El proyecto chavista en el despeñadero
¿Cómo definir la situación que atraviesa hoy Venezuela y el proceso revolucionario iniciado en 1989? No hay mejor palabra para caracterizar al país que “crisis”. Sí, una crisis multidimensional económica, política y social, a lo que se agrega la crisis del sistema eléctrico nacional, que ha obligado al gobierno a poner en práctica antipopulares planes de racionamiento en las principales ciudades, todo con el trasfondo de un creciente desgaste del apoyo al gobierno del presidente Chávez, que no sólo evidencian las encuestas, sino que también se palpa a diario en un descontento popular que ya incluso comienza a afectar la imagen del Presidente.
¿Cómo definir la situación que atraviesa hoy Venezuela y el proceso revolucionario iniciado en 1989? No hay mejor palabra para caracterizar al país que “crisis”. Sí, una crisis multidimensional económica, política y social, a lo que se agrega la crisis del sistema eléctrico nacional, que ha obligado al gobierno a poner en práctica antipopulares planes de racionamiento en las principales ciudades, todo con el trasfondo de un creciente desgaste del apoyo al gobierno del presidente Chávez, que no sólo evidencian las encuestas, sino que también se palpa a diario en un descontento popular que ya incluso comienza a afectar la imagen del Presidente.
La crisis económica global del capitalismo le quitó la careta al gobierno
Los venezolanos no se imaginaron cuando en familia se dieron el tradicional abrazo de fin de año, que el gobierno los saludaría comenzando el 2010 con una megadevaluación del bolívar.
El 8 de enero el presidente Chávez en cadena nacional anunció al país la segunda tanda de las medidas para enfrentar la crisis económica del país. Ese día se estableció una cotización doble del dólar, a través del sistema de bandas, mediante el cual se llevó la tasa cambiaria de 2,15 a 2,60 bolívares fuertes, para las importaciones esenciales y de primera necesidad, y un segundo nivel denominado “dólar petrolero” a 4,30 bolívares fuertes para importaciones no prioritarias.
Ya antes, en marzo del 2009, había puesto en práctica el llamado Plan Anticrisis mediante el cual se aumentó la alícuota del IVA en un 33% (pasó de 9% a 12%); se redujo el gasto público, se incrementó el endeudamiento interno a través del otorgamiento de bonos a la banca privada, y se aumentó el salario mínimo en un 20%, en dos partes.
El segundo viernes del año, el presidente Chávez puso en evidencia que la situación de las finanzas nacionales es realmente grave. Es lo único que explica que el gobierno haya tomado esta medida profundamente antipopular, que ya está impactando negativamente en el nivel de vida de la población y en el deterioro del salario real de los trabajadores.
Crisis de las finanzas
Efectivamente, la crisis que vive la economía venezolana es dramática, y tiende a agravarse. El pasado año se produjo una caída de 2,9% del PIB, en el contexto de tres trimestres seguidos de declive, lo que significa que se ha entrado en recesión. Como consecuencia de todo lo anterior se cerraron miles de fuentes de empleo, traduciéndose esto, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, en que por primera vez en 5 años se produjera un aumento de la desocupación, la cual promedió 8% en los primeros 11 meses del año, sin tomar en cuenta la poca confiabilidad de las estadísticas oficiales, que contemplan como “empleado” a todo aquel que no está desocupado.
La contracción de la economía se produce en un entorno de sostenida alta inflación. En el 2009 esta fue de 25,9%, lo cual hace que Venezuela tenga la inflación más elevada de América Latina por quinto año consecutivo, este es un escenario de estanflación.
Por otra parte, el año pasado se produjo una caída dramática de las exportaciones no petroleras con respecto al 2008 de 44%, asociada a un declive de 7% en la producción manufacturera, y un retroceso de las exportaciones petroleras de 3,6% en relación al mismo año.
