El chavismo y la reforma constitucional: ¿Profundización del autoritarismo o nueva formalidad democrática?

Por Manuel Malavé (militante del PSL)

18 de febrero de 2025. Son pocas las personas que pondrían en duda que Venezuela es hoy una dictadura. No está tan claro, sin embargo, cómo fue que este gobierno, ante quien hace veinte años se ovacionaban decenas de miles de militantes del PSUV y los demás partidos del Gran Polo Patriótico, degeneró en el gobierno más autoritario y corrupto de la región, solo equiparado por la Nicaragua de Daniel Ortega. Así, en su juramentación y durante la Memoria y Cuenta, Maduro anuncia la posibilidad de una reforma constitucional, ¿de qué se trata esto?

El chavismo ha sido una “democracia” muy particular: hoy hay miles de detenidos acusados por delitos políticos, muchos de ellos menores de edad, con comicios electorales desconocidos por la mayor parte de la comunidad internacional ante muy sólidas evidencias de fraudes electorales, y dos procesos constituyentes con la posibilidad anunciada de un tercero aún por detallarse, son rasgos que aproximarían al gobierno venezolano a ciertos regímenes aún hoy vigentes en Europa Central y del Este posteriores a la caída del bloque socialista, o a liderazgos políticos como el fujimorismo peruano.

Pero puesto que ya sabemos que la Venezuela de enero del 2025 no es una democracia, hacer una caracterización correcta del tipo de régimen político que hay en Venezuela exige preguntarse, ¿cuándo dejó Venezuela de ser una democracia burguesa? Ante esta pregunta se han planteado diversas soluciones, dos de las cuales son las que este artículo se propone refutar. La primera, vinculada a la oposición tradicional, haría de Venezuela una dictadura al estilo soviético, con las características que este tipo de regímenes tuvieron y algunas de las cuales aún tienen en los regímenes estalinistas que sobrevivieron a la disolución de la Unión Soviética. Esta caracterización depende políticamente de la idea de que el chavismo es una suerte de experimento leninista adaptado a las condiciones de la sociedad venezolana, y es en el leninismo donde supuestamente encontraríamos definidos los rasgos fundamentales del tipo de gobierno que hay en Venezuela.

La segunda caracterización, más propia de las izquierdas disidentes que buscan romper con el monopolio que ejerce el chavismo sobre la izquierda nacional, define la historia del chavismo por una relación de discontinuidad. Habría así dos chavismos: uno democrático, más próximo en apariencia al ideario político que supuestamente defendería Chávez, y uno autoritario y en ocasiones incluso neoliberal. Puede reconocerse en este diagnóstico un rasgo del chavismo disidente: el madurismo consistiría en una corrupción o desviación histórica de los liderazgos chavistas, que prescinde del hecho de que Maduro fue elegido por Chávez como su sucesor y muchos de los problemas que serían típicos de la Venezuela de Maduro se gestaron o son consecuencia de decisiones políticas tomadas durante los primeros gobiernos chavistas.

¿Fue el gobierno de Chávez genuinamente democrático?

Parece un poco extraño plantearse esta pregunta hoy día, transcurridos más de veinte años del proceso bolivariano y estando Venezuela en el estado en que está. Hay que plantearla, sin embargo, porque aunque responder afirmativamente la cuestión pueda incomodar a cierta oposición o negativamente a ciertas izquierdas, es problemático decir que Venezuela en el 2005 tenía las mismas características políticas que la Venezuela del 2023. Esta no parece una afirmación sujeta a controversia. En realidad, haber hecho diagnósticos errados sobre la Venezuela de Chávez podría haber contribuido a obstaculizar la correcta definición de una política que permitiera salir del chavismo. Esa pudiera ser una primera crítica que plantear a la caracterización que la oposición tradicional ha hecho del chavismo.

