Divide y vencerás
El gobierno promovió la división sindical y ahora recoge los frutos: una desbordada violencia entre las corrientes que lo apoyan y el debilitamiento general de la clase trabajadora organizada. A pesar de las masivas protestas y de las concesiones a las demandas de los trabajadores, por ahora el Ejecutivo parece tener el control. El camino al socialismo todavía es largo
El gobierno promovió la división sindical y ahora recoge los frutos: una desbordada violencia entre las corrientes que lo apoyan y el debilitamiento general de la clase trabajadora organizada. A pesar de las masivas protestas y de las concesiones a las demandas de los trabajadores, por ahora el Ejecutivo parece tener el control. El camino al socialismo todavía es largo
I
El día que lo mataron, Luis Hernández debió tener un presentimiento. A un familiar cercano le dijo: “Si yo tengo que morir para que aquí se descubran muchas cosas, prefiero morir de pie que vivir de rodillas”.
El dirigente sindical aragüeño tenía 37 años. Los últimos diez los había dedicado a la lucha sindical: fundó el sindicato nacional de trabajadores de la Pepsi-Cola (Sintraempeco) y fue miembro del comité ejecutivo de la Unidad Socialista de Izquierda (USI), un partido regional creado por dirigentes de Unete-Aragua y vinculada a la corriente C-CURA (Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma) de Orlando Chirino.
Con la fundación del partido “empezaron los problemas de verdad”, afirma Emilio Bastidas, cuyo cargo formal es secretario de organización de Unete-Aragua. En la práctica, Bastidas es simplemente el jefe, porque de la dirección no queda casi nadie. “Éramos cinco”, dice. “Otro se asusto y se fue. Los tres que mataron, junto conmigo y otros dos más, habíamos hecho el partido”.
Luis Hernández fue candidato del USI a alcalde del municipio Zamora, cuya capital es Villa de Cura. Su contrincante principal en las elecciones del pasado 23 de noviembre fue Aldo Lovera, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hermano del dirigente sindical de la construcción Tomas Pérez, un ex-aliado de Hernández, calificado ahora por Bastidas como, “nuestro enemigo número uno en el mundo sindical”.
De acuerdo a la versión de los partidarios de Chirino, la candidatura de Lovera fue impuesta “por órdenes de arriba”, en contra de la voluntad de los chavistas de base. Y su victoria también habría sido la consecuencia de un fraude electoral. “Nosotros impugnamos los resultados”, recuerda Bastidas. “Esa misma noche, los partidarios de Lovera pasaron frente a la planta de Pepsi y dispararon al aire”.
II
Ya las pugnas sindicales habían cobrado al menos tres víctimas en Aragua. En 2006, Antonio Ramiro Ponce fue asesinado a tiros al bajarse de un autobús. Junto con él murió un taxista. El año siguiente le tocó a Luis Delgado. Un supuesto sicario brincó la pared de su casa y le dio dos tiros en la cabeza. El último en caer fue Edraás Vásquez. Todos eran dirigentes de la construcción. Y todos eran chavistas disidentes.
Sus compañeros no vacilan en acusar a sicarios contratados por sus rivales políticos del oficialismo “que ya no pueden ocultar que son agentes de la patronal y de funcionarios públicos que dirigen organismos dependientes del Estado”, de acuerdo con un comunicado que sacaron en respuesta a la muerte de Antonio Ramiro Ponce.
“El interés de ellos es enriquecerse”, dice Bastidas. “Llegan en camionetas burbuja, con tres camionetas más, llenas de guardaespaldas. Ya no les importa matar gente. Buscan la liquidación física del oponente”. Es una acusación rechazada enérgicamente por voceros del PSUV.
