En la condición actual de Sabino se quiebran discurso y proceso revolucionarios
El Estado-gobierno tiene que garantizarle la vida a los indígenas, devolverles sus territorios, pagarle las bienhechurías a los hacendados, aplicar el derecho indígena, indemnizar a los indígenas por el perjuicio y daño que les ha causado un juicio montado, y sembrar la paz y la vida en la Sierra y en todas las comunidades indígenas y el país.
El Estado-gobierno tiene que garantizarle la vida a los indígenas, devolverles sus territorios, pagarle las bienhechurías a los hacendados, aplicar el derecho indígena, indemnizar a los indígenas por el perjuicio y daño que les ha causado un juicio montado, y sembrar la paz y la vida en la Sierra y en todas las comunidades indígenas y el país.
“Yo soy un revolucionario de la tierra.”
El cacique yukpa de Chaktapa, Sabino Romero Izarra,
en la Plaza Bolívar de Trujillo, 15 de marzo de 2010.
Desde el año 1982, el cacique Sabino de la comunidad de Chaktapa en la Sierra de Perijá, estado Zulia, comienza a pelear sostenidamente por la tierra y recuperación del territorio ancestral yukpa, heredando esta conciencia de sus antepasados, compañeros indígenas y luchadores sociales. Las amenazas antes y después de 1999, año en que se declaran los derechos indígenas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, venían y vienen, como en toda la América, por parte de latifundistas, terratenientes, hacendados, ganaderos, productores agropecuarios, misiones religiosas y hasta por el mismo Estado-nación consolidado en el siglo XX, a través de los gobiernos de turno y las fuerzas militares-policiales, con todos los horrores heredados de la colonia conocidos como conquista y colonización, esclavitud, racismo, etnocidio, genocidio, exterminio, exclusión, enajenamiento y discriminación de los pueblos indígenas. Como se denunció alrededor de los años setenta en las reuniones de Barbados por parte de antropólogos, estudiosos, sociólogos, intelectuales de izquierda, hubo en todo este tiempo en el continente americano, exterminio directo e indirecto, visible e invisible de los pueblos indígenas por parte de las fuerzas de los terratenientes y hacendados, de los militares, de las dictaduras y del mismo Estado-nación que emergía en el marco de una visión homogeneizadora, desarrollista y de progreso vista dentro del marco de la cultura occidental como superioridad cultural que fue acabando poco a poco con la vida y la cultura de los pueblos ancestrales, asesinándolos y arrinconándolos dentro o fuera de los mismos territorios que les pertenecían, aislándolos, debilitándolos y despreciándoles sus costumbres, saber y cultura. Existen millones de referencias que delatan todos los mecanismos de exterminio de los pueblos indígenas que van desde el blanqueamiento de su población a través de un mestizaje entendido políticamente como factor diluyente y debilitador de la diferencia y diversidad en el continente, despojo de sus tierras, exterminio físico y cultural, criollización y occidentalización de la mente y condición indígena.
Paradójicamente, a partir de 1989, inicio del proceso revolucionario en vías a la construcción del socialismo del siglo XXI, la condición de Sabino y de otros indígenas que pelean por la tierra y los territorios ha empeorado, pues no sólo la vida de estos luchadores sigue estando amenazada, sino también, la misma causa por la que luchan: el derecho a recuperar sus tierras y vivir en paz en ellas para poder reconstruir sus territorios ancestrales y fortalecer su cultura sin parcelas ni terceros, para cuidar los bosques, la biodiversidad y las aguas, para prohibir la explotación minera y producir un sistema agrícola que los sustente a ellos y al país. Al no haberse demarcado y reconocido la territorialidad indígena según los mapas mentales de las comunidades, al no haberle pagado las bienhechurías a los hacendados que ocuparon estos territorios, ni mucho menos activado una política indígena que reivindique verdaderamente la condición heterogénea de estos pueblos desde lo organizacional, lo educativo, lo lingüístico, la salud, las costumbres y cultura en general…, se desvía o pierde casi por completo, dentro del mapa revolucionario de este proceso, la posibilidad de que los pueblos indígenas puedan ejercer hoy su derecho y fortalecerse. En medio de esta situación, la misma revolución para la construcción del socialismo se pone en jaque y se vuelve ambigua. ¿Qué es entonces lo que sucede? A pesar de todo lo que puedan decir las teorías marxistas y las experiencias en Europa, así como la cubana, la construcción del socialismo en estas tierras debía o tenía que conducirse por otro camino. Por tratarse de una sociedad diversa étnica y culturalmente, heterogénea económica y culturalmente, el socialismo no podía ser entendido dentro de los esquemas exclusivos de la lucha de clases. Tampoco, el proceso debía haberse afincado en la reconstrucción del Estado desde el punto de vista gubernamental, así tuviera que acabar con los antiguos monopolios, puesto que los vicios gubernamentales heredados por tantos años en nuestros países, impiden, de la misma manera hoy, desmembrar la hegemonía para que el poder pueda compartirse definitivamente con el pueblo. De manera que los pueblos indígenas y el pueblo en general siguen estando condicionados también por este poder gubernamental que les ha reconocido sus derechos –no se sabe todavía para qué–, pero que no se los termina de dar, que les ha prometido poder popular y los condiciona a través de políticas y funcionarios oportunistas y mentirosos, que los somete a un esquema de organización ajeno a su cultura.