Devaluación para el salario de los trabajadores y beneficios para los explotadores
Durante años el gobierno se había negado a devaluar la moneda, incluso, el exministro de Finanzas Rodrigo Cabezas, había afirmando en agosto del 2007 que “No estamos ni siquiera pensando a mediano plazo o largo plazo llevar el dólar a 4,30 bolívares fuertes”, y agregó que una medida como esta significaría “una debacle, una superinflación y un resultado catastrófico para el salario de los trabajadores, y aquí está instalado un Gobierno que protege al pueblo”.
En un documento hecho público por nuestro partido (la Unidad Socialista de Izquierda) en marzo del pasado año, afirmábamos que ante la crisis económica global del capitalismo “el gobierno terminó de quitarse la careta y mostró su talante antiobrero y antipopular, y optó “por defender el orden capitalista, cobrándole la crisis a los trabajadores y al pueblo antes que a los explotadores y sus negocios”.
Efectivamente, mientras el gobierno contó con altos precios del petróleo, principal fuente de ingresos del país, tuvo un margen de maniobra para ocultar detrás de las Misiones y algunas políticas sociales distributivas de la riqueza, su verdadera faz procapitalista, como administrador del Estado burgués. Sin embargo, en la medida que la crisis de la economía capitalista llega a nuestras fronteras, afectando los precios del petróleo, el gobierno comienza a aplicar sin pudor un plan de ajuste, con medidas típicas de los paquetes económicos neoliberales instrumentados en el continente en la década de los 80.
Esto que venimos afirmando se puso de manifiesto con gran claridad el 28 de enero en el I Encuentro Productivo Socialista, al cual el gobierno convocó a importantes sectores del empresariado. En el pomposo acto celebrado en el palacio presidencial, se dieron cita connotados burgueses prochavistas como Alberto Vollmer, presidente de Ron Santa Teresa, Alberto Cudemus, de la Federación Porcina y Miguel Pérez Abad, de Fedeindustria, entre otros. Allí el presidente Chávez continúo tendiendo puentes a la burguesía y anunció la creación del Fondo Bicentenario que contará con 3 mil millones de bolívares fuertes para otorgar créditos y promover las exportaciones y la sustitución de importaciones. En ese acto, en el que Chávez se mostró todo sonrisas y chistes con los burgueses allí presentes, les dijo que si asociaban en empresas mixtas con el Estado, este podría importar los insumos que necesitaran a 2,60 en lugar de 4,30, asimismo, les ofreció reducir en un 50% las tasas de interés para los créditos de las empresas mixtas.
El gobierno está consciente de la profundidad de la crisis de los negocios capitalistas. Las cifras mencionadas lo corroboran. Ante ello, echa mano de los sectores más poderosos de la burguesía, por una parte, la gran banca, y por otra, los industriales y exportadores.
Así vemos que el gobierno se alió a los bancos más grandes para enfrentar la crisis financiera producida por los negocios turbios de los boliburgueses, los cuales se habían desarrollado a lo largo de los últimos 10 años gracias a los recursos del Estado depositados en sus arcas, así como aprovechando el diferencial cambiario y el mercado negro. El mismo Chávez se encargó de aclarar que la gran banca es sólida, incluso llegó a hacerle propaganda pública a los tres bancos más grandes Mercantil, Banesco y Provincial, este último perteneciente al Bilbao Vizcaya de España. Por su parte, los presidentes de Banesco, de la Asociación Bancaria de Venezuela y del Consejo Bancario Nacional, hicieron leña del árbol caído, defenestrando a los banqueros boliburgueses implicados en las quiebras, mientras respaldaban las medidas adoptadas por el gobierno.
Mientras que Chávez decreta la maxidevaluación del bolívar, y propone empresas mixtas para asociarse a los empresarios, otorgándole a su vez, beneficios a industriales y exportadores. Ejemplo reciente de esto es el caso de la cadena de supermercados Éxito, “expropiada” en enero, sin embargo, hace pocos días, el gobierno anunció el establecimiento de un acuerdo con el grupo francés Casino, accionista mayoritario de dichos comercios, mediante el cual esta transnacional se hace socia del Estado en el manejo de los supermercados que ahora se llaman Hipermercado Bicentenario, incluso a costa de los accionistas venezolanos pertenecientes al grupo Polar.