III
La historia de los sindicatos venezolanos en los últimos 30 años ha sido –como en tantas otras áreas de la vida nacional– de un deterioro casi constante. Las estadísticas varían según la fuente, pero de acuerdo con un estudio académico, en 1975 un tercio de la fuerza laboral estaba sindicalizado. Para 1995 ese porcentaje ya había caído a sólo 13.5%. A falta de cifras confiables, lo único cierto hoy es que la situación no ha mejorado, a pesar de que el número de sindicatos ha crecido.
La Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), dominada históricamente por Acción Democrática, sufrió un colapso parecido al que afectó al llamado “partido del pueblo”.
Aprovechando su victoria abrumadora en las elecciones presidenciales de 1998, Hugo Chávez se preparó para darle la estocada final. Pero su instrumento –un referéndum nacional sobre la renovación obligatoria de las cúpulas sindicales– no produjo el resultado que esperaba.
En medio de un abstencionismo altísimo, ganó el Sí, pero el chavismo emergió de la contienda como claro perdedor. Su candidato a secretario general de la CTV en las elecciones que siguieron –Aristóbulo Istúriz– recibió una paliza y el gobierno tardó años en formular un Plan B. Fue la participación de la CTV en los intentos de sacar a Chávez de la presidencia, entre 2001 y 2004, con la jefatura de Carlos Ortega, lo que le dio un segundo aire al sindicalismo chavista.
De esta experiencia surgió la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), como la confluencia de dos grandes tendencias que terminarían neutralizándose mutuamente. Una: la de una base sindical harta de las maniobras de una dirigencia aparentemente divorciada de la realidad de los trabajadores, y que veían en el chavismo una esperanza. La otra: de un puñado de dirigentes chavistas, de poca o nula representatividad, pero con fuertes vínculos con el poder político.
La Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-CURA) de tendencia trotskista y encabezada por Orlando Chirino del sector petrolero, insistía en la necesidad de un sindicalismo independiente del gobierno. Las demás corrientes peleaban entre sí sobre cuál era el más chavista. Pero todas colocaban las necesidades de “la revolución” por encima de las de la clase trabajadora. Como resultado, Unete no ha podido nunca elegir una dirección nacional.
La apuesta del gobierno parece estar hoy en día colocada en la nueva Central Socialista de Trabajadores (CST), en formación, cuyo dirigente más visible es el diputado de la Asamblea Nacional Oswaldo Vera. La CST surge de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT), una de las corrientes internas de Unete, y en ella cohabitan dos más: Autonomía Sindical (de Orlando Castillo, diputado de Patria Para Todos) y el Movimiento de Trabajadores Revolucionarios Alfredo Maneiro, de los dirigentes del PSUV Franklin Rondón y Francisco Torrealba.
Aparte de la CTV, Unete y la CST, todavía sobreviven varias centrales pequeñas: la CUTV, vinculada al Partido Comunista, y tres organizaciones de tendencia social-cristiana –Codesa, la CGT y ASI.
La C-CURA de Chirino continúa reivindicando la vigencia de la Unión Nacional de Trabajadores, junto a su adversaria acérrima Marcela Máspero, una ex-copeyana convertida en «socialista» radical, que lidera el Colectivo de Trabajadores en Revolución (CTR). Una escisión pro-chavista de C-CURA –Marea Socialista, de Stalin Pérez– también sigue militando en Unete.
IV
Si algo lograron los chavistas, a partir de la fundación de Unete en mayo de 2003, fue debilitar lo que quedaba de la CTV. En este lance fue apoyado por el gobierno, que promovió la formación de sindicatos paralelos y negaba sistemáticamente la representatividad de dirigentes del viejo sindicalismo. El costo ha sido un debilitamiento general de la clase trabajadora organizada, a pesar de que el número de sindicatos ha aumentado de 2.153 en 1999 a más de 5.000 actualmente.
