EEUU: Miles de personas resisten ley antiinmigrantes en Arizona

Miles de personas resisten en Arizona el nuevo intento “legal” de criminalizar inmigrantes
Los inmigrantes rechazan la medida aprobada por el Congreso estatal donde se multará hasta con seis meses de cárcel y dos mil 500 dólares a toda persona que no cuente con su documentación legal.

Una nueva embestida de los Estados Unidos para criminalizar y castigar (con carcel y multas) a lxs inmigrantes fue rechazada hoy por miles de personas que marcharon en repudio a la nueva Ley.

Así informaba Telesur de la Noticia

Miles de personas marcharon en Arizona contra polémica ley migratoria
Telesur. Los inmigrantes rechazan la medida aprobada por el Congreso estatal donde se multará hasta con seis meses de cárcel y dos mil 500 dólares a toda persona que no cuente con su documentación legal. Grupos sociales se dirigirán a los tribunales para exigir la anulación de la iniciativa y la intervención del presidente Obama.

Miles de personas marcharon pacíficamente este domingo en la ciudad de Phoenix, Arizona (suroeste de Estados Unidos), en protesta de nueva ley promulgada el pasado viernes, en la que por primera vez en la historia de este país se le dará a la Policía la oportunidad de detener y sancionar a cualquier inmigrante que se encuentre en situación ilegal en ese estado.

Los manifestantes con pancartas que decían «ayuda, no odio», «no somos criminales, somos estudiantes», rechazaron frente al capitolio estatal el decreto impulsado por la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, que estipula, multar hasta con dos mil 500 dólares, privar seis meses la libertad y hasta extraditar a su país de origen, a toda persona que se encuentre sin la documentación reglamentaria.

«Durante estos 90 días, yo y otros vamos a hacer actos de solidaridad. Por eso estamos aquí», dijo el congresista demócrata Luis Gutiérrez dirigiéndose en español a la multitud, en referencia al periodo de casi tres meses antes de que la ley entre en vigencia.

Por su parte, el líder de los derechos civiles, Al Sharpton, afirmó que es el deber moral del pueblo unirse en estas circunstancias.

«No se equivoquen. Esto no es una pelea de minorías (…) es una pelea por justicia y equidad para todos», indicó el respetado activista.

La medida es calificada como un «ataque racista» por la comunidad hispana.

La ley firmada por Brewer permite interrogar y detener a cualquiera que pueda parecer inmigrante indocumentado, aunque no sea sospechoso de ninguna actividad ilícita.

Sharpton señaló que los manifestantes se pondrán en contacto con personas de todas partes del país y recorrerán las calles de Arizona sin documentos de identidad y se entregarán a las autoridades para ser arrestados.

«Traeremos gente que caminará libre por Arizona al igual que lo hicieron otros en el sur profundo hace 50 años», puntualizó.

Esta es la primera vez que en Estados Unidos un estado aprueba una ley que le de autoridad a la Policía de someter a los inmigrantes por no poseer una documentación legal.

Defensores de los derechos civiles advirtieron que acudirán a los tribunales del estado para anular la iniciativa y solicitar la intervención del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Según la enviada especial de teleSUR, Andrea Arenas, este es un año electoral y debido a todos los problemas que han surgido, en el Congreso «la bancada demócrata está tratando de promulgar una nueva reforma migratoria, inclusive antes que la reforma energética, debido a que tienen que demostrar su apoyo a este grupo marginado para no perder su voto ante los republicanos».

Además de los grupos sociales, la Iglesia Católica también se pronunció a favor de los ilegales.

La Archidiócesis de México condenó que se prejuzgue «a cualquier indocumentado como criminal», además consideró que con esta forma de actuar «se violan las garantías individuales», «derechos humanos», la «buena fama» y la «dignidad» de los indocumentados, cualquiera que sea su nacionalidad.

«Considerar como delincuente a todo inmigrante o a todo sospechoso de ser indocumentado refleja una actitud de desprecio al ser humano», aseguró la archidiócesis, que encabeza el cardenal mexicano Norberto Rivera Carrera.

Para resguardar a los inmigrantes, la Iglesia pide a la diplomacia mexicana «hacer un trabajo más intenso y eficaz frente a la nación con la que compartimos más de tres mil kilómetros de frontera y con la que estamos asociados necesariamente tanto en lo comercial como en lo social y cultural».

