Democracia y justicia social en el discurso y la práctica del chavismo

Un amigo me ha solicitado escribir unas líneas acerca de «la relación entre justicia social y democracia política que se establece, tanto a nivel discursivo como práctico, dentro del llamado proyecto bolivariano». Creo que se trata del principal problema de nuestra historia contemporánea, y por lo tanto una respuesta profunda requeriría mucho más tiempo y espacio del que disponemos al escribir estas modestas líneas. Lo primero que podemos decir es que el actual gobierno surge como la expresión distorsionada de un largo proceso de luchas populares y de resistencia contra un modelo político que además de resguardar las enormes brechas entre una minoría explotadora y las mayorías populares, de ser el garante de la injusticia social, también se caracterizó por su carácter excluyente, su clientelismo, su cada vez menor permeabilidad a las reivindicaciones de las grandes mayorías emprobrecidas.

Decimos que es una expresión distorsionada porque la dirección chavista se ha apropiado de los símbolos de esa resistencia popular contra el régimen adeco-copeyano y ha cabalgado sobre el enorme rechazo a ese régimen, construyendo un discurso de ruptura pero sin proponerse cambios de fondo orientados a materializar esas dos exigencias cardinales del movimiento popular, como lo son mayor justicia social y mayor participación de las mayorías en la determinación de nuestro destino colectivo.

Ahora bien, el chavismo, o «bolivarianismo», es una fuerza política muy heterogénea y contradictoria en su primera etapa, en la que confluyen demócrata-cristianos, políticos de la izquierda reformista, militares, ex adecos, entre otros. El chavismo fue como un Arca de Noé que rescató a la más variada fauna política en vías de extinción, y la nucleó alrededor de una dirección carismática. En un contexto social de masiva protesta y movilización, de total crisis de gobernabilidad burguesa, surge el discurso chavista acerca de la «nueva democracia participativa», como contracara de la «vieja democracia representativa», por una parte, y por la otra el discurso antineoliberal, contra la injusticia social. Todo muy vago, sin plantear cómo se expresaría ese supuesto cambio de paradigma en la organización del Estado, por ejemplo. La Constitución de 1999 contiene algunas reformas que amplían las libertades democráticas, brindan mayores garantías en materia de derechos humanos, reconocen derechos indígenas, elevan la autonomía universitaria a rango constitucional, plantean el cálculo del salario mínimo en correspondencia con el costo de la canasta básica, y ordenan la recuperación de la retroactividad de las prestaciones sociales. El común denominador de todas conquistas formales es que ninguna se ha materializado en la práctica.

La movilización popular y obrera derrotó a la ofensiva fascistoide de 2001-2003 y abrió una etapa en la que el gobierno venezolano adquirió una mayor independencia respecto del gobierno de los EEUU, e hizo concesiones significativas al movimiento de masas, fundamentalmente en la forma de programas asistenciales, llamados oficialmente «Misiones». Estas conquistas sociales, que significaron un mayor acceso a servicios públicos y gratuitos de salud y educación, son el producto de las victorias obtenidas por el pueblo en las calles, fábricas, y en la industria petrolera. Sin embargo, no significaron ni lejanamente transformaciones estructurales. El gobierno, a partir del año 2006, incorpora el «socialismo» a su discurso, al principio como horizonte estratégico, pero muy pronto ya como categoría descriptiva referida a la ejecutoría concreta del gobierno. La peculiaridad de este supuesto socialismo «del siglo XXI» es que, mientras que se presenta con pretensiones «anticapitalistas» y de construcción de un «Estado comunal», de apuntalar la «economía social», y por ende de mayor justicia social y democracia política, en realidad cumple el rol ideológico de presentar el actual estado de cosas como el nuevo «socialismo bolivariano», e incluso para justificar ataques a los derechos de los trabajadores y de las comunidades populares. En otras palabras, un socialismo con multinacionales, banqueros, latifundistas, burócratas multimillonarios, y explotadores de toda laya, hermano gemelo del capitalismo y sin puntos de contacto con alguna de las concepciones socialistas conocidas anteriormente. Lamentablemente los dos polos hegemónicos de la política venezolana, el chavismo y la derecha agrupada en la «Mesa de la Unidad Democrática», coinciden a la hora de describir la acción gubernamental como «socialista», consolidando dicha patraña ideológica.

En nuestra opinión, hay dos hechos importantes que clausuran las pretensiones antineoliberales y democratizantes del chavismo. Por un lado, el plan de ajuste antipopular aplicado por el gobierno a partir del año 2008 para hacer pagar a los trabajadores y al pueblo la crisis económica. Se trata de un conjunto de medidas que han incluido el aumento en una tercera parte del Impuesto al Valor Agregado, una devaluación monetaria del 100%, congelamiento de las discusiones contractuales en el sector público, aumentos del salario mínimo por debajo del índice inflacionario; mientras que por otro lado se disminuyen los impuestos a las transnacionales petroleras, se crea un Fondo Bicentenario para subsidiar al empresariado nacional, y se otorgan cuantiosos dólares baratos a la burguesía. El gobierno terminó aplicando las mismas recetas antipopulares que caracterizaron a los gobiernos del bipartidismo. En el aspecto democrático, hay dos hechos importantes que sepultan el discurso de la democracia participativa: la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), como un gran aparato corporativizador para liquidar toda tentativa de autoorganización dentro del campo popular influenciado por el chavismo; así como el contenido de la derrotada Reforma Constitucional, que centralizaba aún más el poder en las instituciones antidemocráticas del Estado burgués venezolano.

