Cuba: en el umbral de una barbarie anunciada

Al pueblo cubano se le ha impuesto una salida política ilegítima a la crisis estructural de un modelo socioeconómico, forzado de manera incontestable – en perjuicio del espíritu de democracia y justicia social de la Revolución – por la máxima Dirigencia del PCC durante 50 años.

La ilegitimidad radica en tres factores de coacción política contra la sociedad cubana:

1. La misma Dirección del país que lleva al “borde del abismo” el modelo socioeconómico por ella instaurado, se abroga el monopolio sobre el derecho inapelable a imponer la solución a la crisis.

2. La solución se arma en un proyecto de “actualización” economista (LPES) de un modelo caduco. Es decir, de un modelo estructuralmente corrupto.

3. Al pueblo se le ha forzado a asumir la solución como única proyección posible para sus intereses como sociedad y nación.

Una vez que se ha puesto en grave peligro la cohesión social del pueblo y la soberanía nacional del estado, con la imposición arbitraria e incontestable durante 5 decenios del modelo socioeconómico importado de la exURSS, desde la coyunda del poder autoritario del estado sobre la sociedad se manipula de facto al pueblo con la solución partido-crática que se le presenta. Por cuanto se le ofrece como la única posible a ser considerada y discutida. Con el agravante de la mediatización del debate por un régimen expedito (tres meses) de discusión inducida y controlada desde la burocracia dirigista (instrumentada en seminarios tecnocráticos expresos).
Es así que el PCC decide – tal como ayer decidiera desde el autoritarismo sobre lo irreductible del modelo, ya definitivamente caduco – que otras proyecciones de abordaje y salida integral a la caducidad sistémica del modelo no existen. Por el ordeno y mando de la máxima Dirigencia del PCC el modelo, corrupto en sus raíces, no admite transformación, sino actualización. Para la Dirección del PCC lo que existe es una crisis de producción y no una crisis política.

Si lo que el Líder Fidel Castro denuncia sin definirlo es lo segundo, el “modelo”, el Jefe del Partido único gobernante, Raúl Castro, decide sin definirlo que el problema es lo primero, la “economía”. La autocracia se impone por encima del máximo poder del Estado, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). Por cuanto sobre las definiciones en cuestión ni media debate parlamentario ni se pronuncia el órgano de poder popular.

La ilegitimidad se refuerza por la violación del Estado de Derecho en que cabría instituirse sin medias tintas un estado socialista. La constitucionalidad de ideas y soluciones presentadas por el proyecto de LPES del PCC no ha sido puesta bajo el rigor de tribunal constitucional alguno, porque ese tribunal no existe en el orden político-jurídico del estado cubano. El sistema de poder único Partido-Estado, por definición jurídica y por acomodo político, no ha concebido necesario un Tribunal de Garantías Constitucionales. Si la letra de la Constitución burguesa de 1940 concebía la extensión de las garantías constitucionales al ámbito de lo social[1], la Constitución “socialista” de 1976 (ni su emergente enmienda de 1992) no encuentra conveniente para el ejercicio del poder revolucionario la idea y el concepto en el derecho moderno de la «limitación del poder» del estado, asegurar de jure las garantías constitucionales de la sociedad y los ciudadanos.

Por tanto, si la crisis del modelo cubano no es de carácter político, tal como decide el actual Primer Secretario del PCC, ¿a qué molestarse con la constitucionalidad de la “actualización” del sistema económico? La ANPP mira hacia otro lado y calla. La crisis política sistémica exige la consideración por el pueblo de una asamblea plebiscitaria[2]. Para la crisis de producción basta con el voluntarismo del poder único establecido.

Si el equilibrio de poderes no es fuente de libertad, contrariamente a como pretende hacer creer el pensamiento político burgués con relación al estado capitalista, la libertad de la sociedad con respecto al estado socialista requiere del equilibrio democrático de los poderes.