El mensaje concluye con una condena expresa a las fuerzas políticas de México, que según la Archidiócesis, «se han vuelto piedra de tropiezo para nuestro desarrollo, complicando las iniciativas de modernización».

Actualmente, cerca de 460 mil inmigrantes viven de manera ilegal en el estado de Arizona, cuya desértica frontera con México se convirtió desde 1993 en el paso de mayor flujo de indocumentados, después de que Estados Unidos reforzara los controles en los también limítrofes estados de California, Texas y Nuevo México.

De esta manera reseñó la noticia ADITAL
Arizona criminaliza permanencia de inmigrantes indocumentados en el Estado

Adital –
En un plazo máximo de 90 días, entrará en vigencia en el estado de Arizona, en Estados Unidos, una ley que criminaliza la entrada y permanencia de inmigrantes indocumentados en el estado. El fin de semana estuvo marcado por manifestaciones contrarias a la aplicación de la ley, que se promulgó después de la muerte de un miembro de las fuerzas del orden del país, con sospechas de haber sido asesinado por inmigrantes.
La Ley SB 1070 se firmó el último viernes (23) y está causando pavor en los miles de inmigrantes sin documentos que viven en el estado de Arizona. La medida, tomada por la gobernadora Jan Brewer, está siendo vista como la más dura y represiva en contra de los extranjeros y es considerada por el poder público local como una medida de protección de los ciudadanos estadounidenses y de prevención contra la delincuencia.

Cuando sea implementada en el estado, la ley permitirá que la policía identifique y detenga a todos los inmigrantes que no presenten de inmediato su documentación.
En el caso que la policía sospeche y tenga «dudas razonables» de que alguien sea extranjero ilegal, éste podrá ir preso. En el caso que la policía no efectúe la detención, cualquier ciudadano de Arizona podrá solicitar la detención por permanencia ilegal en el estado. Los inmigrantes indocumentados detenidos podrán permanecer seis meses presos y pagar multa de 2.500 dólares.

Con la aplicación de la Ley, existe fuerte probabilidad de que la propia población de Arizona se vea afectada, ya que de los 6,5 millones de habitantes del estado, 1,9 millones, lo que equivale al 30% de la población, es de origen mexicano. De esta manera, la existencia de rasgos físicos extranjeros podrá «levantar sospechas» en la policía.

Al tener conocimiento de la Ley, el Presidente estadounidense Barack Obama la consideró «irresponsable» y garantizó que el Departamento de Justicia verificará si la legislación promulgada por la gobernadora de Arizona viola los derechos civiles. «El pueblo estadounidense merece una reforma integral y juiciosa», dijo Obama haciendo referencia a su promesa electoral de reformar la ley de inmigración.

Incluso con la postura de Obama, los defensores de la Ley están seguros de su validez y legalidad, ya que el Congreso de Arizona y la gobernadora del estado tienen el derecho de aprobar la legislación que juzguen necesaria para el estado.

Según estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional, viven actualmente en Estados Unidos cerca de 12 millones de personas sin documentos. De los cuales, 460 mil están en Arizona. Casi el 60% del total de inmigrantes que viven en Estados Unidos vienen de México, país fronterizo. Con la medida, la gobernadora Jan Brewer cree que disminuirá el flujo de entrada de drogas que llega por la frontera mexicana.

Defensores de los derechos de los inmigrantes, demócratas y todos aquellos que están en contra de la ley afirman que su creación y promulgación está vinculada a intereses políticos y apunta a atender a la demanda de republicanos conservadores para las próximas elecciones. Hasta inclusive el Senador John McCaine, ex-candidato a la presidencia que apoyaba la realización de una reforma migratoria integral está apoyando la SB 1070.

En una nota pública, el embajador de México en Washington, Arturo Sarukhán, lamentó la decisión de la gobernadora y afirmó que «México utilizará todos los recursos diplomáticos, políticos y económicos a su alcance en respuesta a la firma de la Ley».

El domingo (25), cientos de personas estuvieron reunidas frente al Capitolio de la ciudad de Phoenix, en Arizona, para rechazar la promulgación de la Ley. Nuevas manifestaciones, actos de repudio y acciones judiciales se realizarán para decir no a la implementación de la Ley SB 1070, considerada discriminatoria.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com