El gobierno nacional y las autoridades universitarias violan los derechos de los trabajadores precarizados de la ULA
Nuevamente se pone sobre el tapete la precariedad laboral que afecta a más de 2500 trabajadores de la ULA que son privados de los derechos legales y contractuales que les corresponden por desempeñar labores fijas y permanentes para la institución. “Continuos” y “eventuales” no son más que los nombres con los que se designa a trabajadores que son víctimas de un fraude laboral permanente, practicado desde hace muchos años por las autoridades universitarias con la anuencia del gobierno. Más allá de que en el discurso se enfrenten las autoridades universitarias, alineadas con los partidos de la derecha tradicional, y los representantes del Ministerio de Educación Universitaria, ejecutores de la política gubernamental, la verdad es que ambos patronos están aliados a la hora de abaratar la mano de obra por medio del fraude laboral.
Nuevamente se pone sobre el tapete la precariedad laboral que afecta a más de 2500 trabajadores de la ULA que son privados de los derechos legales y contractuales que les corresponden por desempeñar labores fijas y permanentes para la institución. “Continuos” y “eventuales” no son más que los nombres con los que se designa a trabajadores que son víctimas de un fraude laboral permanente, practicado desde hace muchos años por las autoridades universitarias con la anuencia del gobierno. Más allá de que en el discurso se enfrenten las autoridades universitarias, alineadas con los partidos de la derecha tradicional, y los representantes del Ministerio de Educación Universitaria, ejecutores de la política gubernamental, la verdad es que ambos patronos están aliados a la hora de abaratar la mano de obra por medio del fraude laboral.
Como parte de la política del gobierno de reducir el gasto en salud y educación para disponer de más recursos para los negociados capitalistas, la corrupción y para subsidiar a los grandes banqueros y empresarios importadores, desde el año 2007 las universidades públicas cuentan con un presupuesto base congelado. En estos años, la inflación acumulada supera el 100%. Aunque el presupuesto es reconducido cada año y se hacen aportes adicionales por la vía de créditos y otros mecanismos, lo cierto es que estas asignaciones extraordinarias no permiten asignar cargos fijos a los trabajadores afectados por el fraude laboral ni reponer los cargos de los profesores que se jubilan. Por eso decimos con toda claridad que el gobierno nacional es cómplice del crimen que las autoridades universitarias perpetran en perjuicio de los trabajadores y sus familias.
Por otro lado, si bien es cierto que el presupuesto universitario es insuficiente, también es verdad que no existe una planificación democrática del presupuesto en la que participen todos los sectores de la comunidad universitaria. Exigimos que los trabajadores, estudiantes, profesores y empleados, tengan una participación activa, a través de asambleas de facultad con poder de decisión, en la definición de las prioridades en el gasto universitario, así como en el seguimiento a la ejecución del presupuesto. En todas las instancias del cogobierno debe haber representación paritaria de los sectores estudiantil, profesoral y obrero-administrativo.
Cargos fijos ya para eventuales y continuos
Con el cinismo que le caracteriza, la Dirección de Personal de la ULA giró el 19 de octubre una circular instruyendo a los responsables de las distintas dependencias universitarias a no permitir el ingreso de trabajadores que laboran bajo la figura de contratos a tiempo determinado, los llamados eventuales. Alegan que dicha instrucción busca evitar que la universidad incurra en una situación de violación del marco legal laboral. Lo que no dicen es que desde hace muchos años la ULA viene violando sistemáticamente la ley, al no asignar cargos fijos a personas que desempeñan labores fijas y permanentes en el comedor, en vigilancia, como aseadores, entre otras.
Por otro lado, el gobierno nacional, en vez de tomar cartas en el asunto y terminar con esta pervertida práctica explotadora, ha optado por asignar remuneraciones que no son reconocidas oficialmente como salario, a través de la Opsu. Quienes reciben estos pagos siguen sin cotizar en el Seguro Social, no acumulan prestaciones sociales ni gozan de HCM. Es una nueva violación a los derechos de los trabajadores.
Profundizando su política reaccionaria, antidemocrática y antiobrera, el Consejo Universitario controlado por profesores abiertamente identificados con la derecha partidaria, han abierto procedimientos para despedir a dos directivos del Soula.
Es necesaria una respuesta de todos los trabajadores, los estudiantes, y los profesores responsables y comprometidos con nuestra universidad, para obligar a las autoridades universitarias y al gobierno a respetar los derechos de los trabajadores, a asignar cargos fijos inmediatamente a todas las personas que desempeñan labores contempladas en los contratos colectivos del Soula y el Aeula. El Soula debe convocar asambleas de trabajadores, abiertas a la participación de estudiantes y empleados, para que se adopte democráticamente un plan de lucha, con una agenda clara de movilizaciones y medidas de presión para doblarle el brazo al gobierno y a las autoridades universitarias. Con la movilización podemos imponer el control democrático del presupuesto universitario, la asignación de cargos fijos para todos los trabajadores y la representación paritaria de todos los sectores de la comunidad universitaria en los órganos de cogobierno.
* Candidatos al Consejo Legislativo del estado Mérida por el Partido Socialismo y Libertad (PSL).