El Libertario alerta sobre posible condena a los 14 de Sidor e invita a la manifestación en solidaridad este 29 de julio

Tras participar en una protesta por falta de condiciones de seguridad laboral en el año 2006, un grupo de 14 trabajadores de la contratista Transportes Camila de Sidor pueden ser condenados este 29 de julio a penas de entre 5 y 10 de cárcel.

El 05 de septiembre del año 2006 un grupo de trabajadores y dirigentes sindicales realizaron una protesta contra la empresa transportista Camila, una compañía contratista de SIDOR, la compañía siderúrgica bandera de las empresas básicas ubicadas en Puerto Ordaz, estado Bolívar, en Venezuela. Los trabajadores protestaban por el incumplimiento del salario, higiene y seguridad laboral, así como por la falta de implementos para cumplir con su trabajo. La protesta fue respaldada por dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores Siderúrgicos y Similares (Sutiss), realizando una paralización de equipos cuyos desperfectos y falta de mantenimiento representaban un peligro para la integridad de los trabajadores, siguiendo los procedimientos de seguridad laboral establecidos en las normativas laborales. Los patrones acudieron a las autoridades regionales, logrando que se emitiera, por parte del Ministerio Público una orden de aprehensión contra tres líderes sindicales y un grupo de trabajadores, labor que realiza la Guardia Nacional, originando en su momento la protesta de los trabajadores de la siderúrgica.

De esta manera fueron detenidos Leonel Grisett, miembro de la Comisión Paritaria de Sutiss; Juan Valor, secretario de Prensa y Propaganda; y Jhoel Hernández, secretario de Cultura y Deporte del referido sindicato. Los cargos contra ellos eran de apropiación indebida calificada y restricción a la libertad de trabajo. De esta manera se inicia un juicio por hechos definidos como delitos tras la reforma del Código Penal Venezolano (artículos 358 al 363), realizado en el año 2005, y la promulgación de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (artículo 56) en el año 2002: ambos instrumentos aprobados durante el gobierno bolivariano y lesivos del derecho a huelga,. Estos tres líderes sindicales, junto a 11 trabajadores más, los 14 de Sidor, han sido sometidos desde el año 2006 a un régimen de presentación en tribunales, mientras que su juicio finalizará este miércoles 29 de julio de 2009, con la posibilidad de que se les imponga una pena entre 5 y 10 años de prisión.

Hay que recordar que SIDOR fue la empresa metalúrgica nacionalizada por el presidente Hugo Chávez en abril del año 2008, tras la revocación del contrato con la trasnacional argentina Techint. Sin embargo, un año después dicha estatización no ha significado una mejora en la calidad de vida de sus trabajadores. En declaraciones a El Libertario, Leonel Grisett afirmó que “Es falso que se ha eliminado la tercerización laboral; las condiciones de trabajo de los flexibilizados son tales que originan una proporción de accidentes laborales de 4 a 1 con respecto a los trabadores fijos. La discusión de la contratación colectiva se encuentra congelada y a pesar de que no existen técnicos de seguridad laboral, ineludibles según la ley, obligan a trabajar en condiciones irregulares”. Por otra parte, la estatización ha neutralizado a la actual junta directiva de SUTISS, la cual le ha dado la espalda a los 14 trabajadores enjuiciados, por lo que han tenido que costear de sus propios bolsillos el pago de los honorarios de sus abogados defensores, los cuales se remontan a 100 millones de bolívares (más de 44.000 dólares).

Diversas organizaciones de Derechos Humanos y laborales han venido denunciando la criminalización de la protesta en Venezuela, así como la activación de dispositivos judiciales para cercenar el derecho a huelga, tales como la aplicación de regímenes de presentación en tribunales y la amenaza de la aplicación del Código Penal y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Para los y las anarquistas dicha arquitectura jurídica de represión se enmarca dentro de la ofensiva gubernamental para acabar con la autonomía beligerante de las organizaciones sociales, con la excusa del combate al golpismo y bajo la máscara del retórico socialismo bolivariano, cuyas consecuencias están siendo padecidas por los y las de abajo. Si bien las propias organizaciones sindicales –divididas y partidizadas dentro del enfrentamiento interburgués ocurrido en el país en los últimos años- no llevan las estadísticas de los casos similares a los 14 de Sidor, se han reportado trabajadores en los estados Carabobo, Aragua, Miranda y Táchira sometidos a regímenes de presentación. En este sentido, declaraciones del movimiento campesino Jirajara, ubicado en el estado Yaracuy, han contabilizado 103 casos de campesinos que tras haber participado en protestas y ocupaciones de tierras, han sido pasados a tribunales. Para los activistas sindicales de los 14 de Sidor dichos procedimientos tienen como objetivo descabezar el movimiento sindical beligerante, por lo que su posible penalización a 5 ó 10 años de prisión será un aviso para el resto de los activistas y defensores de derechos laborales y sociales.

