito . A diferencia de los años 30, hoy es más fácil obtener fondos que estimulen la economía en el mercado privado de capitales que en los Estados. C ada año, la economía real crea una riqueza mundial estimada en unos 45 billones de euros, mientras que en la esfera financiera los mercados mueven capitales por un valor de 3.450 billones de euros (Ramonet, I. 2011). En cualquier caso, el problema no radica en la cuantía de los fondos necesarios para relanzar el consumo sino en la recomposición de la tasa de ganancia, de ahí que el capital de los Estados centrales dirija sus inversiones a los países y regiones que ofrecen salarios más competitivos – castigando a las compañías que derrochan trabajo social (costos superiores al promedio)-, al tiempo que impone reformas laborales que aseguran el aumento de la tasa de explotación y aceleran la acumulación por desposesión –que además ayuda a expandir el trabajo productivo y la explotación por medio de las privatizaciones-.

Una devaluación de la moneda que favoreciese las exportaciones también está fuera de la realidad, ya que para competir con los gigantes asiáticos los salarios y condiciones laborales en vez de tirar al alza deberían tender a homogeneizarse con aquella región mundial –y en eso están-. En el caso de la eurozona, dado que su tasa de apertura comercial (importaciones más exportaciones dividido por el PIB) no es más que del 16%, la mera devaluación del euro sería insuficiente para combatir las tendencias recesivas.

Otras medidas como la refiscalización de las rentas del capital y la redistribución de los ingresos, no han obtenido ni el apoyo de los partidos socialdemócratas gobernantes ni han tenido eco en el grupo socialista europeo, que además apoya en general las medidas de austeridad. Y no tienen hoy cabida como propuesta política realizable dentro del sistema.

El problema histórico de la socialdemocracia radica en su orientación a solucionar los problemas de las sociedades capitalistas apoyándose en las instituciones estatales, sin cuestionar el dominio de clase de esas instituciones –incluso Reagan aplicó políticas keynesianas en su mandato, al impulsar los gastos militares para salvar la industria estadounidense y generar empleo, y evitar el decrecimiento de la economía de EEUU-. Aparte de rehuir la conexión entre capital y Estado y los efectos de la competencia intercapitalista sobre la economía, ocultan que no es posible en el capitalismo mantener un aumento de la rentabilidad mundial del capital y simultáneamente un aumento de los salarios, condiciones de vida y derechos sociales. Cuando los postulados socialdemócratas han logrado en momentos puntuales de la historia combinar ambos aspectos en una región, lo han hecho a costa del aumento de explotación en otras.

El éxito del neoliberalismo, a pesar de los fracasos de sus políticas para solucionar problemas de crecimiento y de integración social, radica en que no existe otra propuesta efectiva real para el ordenamiento de las economías capitalistas en el marco de las actuales relaciones mundiales, de ahí el sometimiento de los partidos socialdemócratas en los Estados centrales a las políticas neoliberales. Este sometimiento, expresado por los gobiernos socialdemócratas en la carencia de políticas redistributivas hacia abajo, supone el entierro del keynesianismo.

El entierro de las políticas keynesianas representa el fin del estado de bienestar en los Estados centrales y cierra la posibilidad de desarrollar alternativas desde dentro del sistema. E l ritmo creciente de la crisis, que se manifiesta en l a nueva recesión en marcha y la previsible nueva crisis bancaria, obliga a una mayor explotación del trabajo y a acelerar la absorción estatal de las pérdidas, que provocarán un aumento del número de parados –más aún en la periferia europea- mientras se reducen las ayudas sociales, e incrementarán el endeudamiento público y las políticas de saqueo, extendiendo aún más el riesgo de pobreza – en Grecia alcanza el 27,7%, en España el 25,5%, en Portugal el 25,3% y en Italia el 24,5% (Eurostat, 2012)- .

En Grecia se está procediendo a la liquidación masiva de las propiedades del Estado y los bancos europeos le están endosando papeles desvalorizados a través de los préstamos, limpiando así sus balances y reduciendo las pérdidas ocasionadas por la imposibilidad de cobro. La refinanciación de la deuda exige a cambio más privatizaciones, recortes en los gastos sociales y las pensiones, eternizando el tributo de Grecia a los bancos y la pauperización de su población. La refinanciación que propone la socialdemocracia, mediante la reducción de las tasas de interés, no tendrá efecto si persisten los pagos a los acreedores, porque la deuda es de tal calibre que incluso imposibles crecimientos económicos semejantes al de China no lograrían disminuirla a los niveles de su entrada en la UE ni en varias décadas.

En Irlanda, las privatizaciones y desregulaciones laborales –que han aumentado el paro y disminuido los salarios- sólo han logrado un gran déficit fiscal, que ahora pretende ser enjugado con subidas de los impuestos indirectos. En Portugal, que ya recibió un rescate, el endurecimiento de las políticas laborales no ha suavizado las exigencias de la banca. En España, la dura reforma laboral impuesta no ha conseguido de las autoridades europeas ni la revisión del déficit presupuestario de este año, y se encamina junto a Italia a un derrumbe fiscal semejante al de Grecia o Irlanda.

Tanto la deuda griega como la de los Estados de la periferia europea, se encuentran muy imbricadas con el sistema financiero europeo, en un marco de graves insolvencias empresariales y debilidad de los bancos alemanes y franceses, que arrastran un enorme lastre de títulos incobrables. Esto significa que una suspensión de pagos fácilmente tambalearía las líneas de actuación marcadas por Alemania y Francia. Los sufrimientos que ocasionase no serían mayores que los provocados por el cumplimiento de las exigencias de los banqueros, pero tendría la virtud de romper ese círculo vicioso y trasladar el problema a los Estados del centro de la UE y al propio sector financiero.

