Cuba: una mirada socialista de las reformas*

El próximo VI Congreso del PCC consolidará la reconfiguración del abanico de escenarios posibles en torno al modelo económico cubano. Al ampliarse el cuentapropismo y el arraigo de las transformaciones en el sistema empresarial del sector externo, se consolidan los cambios en el catálogo de unidades productivas en el horizonte cubano. Los retos que esto implica para una renovación socialista democrática, supone considerar las oportunidades para una agenda que impulse la autogestión. Urge un modelo de gestión que requiera de la democracia desde el centro de trabajo para su éxito, y así escapar al falso dilema de elegir entre la restauración capitalista y el monopolio burocrático.

1. La organización productiva y las reformas económicas.
La etapa económica de Cuba inaugurada hace -cuando menos- dos décadas, obligó a un cambio de políticas económicas y sociales. Junto con el redimensionamiento ministerial y empresarial, se autorizaron el cuentapropismo y la inversión extranjera. Los costos sociales generados por la crisis fueron compartidos por toda la sociedad, se mantuvieron servicios sociales y gratuidades, aunque su calidad se degradó. Además, pese a protegerse ciertos grupos vulnerables (ancianos, niños), durante el Periodo Especial, se incrementó la pobreza y la desigualdad (Espina, 2008; Ferriol en Mesa Lago, 2005). Por ello mayores reformas eran necesarias para sostener la economía y políticas sociales de la Isla.

El pasado 1 de agosto de 2010, el General Raúl Castro comunicó, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el próximo recorte de alrededor de un millón de empleados estatales. Para contrarrestar los efectos de tal medida, anunció la ampliación del “ejercicio del trabajo por cuenta propia y su utilización como una alternativa más de empleo de los trabajadores excedentes, eliminando varias prohibiciones vigentes para el otorgamiento de nuevas licencias y la comercialización de algunas producciones, flexibilizando la contratación de fuerza de trabajo” (Castro, 2010). Esta apertura a la micro-inversión, dado su carácter compensatorio, ha hecho que el cuentapropismo deje de ser comparado con “pirañas” capitalistas necesarias (Henken, 2008) y se haya transformado en un vehículo para “incrementar niveles de productividad y eficiencia”, alejándose de “aquellas concepciones que condenaron el trabajo por cuenta propia casi a la extinción y a estigmatizar a quienes decidieron sumarse a él, legalmente, en la década de los noventa” (Granma, 24-sep-2010). Han sido integrados al modelo cubano, con mayor legitimidad, los propietarios de pequeños restaurantes y cafeterías, talleres de reparación de automóviles, pequeños productores de calzado, taxistas o arrendadores de habitaciones a turistas.

Esta intención de ampliar el sector no estatal busca la incorporación, en un lapso de 6 meses a partir de su anuncio, de 250 000 nuevos cuentapropistas y otros 215 000 cooperativistas. Sin embargo, aún se carece de un mercado de créditos e insumos. Además, se piensa gravar al sector con impuestos excesivos (de 5 tipos) que se elevan a alrededor del 40% de ingresos, cifra superior a la media latinoamericana. Si bien se cuadruplicará la recaudación fiscal en 2 años (2009-2011) de 247 a 1000 millones de pesos, el gravamen afectará la sobrevivencia de la mayoría de estos emprendimientos en el corto plazo (Mesa, 2010, B).

En este contexto, los “Lineamientos de la Política Económica y Social”, que serán presentados al VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, corroboran la reorientación del modelo, con una nueva redistribución de los costos sociales de la reforma. Los Lineamientos anticipan que se acabarán los “subsidios y gratuidades indebidas” (punto 44) y que se procederá a la “eliminación ordenada de la libreta de abastecimiento” (punto 162) todo lo cual genera múltiples problemas al atentar contra el ya modesto consumo de los sectores más pobres, los que no reciben divisas del exterior ni logran obtenerlas en Cuba. Esto se verá agudizado por el retorno a los hogares del desempleo masivo, después de medio siglo, ya que no todos los cesados encontrarán un lugar en el cuentapropismo.

Junto con la ampliación de los pequeños negocios, los Lineamientos ratifican implícitamente la importancia del sistema empresarial vinculado a la economía global, dado el carácter vital de las divisas que se captan por las exportaciones (Pérez López, 2003; Everleny, Omar, 2010), con las cuales se financia la importación de bienes y servicios que Cuba requiere y no produce, principalmente alimentos.(1) En cuanto al resto del tejido empresarial, acusa una extendida obsolescencia de los bienes de capital y muestra una subutilización de la mano de obra formalmente empleada de alrededor del 26,9 % en 2010 (Mesa-Lago, 2010).

Mientras el cuentapropismo responde al mercado interno, las empresas del sector externo –frecuentemente con capital extranjero- responden al mercado internacional. Los pequeños negocios privados son micro y pequeñas empresas, mientras las organizaciones industriales por las cuales circula el flujo de divisas, son medianas y grandes. Unas y otras han reconfigurado el catálogo de las unidades productivas cubanas, lo cual obliga la discusión sobre las posibilidades de una renovación socialista democrática en estas condiciones.

