Ecuador: Rivera reconoce error tras estar un año y nueve meses en prisión

NUEJA LOJA. Marcelo Rivera fue trasladado hace siete meses de la cárcel de Quito a este centro de reclusión de Sucumbíos.

El acceso a la cárcel de Sucumbíos –considerada de máxima seguridad– no es fácil. Ahí guarda prisión desde marzo el dirigente universitario Marcelo Rivera, quien podría permanecer en ese centro de reclusión hasta diciembre del 2012, luego de que se le negó la rebaja de su sentencia de tres años, por el delito de agresión terrorista.

Desde el centro de Lago Agrio hay que tomar un taxi para en quince minutos llegar al río Aguarico. Allí una gabarra se encarga de trasladar automóviles, motos, camiones y personas de una orilla a la otra.

Luego hay que recorrer unos diez minutos más hasta llegar a la flamante edificación del centro de detención donde para ingresar es necesario presentar documentos, someterse a un riguroso cacheo y hasta retirarse los cordones de los zapatos.

La celda de Rivera es de cuatro por cinco metros. Está en el pabellón de mínima seguridad, donde comparte con internos sentenciados por violación, tráfico de drogas y delitos contra la vida.

– “El único terrorista en esta prisión soy yo”–, dice riéndose. Pero cree que eso ha hecho que los demás internos le tengan consideración, “porque saben que soy un preso político”.

El 8 de diciembre del 2009, él y otros integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE) y estudiantes secundarios ingresaron violentamente a una reunión del Consejo Universitario de la Universidad Central de Quito, provocando destrozos en la infraestructura y agrediendo al rector Édgar Samaniego.

Dos años más tarde, Rivera reflexiona sobre los acontecimientos de ese día. “Aunque no fui yo quien agredió a Samaniego reconozco que mi error fue no impedir que las cosas se salgan de control, cuando pude hacerlo”.

Por esa acción fue detenido y juzgado por el cargo de agresión terrorista. El pasado 19 de septiembre, la Comisión Técnica para la Reducción de Penas, adscrita al Ministerio de Justicia, le negó la posibilidad de acogerse a una rebaja del 50% de su sentencia.

Esto pese a que el informe enviado a esa cartera de Estado por el director del Centro de Rehabilitación de Sucumbíos, Abdón Villarreal, señala que Rivera está apto para acogerse a ese beneficio y sugiere que se remita la respectiva boleta de libertad, aunque reconoce que la Comisión puede emitir “más ilustrado criterio” sobre la situación legal del detenido.

La negativa se justifica, según la Comisión Técnica, porque el delito de agresión terrorista está incurso en la prohibición del artículo 32 del Código de Ejecución de Penas que establece que los internos no tendrán este beneficio cuando hayan sido sentenciados por plagio, asesinato, delitos sexuales, trata de personas o por crímenes de genocidio, de lesa humanidad o guerra, de agresión, determinados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Para Marco Cadena, quien forma parte de la defensa de Rivera, todo esto respondería a un persecución política orquestada desde el Gobierno. “El Estatuto de Roma se refiere a la agresión de un Estado a otro, no a las agresiones de un individuo a otro. Tampoco habla de agresión terrorista, porque el término no está instituido en la Corte Penal Internacional”.

Mientras el tema jurídico se resuelve, Rivera que ahora viste pantalón jean azul y camiseta blanca, el uniforme que usan los internos de la cárcel de Sucumbíos, cuenta como anécdota las cadenas que ha emitido el Gobierno en las que se lo ve golpeando el parabrisas de un auto y luego cayendo a banderazos al exdiputado Oswaldo Flores (Prian) en el 2007. “Cuando se convocaron esas movilizaciones para apoyar la Asamblea Constituyente (el presidente) Correa las calificó como patrióticas. Pero cuando la protesta fue en su contra por la traición al proyecto inicial me convertí en el garrotero”.

En las paredes de la celda están pegadas las fotos del Che Guevara, Karl Marx y una con su madre en su cumpleaños 33 en la Cárcel Nº 2 de Quito antes de ser trasladado a Sucumbíos, y decenas de hojas con artículos escritos a mano. “Son los artículos del Código Civil, cuando me sentenciaron me inscribí para estudiar Derecho, porque aquí es necesario tener la mente ocupada, no hay otras alternativas de rehabilitación”.

En los siete meses que lleva en esa cárcel, el largo camino de acceso, lo han emprendido para visitarlo los que llama sus compañeros de lucha, políticos que prefiere guardar sus nombres, incluso desconocidos que se han solidarizado con él y otros que le han dicho que todo lo que le sucede se lo merece.

Su familia, especialmente su madre Norma Toro, también hace esfuerzos para llegar al menos una vez al mes, aunque la distancia y los problemas económicos dificultan cada vez más el traslado hasta la ciudad amazónica.

Asegura que en el año nueve meses en prisión (entre Quito y Lago Agrio) ha entendido que puede defender sus ideales sin acudir al garrote y no guarda rencor hacia nadie “ni siquiera contra el presidente con quien tengo un problema político y no personal ni familiar. Pero lastimosamente se han metido hasta con mi madre a quien le quitaron su puesto de conserje en la Universidad Central”.

La única explicación que encuentra para que le hayan negado la rebaja de pena, a pesar de que considera ha tenido una conducta ejemplar en prisión, es el temor del Gobierno a tenerlo en las calles organizando a los estudiantes.

Testimonio: Encarcelado