Embrollo judicial mantiene preso a Rubén González
El secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, y su defensa veían cerca la liberación hasta el miércoles. Pero el caso dio un giro de 160 grados. Ya no está en su casa de Ciudad Piar donde cumplía el arresto domiciliario. Está preso en Patrulleros de Caroní bajo un procedimiento dudoso y la jueza que llevaba el caso fue destituida El dirigente llama a la unidad, pues advierte que su caso representa el poder del Estado contra la protesta.
El secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, y su defensa veían cerca la liberación hasta el miércoles. Pero el caso dio un giro de 160 grados. Ya no está en su casa de Ciudad Piar donde cumplía el arresto domiciliario. Está preso en Patrulleros de Caroní bajo un procedimiento dudoso y la jueza que llevaba el caso fue destituida El dirigente llama a la unidad, pues advierte que su caso representa el poder del Estado contra la protesta.
El traslado, que inició el pasado miércoles a las 10:00 de la noche, ha estado plagado de irregularidades desde un principio. Sus abogados, Ítalo Atencio y Fran Silva, calificaron como «ilegítimo» el procedimiento ejecutado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), cuyos funcionarios violaron el beneficio de casa por cárcel.
Silva declaró que «existe es un vil secuestro en contra de Rubén González» que confirma la política de Estado frente a la protesta y la disidencia. «Lo que se está haciendo es un atropello, un atropello en contra de toda la dirigencia sindical. Mañana, el que proteste, va preso».
El nuevo capítulo
El miércoles 20, Rubén González fue trasladado repentinamente desde su casa en Ciudad Piar -donde cumple arresto domiciliario desde hace 120 días- hasta la sede del Cicpc, en San Félix.
El procedimiento se efectuó a altas horas de la noche sin aviso previo y sin una orden del Tribunal Tercero de Control, competente en este caso.
La mañana del jueves sus abogados, Atencio y Silva, conocían poco del paradero de González. Trabajadores, dirigentes y familiares hicieron guardia en el Palacio de Justicia de Puerto Ordaz y en la sede del Cicpc, sin obtener mayores noticias.
Los defensores introdujeron en horas de la tarde un habeas corpus (recurso que protege la integridad física frente a posibles «abusos» de funcionarios del Estado), con el que lograron que el tribunal colocara a su orden y bajo su resguardo la integridad física del dirigente.
Destituyen a juez
Cerca de las 12:00 de la noche nadie daba cuenta de lo ocurrido. Mientras González permanecía a las fueras del tribunal a cargo del Cicpc, dentro del Palacio de Justicia otro rollo se presentaba. El resultado inmediato fue la destitución de la juez Cucú Quintana, encargada -hasta la media noche del jueves- del Tribunal Tercero de Control y en consecuencia, del expediente de Rubén González.
Presuntamente Quintana se negó a firmar el procedimiento ilegal y un posible traslado de González hasta la cárcel de Vista Hermosa.
La funcionaria fue destituida conforme a la resolución CJ1008, emanada de la Comisión de Reestructuración de Poder Judicial, informó Silva.
A Jesús Figuera, juez suplente en Ciudad Bolívar, que asumió el Tribunal Tercero de Control le corresponde en consecuencia pronunciarse sobre el recurso de amparo interpuesto el 13 de enero por los abogados, o por el contrario, declarar que hubo elementos suficientes que justificaron el traslado inconsulto hasta el Cicpc.
Silva contó que -al parecer- se intenta colocar la existencia de drogas y posesión de arma en un expediente paralelo adjuntado al caso de González. De ser así, el abogado indicó que hasta las 8:00 de la noche de este jueves se vencían las 48 horas que tiene el tribunal para presentar al dirigente.
Rechazo masivo
Trabajadores, dirigentes y familiares rechazaron la acción ejecutada contra Rubén González. Durante la mañana de este viernes representantes políticos tomaron como bandera la criminalización de la protesta, para convocar a todos los guayaneses a la marcha que se realizará hoy a las 4:00 de la tarde en la Plaza Monumento CVG, a propósito del 23 de enero, día de la democracia.
Silva contó que de no haber una decisión del tribunal, introducirán otro habeas corpus, con el objeto de que haya celeridad en el caso.
Dirigentes sindicales de las empresas básicas, Henry Arias, Emilio Campos, José «Acarigua» Rodríguez, Luis Blanca, Nerio Fuentes, José Luis Morocoima y demás dirigentes se pronunciaron ante la arbitrariedad.
«Hay un ensañamiento, que viola cualquier aspecto legal, esa es la intención del Gobierno, demostrar toda la fuerza que tienen y buscar la forma de disuadir todo un movimiento que viene creciendo en Guayana y en el país. Estamos diciendo que necesitamos crear un movimiento que enfrente un socialismo, que no es socialismo sino un arroz con mango, donde el capitalismo de Estado viene destruyendo todo lo que Venezuela tenía», comentó Fuentes.
A juicio del dirigente del movimiento Patria Obrera hay un «desespero» que se comienza a sentir por parte del Gobierno, «porque hay mucho descontento no sólo de la oposición, sino de un gran sector de revolucionarios, del PSUV, ellos intentan crear el temor».
«Yo sé que todo esto es para bien»
Al contrario de algunos seguidores del «proceso revolucionario», Rubén González está convencido que la arremetida contra su persona no viene de parte de sólo «algunos» funcionarios del Gobierno, sino que se corresponde con una política de Estado.
El dirigente sindical llamó a la unidad de todos los trabajadores y a la participación en la protesta y movilizaciones, pues advierte que se trata de una advertencia del «proceso» hacia todos los dirigentes sindicales autónomos.
«Estoy acá porque asumí representar a los trabajadores.
Hicieron un cúmulo de delitos para tenerme en estas circunstancias. No me queda sino darle las gracias a Dios, porque todo lo que le pasa a los hijos de Dios es para bien.
Lamento que mi familia pase por esto, porque al estar yo aquí ellos sufren, y además no es sólo conmigo, pasa con 7 mil trabajadores de Ferrominera que en estos momentos están indefensos, desvalidos», agregó.
Los motivos por los cuales se emprendió la paralización de 16 días, siguen igual en FMO. «Todavía no se le ha pagado el retroactivo, no le han puesto los 40 mil bolívares que no están en el contrato, no han puesto los 10 bolívares, los 4, 7 y 9 para el mes de diciembre, no le han puesto 9 meses a los trabajadores de las prestaciones sociales. El comisariato no funciona y si vamos a la clínica tienen que llevar toalla, jeringa y hasta el colchón, por decir esto estoy en estas circunstancias».
El dirigente llamó a todos a la unidad y recordó que su causa representa a todos. «Nos van a pasar por encima, o nos meten presos o nos desaparecen, pero me encomiendo a Dios, porque sé que todo esto es para bien».