Tal opción debería contemplar previamente la intervención de los bancos y su nacionalización, y la instauración de un control total sobre los movimientos de capitales y divisas, para impedir su fuga y asegurar las reservas. La efectividad de estas medidas exigiría una acción regional de la periferia europea, para atenuar los efectos sobre la población, y plantearse una nueva soberanía monetaria.

La tarea urgente de la izquierda es preparar políticamente a los trabajadores y otros sectores sociales, para facilitar su organización y su insubordinación en sus Estados de cara a facilitar un estallido social conjunto en el sur de Europa. Esa preparación política exige plantear que no hay salidas sin el fin de las ayudas estatales a los bancos, su intervención y su nacionalización; sin proceder al impago de la deuda pública, como medida de justicia social y fiscal, y hacer que asuman las pérdidas los acreedores financieros en compensación de los impuestos que no han pagado durante décadas y que han contribuido a aumentar esa deuda, y como responsables directos de la crisis, de las políticas especulativas contra la deuda pública y de la nueva recesión; sin revertir públicamente todos los sectores estratégicos económica o socialmente, y establecer mecanismos de control social de los mismos; y sin derogar todas las reglamentaciones laborales dictadas al calor de una crisis provocada por los bancos y grandes corporaciones empresariales. La radicalidad dependerá de las variaciones que se vayan dando en la correlación de fuerzas.

4. Abrir el debate que asiente las bases de una alternativa global al sistema.

a) Centralidad del trabajo productivo y sujeto revolucionario.

La base fundamental del funcionamiento del capitalismo es la explotación del trabajo de la clase obrera, r epresentando la extracción de plusvalía –como fuente de valorización del capital- la razón de ser de la sociedad capitalista. Y aunque tanto el trabajo como la clase obrera, han experimentado notables transformaciones en las últimas décadas, así como el propio proceso de acumulación –auge de la acumulación por desposesión-, el trabajo productivo sigue jugando un papel de centralidad en un sistema de producción y distribución general de mercancías . Es decir, el trabajo abstracto sigue cumpliendo un papel decisivo en la creación de valor y las mercancías en su intercambio sólo conservan una cualidad, la de ser productos del trabajo, considerado éste como trabajo humano abstracto, por tanto, el valor de una mercancía se mide por la cantidad de trabajo que encierra –por la duración de ese trabajo-, consistiendo la explotación en la apropiación de una parte de ese trabajo.

Ahora bien, el trabajador productivo no puede asociarse mecánicamente al trabajador industrial, sino a todo aquel que vendiendo su fuerza de trabajo produce valor y plusvalor –trabajo no retribuido-. Y esto es aplicable a los asalariados que aseguran la persistencia y continuidad del proceso de circulación de mercancías, a los trabajadores de la limpieza y también a los asalariados de la educación o de la salud, en la medida en que trabajen para empresas capitalistas y éstas vendan sus servicios como mercancías . Se trata de trabajadores productivos, porque son pagados mediante la inversión de capital variable y su remuneración es siempre inferior al valor del producto de su trabajo.

Las sucesivas divisiones del trabajo y el aumento de la productividad del mismo, han generado la tendencia a disminuir proporcionalmente la cantidad de trabajo manual directo, en comparación con el enorme desarrollo de los empleados en otras áreas. La reducción de trabajo manual directo y la ampliación del trabajo intelectualizado –en la medida que el capital determina sus modos de trabajo-, tampoco niegan la ley del valor cuando se considera la totalidad del trabajo, el trabajo colectivo como expresión de múltiples actividades combinadas. La división del trabajo no supone una división de la clase social, porque estos trabajadores son productivos en el sentido que producen valor y plusvalor.

En cuanto a los asalariados del comercio y bancarios, si bien no producen valor, la venta de su fuerza de trabajo permite al capital ahorrar gastos necesarios para la apropiación de la plusvalía, de ahí la tendencia del capital comercial o bancario a bajar el precio de la fuerza de trabajo de estos empleados. Por otra parte, se encuentran actualmente subsumidos respecto a sus condiciones de trabajo al capital, no teniendo otra alternativa que ofrecer su fuerza de trabajo en unos empleos que están estandarizados y automatizados, con ritmos de trabajo ideados para extraer hasta la última gota de su tiempo disponible.

Los empleados comunes estatales –no se incluye la cadena de mandos ni los vinculados a labores represivas-, producen servicios que no son mercancías. Aunque tienen una relación económica diferente a los asalariados por el capital, la introducción en las últimas décadas de criterios de la esfera privada en el trabajo de los empleados públicos ( sometimiento a criterios de eficiencia similares a los del sector privado, sobre todo en educación y salud), y la tendencia a igualar el producto del trabajador público con el del trabajador de características similares del sector privado, ponen de manifiesto la realización de un sobretrabajo por parte de los trabajadores públicos, aunque el tiempo de ese sobretrabajo contenido en el producto sea imposible de intercambiar. Además, la crisis ha desatado la apropiación de ese sobretrabajo por parte del Estado, que es destinado a valorizar el capital ficticio de las entidades financieras. Y ha impulsado los procesos de privatización, extendiendo la precarización laboral y abriendo la puerta a los despidos y al cambio de relaciones laborales, generando una tendencia a asimilar a los trabajadores públicos con los del sector privado al disminuir progresivamente las diferencias entre ambos.

El trabajo productivo está muy lejos de desaparecer. Ahora bien, en último término, las clases sociales en un momento histórico no se definen sólo en el proceso de producción, deben considerarse los factores sociales e ideológicos que determinan la conciencia de los individuos en relación al papel que creen desempeñar en la sociedad.

