En defensa de las libertades democráticas. ¡Basta de represión!
Por Partido Socialismo y Libertad
El gobierno ha desatado una ola de represión en el país. En esta nueva razzia, las víctimas han sido Emilio Negrín, dirigente sindical del sector judicial, Gabriel Blanco, dirigente sindical de la Asamblea Nacional y activista social, militante de Vanguardia Popular, y los militantes de Bandera Roja, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés y Alonso Meléndez. Desde el Partido Socialismo y Libertad exigimos la libertad inmediata y plena de todos los detenidos.
Esto no es nuevo. Estamos en presencia de un gobierno autoritario, que ha hecho de la criminalización de la protesta y la represión, un instrumento común en su accionar contra todo el que disiente, protesta o exige sus derechos.
El gobierno chavista de Maduro no ha hecho otra cosa que reproducir y ampliar con creces, las viejas prácticas represivas de los gobiernos adecos y copeyanos del puntofijismo. Agregando la permanente intimidación a los empleados públicos, el chantaje a los habitantes de la comunidades populares con las bolsas Clap y otros beneficios, las restricciones impuestas por las medidas cautelares contra dirigentes sindicales, trabajadores, campesinos, jóvenes y dirigentes políticos. La práctica común de no acatar las boletas de excarcelación emitidas por los tribunales, los allanamientos ilegales, detenciones sin orden de aprehensión, ausencia de fiscales del Ministerio Público, retardo procesal y denuncias de desapariciones forzadas.
El objetivo de estas detenciones es muy claro. El gobierno está consciente del incremento progresivo de las protestas de trabajadoras y trabajadores, especialmente en este primer semestre del año, y con la criminalización de la protesta busca desestimular el incremento de las luchas; generar miedo para que no siga avanzando la ola de protestas en el país. Sin embargo, mientras se continúe aplicando el plan de ajuste contra la clase trabajadora, las legítimas protestas seguirán en ascenso.
En los últimos meses hemos visto un aumento de las protestas por salarios, por reenganche en puestos de trabajo, proceso que ha pegado un salto en las últimas semanas como consecuencia de la aprobación del nefasto instructivo de la Onapre que ha cercenado el salario de las trabajadoras y trabajadores, activos y jubilados, de la administración pública, con el agravante de que a estas protestas se han venido sumando también los trabajadores y trabajadoras de diversas empresas privadas.
Por otra parte, el gobierno reprime y criminaliza la protesta para aplicar su paquetazo de ajuste, y quitar cualquier obstáculo a las negociaciones que adelanta con el imperialismo norteamericano y europeo, así como con el Foro Cívico y sectores importantes de la oposición burguesa y patronal.
Esta ofensiva represiva coincide con los anuncios formulados por el fiscal Tarek Williams Saab sobre el caso de la desaparición de Carlos Lanz. El cual refleja la tremenda descomposición que avanza en las instancias gubernamentales, cuyo acelerador es la corrupción rampante en las instituciones públicas.
Por cierto, anuncios que hace una institución cuya credibilidad ha sido cuestionada por su mismas prácticas: el Ministerio Público presentó supuestas pruebas del suicidio de Fernando Albán, tiempo después tuvo que desmentirse, y afirmar que fue asesinado en custodia del Estado. Recientemente fue liberado y declarado inocente Rodney Alvarez, después de haber permanecido preso casi 11 años por un crimen que no cometió. Entre otros casos similares.
Lo cierto es que vemos con preocupación que en las declaraciones del fiscal se mencione en reiteradas ocasiones la supuesta colaboración que le habrían prestado sectores de lo que el mismo fiscal denominó “extrema izquierda”, a la acusada de ser responsable intelectual de la muerte de Lanz.
Asimismo, en la primera declaración pública el fiscal hizo mención de la antigua militancia trotskista de Tito Viloria, uno de los supuestos involucrados en el caso Lanz. Pero no se dice que Viloria tiene más de dos décadas que se fue del trotskismo, y desde entonces se hizo chavista y militante del partido de gobierno, y la esposa de Lanz era funcionaria del Inces y también militante del Psuv.
A estos elementos se suma el reciente allanamiento a la Escuela de Formación Obrera en Maracay, supuestamente buscando a personas ligadas al caso Lanz.
Es decir que el gobierno podría estar tratando de utilizar el turbio caso de la desaparición de Carlos Lanz para perseguir a sectores de la izquierda y del chavismo crítico o disidente que han venido movilizándose últimamente, en el marco de las protestas obreras.
Desde el PSL exigimos al gobierno, el cese a la persecución y la represión contra activistas sindicales, sociales y políticos ¡Basta de criminalizar la protesta! ¡Libertad inmediata y plena para Emilio Negrín, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Reynaldo Cortés y Alonso Meléndez!
Rechazamos que se pretenda utilizar el caso de Carlos Lanz para perseguir a la izquierda venezolana, al chavismo crítico y descontento con el gobierno, así como a todo el que proteste o defienda los derechos y libertades democráticas,
Caracas, 12 de julio de 2022.