En conmemoración del vigésimo noveno aniversario del golpe del 12 de septiembre en Turquía

Comunicado

El Ejército turco todavía está en el poder

El 12 de septiembre de 2009 se cumple el vigésimo noveno aniversario del terrible golpe militar de 1980, la segunda fase de un proceso de militarización que se estaba gestando en todos los ámbitos del país. Previamente, en el golpe de estado del 12 de marzo de 1971 ya se habían abolido o destruido muchos derechos democráticos e instituciones por medio de una represión sin precedentes. El golpe de 1980 consumó la militarización imponiendo al país una constitución racista y despótica acompañada de la más cruel represión.

La constitución de 1982 niega los derechos humanos básicos del pueblo Kurdo y de las minorías armenias, asirias y griegas que habitan en Turquía. Los artículos 3, 42 y 66 decretan la superioridad y hegemonía del lenguaje y raza turcos. El artículo 4 declara que el artículo 3 nunca podrá ser modificado, e inclusive que dicha modificación no puede ni siquiera ser propuesta.

Por 29 años, a pesar de las protestas de las fuerzas democráticas, los poderes parlamentarios siempre han guardado silencio frente a la exigencia popular de juzgar a los autores de tan criminal golpe. La constitución impuesta por la Junta Militar todavía está vigente y los gobiernos sucesivos han regido el país en base a las amenazas y chantajes de las jerarquías militares.

Debemos recordar que durante los últimos 12 años, el ejército ha intervenido en el ámbito político, influyendo en las decisiones gubernamentales e imponiendo medidas como es el caso del 28 de febrero de 1997 y el 27 de abril de 2007.
Inclusive, como ha sido visto en las acusaciones hechas en los procesos del Ergenekon, oficiales del ejército han intentado intervenir igualmente en los años 2003 y 2004.

Mientras estos últimos están siendo juzgados simplemente por el intento de llevar a cabo un golpe de estado, lo comandantes que participaron y promovieron los golpes de 1971 y 1980 al igual que las intervenciones de 1997 y 2007 continúan inmunes a cualquier procedimiento legal.

Por esta razón, en la conmemoración del vigésimo noveno aniversario del golpe de estado de 1980 se han organizado muchas marchas y protestas en las ciudades más grandes de Turquía.
El viernes 11, numerosas organizaciones realizaron una marcha hacia la embajada de los Estados Unidos en Ankara, para protestar por la participación de Washington en la preparación del golpe de estado.
El sábado 12, se organizaron muchas protestas mayormente en Ankara, Estambul, Izmir y Adana.
En Izmir, luego de una mesa redonda con el tema del golpe de 1980, los participantes marcharon hasta la residencia del ex general Kenan Eyren, uno de los principales golpistas del período.
Las organizaciones democráticas exigen que los golpistas de 1980 sean juzgados por los crímenes cometidos durante el golpe militar entre los cuales se encuentra que:

• En menos de dos años, más de 650,000 personas fueron apresadas y sometidas a tortura.
• Se abrieron expedientes contra más de 1,650,000 personas
• 210,000 casos políticos se abrieron en cortes militares
• Un total de 98,404 personas fueron a juicio a causa de sus “ideas”
• 71,500 personas fueron juzgadas según los artículos 141, 142 y 163 de un código penal no vigente.
• 6,353 personas fueron juzgadas bajo la amenaza de la pena capital.
• 517 personas fueron condenadas a recibir la pena capital
• 50 personas fueron ahorcadas
• 21,764 personas fueron sentenciadas a penas demasiado prolongadas
• 171 muertes de personas fueron registradas como causa de tortura
• 299 personas murieron en prisión a causa de maltrato o huelgas de hambre sostenidas como protesta al maltrato recibido.
• 348,000 personas fueron retenidas en territorio turco con la prohibición de viajar fuera del mismo.
• 30,000 personas fueron exiliadas.
• 14,000 personas fueron privadas de su nacionalidad turca.
• Las universidades fueron sometidas a la disciplina del consejo de educación superior (YOK), dependiente del poder político imperante.
• 15,509 personas fueron expulsadas de la universidad bajo el decreto de ley 1402.
• 3,854 profesores fueron despedidos
• Todos los partidos políticos fueron prohibidos.
• Las actividades de 23,667 asociaciones fueron suspendidas.
• La prensa fue censurada.
• 4,509 personas fueron exiliadas bajo la ley marcial.
• 937 películas fueron prohibidas.
• 2,792 autores, traductores y periodistas fueron a juicio.
• Algunos periodistas fueron condenados a 3,315 años y 3 meses de prisión.
• 31 periodistas fueron encarcelados, cientos de ellos fueron atacados y tres fueron asesinados.
• 113,607 libros fueron quemados.
• 39 toneladas de revistas periódicos fueron destruidos por los militares.

La reciente y tímida iniciativa del gobierno, llamada “apertura democrática” es completamente ridícula ya que no hace una propuesta que conlleve hacia una democratización real; sólo se ajusta a las normas europeas por medio de una modificación de la Constitución de 1982.

Como ya hemos anunciado por muchos años, una de las primeras cosas que se deben hacer para el proceso de desmilitarización es someter a los jefes militares a la autoridad del Ministerio de Defensa, para cortar con la excesiva autoridad que reposa en el Consejo de Seguridad Nacional (MGK) y el Alto Mando Militar (YAS).

Las siguientes medidas deben ser puestas en práctica para así poder erradicar las reminiscencias de la dictadura militar fascista:

Las personas responsables del golpe de estado deben ser presentadas ante la justicia para ser juzgadas por la comisión de crímenes de lesa humanidad.

La prohibición de la interferencia militar en la vida social, política y cultural del país.

La expulsión del ejército de los comandantes que mantengan amenazas y provocaciones contra la población civil.

Una completa modificación de la actual constitución impuesta por los militares: supresión de los artículos 3, 4, 42 y 66 que declaran la supuesta superioridad y hegemonía de la raza y lenguaje turcos.

Es también de vital importancia la considerable reducción del presupuesto para gastos militares utilizado para oprimir al pueblo kurdo y para amenazar a los países vecinos.

El sistema electoral que impone condiciones que ponen en desventaja a los partidos políticos que representan opiniones diferentes, en particular los Kurdos y de izquierda, debe ser radicalmente modificado.

Una amnistía general debe ser declarada para todos los presos políticos.

Todos los artículos antidemocráticos del código penal turco, la ley Anti terror y otras leyes deben ser abolidos; los procedimientos legales contra periodistas, escritores, artistas y profesores universitarios deben cesar.

Los derechos fundamentales del pueblo Kurdo y las minorías asirias, armenias y griegas deben ser reconocidos sin restricciones ni excepciones.

El genocidio cometido a principios de siglo contra los armenios y asirios debe ser reconocido por el Estado turco.

Cualquier intervención de Ankara en la vida política y social de los países que alojan a ciudadanos turcos debe cesar.

Este también es un llamado de atención a los líderes de la Unión Europea y sus estados miembros que siempre flirtean con el poder político en Turquía. Obedeciendo a intereses estratégicos y comerciales, no dudan en promover a los sirvientes del «lobby turco» en partidos políticos así como en cuerpos legislativos y ejecutivos, en detrimento de los valores democráticos que han sido el resultado de las luchas históricas de los pueblos europeos.