El Estado venezolano nuevamente arremete contra la familia Barrios

Inmediatamente después de que se conoce la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de los derechos Humanos contra el Estado venezolano en el caso del exterminio de la familia Barrios en el estado Aragua, es violentada la casa de la señora Eloisa Barrios quien ha llevado con valentía una lucha de años para lograr justicia a nivel nacional e internacional, un nuevo atentado ha sido cometido por funcionarios del CICPC seccional Cagua, quienes según información aportada cumplían órdenes estrictas del director nacional de ese organismo policial.

Inmediatamente después de que se conoce la sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de los derechos Humanos contra el Estado venezolano en el caso del exterminio de la familia Barrios en el estado Aragua, es violentada la casa de la señora Eloisa Barrios quien ha llevado con valentía una lucha de años para lograr justicia a nivel nacional e internacional, un nuevo atentado ha sido cometido por funcionarios del CICPC seccional Cagua, quienes según información aportada cumplían órdenes estrictas del director nacional de ese organismo policial.

El viernes 16 del mes en curso, Víctor Daniel, hijo de la señora Eloisa Barrios se encontraba a las 10 de la mañana en la casa de su madre cortando cabellos a jovenes de la comunidad como actividad lucrativa que genera parte de los ingresos familiares, en esa ocasión,se presentaron tres funcionarios quienes con actitud agresiva y hostil ingresaron a la vivienda y procedieron a detener a Víctor Daniel y a la señora Eloisa la amenazaron con llevarsela detenida si ponía resistencia y obstaculizaba el procedimiento policial.

Es de hacer notar que el procedimiento policial como de costumbre estuvo plagado de vicios procedimentales, ya que los funcionarios no presentaron orden de allanamiento ni orden de aprehensión emitida por un tribunal de control, por el contrario, ingresaron a la vivienda con pistola en manos amenazando a todos los presentes y sin la autorización de su propietaria.

En esa ocasión, los funcionarios policiales no encontraron droga dentro de la vivienda de la señora Eloisa Barrios y ninguno de los vecinos presentes en el lugar vieron que a Víctor Daniel le hayan encontraran droga dentro de su ropa, por esa razón queda evidencia que a este ciudadano le sembraron siete gramos de cocaina con la presunta complicidad del ministerio público

El mismo día a la una de la tarde la hermana de Víctor llegó hasta la sede del cuerpo de investigaciones, seccional Cagua donde le informaron que su hermano saldría en libertad en la tarde del mismo día, ya que se trataba de una equivocación. Víctor no fue dejado en libertad y al dia siguiente a las 9 de la mañana fue trasladado hasta la sede del palacio de justicia donde fue presentado ante el tribunal octavo de control, el cual por solicitud del fiscal 19 con competencia en materia de droga del estado Aragua fue privado de libertad por el delito de trafico de estupefaciente y enviado al internado judicial de Tocorón donde permanece privado de su libertad

Víctor Daniel una vez más fue torturado para que se confesara culpable y propietario de la supuesta droga, aunque se negó a admitir la tenencia de la droga, por esa razón durante todo el día de su detención y al día siguiente se le prohibió que consumiera agua y alimentos

En esta nueva ocasión, el ministerio público actuando diligentemente cuando se trata de algún miembro de la familia Barrios solicitó medida privativa de libertad basada en una acta policial viciada, donde no existe información de testigos que declaren sobre el modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos.

Consta en el expediente N°.-8C-18390-11 cursante en el tribunal octavo de control del circuito judicial penal del estado Aragua que a la jueza solo le bastó un acta policial y el resultado de una droga proporcionada por los funcionarios policiales para privar de libertad a Víctor Daniel.

Debito a este nuevo atentado contra la familia Barrios, se hace necesario que la fiscal general de la república Luisa Ortega Diaz aperture una investigación penal contra el director nacional del CICPC a los fines de conocer si realmente dio las órdenes alegadas por los funcionarios actuantes. Igualmente, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia Luisa Estela Morales debe ordenar la inmediata suspensión de la jueza octavo de control del circuito judicial penal con el objeto de que le aperture una investigación penal con la finalidad de conocer si actuó en complicidad con los funcionarios policiales.

Secretario General de la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del estado Aragua

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