El Estado represor se resiste a morir

Los signos del Estado Represor no los vamos a buscar en ningún texto de filosofía o teoría política. Lo vamos a rescatar de la memoria histórica, no muy lejana, que cuidamos con mucho recelo porque es la de los/las oprimidos/as históricamente. Denunciamos tres casos que, aparentan no tener relación directa y parecen ser hechos aislados, pero mostramos algunas señales que los unen. Por cierto que, la denuncia la hacemos y la mantenemos porque creemos en el esfuerzo de transformación policial que viene avanzando el gobierno.

Desde los medios alternativos se ha informado y sentado posición sobre tres casos: Dos detenciones ilegales de militantes del Psuv, en uno de los casos con tortura por parte de la Disip y la criminalización absoluta del reclamo Yukpa

ALGUNAS SEÑALES:
Medios oficiales, entre el silencio y la criminalización de víctimas
Los medios alternativos tenemos la oportunidad de calibrar nuestro rol, frente al silencio en algunos casos y la abierta criminalización de las víctimas en otros.
2 minutos y 17 segundos fue lo que ofreció VTV el día miércoles 14 para hacer una somera reseña que reduce el complejo conflicto Yukpa a un vulgar pase de factura entre indios. Luego, hubo una intervención del Vice-Ministro de Ordenamiento Territorial del Ministerio del Ambiente, por supuesto, mucho más prolongado, para reforzar esta matriz y agregar otros elementos que bien podrían justificar la mayor represión que se haya visto en la zona.
Cero minutos es lo que ha ofrecido VTV a los casos denunciados sobre la detención ilegal, el 24 de septiembre, y torturas de Mairim Delgado en la Disip. Igual tratamiento ha recibido otra detención e incomunicación, por parte de la PM, de otro militante del Psuv desde el 22 de agosto.
Cero líneas ha dedicado el Correo del Orinoco a ambos casos y el 15 de octubre, día siguiente de la agudización del conflicto Yukpa en la Sierra de Perijá, hubo silencio absoluto. En RNV, muy tarde en la noche del 14 de octubre, hubo un breve contacto telefónico con Olegario Romero, cacique Yukpa con el objeto de limitar el complejo conflicto a una pelea entre familias. El Diario Vea decidió mirar para otro lado.
Mientras este es el tratamiento mediático, a Sabino Romero (cacique Yukpa que sigue esperando que la burocracia cumpla lo solicitado por el Presidente en el “Alo Presidente” el 28 de agosto de 2008, es decir, el pago de las bienechurías a los ganaderos de Perijá para iniciar una demarcación reconociendo los derechos ancestrales por encima de los negocios adeco-copeyanos que le dieron origen a la titularidad burguesa) es secuestrado por la GN y el Ejército en el Hospital de Machiques y le levantan cargos por un asesinato. (http://www.medioscomunitarios.org)
En los medios digitales oficiales, el 15 de octubre, no solo no existe este hecho sino que se exalta el papel de la GN en el Plan Caracas Segura. ¿Será que la GN que opera en Machiques es otra? En paralelo, se reseña en todos los medios que la Fiscalía, después de 27 años, exhumará los cadáveres de la masacre de Cantaura (orquestada por el Estado Terrorista Puntofijista, y muy específicamente por la Disip)
Respecto a los casos de las detenciones ilegales de la PM y Disip, y el caso de tortura en este último, no existen tampoco en los medios digitales oficiales, mientras que en aporrea.org pasan las 12 mil las visitas, múltiples opiniones se han generado y hay un debate abierto en el foro de esa misma página. Algo similar ocurre en el portal digital de Anmcla.
Defensoría indefensa y Fiscalía ausente
Los casos de la gente que no es estridente y que por su compromiso revolucionario se encuentra ante el dilema de la justa denuncia o el silencio cómplice, también ofrecen señales que manifiestan el gran poder que tiene aun el modelo represivo (policías y GN, principalmente) sobre poderes del Estado, incluso los inaugurados con nuestra Constitución Bolivariana. Defensores/as del Pueblo que son acompañados por torturadores/as para que la víctima permita hacerse un examen médico forense que debía revelar marcas de torturas. Defensores públicos que son convocados después de que el detenido tiene cinco días incomunicado. Un fiscal que no pude entrevistar a la víctima, sino al tercer intento. O una fiscalía ausente durante el interrogatorio de un herido dentro de un hospital, mientras la victima es criminalizada por los medios de comunicación.
Otro signo de la debilidad de estas instancias del Estado se pone de manifiesto con las históricas relaciones de poder que en las regiones se configuran alrededor del poder económico. El caso emblemático se observa en Perijá, donde Fiscalía, Defensoría, Tribunales, CICPC y GN resultan bastante cómodos para los ganaderos. Algo muy similar ocurre en los estados donde nuestros campesinos/as son perseguidos, detenidos, criminalizados y asesinados por recuperar tierras.