De las 12 millones de personas que constituyen la fuerza laboral de Venezuela, aproximadamente la mitad labora en el sector informal. Un millón más –según cifras oficiales– están desempleados. Los restantes se dividen, en una proporción de más o menos tres a dos, entre el sector privado y el sector público, y es en este último que se concentra el grueso de lo que queda de la fuerza laboral sindicalizada. El colapso, en la década chavista, de la industria privada nacional (de 11.000 a 7.000 empresas aproximadamente) ha golpeado no sólo a los empresarios sino a la CTV, que hasta hace poco representaba a muchos de sus empleados. Y la fiebre nacionalizadora de Chávez ha engrosado las filas de los que trabajan para el Estado.
En 2007, un año excepcionalmente bueno para los contratos colectivos, solamente un poco más de un millón de trabajadores estaban cubiertos por éstos. Es un indicativo de la poca relevancia de los sindicatos para la vida de la mayoría de los trabajadores. Pero las cifras absolutas esconden una verdad potencialmente preocupante para el gobierno: los sindicatos están fuertes en algunas áreas críticas para la economía y la gobernabilidad –petróleo, industrias básicas, electricidad, educación, administración central.
El gobierno ha buscado marginar a los sindicatos identificados con la oposición y negociar con los que están de su lado. Las declaraciones del ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, quien dijo que sólo negociaría la convención colectiva petrolera con los trabajadores aliados del proceso, así lo evidencian. Pero el sindicalismo autónomo ha dado señales de que sigue con vida. Entre el 17 y el 18 de julio el Movimiento de Solidaridad Laboral, que reúne la corriente de Chirino con elementos de la CTV que buscan una renovación del movimiento de los trabajadores, celebraba su primera reunión nacional. No es una central –y a lo mejor no lo será nunca– pero representa un intento de respuesta a lo que un ex-dirigente de la CTV califica como “un panorama desolador”.
V
El 27 de noviembre de 2008, a la una de la tarde, Luis Hernández llamó a los “movilizadores” de Unete, para que acudieran con su gente a la planta de Alpina (una empresa láctea de capital colombiano), donde la policía había irrumpido para romper una huelga. Hernández había estado asesorando al sindicato de Alpina. “Les caímos a pedradas”, recuerda uno de ellos. La policía tuvo que replegarse.
Apareció el alcalde de Zamora, y tuvo lugar el último encuentro entre Hernández y Lovera. “Desde el lunes nos vemos en la calle con los trabajadores”, le habría dicho Hernández a su adversario. Era un día jueves, cuatro días después de las elecciones regionales.
Un dirigente sindical muy cercano a Luis Hernández, que prefiere el anonimato por temor a represalias, contó la secuencia de los eventos posteriores.
A eso de las 8:00 pm, Hernández recibió una llamada y salió a reunirse con Richard Gallardo y Carlos Requena, otros dos miembros de la dirección del partido. Gallardo, coordinador de Unete-Aragua, había sido candidato a diputado regional, y también fungía de asesor del sindicato de Alpina. Se encontraron en una licorería en Cagua llamada la “Poco a Poco”, y allí hablaron hasta las 10:00 pm, cuando el local se cerró. Una amiga, de nombre Flor Quintero, les esperaba en el carro.
“Ella es la única (sobreviviente) que vio todo”, dice la fuente. “Tenía sólo dos meses conociéndolos”.
Por alguna razón, decidieron seguir hasta La Encrucijada, en la entrada de la población de Cagua, quizá porque alguien los citó allí. Hernández había recibido varias llamadas a su celular de la misma persona. Según Bastidas, “nadie podía saber de antemano que iban a ir a La Encrucijada a comprar una cerveza”. Y sin embargo, se supo.
Mientras hablaban cerca del estacionamiento, con personas hasta ahora no identificadas, el asesino se bajó de una moto al otro lado del centro comercial. Después de un par de vueltas de reconocimiento (captadas por una cámara de seguridad), se acercó y, sin mediar palabra, les disparó a Hernández y Gallardo en la cabeza. Requena corrió, pero después de unos pasos fue alcanzado, y asesinado, de varios tiros.
