«Desfachatez de la Fiscal General sin precedentes»
La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar y miembro del Frente Popular Humanista, Pastora Medina, lamentó la criminalización de la protesta en palabras de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien el viernes advirtió que pedirá el enjuiciamiento de todas aquellas personas que alteren la paz y el orden público.
La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar y miembro del Frente Popular Humanista, Pastora Medina, lamentó la criminalización de la protesta en palabras de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, quien el viernes advirtió que pedirá el enjuiciamiento de todas aquellas personas que alteren la paz y el orden público.
Caracas, lunes, 31 de agosto de 2009 (Correo del Caroní. Foto Archivo).- La parlamentaria Pastora Medina manifestó su preocupación por las declaraciones desmedidas de la fiscal general de la República, y señaló que la funcionaria podría estar amparándose en las mayores atribuciones que le concede la reforma del Código Orgánico Procesal Penal a la Fiscalía.
De esta manera, se coloca fuera del estado de derecho “dejando desguarnecidos a los ciudadanos en un Gobierno que ha atacado a la sociedad”.
“La fiscal es cómplice de las violaciones al estado de derecho, pues se ha quedado silente”.
Con verbo encendido, la titular del Ministerio Público aseguró que “quienes alteren la tranquilidad y la paz pública para producir inestabilidad de las instituciones, desestabilizar el Gobierno, que atenten contra el sistema democrático, vamos a solicitarle su enjuiciamiento, incluso, no sólo de los autores materiales, sino también de los intelectuales”, expresó Ortega Díaz.
Asomó algunas penas y, en ese sentido, precisó que dichas conductas encajan perfectamente en el delito de rebelión civil, el cual de acuerdo con el artículo 143 del Código Penal, establece que serán castigados con prisión de 12 a 24 años, los que se alcen públicamente en actitud hostil, contra el Gobierno legítimamente constituido o elegido, para deponerlo o impedirle tomar posesión del mando.
Contradicciones
Una de las principales atribuciones de la fiscal general es salvaguardar el respeto a los derechos y garantías constitucionales, no obstante, la diputada considera que Ortega Díaz no defiende a la ciudadanía, sino a una ideología política.
“Ella no está defendiendo a la ciudadanía, porque en ese caso ella hubiese apoyado a las parturientas que fueron ruleteadas por diversos hospitales y perdieron a sus hijos. Ella no ha fijado ningún tipo de posición frente a la mala atención y la falta de insumos que, incluso, han originado la muerte de varias personas. Tampoco se pronunció por el despido injustificado de 18 personas de la AN, a pesar de que el Ministerio ordenó el reenganche; frente a los casos de corrupción no ha hecho nada… hay un silencio y ningún tipo de actuación, entonces pretender atemorizar al país es una desfachatez que no había visto en ningún funcionario”, expresó.
Medina llamó la atención sobre esta situación y pidió al pueblo y muy especialmente a los docentes a no sentirse amedrentados, pues asegura que el mensaje orientado a criminalizar las exigencias populares busca evitar las protestas en contra de la recién aprobada Ley Orgánica de Educación.
“Permitir esta actuación de la fiscal que actúa como una militante de partido sería una complicidad inconsciente”, señaló, al tiempo que agregó que “si nos levantamos todos, el Gobierno va a tener que revisar la aplicación de la Ley (…) debemos dar una batalla cívica y democrática en contra de esta Ley”.
Alzar la voz
La diputada a la AN informó que este martes realizarán una reunión con los sectores educativos en Caracas, para seguir discutiendo el contenido de la LOE y establecer estrategias al respecto.
Finalmente, llamó al pueblo de Guayana a manifestar su sentir y a apoyar a los trabajadores, pues el desempleo está creciendo debido al cierre de empresas y no hay estímulos para las pequeñas y medianas industrias, mientras “el Presidente le regala un millón de dólares al presidente de Uruguay para un hospital”.
Al pie de la letra
Vale recordar que las principales atribuciones del Ministerio Público de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela son:
– Garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República;
– Garantizar la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, el juicio previo y el debido proceso;
– Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios o funcionarias del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones, así como las demás atribuciones que establezcan la Constitución y la ley.