Mientras se inician políticas públicas como La Defensoría en la Calle mediante su vinculación con los Consejos Comunales o la Reforma Policial, vemos que continúan intactas prácticas de los cuerpos policiales violatorias de los procedimientos que –presumimos- deben aplicarse en casos como los que se relatan más abajo. El desconocimiento de estos procedimientos son, a su vez, signos indiscutibles de otra violación y es la de los derechos.

Resumen de la información y la opinión.

Militante del Psuv detenida y torturada por la Disip ratifica su denuncia
Comisión de DDHH de la AN y del Buró del Psuv Ccs. investigan el caso
Periódico Proceso/Periódico Epa Parroquia/Aporrea.org

Mairim Delgado de 29 años, militante activa del PSUV y estudiante de Educación en la UCV, detenida ilegalmente por la DISIP el pasado 24 de septiembre y trasladada al INOF el viernes 9, ratifica la denuncia de su detención y tortura porque confía en la voluntad política del gobierno revolucionario para avanzar con paso firme en la transformación de los cuerpos policiales para enterrar el modelo puntofijista.

Mairim fue detenida junto a su novio y dos personas más, alrededor de las 4pm del 24 de septiembre, en la Av. Presidente Medina (o Av. Victoria). Después de una agresión con armas de fuego por parte del cuerpo policial, quienes llegaron en una camioneta doble cabina color gris oscuro, sin identificación y sin uniformes, fueron señalados/a por una funcionaria de ese cuerpo como presuntos/a autores/a de un robo que habría sufrido la agente de policía, entre las 12m y 1pm, como aseguran testigos que se encontraban en el sitio. El viernes, fueron trasladados/a al INOF (Los Teques) y La Planta, después de 16 días recibiendo tortura física y psicológica.
Los innumerables signos de irregularidades alrededor del caso, convocaron a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional. En conversación con el Diputado Reinaldo García, Presidente de la Comisión, se nos informa que el día miércoles 07 el parlamentario visitó a las víctimas en la sede del cuerpo policial en el Helicoide, acompañado por médicos forenses. En dicha visita se practicó un examen forense que según nos dicen dio resultados que corroboran la denuncia de torturas. En la visita, la comisión confirmó que los demás detenidos también presentaron maltratos e –incluso- testimoniaron que mientras eran golpeados los funcionarios les gritaban “¡Malditos Chavistas!”