2. La autogestión para un socialismo democrático.
La reconstrucción del paradigma socialista pasa por recuperar la idea de colectividades de trabajadores que funcionen como asociaciones de productores libres, vinculados por lazos solidarios estructurados desde abajo, dotadas de amplios espacios e instrumentos participativos que confluyan en el establecimiento de una confederación nacional. En la actualidad, esta participación de los trabajadores asume, a partir de sus experiencias históricas, dos variantes principales: 1) la planificación democrática; y, 2) la autogestión. En el primer modelo el énfasis está en el centro, mientras que, para el segundo, gravita hacia las redes y niveles subalternos.

La primera se dirige a la elaboración, mediante procesos de participación activa del conjunto de los ciudadanos (insertados en diversas estructuras y niveles), de un plan nacional que define las principales directrices referidas a la política económica, lo cual resulta en un instrumento normativo que orienta el desempeño económico de unidades productivas –y sus agregados- en los marcos de un contexto y temporalidad definidos. Ciertamente, existen dificultades reales para conducir un proceso de este tipo, pues, aunque fuera posible establecer algún tipo de plan afín, habría después que hacerlo efectivo, lo que supone otro complicadísimo proceso para determinar la cuota de dicha producción que le corresponde a cada empresa y, lo que es más difícil, relacionarlas entre sí, mediante instrumentos informativos distintos a las relaciones monetario mercantiles. De cualquier forma, y pese a sus limitaciones, una planificación democrática ofrece cotas de participación superiores al modelo planificador estatizado y vertical del socialismo de estado cubano.

Por su parte, la autogestión apuesta por la participación protagónica de los trabajadores en la administración de las entidades en las que desarrollan sus procesos productivos, haciéndose visible la actuación directa de los colectivos en escenarios y procesos concretos (su fábrica, granja o entidad de servicios) de toma de decisión, ejecución y control. En clara diferencia con los enfoques de planificación democrática, que se asocian a una estatización (como primer paso hacia una supuesta y perspectiva socialización) del conjunto de los medios de producción de un país, las iniciativas autogestoras han nacido mayormente como imprevistos experimentos de génesis espontánea, encabezados por trabajadores decididos, por situaciones coyunturales (quiebra de las empresas, abandono de estas por sus titulares y patronos) a ampliar el control sobre sus espacios laborales y, por ende, sobre la fuente de reproducción de sus medios de vida, reconociendo la pertinencia de ciertos espacios de mercado para la realización de sus producciones.

Es decir, la adopción de esta variante implica considerar la existencia de un mercado con diversos grados de regulaciones y restricciones dentro del Periodo de Transición. La evidencia demuestra que la relación mercado-autogestión es estrecha, ya que los instrumentos financieros presentes en una planificación de tipo indicativa permiten una mayor descentralización y democratización de los procesos, con mayor autonomía para las colectividades de base, superior a la de los procesos desarrollados bajo un esquema de asignación central de recursos físicos como materias primas, medios de producción, etc. (2)

Las modalidades pueden agruparse en tres variantes básicas (Recio, 2001):

1- Conducción total de la actividad de la empresa por sus trabajadores (tanto manuales como intelectuales, de producción y servicios) que integran y controlan, mediante revocables formulas representativas, los órganos de dirección en unión a la activa existencia de un espacio de análisis, discusión y decisión de corte asambleario (Autogestión Clásica).

2- Participación compartida del colectivo laboral con los directivos estatales o privados en la gestión de la empresa mediante instancias (Consejos) de Dirección, donde se disfruta de prerrogativas decisoras en ambos lugares de la ecuación (Cogestión).

3- Espacios de consulta, agregación de demandas y propuestas, incluidos el derecho a vetar medidas y directivas particulares por parte de los trabajadores sin participación de estos en la gestión directa de la entidad (Control Obrero).

El aporte de la autogestión para la renovación democrática del socialismo cubano, reside en su doble carácter económico y político (3), pues la ejecutoria colectiva dentro de la empresa no puede ser un hecho solamente económico, sino que debe apostar, desde su génesis misma, por desplegar procesos políticos de empoderamiento y control amplio y efectivo del espectro de decisiones, e ir articulándose a escalas cada vez más amplias, creando instituciones de nuevo tipo en el sistema político.

3. Una agenda mínima para el escenario actual.
Hoy existen, en el imaginario social cubano, dos visiones mayoritarias sobre los cauces posibles del ordenamiento socioeconómico y la participación ciudadana en el mismo. Para algunos, la privatización de los centros de producción y servicios seria la panacea divina que resolvería el proverbial déficit de bienes de consumo, aportando la eficacia necesaria. En el extremo opuesto del arcoiris ideológico encontramos la fracasada visión de un socialismo centralista y verticalista, restringido por las órdenes emanadas del nivel jerárquico superior del aparato estatal. (4) Sin sugerir que estén emparentados ideológica o programáticamente, ambos proyectos comparten una extraordinaria similitud: excluyen ciertas formas auténticamente populares, democráticas y horizontales de gestión pública, como si el debate entre tesis y antítesis no reconociese el espacio para una necesaria síntesis.

