El sicariato y el latifundio. Más campesinos muertos

Un total silencio, principal aliado de la impunidad, guarda el Estado y sus instituciones ante el asesinato sistemático de más de 220 campesinos caídos en el transcurso de cinco años bajo las balas de la contrarrevolución representada en el campo por terratenientes, oposición, paramilitares e intereses poderosos enquistados dentro del proceso revolucionario que se vive en Venezuela.

El pasado 13 de noviembre falleció Jaiver Martínez, dirigente campesino del estado Yaracuy.

Anteriormente, José Pimentel —dirigente agrario del Frente Unido Campesino de San Carlos y del Movimiento Campesino Jirajara- recibió dos tiros en la cabeza dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Tierras (INTI) capítulo Cojedes, siendo su estado actualmente delicado.

Era el segundo intento de asesinato contra el dirigente. El hecho se registró en el mes de Marzo en el interior de un restaurante de San Carlos, en horas del mediodía, cuando la víctima, José Pimentel, de 47 años de edad, recibió seis disparos de motorizados que sin mediar palabra alguna lo acribillaron sin lograr matarlo. Regresaron ahora a rematarlo.

Ahora es asesinado Jaiver Martinez. Fue herido el 1 de noviembre en horas de la madrugada en el caserío Pueblo Nuevo del municipio Veroes del estado Yaracuy. Un sujeto le disparó un balazo en la cabeza.

Jaiver era miembro de la cooperativa Poder Negro y ocupante del fundo La Giralda. Contaba con 32 años de edad. Se mantuvo hospitalizado en Barquisimeto, con la bala en la cabeza y en un estado crítico que nunca pudo superar.

Martínez había formado parte de una toma de tierras, junto a miembros de su cooperativa y en cumplimiento de la Ley de Tierras le fueron asignadas 144 hectáreas de 282 que estaban totalmente ociosas, ya el Instituto Nacional de Tierras (INTI) les había otorgado su carta de permanencia.

Y es que desde que se enarboló en los sectores rurales de Venezuela la bandera de tierra y hombres libres esta consigna se ha convertido en una sentencia de muerte para el campesinado que ha pagado con su sangre la osadía de pretender una defensa de una Ley de Tierras que nunca aseguró su derecho a la vida.

Se hace cada vez más necesario una firme articulación de defensa a nivel nacional de todo el movimiento campesino venezolano, movimientos sociales, colectivos organizados y pueblo en general para detener este liquidar sistemático de los dirigentes agrarios y sus familias.

Es una guerra. Esta planteada desde las esferas de poder latifundista organizado y con un brazo armado, el sicariato (¿paramilitarismo?). Por ahora, los muertos, los perseguidos, los amedrentados, los presos y con medidas preventivas son los nuestros.

Nos planteamos la misma interrogante invariablemente: ¿y si el movimiento campesino ante la indiferencia del estado, ante tanta impunidad, avanzara decididamente hacia su propia autodefensa y seguridad?, ¿si las circunstancias fueran a la inversa? Si hubiese 220 terratenientes y empresarios perseguidos y muertos con sus fincas saqueadas y destruidas a manos del proletario campesinado reclamante y en pie de lucha, ¿habría igual indiferencia del gobierno?

Quién sería responsable de una guerra rural planteada en estos términos: ¿el latifundio terrofago y su carga de 220 asesinatos? ¿El movimiento campesino por ejercer su derecho a defenderse? ¿O un Estado indiferente, que alienta la impunidad silenciosamente ante el reclamo persistente de justicia?

¿Quién dentro del alto gobierno quiere responder a estas preguntas?