El montaje judicial contra Sabino Romero y Alexander Fernández se cae por su propio peso
Trujillo, 7 de diciembre.- El juicio contra los presos políticos indígenas Sabino Romero y Alexander Fernández muestra cada día más sus horribles costuras, ante la imposibilidad del Ministerio Público y los abogados del gremio ganadero (Gadema), para presentar evidencias que sustenten sus alegatos. En las audiencias realizadas hasta el momento, los testigos promovidos por el Ministerio Público y los abogados ganaderos han incurrido en numerosas contradicciones al confrontar preguntas por fuera del libreto aprendido. Esta situación no sólo ha echado por tierra la versión de los hechos presentada por los abogados ganaderos y los fiscales, sino que ha evidenciado la preparación de testimonios falsos contra los presos políticos del pueblo yukpa.
Trujillo, 7 de diciembre.- El juicio contra los presos políticos indígenas Sabino Romero y Alexander Fernández muestra cada día más sus horribles costuras, ante la imposibilidad del Ministerio Público y los abogados del gremio ganadero (Gadema), para presentar evidencias que sustenten sus alegatos. En las audiencias realizadas hasta el momento, los testigos promovidos por el Ministerio Público y los abogados ganaderos han incurrido en numerosas contradicciones al confrontar preguntas por fuera del libreto aprendido. Esta situación no sólo ha echado por tierra la versión de los hechos presentada por los abogados ganaderos y los fiscales, sino que ha evidenciado la preparación de testimonios falsos contra los presos políticos del pueblo yukpa.
El interés de los abogados ganaderos en el juicio radica en la intención de Gadema de reocupar las haciendas ubicadas en tierra yukpa que han sido rescatadas por la acción de las comunidades encabezadas por el cacique Sabino Romero. Movidos por ese objetivo, han pactado con Olegario Romero para representarlo legalmente en el juicio y hacer los mayores esfuerzos por lograr una condena contra Sabino y Alexander. A estos abogados se les puede observar entrar y salir del circuito judicial de Trujillo en lujosas camionetas, acompañados por guardaespaldas y funcionarios policiales.
Producto de la desesperación ante el fracaso de la estrategia legal adelantada, los abogados ganaderos se han dado a la tarea de trasladar a Trujillo a algunos indígenas y mestizos. Presuntamente siguiendo instrucciones de los abogados, estas personas han emprendido agresiones verbales y amenazas de muerte contra la familia de Sabino Romero en pleno tribunal, en una permanente actitud provocadora que ha entorpecido el desenvolvimiento de las audiencias. Incluso, empleando la violencia en las propias narices de las autoridades judiciales, en las afueras del tribunal este grupo pro-ganadero arremetió y destruyó una pancarta con la que activistas denunciaban la actuación racista de uno de los fiscales, Américo Rodríguez.
La desmoralización no sólo cunde entre los representantes legales de los ganaderos. La Fiscalía, fiel ejecutora de los mandatos políticos del Ministerio de Interior y Justicia en este caso, ha tenido problemas al conocerse públicamente la trayectoria anti-indígena del fiscal Américo Rodríguez, quien optó por no participar en las dos audiencias realizadas esta semana.
El juicio contra Sabino Romero y Alexander Fernández se le complica a quienes desde el Estado intentan criminalizar la lucha indígena por tierras, pues legalmente les resulta imposible probar responsabilidad alguna por parte de los presos políticos en los crímenes que se les imputan.
Esto explica la jugada gubernamental de llevar la confrontación nuevamente al terreno extrajudicial y anunciar hace pocas semanas una entrega parcial de tierras a la comunidad yukpa en Perijá, pero sin pagar las bienechurías de los campesinos que ocupan dichas tierras, con lo que se alientan nuevos enfrentamientos. Divide y vencerás, es el método de la burocracia roja-rojita contra los pueblos indígenas de Perijá.