En consecuencia, la salida a la crisis política del modelo socioeconómico que el PCC le impone a la sociedad cubana – LPES – es ilegítima porque en esencia no es democrática. No es democrática la legitimación de los LPES que ha declarado de facto el VI Congreso del PCC porque su creación está viciada de oficio. No es democrática la aplicación de los ELPS porque una reforma económica de alcance estructural que, camuflada bajo la retórica de “actualización”, pone en juego el porvenir de la sociedad y la soberania nacional, exige la legitimación mediante plebiscito. Pero no sería legítimo un plebiscito sobre un objeto de decisión que no ha sido concebido democráticamente, sin alternativa a la proyección impuesta por el PCC.

El PCC ha decidido discutir sobre “A”, en ningún caso sobre “C” o “D”. Esa violentación de la subjetivación revolucionaria del pueblo cubano ha conseguido que no se discuta en Cuba sobre el rumbo político: la transición socialista.
La crisis material, la crisis alimentaria, la crisis habitacional, la crisis de los servicios sociales (incluidos educación y salud), la crisis de poder adquisitivo de la población y de solvencia financiera del estado, la crisis de la cohesión ciudadana y de valores socio-éticos, la acentuación de la corrupción en las esferas de poder, así como la disfuncionalidad generalizada del estado por el libre albedrío de la gran y la pequeña burocracia, no son hechos que hablen de la crisis política del “modelo”, no. Son problemas casuísticos que, según el PCC, se resuelven con una reforma economista que actualice el sistema de producción.

Un proceso de reformas económicas pragmáticas que, a imagen y semejanza del emprendido por el PC Chino, logre “liberar las fuerzas productivas”, pondrá a Cuba en la senda del crecimiento acelerado, y de ello, según el Líder Fidel Castro, tendremos el fruto necesario para la distribución del producto que saldaría el estado de carencias de la sociedad cubana.

Al pueblo de Cuba el PCC le mantiene ocultado – mediante el monopolio de su poder sobre los medios de información – que la esencia de la reforma china se centra en la profunda transformación de las relaciones de propiedad y producción, a favor de la propiedad de capitales privados y del capital en manos de la burocracia del Partido y el Estado. Que esa transformación define el modelo socioeconómico actual chino como un capitalismo de estado en toda regla. Y que la única forma de lograr el crecimiento económico del PIB espectacular de que es testigo el mundo ha sido bajo la sobreexplotación de los trabajadores chinos (¿han cambiado los caminos de la acumulación de capital en el capitalismo?). Se ha aprovechado para ello el profundo atraso socio-material del campo y la pobreza urbana, que han convertido a esa población en mano de obra super barata para el capital criollo privado que se concentra y el transnacional que gana espacio. Que el “salto” económico lleva un costo de tan alto impacto social negativo que hoy las autoridades del Partido Comunista no atisban a otra salida que hermetizar el régimen de represión contra los trabajadores y el pueblo. Los gastos en pertrecho policial de las instancias del poder estatal ascienden hoy a aprox. el presupuesto militar del ejército del país, unos 54 millardos de euros (sic.). La permanente ebullición de los estados de tensión social ha hecho que las autoridades del PCCh asuman la doctrina del «peligro de desestabilización interna» como razón de estado.

“El modelo actual estima que la posibilidad de garantizar la estabilidad interna y la necesidad de asumir los postulados de desarrollo social del pueblo son incompatibles entre sí y que, en consecuencia, la represión y el sacrificio de los intereses de los desfavorecidos es lo que puede evitar la desestabilización del estado”. Es justo lo que concluye un equipo de renombrados sociólogos chinos en un informe sin precedente que da la vuelta al mundo[3]. Un informe que – préstese atención – ha sido publicado en medios de información oficiales chinos. Sin proponerse en sus análisis y conclusiones la crítica al modelo de capitalismo de estado decidido por el PCCh, los científicos llaman la atención sobre el barril de pólvora social (momento de erupciones sociales masivas – jingpenqi) que se sigue conformando en el país.