Cuando la noticia llegó a la planta de Pepsi-Cola, los trabajadores la paralizaron en forma inmediata. El 3 de diciembre, día de la toma de posesión de Rafael Isea como gobernador de Aragua, la federación llamó a un paro general del estado, exigiendo el esclarecimiento de las muertes.
La reacción del gobierno tampoco se hizo esperar, aunque ningún representante del oficialismo se hizo presente en los funerales. “He mandado a investigar qué es lo que hace esa empresa (Alpina)”, anunció el Presidente Hugo Chávez. “Porque hay empresas que han llegado incluso en otras partes del mundo, y ahora quieren imponerlo aquí, a utilizar el sicariato para mandar a matar líderes obreros y líderes campesinos. ¡Nosotros no podemos permitir que en Venezuela se instale esa perversión!”
El ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, se apresuró a anunciar la captura del autor material, un trabajador de la Pepsi-Cola llamado Julio César Arguinzones, supuestamente identificado por Flor Quintero. Sin embargo, hay testimonios de media docena de compañeros de trabajo que dicen haberlo visto trabajando en la planta a la hora cuando ocurrió el triple asesinato.
El alcalde Lovera negó cualquier vínculo con el crimen. “Si tienen pruebas en mi contra, pues que las muestren”, dijo. “Ni mi hermano (Tomás Pérez) ni yo tenemos nada que esconder”.
Presionado por el paro, el gobernador acordó la formación de una comisión especial de investigación. Sus miembros incluían representantes del gobierno de Aragua y del ministerio de Trabajo, diputados regionales, dirigentes de Unete y familiares de las víctimas. La comisión se reunió sólo dos veces, sin llegar a ninguna conclusión. Después de la primera audiencia, el juicio fue suspendido por cinco meses.
Para Emilio Bastidas, no cabe la menor duda de que detrás del triple homicidio hay un móvil político. “Si los tres estuvieran vivos todavía” dice, “no tan solo serían de Aragua sino que estarían en la dirección nacional. Esa es la evaluación política que hicieron”.
Carrera de muerte
En 2008 murieron asesinados en Venezuela 19 activistas sindicales, según cifras compiladas por la organización de derechos humanos Provea. En los primeros cinco meses de este año, murieron 14 más. Sólo Colombia presenta un cuadro más dramático, y al ritmo que vamos, el país vecino pronto quedara atrás en esta carrera de muerte.
De hecho, hay quienes sostienen que la situación es aún peor. El dirigente de La Causa R, y ex-gobernador del estado Bolívar, Andrés Velásquez, afirma que sólo en Guayana en los últimos cuatro años los muertos suman 120. Y Pablo Castro, dirigente de la CTV, habla de 240 en todo el país.
“Las cifras son siempre polémicas”, dice el periodista Oscar Murillo, del Correo del Caroní, quien analiza el tema para Provea. Murillo dice que el sector de la construcción –sobre todo en Guayana– es un caso aparte. Los sindicatos se convirtieron en mafias, que pelean entre sí por el dominio sobre las obras, y que trafican no sólo puestos de empleo sino muchas veces drogas y armas también.
Los muertos, dice, “a veces son los guardaespaldas de los guardaespaldas del dirigente sindical”.
Para Marcela Máspero, que encabeza el oficialista Colectivo de Trabajadores en Revolución, estas mafias sindicales, “no tienen nada que ver con el sindicalismo revolucionario. Su raíz es el sindicalismo cabillero del adequismo, que se ha pervertido”. Pero reconoce que hay dirigentes identificados con el chavismo que buscan, “obtener privilegios a costa de la representación de los trabajadores”.
Pablo Castro, sin embargo, afirma que la violencia, “empieza con el discurso violento del Estado. Todo acto de violencia se justifica porque es una lucha contra el capitalismo”. Y vincula el crecimiento del sicariato con los intentos del gobierno de liquidar a la CTV. “Fueron colocando personas con antecedentes penales”, dice. “Con la impunidad, estas brigadas de choque se convirtieron en líderes sindicales”.
