Empresarios «socialistas» promueven doctrina capitalista de la «responsabilidad social empresarial»

La pujante boliburguesía, amamantada por la renta petrolera en 10 años de gobierno de Chávez, ahora emprende una ofensiva propagandística para convencer a sus compañeros de clase acerca de las bondades del socialismo sui generis del Siglo XXI para el empresariado.

Agrupados en el «Frente Social Empresarial», el «Frente Nacional de Empresarios», así como numerosas cámaras «bolivarianas» de empresarios, estos burgueses afiliados al PSUV sostienen que «existe una batalla ideológica, para que los empresarios del país, entiendan que las empresas deben tener rentabilidad para las inversiones, pero por encima constituyen una organización social, que se debe a las necesidades del país… El rol de las empresas tiene que ser de vocación social». De hecho, estas son palabras de Miguel Pérez Abad en la estatal VTV. Pérez Abad es el coordinador nacional del Frente Nacional de Empresarios. Pese a que su discurso se adorna con alusiones al socialismo, el sustrato ideológico de los empresarios chavistas, o «socialistas», es la «responsabilidad social empresarial», una de las estrategias empresariales características del capitalismo contemporáneo. Por supuesto, se trata de una estrategia empresarial, no de una prédica revolucionaria, como pretenden los boliburgueses y el gobierno.

Según Pérez Abad, «para avanzar hay que hacerlo por la vía de los incentivos, brindando asistencia técnica y financiamiento, para generar un entorno jurídico institucional, que permita que las empresas migren del sistema capitalista al sistema socialista». En su concepción, coincidente con la del gobierno, el «socialismo bolivariano», lejos de abolir la explotación capitalista, brindaría ventajas y apoyo financiero a la actividad empresarial. No en balde, el gobierno ha planteado que su acción política se enmarca en una «alianza estratégica con la burguesía nacional».

Pérez Abad desmintió que las expropiaciones, o compras a precio de mercado realizadas por el Estado venezolano, representen una amenaza para la burguesía. «Todo lo saludable y bueno para el pueblo, es bueno para los empresarios (…) (el acto de expropiación) no es violatorio del ordenamiento legal. El Estado está cumpliendo con las leyes y sus preceptos».