Desde 1900 el proceso de asalarización de la humanidad no ha hecho más que crecer. De aproximadamente 50 millones sobre una población global de 1.000 millones, a una cifra en torno a los 2.000 millones sobre una población de algo más de 6.000 millones de personas en 2000. Desde 1950 a 2002 el porcentaje mundial de trabajadores de la industria ha pasado del 15% al 20%, mientras ha disminuido en la agricultura (67% a 46%) y ha crecido en el sector servicios (18% a 34%) – World Employment Report 2004-2005, Commission européenne, Employment in Europe 2004 -. Es decir, el empleo industrial ha crecido mundialmente un 33% y el de servicios un 88%. En los Estados del centro el trabajo industrial ha sufrido un descenso efectivo en los últimos treinta años –del 35% al 26%-, pero ese descenso ha corrido parejo con un importante aumento del empleo productivo que se desempeña en áreas como la circulación y el consumo. Hoy la relación capital/trabajo está más extendida que en cualquier otro momento de la historia y, en la medida que sigue siendo la contradicción fundamental e irreconciliable del sistema capitalista, la clase trabajadora –que sólo puede definirse en oposición al capital- sigue siendo el sujeto revolucionario potencial, en la medida que actúe como clase. Porque es la única clase con potencialidad para cambiar las relaciones de producción capitalista .

Es evidente que en las sociedades capitalistas existen toda una serie de contradicciones que responden a diferenciaciones y conflictos sociales de tipo cultural, étnico, de género, sexual, religioso o generacional, que no se explican exclusivamente en el marco de las clases sociales. Pero mientras la supresión de las clases incidirá en el resto de contradicciones, la más que improbable resolución de esas otras contradicciones dentro del sistema no traerá consigo la eliminación de las relaciones de propiedad capitalistas y, por tanto, de la explotación. Liberarse del capitalismo abre la vía a liberarse de múltiples formas de dominio y a construir un mundo entre iguales (“No queremos la igualdad escrita en una tabla de madera, la queremos en nuestras casas, bajo nuestros techos” –Babeuf. La conspiración de los iguales. 1795-).

b) Nuevo modelo productivo, nuevas formas de organización del trabajo y conciencia de clase.

Nunca la clase trabajadora fue tan numerosa desde una perspectiva mundial, pero ese proceso de crecimiento –en el que destaca la importante incorporación de la mujer al trabajo y la asalarización en masa en la periferia del sistema de poblaciones rurales-, se ha acompañado de otros que, ante la ausencia de una alternativa revolucionaria, han incidido en un aumento de su subordinación al capital.

El actual modelo productivo es consecuencia fundamentalmente del desplazamiento de l as vías de financiación empresarial a los mercados financieros, junto a una internacionalización productiva. Ambos factores han provocado una nueva división internacional del trabajo, impulsando la competencia entre los trabajadores de cada país y entre los trabajadores de todos los países , en un marco de inmovilidad relativa de la fuerza de trabajo –sujeta por los Estados- y movimiento mundial de capitales que buscan unas condiciones óptimas de explotación aprovechando las ventajas comparativas de las diferentes regiones mundiales y países. La clase capitalista ha usado la mundialización como arma en el conflicto doméstico de clases, con el fin de disciplinar a la clase obrera. En los países industrializados bajo la amenaza de mover capital y empleos a las áreas periféricas, y en los países de menor desarrollo industrial por la necesidad de atraer capital para la industrialización que creará trabajo.

Las 500 mayores corporaciones transnacionales controlan una cuarta parte de la producción mundial, y conforman un relativo espacio propio de producción y valorización del capital. De ahí que no deba confundirse la ampliación progresiva del mercado mundial con una forma específica de producción, fruto de su internacionalización. La pervivencia del proteccionismo o que los mercados internos sean relevantes, no anulan la nueva realidad de corporaciones produciendo a escala mundial. Tampoco deben exagerarse esos procesos de internacionalización de la producción y deducir la aparición de un capital global centralizador de una burguesía multinacional, que actúa fuera del circuito de los Estados y es capaz de regular la inversión y los mercados. La clase capitalista no puede existir ni el capital acumularse sin Estados. El capitalismo, como sistema global, se basa en la expansión universal del mercado de productos del trabajo y del mercado financiero, eludiendo la creación de un mercado de trabajo mundial, que queda sujeto por las fronteras nacionales como forma de mantener el control y la explotación de las fuerzas de trabajo y de los pueblos, a los que se impide un desarrollo autónomo.

Pero esta nueva división del trabajo y el nuevo modelo productivo, han generado tendencias mundiales inversas. En el período 1999-2009, el crecimiento acumulado de los salarios en los Estados centrales se situó en un 5,2%, siendo predominante a largo plazo y durante varios ciclos económicos (1980-2007) la tendencia a la baja de la participación de los salarios en el PIB, debido a que el salario medio no aumentó al ritmo que la productividad del trabajo. Estas cifras contrastan con los crecimientos acumulados de Europa del Este y Asia Central –donde los salarios se han más que triplicado (234%)-, Asia –donde se han duplicado (109%)- o Latinoamérica (14,8%) – Informe mundial sobre salarios 2010-2011. OIT, 2010-.