Crisis política: destituciones y renuncias de funcionarios
Pero el desgaste de Chávez, tras una década larga en el poder, y la crisis económica, tiene su contrapartida en la crisis del gobierno, que se evidencia en los constantes reajustes y reacomodos en la cúpula gubernamental.
Recientemente se produjo la sorpresiva renuncia del vicepresidente ejecutivo, Ramón Carrizález. De formación militar, ficha clave en el entorno de mayor confianza del Presidente, puso el cargo a la orden supuestamente por razones personales; junto a él, su esposa Yubirí Ortega, ministra del Ambiente, también renunció. Carrizález se retiró del cargo en medio de crecientes rumores que asociaban esta decisión a discrepancias con el todopoderoso superministro Diosdado Cabello, relacionadas con los ascensos militares y la creciente influencia cubana en el seno de las Fuerzas Armadas.
Posteriormente, Chávez destituyó al ministro de Energía Eléctrica, Angel Rodríguez, viéndose obligado a desmontar el racionamiento eléctrico puesto en práctica en la ciudad capital, el cual había generado gran malestar y un caos generalizado que afectó numerosos servicios en una ciudad con más de 5 millones de habitantes.
En esos mismos días les había jalado las orejas a los gobernadores de dos estados (Mérida y Lara), por no usar la fuerza pública para reprimir manifestaciones estudiantiles y populares contra los racionamientos eléctricos, y la medida que llevó al cierre temporal del canal de TV por cable RCTV Internacional.
Más recientemente el presidente Chávez anunció la sorpresiva destitución de Eduardo Samán, quien a cargo del Ministerio de Comercio, se había convertido en un complaciente y solícito ejecutante de las directrices presidenciales.
La última noticia que refleja la profundidad de la crisis política en el seno del gobierno, es la renuncia al PSUV de Henry Falcón, gobernador del estado Lara, quien en las elecciones regionales del 2008 fue el candidato más votado del partido de gobierno.
Crisis social: crece y se radicaliza la protesta social
Desde el pasado año es evidente que el malestar social soterrado, sólo mostrado por las encuestas, comienza a expresarse en movilizaciones, paros, tomas de empresa, corte de vías, y estallidos sociales regionales que no son controlados ni dirigidos por los partidos de la derecha tradicional, y que no pueden ser contenidos por la policía ni los gobernadores afectos a Chávez.
El año pasado se produjeron cerca de 3000 manifestaciones de distintos tipos en el país, de ellas 1000 correspondieron a acciones de sectores laborales tanto públicos como privados, lo que equivale a un incremento con respecto al 2008 por el orden de un 58%, según datos de las organizaciones de derechos humanos Provea y Espacio Público.
En el 2009 fueron emblemáticos los levantamientos de las poblaciones de Curiepe y Caucagua en el central estado Miranda, lugares donde gobiernan representantes del PSUV. Y este año en el mes de enero, el levantamiento popular de la ciudad andina de Mérida, donde habitantes de sectores populares y de clase media, convergieron en las calles en fuertes protestas contra los continuos apagones y el racionamiento eléctrico indiscriminado que viene sufriendo esa ciudad desde hace más de un año.
Manifestaciones por vivienda, agua y otros servicios, de comerciantes informales, tomas de empresas y huelgas en defensa de contrataciones colectivas, aumento de salario, reenganche de trabajadores despedidos, son el pan nuestro de cada día. Estas son expresiones de que el proceso revolucionario sigue vivo, y los trabajadores y los pobladores de las comunidades populares continúan dispuestos a movilizarse y luchar por sus derechos.