El chavismo es un proyecto nacionalista burgués en decadencia, que disfraza con terminología «socialista» la entrega de los principales recursos mineros y de hidrocarburos a las transnacionales por la vía de las empresas mixtas, que favorece el robustecimiento de un sector de la burguesía nacional estrechamente ligado a la élite que administra el Estado. Existe una correlación entre este pronunciado giro a la derecha del gobierno venezolano de los últimos cuatro años, irónicamente acompañado de un discurso pseudosocialista, y el aumento de la protesta social. La respuesta del gobierno a la combatividad del pueblo y los trabajadores ha sido un aumento en la criminalización de la protesta. Los casos más emblemáticos han sido el encarcelamiento del dirigente obrero Rubén González y el cacique yukpa Sabino Romero, quienes se convirtieron en 2009 en los primeros presos políticos del movimiento popular; junto con ellos, centenares de campesinos y trabajadores han sido sometidos a juicios por defender sus derechos. Esto indudablemente representa un importante retroceso en materia de libertades y se asemeja a la práctica de los gobiernos adecos y copeyanos.

En términos de justicia social podemos decir que no sólo el gobierno ha logrado revertir muchas de las conquistas sociales alcanzadas entre 2003 y 2005, al disminuir la inversión social del Estado, sino que en términos generales la distribución de la riqueza es más desigual hoy que en 1999. Hoy se encuentran en funcionamiento menos de la mitad de los módulos de Barrio Adentro que funcionaban en 2007, la población beneficiaria de Mercal y Pdval ha disminuido notablemente, el presupuesto educativo del 2011 fue porcentualmente menor que el de 2007, mientras que el presupuesto militar ha crecido de manera importante. El componente privado de la economía creció, entre 1999 y 2009, de 65% a más del 70%. La llamada «economía social», conformada por cooperativas y pequeñas empresas familiares y comunitarias, representa menos del 2%. La participación del conjunto de los asalariados en la distribución de la riqueza por ellos creada, ha disminuido notablemente en esa misma década en favor del conjunto de los patronos, de acuerdo con las cifras del Banco Central de Venezuela recopiladas por el economista Víctor Álvarez, afín al gobierno. Tal es el rostro del capitalismo salvaje venezolano, desprovisto de la máscara roja del «socialismo chavista».

Hay un aspecto adicional que me parece importante, en el plano subjetivo. Casi todos los activistas jóvenes que conozco de esa vanguardia juvenil que alcanzó la mayoría de edad en la época del golpe de Estado y el sabotaje patronal, el punto más alto de la lucha de clases en esta década, asociaban su oposición al golpismo a grandes expectativas de cambios revolucionarios. La victoria obtenida en la revolución democrática de abril de 2002 parecía acercar la posibilidad de grandes transformaciones sociales que apuntaran hacia una verdadera justicia social y una democracia radical. Debido a la influencia del chavismo, hoy la gran mayoría de ellos tiene una actitud más bien cínica y desencantada con respecto a la posibilidad de una revolución socialista en nuestro país. Muchos activistas destacados que conocí en aquellos años han sido cooptados por el aparato gubernamental, y suelen expresar en privado que el gobierno chavista representa un mal menor frente a la derecha, o que puede significar un período de acumulación de fuerzas para luchar por el socialismo en un futuro indeterminado, pero que pelear por una alternativa socialista hoy es utópico o «extremista», le hace el juego a la derecha, o argumentos por el estilo. Una proporción menor de lo que fuera esa vanguardia juvenil ha simplemente abandonado todo activismo, y realmente no recuerdo a ninguno que haya engrosado las filas de la oposición de derecha. Ha arraigado en ellos la idea de que no es realista luchar por la justicia social y la superación de la explotación capitalista. Puede decirse que ese conservadurismo es consustancial al carácter regresivo del chavismo hoy, y que esa desmoralización es uno de los peores legados del actual gobierno.

Finalmente, las expectativas defraudadas con relación a la justicia social y a la democratización de nuestro sistema político son la causa del importante desgaste que ha sufrido el apoyo popular del gobierno. Al identificar esta causa, podemos entender por qué no hay un crecimiento orgánico de la derecha opositora, que circumstancialmente capitaliza en términos electorales el descontento con el gobierno. Está completamente claro que la MUD no tiene entre sus propósitos la superación de las enormes desigualdades que el chavismo no combatió. De esto se desprende que están servidas las condiciones para el surgimiento de una alternativa revolucionaria, basada en las luchas de los sectores populares y obreros que realizaron más de 4500 protestas este año por reivindicaciones sociales y económicas, para hacer consciente y organizar en un programa aquella agenda de justicia social y democracia que se expresó de manera no consciente durante El Caracazo y el 13 de Abril de 2002, y que sigue hoy vigente.