Hay que recordar las razones que posibilitaron la emergencia de los gobiernos nacional-populares latinoamericanos. Como es ampliamente sabido, la crisis latinoamericana de la deuda externa sumió a muchos de estos países en graves ciclos recesivos e inflacionarios, que en algunos casos degeneraron en hiperinflaciones. La solución a la crisis de los ochenta fueron los programas de ajuste macroeconómico impuestos por el FMI y el Banco Mundial en América Latina, que en la región tuvo desastrosas consecuencias. El resultado fue que, en los noventa, la calidad de vida de la mayor parte de la población de América Latina era inferior a la que tenían en los setenta.

Y esa crisis que el neoliberalismo no pudo resolver fue lo que favoreció el surgimiento de los gobiernos nacional-populares. Ya es mucho lo que se ha dicho en la literatura sociológica sobre la cuestión del populismo, y nadie estaría en desacuerdo con afirmar que Chávez fue un populista. Ahora, las expectativas que había con el ascenso de Chávez eran muchas: se trataba de una población que estaba harta de la corrupción y que aspiraba a una mejor calidad de vida. Ya ciñéndonos a los aspectos estrictamente concernientes a su democraticidad, se puede decir que sí, una de las razones por las que Chávez se ganó el respaldo de las izquierdas nacional e internacional fue porque con su gobierno se aspiraba a una profundización de los derechos de participación política, enunciada en el ya clásico llamado a una «democracia participativa y protagónica».

En la Constitución del 99 lo que se definía era una democracia con elementos mixtos, propios de democracias representativas y de democracias directas. Había varias novedades: se aspiraba a la descentralización del poder político con la proclamación del Estado federal, un objetivo nunca logrado ni siquiera durante los años de la democracia burguesa, la sustitución del parlamento bicameral por una sola Asamblea Nacional, la ampliación de los típicos tres poderes públicos de las democracias burguesas por cinco poderes públicos, y la incorporación de mecanismos como el referéndum, típicos de las democracias directas. También se elevaba a rango constitucional varias categorías de derechos humanos de segunda y tercera generación, como los derechos sociales, económicos, laborales, culturales y ambientales. Aunque también se debe destacar que se otorgaban privilegios muy particulares a los militares, un sector político que siempre fue muy favorecido por el chavismo.

Más adelante, con la reforma constitucional del 2007, se incorporaría al discurso chavista la idea de un Estado comunal, que supuestamente perseguiría el propósito de introducir mecanismos de autogobierno en zonas populares. Y aunque en la teoría pudiera parecer que estos avances serían positivos, en los hechos no fue así. Ciertamente es disparatado repetir el discurso de la oposición más polarizada por posiciones conservadoras sobre el “castro-comunismo”, por más que este discurso, probablemente por su simplicidad, tenga cierto calado en la población general, no se puede negar que hubo un deterioro en la institucionalidad democrática que fue en buena medida posibilitado por la nueva Constitución. Si bien los gobiernos de Chávez seguían permaneciendo dentro de los márgenes de una gobernabilidad democrática, durante sus administraciones hubo ciertos retrocesos que hay que recalcar.

El ejemplo más recordado será, cómo no, la decisión de no renovar la licencia para emitir programación de la televisora Radio Caracas Televisión. Esa solo fue la punta del iceberg. Una condición mínima para garantizar unos estándares de democraticidad en una democracia burguesa es que los poderes públicos sean independientes del Ejecutivo y sirvan de contrapeso a este: eso no ocurrió en el caso de Chávez. Durante la mayor parte de su gestión el parlamento fue controlado por el chavismo, el poder electoral fue controlado por el chavismo, el poder ciudadano nunca ha ejercido ningún rol real, y con el tiempo también se dio una progresiva judicialización de la política, mucho más comprobable con el ascenso de Maduro al poder. Aunque es bueno dejar en claro que el control de los distintos instrumentos del régimen se produjo en el marco de un apoyo popular masivo a Chávez, que se reflejó en reiterados triunfos en elecciones parlamentarias, regionales y locales.

