Dossier sobre detención arbitraria, torturas, y privación ilegítima de libertad contra Janeth Tangarife Cardona y Jaime López

i.) Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o
por la ley.

Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena
igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en
materia penal.

Artículo 11:

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y
en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías
necesarias para su defensa.

ii.) Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (ratificada por el Estado
Venezolano el 29 de julio de 1991):

Parte 1:

Artículo 1:

1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el
término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a
una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales,
con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una
confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche
que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras,
o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación,
cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un
funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones
públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.
No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean
consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes
o incidentales a éstas.

Artículo 2:

1. Todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas,
judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura
en todo territorio que esté bajo su jurisdicción.

Artículo 4:

1. Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura
constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se
aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de
cualquier persona que constituya complicidad o participación en la
tortura.

2. Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad.

Artículo 12:

Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura, las autoridades competentes procedan a una investigación
pronta e imparcial.

Artículo 13: Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido sometida a tortura en cualquier territorio bajo su
jurisdicción tenga derecho a presentar una queja y a que su caso sea
pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes. Se
tomarán medidas para asegurar que quien presente la queja y los
testigos estén protegidos contra malos tratos o intimidación como
consecuencia de la queja o del testimonio prestado.

Artículo 14:

1. Todo Estado Parte velará por que su legislación garantice a la
víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una
indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su
rehabilitación lo más completa posible. En caso de muerte de la
víctima como resultado de un acto de tortura, las personas a su cargo
tendrán derecho a indemnización.

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a cualquier
derecho de la víctima o de otra persona a indemnización que pueda
existir con arreglo a las leyes nacionales.

Artículo 15:

Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se
demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser
invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una
persona acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la
declaración.

iii.) Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (Ratificado por el Estado Venezolano el 10 de mayo de 1978)

Parte 2

Artículo 2:

1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban
en ejercicio de sus funciones oficiales;

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del
Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal
recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial;

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Parte 3

Artículo 7: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido
sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos.

Artículo 9

1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad
personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las
causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en
ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su
detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la
acusación formulada contra ella.

3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la
ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada
dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión
preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la
regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías
que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en
cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la
ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o
prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste
decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene
su libertad si la prisión fuera ilegal.

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación.

Artículo 10

1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en
circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento
distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas;

Artículo 14

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de
justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con
las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e
imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier
acusación de carácter penal formulada contra ella o para la
determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La
prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de
los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad
nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de
la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria
en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del
asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la
justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será
pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad
exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos
matrimoniales o a la tutela de menores.

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma
detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra
ella;

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.

iv.) Conjunto de Principios para la protección de
todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión

Principio 1

Toda persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será
tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al
ser humano.

Principio 2

El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en
estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o
personas autorizadas para ese fin.

Principio 3

No se restringirá o menoscabará ninguno de los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión
reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de leyes, convenciones,
reglamentos o costumbres so pretexto de que el presente Conjunto de
Principios no reconoce esos derechos o los reconoce en menor grado.

Principio 4

Toda forma de detención o prisión y todas las medidas que afectan a
los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de
detención o prisión deberán ser ordenadas por un juez u otra
autoridad, o quedar sujetas a la fiscalización efectiva de un juez u
otra autoridad.

Principio 6

Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna como
justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes.

Principio 7

1. Los Estados deberán prohibir por ley todo acto contrario a los
derechos y deberes que se enuncian en los presentes principios,
someter todos esos actos a las sanciones procedentes y realizar
investigaciones imparciales de las denuncias al respecto.

2. Los funcionarios que tengan razones para creer que se ha producido o está por producirse una violación del presente Conjunto de
Principios comunicarán la cuestión a sus superiores y, cuando sea
necesario, a las autoridades u órganos competentes que tengan
atribuciones fiscalizadoras o correctivas.

Principio 8

Las personas detenidas recibirán un trato apropiado a su condición de personas que no han sido condenadas. En consecuencia, siempre que sea
posible se las mantendrá separadas de las personas presas.

Principio 9

Las autoridades que arresten a una persona, la mantengan detenida o
investiguen el caso sólo podrán ejercer las atribuciones que les
confiera la ley, y el ejercicio de esas atribuciones estará sujeto a
recurso ante un juez u otra autoridad.

Principio 10

Toda persona arrestada será informada en el momento de su arresto de
la razón por la que se procede a él y notificada sin demora de la
acusación formulada contra ella.

Principio 11

1. Nadie será mantenido en detención sin tener la posibilidad real de ser oído sin demora por un juez u otra autoridad. La persona detenida
tendrá el derecho de defenderse por sí misma o ser asistida por un
abogado según prescriba la ley.

2. Toda persona detenida y su abogado, si lo tiene, recibirán una
comunicación inmediata y completa de la orden de detención, junto con
las razones en que se funde.

Principio 12

1. Se harán constar debidamente:

a) Las razones del arresto; b) La hora del arresto de la persona y la hora de su traslado al lugar de custodia, así como la hora de su
primera comparecencia ante el juez u otra autoridad; c) La identidad
de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que hayan
intervenido; d) Información precisa acerca del lugar de custodia.

