Declaración de la Unidad Socialista de Izquierda ante sentencia a policías de Llaguno
Luego de conocerse la sentencia que impone la pena máxima a los comisarios de la Policía Metropolitana, y a seis de los ocho efectivos acusados por asesinatos y lesiones graves en contra de las personas que se concentraban en la avenida Baralt y puente Llaguno el 11 de abril de 2002, nuestro partido ratifica su satisfacción por esta decisión que se constituye en un triunfo del pueblo. Esta sentencia, sin duda, es consecuencia de la movilización y la lucha que durante todos estos años han desarrollado los sobrevivientes de aquella masacre, así como los familiares de las víctimas.
Luego de conocerse la sentencia que impone la pena máxima a los comisarios de la Policía Metropolitana, y a seis de los ocho efectivos acusados por asesinatos y lesiones graves en contra de las personas que se concentraban en la avenida Baralt y puente Llaguno el 11 de abril de 2002, nuestro partido ratifica su satisfacción por esta decisión que se constituye en un triunfo del pueblo. Esta sentencia, sin duda, es consecuencia de la movilización y la lucha que durante todos estos años han desarrollado los sobrevivientes de aquella masacre, así como los familiares de las víctimas.
Finalmente el pueblo venezolano le ha arrancado un triunfo parcial a la justicia capitalista del Estado venezolano con relación a los crímenes que formaron parte del golpe fascista de abril de 2002. Luego de 7 largos años, hoy por primera vez el pueblo puede decir que le ganó una a la impunidad que ha protegido a tanto golpista y fascista en nuestro país. Quienes fuimos protagonistas de la lucha por derrotar al golpismo proimperialista y restituir los derechos democráticos del pueblo, ante el golpe que llevaron a cabo Fedecámaras, la CTV, la cúpula de la Iglesia, y un grupo de militares fascistas con el respaldo del imperialismo norteamericano, no podemos descansar hasta ver al último golpista asesino tras las rejas.
El pueblo venezolano aún se pregunta: ¿dónde está Alfredo Peña, responsable político y administrativo de los asesinatos perpetrados aquellos aciagos días por la PM? ¿Dónde están Pedro Carmona, Carlos Fernándes y Carlos Ortega, jefes del golpe de estado financiado por el imperialismo? ¿Dónde están los demás civiles y militares que planificaron y ordenaron el golpe de Estado y la masacre del 11 de abril? Muchos de ellos se encuentran libres y campantes, participando en elecciones e incluso, algunos son ahora alcaldes y gobernadores, gracias a la impunidad amparada por las instituciones del Estado y las amnistías promovidas por el Gobierno. La única manera de garantizar que se haga justicia es seguir luchando y movilizándonos de manera permanente, para no dar tregua a los patronos, a sus partidos, ni permitir al gobierno, a los burócratas y a los boliburgueses que están interesados en pactar con los asesinos del pueblo para repartirse los privilegios y que nada cambie en este país.
Para llegar a esta sentencia el camino ha sido largo. Recordemos que en estos siete años hemos visto que se han acumulado más crímenes por parte de la derecha, los patronos y la burocracia gubernamental y sindical, quienes no han dudado en apelar al sicariato antiobrero y anticampesino. Los crímenes del sabotaje petrolero y el paro patronal siguen impunes, y el gobierno ha decidido otorgar amnistías que insultan la justicia y la memoria de nuestro pueblo, como ocurrió con los paramilitares capturados en El Hatillo en el 2005 y luego liberados, o con la amnistía de diciembre del 2007, cuando el presidente Chávez decidió poner punto final a la mayoría de los procesos judiciales relacionados con el golpe de Estado y el sabotaje petrolero. Y no podemos dejar de recordar que en el marco de esas investigaciones, precisamente fue que asesinaron al fiscal Danilo Anderson, crimen que continúa impune en medio del total silencio del gobierno.
Por eso hoy, ante la condena a estos policías y sus jefes directos es importante también recordar que la justicia tiene una inmensa deuda con el pueblo. Hay que profundizar las luchas para que no queden impunes los crímenes contra los más de 200 campesinos que han sido asesinados por el sicariato pagado por los latifundistas; o los indígenas de la Sierra de Perijá perseguidos y asesinados para arrebatarles sus tierras; los trabajadores de la Mitsubishi y Macusa que fueron acribillados por la policía de Anzoátegui, así como los asesinatos de nuestros camaradas Carlos Requena, Luis Hernández y Richard Gallardo, quienes cayeron víctimas de una alianza entre patronos, policías y burócratas sindicales, con la anuencia del Estado que se niega a profundizar en las investigaciones. Exigimos que todos los autores materiales e intelectuales de estos crímenes sean enjuiciados y sentenciados, pero además decimos que para que haya verdadera justicia, tiene que acabarse con este sistema de explotación salvaje, que a fin de cuentas es un sistema criminal y asesino. Todos estos crímenes fascistas han sido cometidos para defender el capitalismo.