Ahora bien, en los complejos dilemas de políticas públicas de la encrucijada cubana, se están tomando decisiones que fortalecen a los sujetos asociados al mercado sin ningún proyecto de desarrollo económico que acompañe y dilucide este proceso en el marco de la Transición Socialista. Las unidades productivas no estatales o semi-estatales (como las empresas mixtas) adquieren mayor peso específico. Pero al ocurrir esto último en detrimento de las posiciones populares, se producen confusiones ideológicas, debido al discurso estatal de reivindicación continua de los valores socialistas, que ahora parecen estar en entredicho. Por lo tanto, se coloca en primer plano la discusión sobre cómo impulsar la democracia socialista desde el centro de trabajo, proponiendo una relación plan-mercado lejos del estatismo recalcitrante y de la desregulación extrema; con base en formas de propiedad lejanas del monopolio burocrático y de la gran propiedad privada.

Se está perfilando en la Isla un modelo económico híbrido en cada vez mayor tensión con la ideología de la Revolución. Frente a este desacoplamiento entre las decisiones económicas y el proyecto de sociedad, nuestra propuesta es la construcción consciente de un modelo mixto de economía, donde la participación democrática desde las unidades productivas, sirvan no sólo de modelo de gestión económica, sino de contrapeso político a aquellos sectores que podrían desarrollar intereses materiales destinados a una agenda de restauración del capitalismo. La ruta hacia un socialismo renovado implicaría:

A) Procesos de discusión, en los órganos locales y nacionales del Poder Popular, de modalidades alternativas del plan económico y presupuesto. Pese a sus dificultades, esta modalidad de plan democratizado contendría una participación ciudadana hoy inexistente.

B) Nuevas cooperativas industriales, de servicios y comercio, de escala pequeña y mediana, para lo cual debe aprobarse una legislación afín, ya que la actual restringe este tipo de actividad a los escenarios agrarios. Las entidades de poder municipal, renovadas, asumirían una función esencialmente fiscalizadora, recaudando un nuevo monto tributario y, seguramente, ofreciendo a la población la posibilidad de acceder a mejores servicios.

C) Despliegue del paquete de potencialidades existentes (y perspectivas) dentro del sistema empresarial estatal, promoviendo la participación activa de los trabajadores, en la discusión de las metas y vías de implementarlas (5), desarrollándose experiencias de control obrero, favoreciendo un rol protagónico de sindicatos renovados democráticamente.

D) Integración de los trabajadores por cuenta propia, mediante una política de inserción en los espacios económicos locales, garantizando acceso a insumos y créditos, estableciendo una regulación y fiscalización de parte de organismos populares conformados a nivel municipal.

Todo paquete de reformas debe contemplar la interrelación de una amplia gama de decisiones, actores involucrados y tiempos de implementación, sus efectos sociales y los contenidos ideológicos de las medidas tomadas, evitando la mercadofobia o la estadolatría (y sus opuestos). La falsa disyuntiva no puede reducirse a elegir entre eficacia con desigualdad creciente ni cobertura social con precariedad material. En los años 60, fiel a su ambiente época e ideología, Ernesto Guevara señaló que el comunismo sin moral comunista no le interesaba. Medio siglo después, una reforma sin participación tampoco debería seducirnos.

4. A modo de conclusión.

La actual coyuntura constata la ausencia de un plan coherente de reformas que supere la discrecionalidad y coordine eficazmente los diferentes actores económicos, por la vía de mayor autonomía empresarial (6) y territorial, un mercado controlado y un plan indicativo, con mayor participación de trabajadores y consumidores en la deliberación de las agendas de cambio. La persistencia de dirigentes (y enfoques) políticos encerrados en el modelo estatal tradicional puede ser un lastre para el éxito de las reformas anunciadas. No obstante, se vislumbran esperanza con los debates de cara al próximo congreso del Partido Comunista, fuerza oficialmente dirigente de la sociedad cubana.

Si existe congruencia entre la retórica política, las acciones en curso y el compromiso con un proyecto de sociedad emancipador, la dirección del país aprovechará la actual convocatoria al debate para lanzar una discusión amplia, en todos los sectores de la población, sobre los problemas, los errores, las urgencias, los recursos disponibles y las soluciones posibles en el marco de un socialismo participativo y democrático. Ello sentaría pautas para combatir las tendencias restauradoras del capitalismo, a cuya propaganda contribuye el estancamiento del modelo actual. En esos derroteros la autogestión, en tanto modelo que requerirá la democracia para su éxito, puede acompañar los aportes de la planificación y el mercado, afincando los contenidos socialistas de la reforma en curso.

Referencias