Nuestro socialismo sigue siendo precario y distante a resolver el conflicto heredado de nuestra historia colonial. Después de Bolívar, Chávez y sus asesores han desconocido los múltiples intentos del pasado de una izquierda que incluye la interpretación del marxismo en el propio continente americano, que siempre ha buscado la manera de producir una sociedad verdaderamente democrática, socialista… intentos que van desde un Mariátegui hasta la revolución zapatista de las comunidades de Chiapas, donde el problema de la tierra es lo fundamental. Por lo tanto aquí, en estas no-tierras, en estos no-territorios indígenas, en este limbo, nos vemos entrampados por una política que no termina de transformarse, una política absorbida por la burocracia de Estado, una política que nos neutraliza y neutraliza a Sabino mientras invoca y alaba a un Guaicaipuro –recordemos los aplausos recientes en la Asamblea a una Nicia que invoca a un Guaicaipuro, y al mismo tiempo, condena a un Sabino–, a través de mecanismos de homogeneización social impuestos que le dan camiones, cargos y dinero por tierra a los indígenas. Nos encontramos no en un Estado de transición, sino en un Estado híbrido que no ha podido salir de la dinámica burguesa y de la idea de propiedad privada–esto lo delata el bloqueo a la aplicación de las leyes y la justicia indígena por parte del Poder Judicial y del Estado-gobierno–, y lo delata también un sistema económico que sigue siendo capitalista y explotador –unos intereses que impiden la recuperación por parte de los pueblos indígenas de los territorios ancestrales.
De manera que el proceso así como lo estamos palpando y construyendo no lo celebramos sino que lo padecemos en el conflicto de Sabino, en su aislamiento y destierro, en su condición actual y en lo que le puede venir, pues aunque la medida cautelar recién dictada le permitió la salida de la cárcel, de la misma forma que a Olegario y a Alexander, el juicio político que se les hace a los yukpa, que ha sido construido para condenar a Sabino, continúa y está por culminar. Alexander cayó como víctima en medio de todo esto. Mientras tanto, Chacín, el consultor jurídico de GADEMA y enemigo de los indios, logró meterse en el juicio como abogado de Olegario, sembrándole odio a él y a su comunidad en contra de Sabino.
El juicio político
En este momento, Sabino no sólo está amenazado por terratenientes, hacendados, ganaderos, capitalistas y fuerzas militares y policiales, sino que además, está amenazado por la misma burocracia de Estado, en la que se planta un juicio político que muestra la otra cara de un sistema que le niega los derechos de los pueblos indígenas y que neutraliza a los líderes o dirigentes que luchan por tierra o territorio. Todos los funcionarios que han ido a hablar con Sabino para convencerlo que negocie la demarcación de la forma que ellos plantean, salen con el rabo entre las piernas –como lo contó Sabino cuando Sergio Rodríguez lo visita en la Sierra antes de la entrega de títulos chimbos el 12 de octubre del año 2009, para convencerlo e insertarlo dentro de un proceso de demarcación que desfavorecía claramente a los pueblos indígenas–: “llegó grandote y salió chiquito”, dijo Sabino.