Y lo mismo sucede con la pobreza. En el período 1990-2005, la pobreza extrema en China e India se redujo en 455 millones de personas, y en Latinoamérica la población que vive con menos de 1,25 dólares/día ha disminuido del 13% en 1998 al 8% en 2009, reduciéndose el porcentaje de la población que vive en villas miseria del 34% en 1990 al 24% en 2010 (Objetivos de Desarrollo del Milenio. ONU, 2011). Sin embargo, la pobreza entre la población censada en EEUU –según informes de la Oficina del Censo del gobierno estadounidense-, ha aumentado del 13,8% en 1995 al 15,1% en 2010, mientras que la pobreza extrema representa el 6,7% de la población (27,6% entre los hispanos y 23,4% entre la población afroamericana), la proporción más alta en los 35 años en que la Oficina del Censo ha mantenido tales registros. En la UE la población en situación de pobreza se ha incrementado del 15% en 1999 al 17% en 2010, ascendiendo al 23,4% la población en riesgo de pobreza o exclusión social y ampliándose la brecha entre ricos y pobres (Informes Eurostat, 2001 y Eurostat, 2012).

En estas tendencias inversas –respecto a salarios, paro y pobreza- entre centro y periferia del sistema, intervienen diversos factores, entre los que deben tenerse en cuenta las mayores inversiones productivas en los países emergentes –frente a una mayor actividad especulativa en el centro del sistema-, y la existencia de procesos de recomposición de la clase trabajadora y de luchas sociales que están madurando la conciencia antiliberal , como prueba el derrocamiento en las calles de varios presidentes latinoamericanos entre 1997 y 2003.

En el centro del sistema, el trabajo fijo y con derechos tiende a ser eliminado en el terreno privado y se abren vías de despido en el sector público, perdiendo valor la negociación colectiva al ligarse el futuro de los trabajadores a los resultados de rentabilidad económica comparativa entre empresas y servicios en un marco mundial, de modo que los despidos, recortes de derechos y sobreexplotación parezcan naturales e inevitables. Los modelos de organización y lucha sindical propios del modelo fordista, se han manifestado incapaces de enfrentar al capital ante la pérdida de poder negociador de las grandes maquinarias sindicales institucionalizadas y el nuevo marco político regional que excede al definido por los Estados. Pero lejos de variar su orientación y métodos de lucha, los grandes sindicatos han mantenido sus políticas de concertación y paz social, atribuyendo los fracasos a una correlación de fuerzas adversa para los trabajadores, fruto de la fragmentación sufrida por la clase trabajadora, que obliga a mantener reivindicaciones parciales y sectoriales para hacer frente a una mayor diversidad de salarios y condiciones laborales, y reduce las posibilidades de una acción solidaria entre los diferentes colectivos .

Ciertamente existe una mayor diferenciación de la mano de obra en términos de salario y condiciones laborales, fruto de la fragmentación de los procesos productivos –desconcentración y segmentación de la producción- y de formas más flexibles de organización del trabajo. Pero esta diferenciación se caracteriza por una tendencia a la polarización salarial, con rápidos incrementos de los salarios más altos y el estancamiento de los salarios medios e inferiores, junto a procesos de sobreexplotación que afectan más a mujeres, jóvenes, trabajadores con bajo nivel de educación, minorías étnicas desfavorecidas y grupos de inmigrantes, dando lugar a un aumento del empleo de bajos salarios en los últimos 15 años –en EEUU, incluso el 25% de los trabajadores a tiempo completo se encuentran en esta categoría- (Tendencias mundiales de los salarios. Patrick Belser. OIT, 2011 ).

Esta polarización salarial junto al desarrollo de mecanismos de apropiación de rentas del trabajo y bienes públicos, está provocando una enorme concentración de la riqueza. En EEUU, el 20% de la población posee el 85% de la riqueza, mientras que el 40% apenas posee el 3% (G. William Domhoff. Wealth, Income, and Power. 2005 actualizado en 2011 ) . Según datos de 2007, en Alemania, la locomotora de la UE, el 1% más rico de la población poseía el 23% de la riqueza del país y el 10% controlaba el 60%, mientras que la mitad de la población poseía tan sólo el 2% (Poch, Rafael. El fraude del modelo alemán y el mito de su “proyecto político”. 2012 ). La tendencia al empobrecimiento general de la clase trabajadora y de las clases medias predomina sobre la tendencia a la fragmentación de clase.

También es cierto que las nuevas formas de organización del trabajo han generado una dualidad entre un núcleo altamente cualificado e integrado en las empresas –que no sólo reciben en pago el valor de su fuerza de trabajo sino un plus en la medida que contribuyen a la explotación de la clase trabajadora-, y una masa periférica inestable y fácilmente renovable. Pero este proceso se inserta en una concepción dinámica de conformación de la clase explotadora como grupo social definido, con capacidad de cooptar sectores –en este caso constituyendo una nueva pequeña burguesía no propietaria-, de manera que el distanciamiento de ingresos entre el conjunto de los asalariados y esos pequeños núcleos no responde a una fragmentación de la clase trabajadora sino a la tendencia creciente a la polarización social. Y lo mismo puede aplicarse al sector público.

La única fragmentación importante en la clase trabajadora es el crecimiento del desempleo. Es un mecanismo tradicional para reorganizar el proceso de trabajo, que tiende a dualizar los ingresos y precarizar las condiciones laborales. Hasta el estallido de la crisis, las tendencias mundiales eran de nuevo inversas. Mientras en el período 2004-2007 el empleo aumentaba mundialmente un 2% anual, el desempleo crecía en los Estados centrales del sistema casi en la misma proporción (OIT, 2010). A raíz de la crisis, la tasa mundial de desempleo aumentó de un 5,7% en 2007 a un 6,4% en 2009 –más del 6,9% si se suma la previsión de parados de larga duración que han dejado de buscar empleo-. Las tasas de desempleo son mayores en el norte de África, Oriente Medio, África Subsahariana y Estados centrales del sistema, doblando o triplicando las tasas de las diferentes regiones que componen Asia ( Tendencias Mundiales del Empleo 2012. OIT ). En Europa ha crecido más del 30% desde 2000, pasando del 8,4% al 10,7% en enero de 2012.