Desde siempre los libertarios y libertarias hemos afirmado que el pueblo no se sentirá mejor si el garrote que le pega lleva el nombre de palo del pueblo. Alertamos a las organizaciones de base y colectivos de Venezuela y del Mundo acerca de la potencial condena contra los 14 de Sidor. Los y las anarquistas miembros del periódico El Libertario nos solidarizamos con los trabajadores y trabajadoras venezolanas en lucha por sus derechos, apoyamos a las organizaciones sindicales autónomas, honestas y beligerantes y seguiremos denunciando las contradicciones de un gobierno autoritario y servil a los intereses de la globalización económica capitalista, en la lucha por una alternativa, autogestionada, revolucionaria y desde abajo, a la falsa polarización existente en nuestro país.

¡Que la solidaridad no sea una palabra muerta! Invitamos a todos y todas a la manifestación en contra de la criminalización de la protesta y para rechazar cualquier condena contra los 14 de Sidor, este miércoles julio a las 10 de la mañana en la sede del Ministerio Público en Caracas, frente a la estación del Metro de Parque Carabobo. Esta es una manifestación autónoma de todos los partidos políticos e instituciones de poder, en el marco de la campaña por la defensa del derecho a la protesta social, promovida por organizaciones de abajo.

Periódico El Libertario
www.nodo50.org/ellibertario

El Libertario warns of possible sentence to the 14 Sidor workers

After taking part in a demonstartion for lack of job security in 2006, 14 workers of contractor “Transportes Camila de Sidor” could be sentenced to 5 to 10 years in jail.

In 05 September 2006 a group of workers and union leaders staged a protest against the carrier Camila, a contractor to SIDOR (Siderúrgic of the Orinoco), the principal steel core business located in Puerto Ordaz, Bolivar state, in Venezuela. The workers were protesting the failure to pay wages, and maintain health and safety, as well as the lack of tools to accomplish their work. The protest was endorsed by Readers of the “Sindicato Único de Trabajadores Siderúrgicos y Similares (Sutiss)”, stopping the equipment whose breakdowns and lack of maintenance represented a threat to the integrity of the workers, following the safety procedures in the labor standards. The employers turned to the regional authorities, getting the Public Ministry to issue an arrest warrant against three syndical leaders and a group of workers by the National Guard, which resulted in a protest by workers of the steel mill.

In this way were arrested Leonel Grisette, a member of the Commission who represents 50% workers and 50% of employers on Sutiss; Juan Valor, Secretary of Press and Propaganda, and Jhoel Hernández, secretary of Culture and Sports of that union. The charges against them were qualified misappropriation and restricting the freedom to work. A trial started for acts defined as crimes after the reform of the Venezuelan Penal Code (Articles 358 to 363) in 2005, and the promulgation of the Organic Law of National Security (Article 56) in 2002: both approved during the Bolivarian government and harmful to the right to strike. The three union leaders, along with 11 workers, 14 of Sidor, have been subjected since 2006 to court procedures , while the trial will end on Wednesday July 29 2009, with the possibility of a sentence of between 5 and 10 years in prison.

Remember that SIDOR was nationalized by President Hugo Chávez in April 2008, following the revocation of the contract with the Argentina transnational Techint. However, a year later, estate control has not meant an improvement in the quality of life of the workers. Speaking to “El Libertario”, Leonel Grisette said «It is not true that outsourcing has been eliminated and working conditions of the flexible workers are such that they cause accidents in 4 to 1 ratio with respect to the other workers. Collective bargaining is frozen, and despite the absence of technical safety workers as required by law, we are forced to work under irregular conditions». Moreover, nationalization has neutralized the current board of SUTISS, which has abandoned the 14 workers on trial, so they had to pay out of their own pockets the fees for their counsel, which add up to 100 million bolivars (over $ 44,000).

Human rights and labor organizations have been denouncing the criminalization of protest in Venezuela, as well as the enactement of laws to restrict the legal right to strike, such as the requirements to present themselves in court and the threat of application of the Code Criminal Law and Security of the Nation. For anarchists the legal architecture of repression is part of the government offensive to end the belligerant autonomy of social organizations, with the excuse of fighting coups d’etat and under the rhetorical mask of Bolivarian Socialism, whose consequences are suffered by the people. Although the syndical organizations split and biased within the inter-bourgeois confrontation that has occurred in the country in recent years- do not keep statistics on cases similar to the 14 Sidor, workers in the states of Carabobo, Aragua, Miranda and Tachira have been subject to presenting themselves in the courts. In this sense statements by the peasant movement Jirajara, located in the state of Yaracuy have counted 103 cases of peasants who after participating in protests and land occupations, have been referred to the courts. For the union activists of the 14 of SIDOR, these procedures are designed to decapitate the militant labor movement, so the possible penalty of 5 or 10 years imprisonment is a warning to other activists and advocates for labor and social rights.

Historically the libertarians have argued that the people will not feel better if the stick who beats them bears the name of stick of the people. We alert the base organizations and collectives of Venezuela and of the world about the potential sentence against the 14 Sidor. As anarchists members of El Libertario we stand in solidarity with the Venezuelan workers struggling for their rights, we support militant, honest and autonomous unions and will continue to denounce the contradictions of an authoritarian government at the service of the interests of globalized capitalism in the struggle for a self-managed and revolutionary grass-roots alternative preferable to the false polarization which exists in our country.