¿Ante qué contradicciones estamos?

Atenidos a la reforma economista de los LPES, los cubanos no conocen:

– los objetivos de producción y productividad tecnológica, ni los horizontes de tiempo en que el Gobierno pretende alcanzar esos propósitos económicos;

– el Plan Quinquenal de la Economía sobre el que habla el Jefe del PCC y del Consejo de Estado;

– cómo y en cuáles tiempos se alcanzará la integración productiva eficiente de la enorme cantidad de fuerza de trabajo “excedente” que existe;

– la solución sistémica a la economía del CUC y la precariedad del peso.

Los cubanos no conocen programa socio-económico integral alguno que se plantee con todas sus letras:

– la solución del problema de la vivienda;

– la solución del problema de las transportaciones urbanas de pasajeros;

– la solución del problema de la alimentación.

Los cubanos no conocen qué terreno pisan ni que terreno estarán pisando con los LPES. No podrán racionalizar nunca, por lo tanto, la relación entre la realidad actual y sus justas expectativas, porque los cubanos no tienen el derecho de subjetivación política. Ese derecho les está conculcado porque, ante la crisis estructural del modelo socio-económico, lo que el PCC ha decidido es la “actualización” del sistema de producción. No del modo cultural de reproducción de la materialidad y la subjetividad de la vida.

Atenidos al derecho de emancipación necesario para funcionar con plenitud creativa y sentido de pertenencia política como individuos y sociedad, los cubanos permanecen humillados ante sí mismos y el mundo:

– por la prohibición del derecho a la lucha – derecho de huelgas mediante – sindical y ciudadana abierta contra todo apoderamiento excluyente de los factores de producción: el trabajo, la tierra y el capital;

– por la prohibición de organizarse co-operativamente como trabajadores libremente asociados;

– por la prohibición de la salida, entrada y libre asentamiento en su país;

– por la prohibición – política y técnica – del libre acceso a Internet;

– por la prohibición del derecho ciudadano a la libre reunión y la manifestación pública política;

– por la imposición informativa de los medios de difusión en manos de las burocracias del periodismo hablado, escrito y televisivo.

¿Ante qué derivaciones?

Si lo que la doctrina de la «paciencia estratégica» espera, como variante de la fruta madura de la Secretaria de Estado y los halcones dirigidos por la Administración del pdte. B. Obama, es que la democracia en Cuba se establezca, todos y cada uno de los postulados anteriores se inscriben dentro de la demo-cracia socialista. Porque significan empoderamiento del pueblo cubano. Y no empoderamiento de elites empresariales propietarias, privadas o burócratas. No hay humildes que valgan sin el decoro del poder popular pleno. Poder del pueblo, ejercido por el pueblo y para el pueblo.

Si el pueblo de Cuba ha de conducir con la legitimidad del soberano la marcha «del disparate al socialismo» (Alfredo Guevara, 2011), no tiene otra alternativa que asumir la transformación política del modelo socioeconómico vencido, bajo una clara e inequívoca convocatoria hacia la plena socialización del estado cubano. Concebir cada cambio como parte de un todo socialista transparentemente discutido en su seno. Un todo reconsiderado y garantizado en una nueva proyección constitucional de la República. Un todo cuya naturaleza socialista emana de una posición de las relaciones de propiedad y el sistema económico por ellas determinado, absolutamente subalterna con respecto a la igualdad y la libertad del ser-social.

RCA

[1] Valga aclarar que en entre los problemas insolventes no ya desde la perspectiva política socialista, sino técnico-jurídica, en la Constitución de 1940 el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales no poseía independencia política, por cuanto se concebía bajo el Poder Judicial.

[2] Una asamblea constituyente respondería a la maduración del proceso de transición socialista y no a su reconducción, tal como hoy se necesita.
[3] Sus autores son: Shen Yuan, Guo Yhua, Jing Jun, Sun Liping (fuente: Le Monde Diplomatique, 2011, Warszawa)