6 diciembre, 2024

(Vídeo) Diversas organizaciones rechazaron en sede del Cicpc persecución a Provea

Por Prensa PSL

Caracas, 20 de noviembre de 2024. Desde las primeras horas de la mañana un grupo de activistas de derechos humanos, dirigentes políticos y sociales, se hicieron presentes en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ubicada en la av. Urdaneta de Caracas, para solidarizarse con la organización de derechos humanos Provea.

Como se sabe, el pasado fin de semana el coordinador general de dicha organización, Oscar Murillo, recibió una citación por una investigación que estaría adelantando la delegación municipal del Cicpc de San Cristóbal, estado Táchira por la supuesta “comisión de un delito contemplado en la Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”.

Esta citación fue precedida de declaraciones intimidatorias contra Provea por parte del ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, en la emisión del 30 de octubre pasado, de su programa televisivo “Con el mazo dando”. Allí también se pronunció sobre la denuncia formulada por dicha organización de derechos humanos sobre el presunto asesinato del dirigente de la oposición patronal Edwin Santos.

Provea a través de un comunicado hizo saber que la citación del Cicpc presentaba una serie de irregularidades, y agregaba que: “carece de elementos formales que comprometen su validez conforme a lo previsto en la Constitución Nacional y la legislación vigente en el país”. No obstante, Murillo, quien también es periodista y profesor universitario, se presentó en el Cicpc, donde habría comparecido como «testigo».  

                         

Raúl Cubas, excoordinador de Provea y José Gregorio Afonso, presidente de la Apucv, ante los medios

Desde el Partido Socialismo y Libertad (PSL), repudiamos la persecución y el amedrentamiento contra Provea, que es una organización de defensa de los derechos humanos, que durante más de 3 décadas ha cumplido una labor encomiable, acompañando y defendiendo a trabajadores, trabajadoras, dirigentes populares, comunitarios y políticos, de distintos sectores y pertenencias ideológicas.

La criminalización a la que se quiere someter a Provea, en la persona de su coordinador general, busca amedrentar a todas las organizaciones de derechos humanos, intenta inhibirlas de investigar eventuales violaciones a los derechos humanos ejecutadas por organismos gubernamentales, y es parte de la represión desatada desde el pasado 28 de julio, luego que el gobierno consumara un escandaloso fraude electoral, seguido por masivas protestas populares en todo el país.

Para defender las libertades democráticas es fundamental desplegar la más amplia unidad de acción, y en tal sentido llamamos a todas las organizaciones políticas, sociales, populares a rechazar la criminalización contra Provea.

 

 

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