El aumento del paro conlleva asociado el crecimiento del trabajo autónomo –un elevado número de despedidos de empresas subsisten vendiendo sus servicios-, y aunque son dueños de unos escasos medios de producción y autodeterminan su trabajo, son parte del ejército de desocupados que genera el capitalismo. Proceden de las filas obreras y un buen número de ellos estaría dispuesto a reingresar a la relación asalariada apenas consiguieran un trabajo.

El paro y las nuevas formas de subsistencia derivadas de éste, exigen la apertura de cauces de lucha más acordes con esa realidad –la experiencia de los piqueteros argentinos, imposibilitando la circulación de mercancías, da una idea del enfoque a explotar-. Y lo mismo puede aplicarse a la diversificación laboral. Constreñir las luchas de los trabajadores al mero ámbito de la fábrica o el lugar de trabajo responde a una lectura interesada de la historia del movimiento obrero, al ocultar las luchas de la clase trabajadora por una vivienda digna, por el acceso a la educación o la sanidad, por la urbanización de sus barrios… Hoy la pérdida de poder adquisitivo general de los salarios y las nuevas condiciones laborales, junto a políticas depredadoras que empobrecen a la mayoría social, generan perspectivas de ampliar los campos de lucha y superar las meras reivindicaciones salariales y laborales, así como trasladar las luchas a la calle y a los barrios, permitiendo la confluencia de masas trabajadoras y otros sectores sociales. En cada momento histórico, dependiendo de las condiciones reales, la balanza se ha inclinado en uno u otro sentido porque la lucha de clases es lucha por las condiciones de vida.

El conjunto de transformaciones en la composición de las clases y en la existencia de sectores sobreexplotados, no es determinante para concluir que la clase trabajadora se ha fragmentado y perdido su potencialidad revolucionaria. Deben considerarse otras tendencias, como la asalarización creciente de la humanidad y el aumento global del trabajo industrial, el acercamiento salarial que se ha producido entre trabajadores manuales cualificados y profesionales asalariados, la pérdida de la estabilidad absoluta que gozaba el empleado público y su equiparación progresiva a condiciones similares a las del sector privado. Los procesos de proletarización de técnicos, intelectuales y profesionales, genera una fuerza productiva de potencialidades transformadoras como nunca antes se dio.

En último término, el crecimiento en extensión y profundidad de las relaciones capital/trabajo no implica que la clase obrera deba tener conciencia de clase. La relación de explotación sólo da la posibilidad material de que esa conciencia se adquiera, y un componente de ésta es la explicación de la existencia objetiva de la clase obrera y de la dinámica social que se deriva de las tendencias objetivas de la acumulación capitalista, en contraposición a la tendencia a sustituir las contradicciones de clases por la contradicción entre poderosos y la masa de la población.

En la actualidad y en general, la existencia de clases sociales se refleja en la política pero los partidos y asociaciones políticas no están organizados principalmente alrededor de las clases. Este aspecto favorece la dilución de la clase trabajadora en el concepto ciudadanía y la orientación de sus luchas hacia la resistencia o espacios meramente económicos, sin plantearse una estrategia superadora, y en ese sentido dificultará el avance del capitalismo pero no lo revertirá. Sin organizaciones políticas de clase y sin cuestionar la propiedad del capital de los medios de producción, del trabajo y de la propia vida de los seres humanos, no habrá alternativa al capitalismo y las luchas reivindicativas estarán siempre recomenzando.

c) Acumulación por desposesión y contradicción capital/naturaleza.

En 30 años de dominio financiero se ha generado una enorme cantidad de papel (títulos, bonos), cuyo valor reposa en su representación de apropiación de plusvalía futura, pero su volumen es tal, que esas expectativas de plusvalía no tienen sustento en la producción real. Igualmente se ha generado a través del crédito tal cantidad de deuda, que la promesa de reembolso es insostenible. A medida que esas bolsas de capital ficticio se desarrollaban, se intensificaban las políticas imperialistas y depredadoras como vías de acumulación que evitasen su desvalorización, de manera que la acumulación por desposesión se ha ido extendiendo progresivamente en el mundo con la excepción de Asia –donde la expansión de la producción real ha sido preponderante-.

La acumulación por desposesión entraña el despojo de bienes comunes y derechos colectivos, a fin de incorporar a la lógica del mercado espacios y servicios que antes no lo estaban o lo estaban parcialmente, y saquear los fondos de los Estados –provenientes en su inmensa mayoría de las rentas del trabajo- en beneficio del capital . O dicho de otra manera, privatizar medios de producción y espacios naturales de modo que sus propietarios puedan extender o profundizar la relación de explotación a sectores sociales que escapaban total o parcialmente a ella, y desarrollar políticas que reviertan las rentas del trabajo al capital.

Estos mecanismos abarcan desde la redistribución que los Estados realizan de sus ingresos en beneficio de la banca y los grandes grupos empresariales y financieros, hasta la privatización de las infraestructuras públicas, de los sistemas públicos de pensiones, educación o salud. La privatización de recursos naturales y la monopolización de su explotación está provocando en los Estados periféricos la destrucción de relaciones sociales no capitalistas –economías colectivistas indígenas, economías campesinas y familiares-, eliminando los medios de vida de un elevado porcentaje de población que tiene como principal vehículo de subsistencia la agricultura, la ganadería y la pesca en pequeña escala.