Exámenes forenses y declaraciones
Los familiares destacan que, desde su detención el 24 de septiembre, le fueron aplicadas las torturas. No se le practicaron los exámenes médico forenses (a pesar de la solicitud de la jueza del tribunal 35), hasta el 02 de octubre, mediante un muy somero examen hecho en la medicatura. Período de tiempo en el cual estuvo en total incomunicación. El 05 de octubre, la Fiscalía asignó a Enrique Arrieta, a quién la DISIP le negó el acceso a la víctima en dos oportunidades, siendo el miércoles 07 y en compañía del diputado García, cuando por fin pueden tomarle declaraciones a las víctimas. Conversan con ella a solas y se le practica, por primera vez, en serio, el examen forense para verificar su situación.
Destacamos “a solas” dado que, el lunes 28, dos funcionarios de la Defensoría del Pueblo se apersonaron y llegaron a tomarle declaraciones a Mairim Delgado. Esta no ofreció declaraciones dado que los/as funcionarios/as de la Defensoría estaban acompañados/as de dos de los/as torturadores (un hombre y una mujer).

Según información disponible por los familiares, el examen médico forense efectuado el 07 de octubre arrojó que Mairim Delgado mostraba restos de daños producidos por golpes en la región lumbar, piernas, muslos, mejilla izquierda. El examen verificó que fue brutalmente violentada por la introducción de un objeto rígido en sus genitales y que, para la fecha, había sospecha de embarazo porque presentaba vómitos, mareos y retraso de la menstruación. Razones por las cuales el médico forense sugirió una serie de exámenes
Nota: Los medios alternativos que venimos acompañando la denuncia tenemos prueba irrefutable de lo aquí expresado.

Torturas:
Los testimonios replicados por su hermana, la camarada Isnaru Salcedo, dejan ver el terror a la que ha sido sometida la compañera Mairim y los demás. “Cuando ella llegó a la Disip siempre insistió que es inocente, estudiante, madre de familia, trabajadora, integrante de una cooperativa. Al decir eso, uno de los funcionarios le gritó: ¡Maldita Chavista! y con un palo le dio por la espalda. Maltrato le fue proporcionado repetidas veces, entre varias funcionarias. La esposaron con las manos hacia delante, la acostaron en una camilla e intentaron introducirle objetos por los genitales. Luego la desnudaron y la metieron en el baño. Ante los gritos de inocencia, entró un funcionario hombre y comenzó a darle fuertes golpes en los oídos, ese mismo es el que le daba los palazos en la espalda. También le pusieron bolsas amarradas a la altura de la nariz. Ella es asmática y esto la desesperaba. También le decían que su novio y el otro acompañante habían sido asesinados, no siendo cierto. Además, hubo simulacros de fusilamiento”. Uno de los hombres fue herido de bala el 24 de septiembre y llevado al hospital de Lídice. Ese mismo día salió del hospital y fue llevado al Helicoide.

Preguntas hacia quienes niegan la existencia de torturas:
La hermana de Mairim se pregunta: ¿Por qué no le hicieron un examen médico forense al día siguiente que la meten en la Disip?, si no hubo torturas ¿por qué el primer examen que le hacen no fue exhaustivo?, si no hubo torturas ¿por qué, ante la llamada de Jorge Rodríguez, el Director de la Disip no pide que envíen a un forense para examinarla?, ¿por qué se le negó la entrada a los fiscales en varias oportunidades?, ¿por qué la incomunicaron?
La mamá de Mairim recuerda que la primera vez que fue a la Defensoría, en Atención al Ciudadano le expresan que no les es fácil acceder a la Disip.

Militante del Psuv preso por la misma causa de un opositor liberado
Periódico Proceso / Periódico Epa Parroquia / ANMCLA
13/10/2009

América Mercedes Toro Palacios, hermana de Pablo Emilio Palacios, obrero de 47 años, militante del Psuv en Antímano, detenido desde el 22 de agosto por la PM, nos ofreció hoy su testimonio. Su hermano fue detenido, después de participar en una concentración en apoyo a la LOE por ser confundido con militante de la oposición en una situación algo confusa. Estuvo incomunicado durante cinco días en la PM, y una jueza y una fiscal unen su causa a la de Richad Blanco y Julio Rivas.

Primero se enteraron unas tías que viven en el interior, cuando el 22 de agosto vieron por televisión al Ministro del Poder Popular de Interior y Justicia, informando la detención de Pablo portando un morral con manoplas, cabillas con puntas y piedras.