2. La constancia de esas actuaciones será puesta en conocimiento de la persona detenida o de su abogado, si lo tiene, en la forma prescrita
por la ley.

Principio 13

Las autoridades responsables del arresto, detención o prisión de una
persona deberán suministrarle, en el momento del arresto y al comienzo
del período de detención o de prisión o poco después, información y
una explicación sobre sus derechos, así como sobre la manera de
ejercerlos.

Principio 21

1. Estará prohibido abusar de la situación de una persona detenida o
presa para obligarla a confesar o declarar contra sí misma o contra
cualquier otra persona.

2. Ninguna persona detenida será sometida, durante su interrogatorio, a violencia, amenazas o cualquier otro método de interrogación que menoscabe su capacidad de decisión o su juicio.

Principio 24

Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas personas recibirán
atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa atención
y ese tratamiento serán gratuitos.

Principio 26

Quedará debida constancia en registros del hecho de que una persona
detenida o presa ha sido sometida a un examen médico, del nombre del
médico y de los resultados de dicho examen. Se garantizará el acceso a
esos registros. Las modalidades a tal efecto serán conformes a las
normas pertinentes del derecho interno.

Principio 27

La inobservancia de los presentes principios en la obtención de las
pruebas se tendrá en cuenta al determinar la admisibilidad de tales
pruebas contra una persona detenida o presa.

Principio 32

1. La persona detenida o su abogado tendrá derecho a interponer en
cualquier momento una acción, con arreglo al derecho interno, ante un
juez u otra autoridad a fin de impugnar la legalidad de su detención
y, si ésta no fuese legal, obtener su inmediata liberación.

Principio 33

1. La persona detenida o presa o su abogado tendrá derecho a presentar a las autoridades encargadas de la administración del lugar de
detención y a las autoridades superiores y, de ser necesario, a las
autoridades competentes que tengan atribuciones fiscalizadoras o
correctivas una petición o un recurso por el trato de que haya sido
objeto, en particular en caso de tortura u otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes.

4. Toda petición o recurso serán examinados sin dilación y contestados sin demora injustificada. Si la petición o recurso fueren rechazados o hubiere un retraso excesivo, el recurrente tendrá derecho a presentar una petición o recurso ante un juez u otra autoridad. Ni las personas detenidas o presas ni los recurrentes sufrirán perjuicios por haber presentado una petición o recurso de conformidad con el párrafo 1 del presente principio.

Principio 36

1. Se presumirá la inocencia de toda persona sospechosa o acusada de
un delito y se la tratará como tal mientras no haya sido probada su
culpabilidad conforme al derecho en un juicio público en el que haya
gozado de todas las garantías necesarias para su defensa.

2. Sólo se procederá al arresto o detención de esa persona en espera
de la instrucción y el juicio cuando lo requieran las necesidades de
la administración de justicia por motivos y según condiciones y
procedimientos determinados por ley. Estará prohibido imponer a esa
persona restricciones que no estén estrictamente justificadas para los
fines de la detención o para evitar que se entorpezca el proceso de
instrucción o la administración de justicia, o para el mantenimiento
de la seguridad y el orden en el lugar de detención.

Principio 37

Toda persona detenida a causa de una infracción penal será llevada sin demora tras su detención ante un juez u otra autoridad determinada por
ley. Esa autoridad decidirá sin dilación si la detención es lícita y
necesaria. Nadie podrá ser mantenido en detención en espera de la
instrucción o el juicio salvo en virtud de orden escrita de dicha
autoridad. Toda persona detenida, al comparecer ante esa autoridad,
tendrá derecho a hacer una declaración acerca del trato que haya
recibido durante su detención.

Principio 38

La persona detenida a causa de una infracción penal tendrá derecho a
ser juzgada dentro de un plazo razonable o puesta en libertad en
espera de juicio.

Principio 39

Excepto en casos especiales indicados por ley, toda persona detenida a
causa de una infracción penal tendrá derecho, a menos que un juez u
otra autoridad decida lo contrario en interés de la administración de
justicia, a la libertad en espera de juicio con sujeción a las
condiciones que se impongan conforme a derecho. Esa autoridad
mantendrá en examen la necesidad de la detención.

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Como queda plenamente demostrado a lo largo de este escrito, Janeth
Cecilia Tangarife Cardona y Jaime Edgar López han sido víctimas de
múltiples violaciones en sus derechos fundamentales. Desde el momento
de su captura o secuestro, al parecer por parte de miembros del
CICPC venezolano, las torturas a las que fueron sometidos y la
prolongación indebida e injustificada de su privación de la libertad
negándoseles todo derecho al debido proceso y acceso a una justicia
pronta y cumplida por parte de las autoridades judiciales venezolanas.
Sólo unas pocas de las razones acá expuestas bastarían para que
cualquiera de los organismos internacionales encargados de la defensa,
promoción y protección de los derechos humanos, dictaminara esta
detención como una DETENCIÓN ARBITRARIA.

Y es a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos o al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria a
las que habrá que recurrir prontamente de mantenerse la reiterada
negación de los derechos de Janeth Cecilia y Jaime Edgar por parte de
las autoridades judiciales venezolanas.