El enorme desarrollo de la acumulación por desposesión, y la aparición y dinamismo de todo un conjunto de movimientos opositores alejados de partidos y sindicatos, con una composición social interclasista y orientados a todo el espectro de la sociedad civil, ha llevado a diversos sectores de la izquierda a representar a estos movimientos como el eje central de la lucha anticapitalista y a diluir la contradicción capital/trabajo en una nueva contradicción capital/comunidad, situando como sujeto social capaz de preservarse de la lógica del capital a la comunidad que a través de la lucha puede expandir relaciones sociales no compatibles con la lógica mercantil y el capitalismo.

Pero l a existencia de movimientos interclasistas opositores no determina una identidad de clase, porque en su seno se dan diferentes formas de ser respecto a la propiedad de los medios de producción y porque de la resolución de sus diferentes contradicciones de clase no se deduce una alternativa global común al capitalismo, si es que ese es el horizonte como clase de algunos de los sectores sociales implicados. Como tampoco es posible preservar espacios fuera de la lógica del capital sin acabar con la propiedad privada de los medios de producción, porque el capitalismo en su desarrollo tiende a imponer sus relaciones sociales hasta en el último rincón de la tierra. No entender esto significa no entender la lógica del sistema.

La acumulación por desposesión –que ha operado históricamente junto a la explotación del trabajo, aunque no haya alcanzado el desarrollo de este momento histórico-, no anula por sí misma la centralidad de la contradicción capital/trabajo –la base en que se asienta todo el edificio capitalista y sin la cual ese edificio se derrumbaría-, principalmente en los Estados centrales donde trabajo productivo y trabajo asalariado han alcanzado un gran desarrollo –el trabajo asalariado representa alrededor del 86% de la población ocupada en las economías avanzadas, cayendo esta proporción hasta el 35% en Asia y por debajo del 30% en África (OIT, 2010)-, de manera que la vía directa de superación del capitalismo pasa por el desarrollo de las condiciones subjetivas que permitan la toma del poder político y económico por la clase trabajadora, como representación real de la toma del control sobre sus vidas y su futuro.

En la periferia del sistema, la globalización neoliberal y el imperialismo han ampliado y agudizado las contradicciones con amplios sectores sociales, debido fundamentalmente a la liberalización de la agricultura y procesos de privatización del agua y la energía. En Asia la población rural ronda el 57% y el 60% en África. En esas condiciones cobra una enorme relevancia la alianza de clases para que los pueblos puedan hacer frente a las políticas neoliberales y el imperialismo. Pero esto no significa el apaciguamiento de la contradicción capital/trabajo, que a su vez se agudiza al generarse tendencias crecientes de asalarización . Las salidas en Asia o África, dependerán de la capacidad de la clase trabajadora para liderar las luchas contra el capital globalizado. Muy diferente es el caso de Latinoamérica, donde la población rural ronda el 22% y los asalariados representan el 68% de la población ocupada, si bien casi el 54% trabaja al margen de la protección social (Perfiles del empleo y trabajo decente en América Latina y el Caribe. OIT, 2011). La alternativa socialista representa en Latinoamérica la vía de liberación.

En otro orden, la aceleración y profundización de los mecanismos de mercantilización de recursos y procesos naturales vitales –que alcanzan hasta la comercialización del aire con la compra/venta de emisiones de gases-, han transformado en negocio la degradación ambiental y la destrucción de la naturaleza, provocando una profunda crisis ecológica. La regulación de la política agropecuaria por los mercados financieros, que imponen la modificación o anulación de leyes de protección del ambiente que consideran barreras para el libre comercio, no sólo está causando graves daños ambientales –tala masiva de bosques y desertización, contaminación de la tierra y del agua por el uso indiscriminado de agroquímicos y pesticidas-, sino que atentan contra la seguridad y soberanía alimentaria.

No puede s ustraerse el modo de producción capitalista de sus efectos ambientales, porque el problema ecológico no puede encontrar soluciones en el sistema, y porque el funcionamiento del sistema introduce un desorden que no responde a los límites del planeta, del mismo modo que no responde a las necesidades sociales . En este sentido l a contradicción capital/naturaleza cobra una gran relevancia y adquiere un rasgo central, pero significa que lejos de solucionarse la contradicción capital/trabajo, se ha ampliado (“la producción capitalista sólo sabe desarrollar la técnica y la combinación del proceso social de producción socavando al mismo tiempo las dos fuentes originales de toda riqueza: la tierra y el hombre” –Marx. El Capital, tomo I, capítulo XIII-).

d) El Estado ante la mundialización y el nuevo marco de organización de los trabajadores.

Quienes sostienen que el poder de los Estados se ha diluido en una nebulosa financiera intangible, o que su autonomía tiende a desaparecer y que el capital ya no es controlable por el Estado, omiten el fundamento clasista de éste y contribuyen a su consideración separadamente de las relaciones entre clases y fuerzas sociales, al tiempo que sobreestiman su capacidad para controlar al capital en épocas anteriores. Son esencialmente las condiciones de la acumulación, y las relaciones domésticas e internacionales entre las fracciones del capital y entre el trabajo y el capital, los factores que gradúan el papel del Estado.

Que determinadas fracciones del capital se hayan integrado mundialmente –variando notablemente esa integración según regiones-, no significa la integración total de las clases capitalistas nacionales en una clase transnacional, con dinámicas propias y sin raíces en sus lugares de origen. De hecho, las formas trasnacionales de organización de los negocios, iniciadas por el capital de EEUU, han encontrado un creciente número de competidores extranjeros, dispersando el poder financiero entre un conjunto de organizaciones territoriales y no territoriales. El crecimiento del número de corporaciones trasnacionales se ha acompañado por una disminución de la importancia de los Estados como fuente de inversión directa extranjera, pero por un aumento de su importancia como receptores de la misma.