“Mi hermano, después de abandonar la concentración el 22 de agosto en apoyo a la LOE, se va a Sabana Grande a comer algo. En la Estación del Metro de Colegio de Ingenieros detienen el servicio y los usuarios deben salir. Al salir, se percata que había muchos policías, dado que ese mismo día hubo una marcha de la oposición, cuyo destino final era justamente a la altura de la CANTV. Al salir del metro, se da cuenta que el Ministro de Interior y Justicia estaba dando declaraciones a la prensa, Pablo Emilio se acercó y un funcionario de la PM le preguntó si era periodista y qué era lo que tenía en el morral. Llevaba una filmadora regalada por mí, un par de mancuernas que eran de su hijo y unos largavistas que acostumbra llevar a las marchas. El policía le dice que quedaba detenido y se lo llevaron para Cotiza, allí le devolvieron su morral donde apareció un bombillo lleno de pintura rosada y un policía con uniforme manchado de esa pintura”.

“En el acta de detención los PM declaran que no fueron agredidos por mi hermano”
Fue detenido el 22 y estuvo incomunicado hasta el 27, cuando pudo comunicarse con sus familiares. El domingo 23 lo pasaron a la Zona 7 en Boleita y el lunes 24 lo presentan ante el Tribunal 37 de Control. Los familiares decidieron contratar un defensor privado quien informa que Pablo Emilio fue acusado de incitación a la guerra civil y resistencia a la autoridad.

Los Consejos Comunales de la zona deciden movilizarse solidariamente. Nos cuenta América Toro que “fueron al Ministerio del Poder Popular del Interior y Justicia con una carta al Ministro, luego la llevaron a Miraflores, a VTV y al diario VEA. Nunca hubo una publicación. Pero si lo hicieron Ultimas Noticias y El Nacional, que presentaron la noticia varias veces y en cada reportaje ponían algo distinto. El 31/08 fuimos a la sede del Psuv en Mariperez, donde nos atendió el Comisario Juan Simosa, quien se comprometió en pasar el caso al cuerpo de abogados revolucionarios. Lo cierto es que cuando por fin le ponen una defensora pública, ella se comunica con Julio Lattan (quien creo lidera ese grupo de abogados revolucionarios) y le dice que él nunca había sido informado sobre el caso”.

“Desde el inicio, me dirigí a la Defensoría del Pueblo, no pasé de Atención al Ciudadano, donde me dijeron que era un caso algo difícil y que era mejor que esperáramos un tiempo prudencial (45 días). Yo les preguntaba qué podían hacer para que el hijo de mi hermano no siguiera siendo afectado por lo que salía en prensa y me dijeron que fuera a la LOPNA.” Después de un tiempo, le adjudicaron una defensora pública, cuyo nombre es Ana Virginia Guerra”.

Un militante del Psuv preso por la misma causa de un opositor liberado.
“A la semana siguiente de detención de mi hermano, detienen a Richard Blanco y luego de Julio Rivas. Las tres causas fueron unidas por la jueza suplente Leydi Azuaje. Luego llegó el juez titular, quien no se pronunció y fue recusado por los abogados de Richard Blanco. Como los tres casos son presentados unidos, tienen el mismo Juez y el mismo Fiscal. Mi hermano es imputado por resistencia a la autoridad “Al ser liberado Julio Rivas, se esperaba que liberaran a mi hermano, pero no ha sido así. Hay que separar las causas y eso es lo que intenta la defensora pública”.

“Mi hermano no ha sido torturado, los alimentos y el agua se lo llevamos nosotros. El se encuentra junto a presos comunes y no lo han pasado a La Planta porque dicen que allá no hay espacio”.

Este militante, no sólo ha estado preocupado por su situación y la de su hijo, también le preocupa que su caso caiga en manos de los medios de la oposición y le haga daño a la revolución. La pasada semana el delegado de Antímano se entera e inicia múltiples contactos que son reconocidos por la Sra. América.