Sabino ha dejado siempre muy claro que no se va a vender ni por leche, ni por un camión, ni por dinero, ni por un proyecto de consejo comunal, ni por ofrecimientos de entrada en organizaciones o cargos burocráticos que lo alejarían de su principal objetivo que es la tierra, una tierra que no es para él solo, si no para la comunidad y el pueblo yukpa, así mismo lo pide para sus otros hermanos indígenas, los barí, añú y wayuu.
Son entonces en este momento muchos los enemigos de esta lucha, desde un Izquierdo Torres hasta un Tareck y una Nicia Maldonado, de unos ganaderos hasta unos indígenas que se están dejando comprar como Olegario, desde unos fiscales, unos militares, unos guardias hasta unos sicarios y unos policías, desde unos medios de comunicación y unos periodistas racistas, todos con un mismo propósito que es matar a Sabino, aislarlo, debilitarlo, criminalizarlo, castigarlo, condenarlo, como sucedió con muchos otros indígenas, con un Arístides Maikiche, otro luchador yukpa que murió goleado por sicarios por orden del hacendado Noé Machado presunto propietario de las haciendas Ceilán y la Gran China donde hoy están las comunidades Guacaipuro y Curubal sin que el país supiera. Así que mientras los ganaderos trabajan para seguir criminalizando a Sabino –como es el caso del abogado “barriga grande” como le llaman los yukpa–, Alfonso Chacín, hasta querer matarlo, usando medios de comunicación de derecha como La Verdad para sembrar en la población el odio y el miedo por Sabino, unos funcionarios lo castigan por no dejarse doblegar. Una muestra de la criminalización de Sabino y de los yukpa, incluso anterior al 12 de octubre, por parte de los ganaderos y periodistas palangristas, se produce en periódicos publicados en el Zulia como La Verdad, en donde se venían sacando titulares y cuerpos con contenidos amarillistas y racistas, sembrando temor con palabras como anarquía y violencia entre los yukpa… Recientemente, luego de la medida cautelar, el mismo periódico ha publicado titulares como: Sabino dijo que iba a tomar haciendas, que iba a seguir corriendo sangre, Sabino se drogó, Sabino estaba alcoholizado, Sabino habla con un castellano “atropellado”, mientras Chacín y Olegario apuestan por un juicio con el mero propósito de hacer ver a Sabino como el violento, construcciones que evidentemente se disponen a crear una opinión pública negativa en contra de Sabino, criminalizada desde todo punto de vista, para consolidar los intereses del sector ganadero y hundir el proceso revolucionario.
Así también, una Nicia o un Tareck trabajan para que los indígenas que luchan por la tierra, queden neutralizados dentro de sus comunidades o desterrados, y además aislados y desarticulados, añadiendo a la opinión pública como lo hizo Tareck en su oportunidad, que el conflicto del 13 en el Yaza nada había tenido que ver con la demarcación de tierras, que era un problema personal o un conflicto entre indígenas. Por su parte Nicia, en la huelga de hambre de Korta, le aseguró a Isidro que su padre Sabino estaba preso por homicidio –sin importarle en su rol de ministra delatar el juicio político pronunciando una sentencia que ni siquiera se ha determinado ni cuenta con ninguna evidencia–, que además no había todavía una justicia indígena ni tribunales indígenas que pudieran juzgar a los indígenas. Esa es, compañeros, ¡la actual ministra para los Pueblos y Comunidades Indígenas!, a quien además le acaban de adjudicar en su ministerio, el proceso de demarcación de tierras. El Estado tampoco ha hecho caso de todas las denuncias que los mismos indígenas le han hecho a Nicia.