Criminalización de la protesta obrera y popular
Ante esto el gobierno ha optado por el perverso mecanismo de criminalizar la protesta obrera y popular, mediante una “santa alianza” entre fuerzas represivas, tribunales y fiscales del ministerio público, que adoptan medidas cautelares contra los manifestantes, abriéndole procesos judiciales, obligándolos a presentarse periódicamente ante los tribunales, prohibiendo la salida de los estados de residencia, restringiendo el derecho a la protesta o limitando la actividad sindical.
En la actualidad en Venezuela hay unas 2400 personas detenidas o sometidas a juicio por realizar distintos tipos de protesta por reivindicaciones laborales, sociales o políticas. Los más perjudicados son trabajadores, dirigentes sindicales y campesinos que luchan por tierra y contra el sicariato. Según el informe anual sobre derechos humanos de Provea, 88 dirigentes sindicales fueron víctimas de violación de sus derechos, mientras que 473 fueron despedidos por realizar acciones sindicales, a pesar de estar protegidos por el fuero sindical.
Los casos más emblemáticos son los de Rubén González, dirigente sindical de Ferrominera, empresa estatal minera de hierro, y Sabino Romero, cacique de la etnia yukpa. Ambos se encuentran detenidos, el primero tiene 5 meses preso por encabezar una huelga de 12 días a finales del año pasado exigiendo el cumplimiento del contrato colectivo. Ni siquiera el hecho de ser militante del partido de gobierno lo salvó de esta medida. El otro, fue herido de bala por la Guardia Nacional por defender una demarcación justa de los territorios que ancestralmente le pertenecen a esta etnia del occidente del país, y actualmente se encuentra detenido en una instalación militar.
Cede la polarización y se abre paso la posibilidad de construir una opción revolucionaria
Todas estas acciones populares nada tienen que ver con la agenda de los partidos de la derecha opositora ni con el gobierno. La despolarización del país se abre paso, simultáneamente con el avance de la independencia y autonomía de los trabajadores y sectores populares, tanto frente al gobierno como con respecto a los patronos y sus organizaciones políticas. Un dato sintomático es que según una reciente encuesta de la consultora Datanálisis, 52,2% de los entrevistados no se identifica ni con el gobierno ni con los partidos de la oposición proyanki, abriéndose una interesante brecha que pone a la orden del día la necesidad de construir opción política verdaderamente de izquierda y revolucionaria.
Precisamente la Unidad Socialista de Izquierda viene planteando a los luchadores y activistas obreros, populares y estudiantiles que es necesario levantar una alternativa política genuinamente socialista, independiente del gobierno y de los partidos de la Mesa de la Unidad, que agrupa a las organizaciones de derecha opositoras al gobierno de Chávez, en la perspectiva de defender los derechos del pueblo, avanzando hacia la conformación de un Gobierno de los Trabajadores y el Pueblo que liquide el Estado burgués, y tome medidas de transición al socialismo con democracia obrera.
Movilización nacional contra el plan de ajuste capitalista
Nuestro partido viene planteando la necesidad de profundizar las movilizaciones contra el plan de ajuste capitalista del gobierno, por aumento de salarios y escala móvil, por la eliminación del IVA, por el mantenimiento del control de precios, contra los racionamientos eléctricos, por vivienda, estabilidad laboral, en defensa de los contratos colectivos. Lo que hace urgente impulsar la movilización unitaria de los trabajadores y todos los sectores en lucha, conformando una Coordinadora Nacional o Frente Político de Lucha que agrupe a todas las organizaciones populares y obreras.
Y en esa perspectiva estamos convocando a Patria Obrera, el colectivo Masay de Yaracuy, el Topo Obrero, el Movimiento de Solidaridad Laboral, y a todos los dirigentes de las organizaciones obreras y populares sin ningún distingo político, a sumarse a esta iniciativa, que debería concluir en una gran marcha nacional en Caracas contra el plan de ajuste capitalista y por aumento de salarios que lo iguale a la canasta básica.
miguelaha2003@yahoo.com