La intervención del Estado se ha adaptado a lo largo de la historia del capitalismo a las exigencias de reproducción del capital, regulando múltiples esferas de actividad en cuanto ellas fueran necesarias para mantener las relaciones sociales capitalistas –las relaciones de propiedad-. El papel de los Estados no ha declinado con el dominio financiero y las políticas neoliberales, sencillamente ha sido adaptado a las nuevas necesidades del sistema. Quienes argumentan que los Estados-nación están en crisis y que han perdido su soberanía nacional, olvidan que ha habido una crisis de los Estados en cada expansión financiera y que la mayoría –salvo los Estados más poderosos- fueron privados de su soberanía con anterioridad a la actual mundialización. Es más, la mundialización y regionalización económica, han aumentado el poder de Estados y regiones de la periferia frente a los centros económicos occidentales o en comparación al que tenían durante el período de la guerra fría.

Lejos de ser una víctima, el Estado ha sido el principal actor en la reestructuración de la economía y en los procesos de desregulación, condiciones preliminares de la mundialización, que a su vez es empujada por una poderosa coalición de Estados, compañías transnacionales e instituciones financieras internacionales. Si los Estados poderosos no controlan el movimiento de los capitales no es porque no puedan sino porque no quieren, dado que las clases capitalistas de los Estados centrales y emergentes se benefician de los procesos de la mundialización . Y cuando el capital internacionalizado y las grandes compañías de los Estados centrales piden menos Estado, no se refieren al ejército o la policía sino al Estado social y a las leyes que dificultan la penetración de capitales y la extensión del mercado a espacios hasta ahora vedados, tanto en el centro como en la periferia del sistema.

El Estado ha variado algunas de sus funciones externas e internas. Ha abandonado su papel de redistribuidor de rentas hacia abajo y garante de políticas de cohesión social –tanto en el centro del sistema como en la periferia, con la eliminación de las políticas de subsidios a la agricultura y a productos de primera necesidad-, pero no ha perdido sus poderes sobre la regulación de la economía capitalista, y sigue siendo el lugar primordial donde se desarrollan y ejecutan las estrategias de acumulación. Su papel es clave en la organización política de las clases dominantes y la desorganización de las clases dominadas, en la extensión de la ideología de las clases dominantes, en el establecimiento de reglas para organizar los intercambios capitalistas, en la socialización de pérdidas y el desarrollo de políticas de redistribución hacia el sector financiero y las grandes empresas, en la inmovilidad relativa de la fuerza de trabajo y la competencia de los diferentes mercados mundiales de trabajo, en la organización del proceso laboral y la reglamentación salarial, y en el mantenimiento del orden –por medio de jueces, policías y militares- que permite las condiciones de explotación y desposesión.

Por otra parte, la clase capitalista de cada formación social necesita de sus respectivos Estados en su competencia entre ellas. Las organizaciones económicas supraestatales –FMI, BM, OMC, OCDE, G20- son dependientes de los Estados –fundamentalmente de los Estados centrales y en menor medida de los emergentes-, estando su estructura de representación construida sobre bases gubernamentales que representan en último término los intereses de capitales nacionales.

Respecto a la existencia de una organización militar coordinada y jerarquizada mundialmente bajo la tutela de EEUU, basta observar las intervenciones occidentales en el mundo árabe por el control de recursos energéticos. Es cierto que existe una mayor integración militar fundamentalmente de los Estados centrales, que no cuentan con la oposición de épocas pasadas, pero a su vez sus intervenciones están limitadas en buena medida por los intereses económicos y políticos de los bloques regionales.

La mundialización se ha acompañado de procesos de regionalización económica, que han respondido a los intereses de las potencias centrales o han sido la respuesta de zonas periféricas para frenar la expansión de aquellos, al disminuir su vulnerabilidad frente al capital globalizado y lograr un mayor poder de negociación en la escena internacional. En cualquier caso, favorecen la creación de zonas de libre comercio, la adopción de una política comercial común y, en ocasiones, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados. L a coincidencia de gobiernos reformistas y de izquierdas en Latinoamérica han favorecido el freno de la expansión estadounidense a través del ALCA –reduciendo su operatividad a acuerdos bilaterales-, y el desarrollo de procesos de integración regional con políticas más redistributivas que en épocas anteriores –MERCOSUR- y de lucha contra la pobreza y la exclusión social –ALBA-. La alternativa reformista ha puesto freno al neoliberalismo en la región, pero no ha conseguido más que la reconstrucción de un capitalismo regional autónomo y, en consecuencia, ha fracasado a la hora de frenar la concentración de la riqueza –el 20% de la población más rica de la región acapara el 56,9% de los ingresos, mientras que el 20% más pobre recibe el 3,5%, según datos de la ONU de 2010-, dando lugar a un resurgir de las luchas de los trabajadores asalariados y los estudiantes mientras disminuyen las protagonizadas por los movimientos campesinos e indígenas.

Las nuevas condiciones impuestas por la mundialización y el nuevo papel que juegan los Estados, obligan a conjugar nuevos enfoques y nuevos espacios y formas de lucha. Si el poder todavía está localizado en el Estado y el capital global y sus fuerzas aliadas tienen una raíz estatal, el Estado continúa siendo un espacio vital para las luchas. Pero a su vez, las respuestas de los trabajadores para ser efectivas deben actuar sobre los centros donde se deciden las políticas económicas regionales. Todo movimiento de trabajadores que enfoque sus luchas exclusivamente en el plano estatal se queda corto, pero obviar éste y centrase exclusivamente en el plano regional o internacional, desenfoca el objetivo del poder real del Estado. Por tanto, un internacionalismo efectivo sólo puede basarse en la solidez de las organizaciones del trabajo en cada Estado, siendo las luchas en los Estados la precondición para las luchas internacionales.