Resumen de algunas opiniones:

La peor opinión es el silencio.
Hernán Cano (12/10/09 – http://www.aporrea.org/ddhh/a88261.html)
El Gobierno Nacional viene realizando un importante esfuerzo para cambiar esta situación, a través de una Reforma Policial orientada a la prevención integral del delito, ajustada a la Constitución Bolivariana de Venezuela, con programas educativos multidisciplinarios para la formación de las funcionarias y los funcionarios. La misma, parte de reconocer la necesidad de transformar -ahí el desafío- una policía que sirvió para aplicar el Terrorismo de Estado a una policía para la democracia, para el socialismo.
Entonces, ¿ganamos algo con mantener silencio ante la existencia misma de estas prácticas aberrantes? ¿No estamos convalidándolas si callamos? ¿Por qué no tomamos la iniciativa?
No podemos quedarnos callados; no, es muy grave.
No le hacemos el juego a la derecha si lo denunciamos. La derecha se legitima si no hay cambios.

Los métodos de tortura como parte de los abusos policiales
Patricia Parra (14/10/09 – http://www.aporrea.org/ddhh/a88327.html)
Esta situación nos demuestra que lamentablemente los cuerpos policiales en nuestro país siguen funcionando como una instancia de resolución de los problemas personales de sus funcionarios. ¿Si la funcionaria de la DISIP fue víctima de un robo, por qué no colocó la denuncia respectiva?, ¿Por qué sus compañeros de armas salieron a realizar un operativo de búsqueda de posibles responsables sin una orden de la Fiscalía y además sin portar ningún tipo de identificación que los acreditara como funcionarios policiales?, ¿Por qué ninguno de estos funcionarios acusados por Mairim de haberle propinado torturas físicas y psicológicas no están siendo investigados y como víctima tenga que seguir viendo a sus verdugos totalmente impunes?
Evidentemente, estas son cuestiones a las que tienen que responder las autoridades. Debe iniciarse una investigación penal en contra de estos funcionarios de la DISIP acusados de someter a torturas a Mairim Delgado; no puede ser que este tipo de acontecimientos sigan dándose en un país que ha iniciado un proceso político de lucha por su emancipación.

La militancia revolucionaria del 23 de Enero en solidaridad activa con Mairin Delgado
Asambleas de militantes de base del PSUV del 23 de Enero (14/10/2009 http://mareasocialista.com/pueblo-414.html)
Convencidos estamos que, desde la alborada misma de la humanidad, jamás los seres humanos han sido iguales, la ley del más fuerte ha sido tan universal como intemporal. En tal sentido, dentro del contexto de las tres R, se hace necesario meterle el ojo a los cuerpos policiales, porque para nadie es un secreto, que contamos con la misma policía de la IV República, tanto en sus procedimientos como métodos y por tanto, actúan según los principios y estructura del sistema inquisitivo, haciendo que nuestra constitución se convierta peligrosamente en letra muerta, de allí que sea necesario e impostergable, asumir el reto de transformar profundamente los cuerpos policiales y es ahora porque mañana es tarde. Lo que está en juego es el proceso revolucionario y su credibilidad ante el mundo tanto nacional como internacional.

Organizaciones sociales solidarias con los Yukpas denuncian recrudecimiento del conflicto en la Sierra de Perijá
(Tomado de www.medioscomunitarios.org y resumido por Proceso)

«No es una “simple pelea entre indios”, como se pretende presentar mediáticamente, el hecho ocurrido este 13 de Octubre de 2009 entre las comunidades indígenas Yukpa de Shaktapa y Guamo Pamocha (ubicadas en la Cuenca del Río Yaza, Sierra de Perijá, estado Zulia) ambas aliadas en la lucha por su territorio ancestral, ha sido el resultado histórico del atropello, desplazamiento forzado y despojo de tierras a la que ha sido sometido el Pueblo Yukpa por ganaderos e intereses mineros en la zona y el manejo irresponsable actual del conflicto existente en la zona por parte de los funcionarios y funcionarias con competencias en materia de ambiente, tierra y pueblos indígenas, situación que dio lugar a otro 12 de Octubre sin entrega de los títulos colectivos para las comunidades que están en pie de lucha desde el 2008 y a su vez detonó componendas por parte de hacendados y parceleros contra los indígenas.