Nada de eso, por sí solo, justificaría definir a Chávez como un dictador. Pero eso es justamente lo que se está tratando de defender aquí: los gobiernos de Chávez eran democráticos, pero no eran perfectamente democráticos. Durante la historia del chavismo se asiste a un proceso progresivo de descomposición institucional con índices cada vez más escandalosos de corrupción, con violaciones cada vez más obscenas y numerosas a los derechos humanos, con abusos de poder cada vez menos disimulados, y con un margen de libertades públicas cada vez más estrecho.

¿Cuándo comenzó Venezuela a ser una dictadura?

Si el chavismo no ha ejercido el poder de forma dictatorial durante toda su historia, ¿cuándo comenzó a hacerlo? Una respuesta que pudiera aventurarse es que lo hizo cuando perdió la capacidad de garantizar su permanencia mediante el ejercicio del sufragio. Esta es una respuesta que puede incomodar a cierta oposición, como se indicó antes. Las últimas elecciones que no fueron fraudulentas o completamente fraudulentas realizadas en Venezuela corresponden a las de diciembre del 2015, de las que el gobierno resultó perdedor frente a la MUD por amplio margen. Entonces, ¿qué pasa con los detenidos y asesinados durante las protestas del 2014? ¿El gobierno no actuó como una dictadura en aquel entonces? De más está decir que nadie debe ser detenido por defender ideas opuestas al partido de gobierno y que a ninguna persona detenida deben ser negados sus derechos fundamentales, incluidos el derecho al debido proceso y a no ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. El problema es que todos los gobiernos capitalistas son represivos en su naturaleza, no solo el venezolano. Las protestas en Chile en 2019 saldaron entre veinte y treinta fallecidos, por no hablar de los crímenes de los gobiernos uribistas. Las dictaduras no son los únicos gobiernos que hacen uso de la fuerza.

Lo que se ha dicho hasta ahora es que Venezuela no ha devenido en una dictadura porque haya pasado a ser dominada por un régimen de tipo soviético, como sostiene la derecha, pero tampoco hay un punto de corte perfectamente definible que permita diferenciar un pasado democrático de un presente dictatorial, como sostienen algunos chavismos disidentes. Es un error pensar que Venezuela empezó a ser una dictadura el 10 de enero, o el 28 de julio. Primero que nada, ya había elementos comprobables que permitían anticipar que los comicios del 28 de julio no serían limpios, como el incumplimiento de los acuerdos de Barbados. Asimismo, el gobierno ya llevaba desde comienzos del 2024 y fines del 2023 preparando leyes que buscaban confinar y perseguir a elementos de la sociedad civil, como partidos y ONG’s, como puede ejemplificarse con la detención de la activista por los derechos humanos Rocío San Miguel. Lo ocurrido el 28 de julio no es un hecho aislado sino que es parte de un ciclo de eventos que ya venían sucediéndose en la vida pública venezolana.

Aquí se propone lo siguiente: es con el decreto inconstitucional del estado de excepción en 2016, y con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que declaraba a la por aquel entonces de mayoría opositora Asamblea Nacional en desacato, que se establece el gobierno de Maduro como un gobierno de facto y se consolida por fin el chavismo como una dictadura.

La convocatoria del proceso constituyente del 2017 persiguió el objeto de establecer un órgano estatal fraudulento que usurpase las funciones legislativas de un parlamento controlado por la oposición tradicional. Con esta arremetida se sucedieron una serie de procesos electorales fraudulentos con los cuales el chavismo buscó establecer un control más férreo sobre sus bases y sobre la institucionalidad estatal. Lo ocurrido el 28 de julio no fue una anomalía, sino uno más de tantos fraudes.

¿Qué se avecina con los anuncios del gobierno?