Justicia ausente
No ha habido ninguna investigación seria de esta ola de homicidios, y aunque a veces los autores materiales son identificados, no hay uno solo sentenciado. A veces el asesino termina siendo víctima también, o incluso linchado, como sucedió en Aragua en el 2006, después de la muerte de Antonio Ramiro Ponce. Pero la justicia formal brilla por su ausencia.
Para un abogado laboral, que prefirió el anonimato, el gobierno, “creó el monstruo y ahora no sabe controlarlo”. Sin embargo, cree que por primera vez hay intentos por poner fin a una situación anárquica que se le escapó de las manos. Y da un ejemplo.
“Hubo una planta donde el 85% de los trabajadores no querían una huelga. Pero gente de afuera, con algunos dirigentes armados, impidieron el paso de los trabajadores a la planta. Golpeaban a los trabajadores e iban a sus casas para amenazar a los que querían seguir trabajando”.
Al final, el Ministerio del Trabajo convocó a una mesa de negociación y puso límites a los lideres “sindicales”. La intención de estos, dice el abogado, era cobrarle a la empresa BsF 300.000 por cada uno como condición para levantar la huelga.
En la lógica del gobierno sin capitalismo tampoco hay necesidad de sindicatos. “Lo dijo claramente (el general Alberto) Müller cuando vino para acá”, recuerda José Jiménez, director laboral de Sidor. “En el mundo socialista no tienen cabida sindicatos, porque son mecanismos de lucha, y ¿cómo van a luchar los obreros consigo mismos?”
Jiménez es uno de los activistas sindicales de Puerto Ordaz que han sido detenidos y procesados penalmente por llevar a cabo protestas laborales. En su caso, la imputación es por “obstrucción de la vía pública”. Otros compañeros enfrentan cargos como, “secuestro de maquinaria”, “apropiación indebida” y “violación de una zona de seguridad de la nación”.
Para Marino Alvarado, coordinador general de Provea, desde 1999 hay una política anti-sindical. “Hay sindicatos que tienen diez años reclamando contratación colectiva, y eso incluye el sindicato del Ministerio del Trabajo”.
A mediados de julio, cinco dirigentes sindicales de la refinería de El Palito, en el estado Carabobo, fueron notificados de una orden judicial que les prohíbe llevar a cabo “reunión o manifestación alguna” dentro de la planta. “Nosotros creemos en el socialismo”, afirma Robert González, uno de los cinco, “pero sobre todo con libertad de pensamiento”.
Existe además la sospecha, ampliamente difundida, de que el gobierno está promoviendo el nuevo modelo de consejos obreros no para beneficiar a los trabajadores sino para controlarlos, minando las bases del sindicalismo tradicional.
“Más que consejos obreros” dice Jiménez, “lo que queremos es control obrero. Un consejo de obreros siempre va a estar bajo el control del patrón”.
Y en efecto, según los trabajadores de Sidor, el control gubernamental es un defecto de nacimiento de los consejos. “Aquellos que se identificaban con el proceso, los rojos-rojitos”, dice José Jiménez, “les llamaron y les dijeron: ‘Ustedes son los que van a dirigir la empresa’. Ahora, agrega, “hay un vacío de poder sindical”.
La naturaleza, es de recordar, no tolera un vacío. Y en todas partes –pero sobre todo en las industrias básicas y en Pdvsa– hay indicios de que los trabajadores están dejando atrás las consignas partidistas para forjar una nueva unidad en torno a sus propias reivindicaciones.
Los pronósticos son reservados. “Lo que yo no sé” dice Emilio Bastidas de Unete-Aragua, “es cuando esta vaina explote, qué va a pasar. Porque la gente está acumulando demasiada arrechera”.
