El gobierno y la MUD negocian amnistía para golpistas

Caracas, 1 de diciembre.- El 12 de noviembre se realizó la primera reunión oficial entre la MUD y el Gobierno para negociar una amnistía que deje en la impunidad los crímenes perpetrados en el marco del golpe de Estado de 2002 y el sabotaje petrolero, específicamente aquellos que no se beneficiaron de la amnistía del 31 de diciembre de 2007 por tratarse de casos de violación de derechos humanos, o por tratarse de prófugos de la justicia.

Caracas, 1 de diciembre.- El 12 de noviembre se realizó la primera reunión oficial entre la MUD y el Gobierno para negociar una amnistía que deje en la impunidad los crímenes perpetrados en el marco del golpe de Estado de 2002 y el sabotaje petrolero, específicamente aquellos que no se beneficiaron de la amnistía del 31 de diciembre de 2007 por tratarse de casos de violación de derechos humanos, o por tratarse de prófugos de la justicia.

El propio presidente Chávez impulsa el pacto de impunidad con la MUD, en el contexto de su llamado al «diálogo nacional» posterior al 7 de octubre, y delegó la responsabilidad de la negociación en el vicepresidente Nicolás Maduro. Cilia Flores, Procuradora General, también ha participado en las negociaciones. El diputado Edgar Zambrano, de Acción Democrática, y el abogado Hermán Escarrá, encabezan a la representación del bloque de la derecha opositora.

La MUD aspira a beneficiar a más de un centenar de presos, detenidos y prófugos, con la amnistía.

Esta semana, Zambrano se reunió en Bogotá con Pedro Carmona, ex dictador que ejerció el poder brevemente en Venezuela, producto del golpe de Estado de abril de 2002. El diputado presentó el proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Política Nacional.

De concretarse el pacto entre el gobierno y la MUD, se ratificaría la impunidad que cubre la casi totalidad de los crímenes perpetrados en el marco del golpe de Estado y el sabotaje petrolero de 2002. Contrastan las negociaciones entre la derecha y el gobierno para favorecer a golpistas y violadores de derechos humanos, con el crecimiento de la criminalización de la protesta obrera y popular.

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