El Estado-gobierno tiene que devolverle los territorios a los pueblos indígenas y además tiene que prescindir o quitar de los cargos a los funcionarios que vienen dividiendo a las comunidades y a los pueblos de la misma forma como lo han hecho los ganaderos, los mismos funcionarios que han ido a la Sierra a comprar y dividir a los indígenas, y que están “picados” con Sabino porque el cacique no ha aceptado sus condiciones ni se ha subordinado a ellos. Por eso, por no doblegarse ni dejar de pelear por la tierra, y por supuesto, por la amenaza de la pérdida del poderío en la Sierra por parte de los sectores que dominan desde el punto de vista económico y político, Sabino queda metido en un juicio político que se monta luego del enfrentamiento del 13 de octubre. La oportunidad que encontraron todos estos enemigos de los pueblos indígenas –ganaderos, fiscales, jueces, militares, guardias, policías, indígenas comprados–, fue someterlo a un juicio mediado por la justicia ordinaria (que resulta lo mismo que la justicia burguesa), para castigarlo y con toda la intención condenarlo, para así sacarlo del camino y desterrarlo definitivamente de la Sierra. Amenazas de muerte, criminalización, castigo, condena y ahora destierro, al no poder Sabino circular tranquilamente y en paz por su territorio, debido a las amenazas de muerte producidas por el trabajo de división y odio que personas como el ganadero Chacín y algunos ministros han hecho en la Sierra. Por ello, a esa ventana chiquita que huele a justicia que quizá es la que le dio salida a la medida cautelar a través del viceministro Jaua, una puertica que de vez en cuando se abre en el gobierno, no le queda otra ahora que aceptar la aplicación de la jurisdicción indígena, asegurar la vida de Sabino, la de Alexander y la de sus comunidades, devolver los territorios, pagar bienhechurías, indemnizar a los indígenas por todo este atropello que ha sido este juicio, y construir y asegurar además la paz en la Sierra para que Olegario, Amalia pérz, Antonio Romero y otros caciques y comunidades se calmen, y los hacendados, ganaderos y sicarios, militares, guardias, comisarios y policías, se alejen y dejen en paz a los indígenas.
Las amenazas a Sabino y pueblos indígenas entonces siguen siendo las mismas, con la diferencia de que ahora existe un juicio político montado y construido por un fiscal Víctor Valbuena y un policía Víctor Vivas (los mismos que dejan engavetado el caso del asesinato del padre de Sabino, José Manuel Romero, por ganaderos y sicarios, los mismos que han hecho caso omiso de toda la historia de persecución por parte de hacendados a los yukpa, la quema de sus viviendas, los golpes y maltratos a las mujeres y al pueblo), y otros 5 funcionarios mandados desde Caracas, para condenar a Sabino por la vía judicial. Por eso, este juicio que continúa con el único propósito de condenar a Sabino, en el que tanto el Juez Antonio Moreno Matheus, los fiscales Américo Rodríguez y Lenín Terán, así como el barriga grande de Chacín y otros ganaderos, se muestran desesperados por que culmine, no tiene pues ni pies ni cabeza desde el punto de vista jurídico como lo dijo la compañera Fresia Ipinza y se han cansado de repetir los abogados de Sabino y Alexander, Ricardo Colmenares, Leonel Galindo, y recientemente, Soraya Suárez: A Sabino lo aíslan y lo detienen sin ningún tipo de pruebas mientras está herido, violándose el debido proceso, a Alexander lo torturan –esto sigue ocurriendo en el país– para que declare en contra de Sabino, al no declarar en su contra es detenido y acusado de matar a su esposa embarazada Nireya Romero hermana de Olegario. Mientras Sabino sigue herido en los hospitales y lo movilizan detenido de Maracaibo a Fuerte Macoa –en ese momento Noelí Pocaterra aseguró que Sabino no estaba detenido o privado de libertad cuando dio declaraciones en el Hospital Militar–, el CICPC y los fiscales construían las pruebas que lo iban a inculpar, unas pruebas totalmente cuestionables técnica y científicamente, entre las que se incluyen exámenes toxicológicos para Sabino y no para Olegario, sin la base de ninguna prueba de ADN, unas pruebas hechas por unos funcionarios que no aparecen por ningún lado, y unas acusaciones que cambiaron varias veces (primero era homicidio, abigeato y agavillamiento en contra del Estado), después no era abigeato ni agavillamiento en contra del Estado. Hablamos entonces de unas acusaciones basadas en testimonios reconstruidos sólo por el lado de Olegario, que culpan a Sabino de homicidio en grado de determinador sin ninguna prueba que sostenga esta acusación, y de un Olegario que se encontraba libre hasta el día 20 de octubre, cuando en una Asamblea organizada por el CICPC en la Sierra de Perijá (se pueden ver estos videos en la página web de VIVE), Olegario es presionado por los indígenas (por el padre de Ever, Antonio Romero, el yukpa que murió, que ahora está del lado de Olegario y en contra de Sabino), declarando que disparó y que otros de su lado dispararon. En esta oportunidad no les quedó más remedio que detener a Olegario. Por su parte, Olegario ha cambiado de posición varias veces en este proceso hasta llegar a aceptar que Chacín sea su defensor.