Las nuevas condiciones de explotación y el nuevo papel que juegan los Estados en la acumulación por desposesión, han quebrado los enfoques tradicionales de unos sindicatos que han quedado aprisionados en estrechas estructuras corporativas, transformándose en un órgano del aparato del Estado a través de la aproximación del consenso y el compromiso economicista en torno al salario, de manera que cada vez que los trabajadores han comenzado a disputar la iniciativa política al Estado y a las empresas, se han encontrado confrontados con intervenciones sindicales que asentaban el orden establecido.

Las organizaciones de los trabajadores para ser de nuevo efectivas, deben considerar que las luchas por el salario y las condiciones laborales están íntimamente conectadas y no pueden ser separadas de la situación social, política o económica, de las condiciones de vida y consumo. No restringir su actividad a los problemas laborales más estrechos, permite confrontar en todas las esferas de la vida que puedan importar a los trabajadores, permitiendo abordar aspectos de la reproducción social que habían sido dejadas de lado por la perspectiva sindical centrada en el lugar de trabajo.

Superar esa visión de la lucha centrada esencialmente en el lugar de trabajo y en el sector formal de la economía, genera espacios integrados de lucha y facilita la movilización de aquellos sectores que no son capaces de sostenerla por sí mismos, sumando no sólo al trabajador público y al privado, sino a los sectores sobreexplotados (precarios, temporales, mujeres, jóvenes, inmigrantes), a los desempleados, a los jubilados, a los pobres y a las familias trabajadoras. Y permite a su vez forjar alianzas con otros movimientos sociales (vecinales, estudiantiles) y con otras clases, sobre la base de la movilización y la lucha. Las experiencias en Sudáfrica, Latinoamérica, y más recientemente en Túnez o el 15M, avalan su capacidad movilizadora.

e) Centralidad de la acción política.

La lucha de clases se manifiesta mundialmente de forma dispar. En Asia y en América Latina, regiones con elevadas tasas de crecimiento y el repunte de la inflación en los últimos años, se caracteriza por un enfoque económico ofensivo. En los Estados centrales la ofensiva parte del capital, y las luchas de los trabajadores son reactivas y se distinguen por su carácter de resistencia para tratar de limitar los retrocesos. Y en el mundo árabe, devastado por las políticas neoliberales, ha adoptado la forma de movimientos democráticos espontáneos y masivos a la ofensiva para hacer frente a la crisis política de unos regímenes autocráticos.

En ninguno de los casos s u desarrollo conduce mecánicamente a una transformación social regional, a la elaboración de programas sociales, económicos y políticos alternativos. Para que ese salto se produzca es necesaria la acción política de clase y una orientación bien definida, a fin de evitar que la movilización no sea más que la mera suma de intereses particulares sin voluntad general. La función de la izquierda política consiste en articular y conjugar esos intereses, para sentar las bases de un proyecto que permita el desarrollo de programas revolucionarios, orientados a liberar a la sociedad de toda relación de explotación o dominio . Y para ello es preciso que el mundo del trabajo y los movimientos sociales identifiquen la raíz de sus males, la clase capitalista y la propiedad privada del capital y de los medios de producción.

En la medida que no se ataque el fondo del problema, se impondrá la lógica de la acumulación capitalista, y las luchas, en el mejor de los casos, sólo limitarán las pérdidas y la degradación extrema de las condiciones de vida. Ese es el límite de las luchas económicas, sindicales o sociales sin un enfoque político transformador. Hoy están en juego los mecanismos que evitan la extensión de la pobreza y la degradación social. De ahí que si los trabajadores son incapaces de irrumpir con un programa revolucionario en las diferentes regiones mundiales, el capitalismo está más cerca del caos y la guerra, porque en último término no hay ninguna salida a la crisis capitalista que no pase por la destrucción de capital.

Por otra parte, no es concebible un cambio sin la intervención masiva de los trabajadores –sin la creación de un contrapoder-, del mismo modo que no es concebible su sostenimiento posterior sin mecanismos colectivos de decisión –directa e indirecta- y control, y sin la extensión de derechos y libertades al conjunto de la población . Los trabajadores no tienen posibilidad de agruparse como clase ni de establecer alianzas de clase sin la garantía de democracia y desarrollo de las libertades, sin el encuentro y la discusión de los diferentes proyectos que existen en el seno de los trabajadores y sectores populares, sin la pluralidad de sus organizaciones y la instauración de formas democráticas y consensuadas de solución de conflictos frente al sectarismo. Y sin impulsar una serie de valores como la igualdad frente a cualquier forma de dominio o segregación –ya sea sobre la mujer, los jóvenes, los inmigrantes o por motivos de raza u orientación sexual o religiosa-, la solidaridad en oposición a la individualización de la competencia, y el derecho a asumir y decidir sobre todos los asuntos que competen a la vida, sin remitirse a instancias oficiales o burocratizadas.

Es evidente que la realidad actual impone la necesidad de coordinar aspectos de verticalidad y horizontalidad, tanto en la organización como en las luchas, pero el valor emergente de la autoorganización debe ser impulsado y protegido para que la conciencia pueda extenderse entre la clase trabajadora y los movimientos sociales, para que puedan asumir su futuro.

Las organizaciones políticas serán útiles en la medida que se alejen de actitudes doctrinarias y contribuyan al desarrollo de la conciencia de clase y al procesamiento colectivo de las experiencias de lucha. El análisis y la crítica deben impulsar a pensar, a decidir y a promover la acción.

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*Jaime Baquero es miembro Comisión de Sanidad de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.

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