Las organizaciones sociales abajo firmantes hacen del conocimiento de la comunidad nacional e internacional que el enfrentamiento ocurrido aproximadamente a las 7:00 p.m. del 13 de Octubre de 2009 tuvo como resultado dos (2) muertes y tres (3) personas heridas, entre ellas una niña. Entre los muertos se cuenta a Hevert García, hijo de Antonio García, Cacique de Río Yaza y esposo de Guillermina Romero, hija del Cacique de la comunidad de Shaktapa Sabino Romero Izarra y una joven Yukpa embarazada que se encontraba de visita en la comunidad de Guamo Pamocha cuyo nombre se desconoce. También resultaron heridos la niña Marylis Romero, de 11 años de edad, hija del cacique Romero; Edinson Romero, sobrino del Cacique Romero, quién recibió un disparo en la pierna, y el propio Cacique Sabino Romero Izarra quién se encuentra gravemente herido con dos tiros, uno en cada brazo.

Un clima de tensión que tiene responsables
Este lamentable saldo ha sido el resultado del clima de tensión que se vive entre las comunidades Yukpa como consecuencia de múltiples factores, entre los que destacan la instigación por parte de hacendados organizados en GADEMA, en coordinación con el autodenominado Frente Campesino Revolucionario Wayuu que reúne a parceleros que han manifestado su intención de tomar posesión sobre las tierras de la sierra por propia mano. Otro factor que destaca es la acción de los funcionarios y funcionarias del gobierno nacional que se han encargado de fragmentar a las comunidades mediante el manejo clientelar de los programas de vivienda, compra de camiones, y otorgamiento de créditos para los Consejos Comunales que son parte del “Plan Yukpa”, con la finalidad de lograr su apoyo incondicional para la firma de unas propuestas de demarcación que van acompañadas de los “Acuerdos de Convivencia con Terceros”, documentos que constituyen una manera de mantener la presencia y privilegios de hacendados y parceleros condenando a los indígenas a la exclusión. Tampoco se ha cumplido con la consulta previa e informada de los informes técnicos de demarcación, procedimiento fundamental exigido por la normativa vigente generando un clima de tensión que propicia la violencia y la presencia de mercenarios y sicarios.

En contra de la criminalización
Rechazamos la criminalización con la cual se pretende estigmatizar al Cacique Sabino Romero Izarra que se ha negado a transar sus derechos territoriales, en representación de su comunidad, manteniendo con firmeza sus demandas, asunto por el cual algunas autoridades consideran al Cacique Sabino el obstáculo fundamental para el proceso de demarcación y ha sido objeto de una campaña de desprestigio que lo trata de involucrar en el robo de ganado sin que existan pruebas de convicción en ese sentido. Esa matriz de opinión busca forzar un enfrentamiento entre los mismos indígenas y con los ganaderos de Machiques.

El Estado tiene la responsabilidad indelegable de saldar efectivamente la deuda histórica con los pueblos indígenas, para lo cual debe brindar todos los tipos de protección (legal, territorial, ambiental, personal, sanitaria, alimentaria) a que está obligado por la Constitución y las leyes vigentes, a través de procedimientos administrativos expeditos y consensuados. El Estado debe abstenerse de realizar actos o permitir (aquiescencia) que terceros atenten contra la vida y derechos de los pueblos indígenas, especialmente hacendados y parceleros, que ponen en riesgo la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes territoriales indígenas.

Periódico Proceso