El año 2025 ha tenido un comienzo accidentado para la política venezolana: con áreas urbanas militarizadas con el evidente propósito de intimidar a la población civil y desestimular la protesta a fin de impedir que la juramentación fraudulenta de Maduro se diera en condiciones de conflictividad social, con una sociedad desmovilizada y una crisis de dirección política provocada porque la oposición tradicional que tiene capacidad de movilización ha llamado a desmovilizar y el anuncio de diversos comicios electorales por venir, como las parlamentarias, regionales y la convocatoria a un nuevo proceso constituyente.

El anuncio de la reforma constitucional parece tener el propósito de sentar las bases que posibiliten la transición a una Venezuela todavía más autoritaria de la que ya tenemos. Esto podría implicar que las organizaciones políticas que adversan al chavismo, sea desde la derecha tradicional, la izquierda y el chavismo disidentes, pasen a la clandestinidad y que la población civil esté todavía más impedida de manifestar su descontento con el ajuste macroeconómico.

Es decir, se trata de sentar las bases de la institucionalidad política más propias de una dictadura, que puedan obstaculizar aún más la labor de ONG’s de derechos humanos, por poner un ejemplo de tantos, al ser fiscalizada su actividad como “discurso de odio” o un atentado contra “la seguridad nacional”, como ya se ha intentado hacer en años pasados en Venezuela o ya ha ocurrido en otros gobiernos autoritarios, también se trataría de ilegalizar a toda la oposición política de tal manera que solo permanezcan como actores políticos las organizaciones que legitiman la gobernabilidad chavista, como ocurre en la pseudo-oposición de la Asamblea Nacional del 2020.

Por otra parte, la convocatoria a parlamentarias y regionales puede implicar un cambio en la correlación de fuerzas, es decir, se trata de que se buscaría, por vías fraudulentas, arrebatar las alcaldías y gobernaciones que no fueron ocupadas por el chavismo en las fraudulentas regionales del 2019.

Dado que de nuevo se está produciendo el debate, en actores de la sociedad civil, sobre el rol que debe jugar la oposición en los comicios convocados por el gobierno, hay que recalcar: la salida no será ni electoral, ni armada. En la Venezuela de Chávez, los procesos electorales se daban en condiciones de desigualdad, porque había graves deficiencias en la independencia de los poderes públicos y porque el acceso a recursos era favorable al partido del gobierno. En la Venezuela de Maduro, la situación es mucho peor: ya no se trata de que las elecciones se den en condiciones de desigualdad, sino de que el gobierno se vale con total descaro del fraude para asegurar su permanencia en el poder. El gobierno no va a admitir poderes públicos independientes del ejecutivo ni ninguna influencia política de la oposición. Tampoco va a admitir la disidencia: se trata de eliminar por completo la opinión pública.

Tampoco es factible una salida armada. Históricamente no va a encontrarse ningún caso de intervenciones militares que hayan servido a propósitos humanitarios, siempre se han hecho en función a intereses geopolíticos y económicos. Empezando por casos como Israel o Afganistán, la comunidad internacional defiende los intereses de los gobiernos, no de los pueblos. La comunidad internacional miró con indiferencia el genocidio que perpetró Israel en Palestina. Es ingenuo creer que harán algo por Venezuela. Hay que mirar las cosas con sensatez y olvidar el relato conservador del “occidentalismo”: Ni Venezuela representa una amenaza para Occidente, ni Occidente defiende ningunos valores ni principios. El chavismo no es una variante criolla del socialismo soviético sino un capitalismo corporativista más cercano a los populismos clásicos del siglo XX. Aunque es posible, no es probable que ocurra un levantamiento militar, en ausencia de condiciones que propicien una división en el seno de las fuerzas armadas.

La salida solo puede ser popular. Un levantamiento popular tendrá menores costos sociales y materiales que una intervención militar, frente a lo que ciertos voceros de la derecha quieren dar a entender. Incluso en casos donde ha sido posible una transición negociada, la oposición clandestina ha jugado un papel al movilizar o promover la protesta social. El chavismo no es invencible y es posible salir de él si se organiza a las clases trabajadoras y populares con independencia de la oposición tradicional.