En el Juzgado de Control en la Villa del Rosario, en Machiques, en el momento en que se construyen los elementos del juicio en contra de los yukpa, la Jueza Judith Esperanza Rojas, recibiendo órdenes, hace todo lo posible para impedir que por algún lado se le escape la causa judicial a los que quieren condenar a Sabino y que se le otorgue algún tipo de ventaja a los yukpa. La Jueza entonces viola todo el proceso de la siguiente forma: declarándose competente para juzgar a los yukpa alegando que el Yaza no era todavía territorio indígena pues no se había demarcado, además, declarando sin lugar la reconstrucción de los hechos, los testimonios de testigos presenciales (pruebas de convicción aceptando sólo las pruebas técnicas elaboradas por el CICPC), el Informe Socio antropológico y declaración de expertos y jurisdicción indígena a la que relega a asuntos menores. Cuando el juicio se pasa a Trujillo –haciendo caso omiso de la condición socioeconómica de los acusados–, los fiscales no han hecho más que prescindir de los testigos diciendo que nunca los consiguen, que están enfermos, que no quieren venir, etc., para acelerar el cierre del juicio y la condena, mientras el Juez Moreno Mathus intenta sostenerse en unas pruebas chimbas que sabe que no tienen ningún sustento. Lo más reciente, a través de la medida cautelar, es que el Juez Moreno Matheus obliga a los yukpa y al wayuu-yukpa Alexander a visitar el comando en Machiques cada quince días, a Sabino a no poder subir por la vía más corta a Chaktapa que pasa por Guamopamocha, la comunidad de Olegario, obligándolo a tomar la vía más larga en la que evidentemente corre todo tipo de riesgos, a Olegario, a no poder subir a Chaktapa, así como ninguno puede salir de Trujillo o Zulia. También solicitó fiadores para todos y el pago de 30 unidades tributarias. Chacín, que se hace el loco en las audiencias como si no partiera un plato, abrazando todo el día a Olegario por la espalda, queda molesto por la medida cautelar, pues su papel es que los indígenas queden presos y condenados. Con Olegario aparentemente negocia los territorios. A Chacín no le importa si no garantizar que las tierras (hacienda Cusare) retornen a los ganaderos y acabar con Sabino. En cuanto a los fiscales, Lenín Terán, cambia todo el discurso cuando tiene que acatar la medida cautelar diciendo que ellos siempre han considerado los derechos indígenas (Sabino y todos sonreímos en la audiencia ante tal descaro), mientras el fiscal nacional Américo Rodríguez lleno de de rabia no podía pronunciar palabra.
Pero ante este horizonte de maldad, odio, mentiras, injusticia, amenazas, ante todo esto, se mantienen Sabino y Alexander dignos y fortalecidos y junto a él todos los que estamos convencidos de que su lucha es el verdadero camino a seguir. Como lo expresó Sabino en la Plaza Bolívar de Trujillo y en otras oportunidades: no tenemos miedo y mucho menos cederemos la batalla revolucionaria por la tierra y los derechos humanos e indígenas. La dignidad podrá con todo esto.
Sabino cuenta con el apoyo de los verdaderos revolucionarios, los movimientos y organizaciones sociales y populares, pero lo más importante, con su propia claridad y conciencia. Sabino cuenta además con la ventaja de que su lucha es totalmente reconocida en otros contextos, pues su lucha es la misma que la de los indígenas de toda la América, de los mapuches, los zapatistas, de todos los pueblos que luchan por la tierra y el territorio, y de allí la condición especial del sujeto indígena: sin tierra no hay vida y no hay sujeto indígena. Sabino nos señala el camino y le está señalando también el camino a un Estado-gobierno que lo intenta condenar. Así que en medio de esta hibridez que hay actualmente en el Estado, en la que se cuelan toda clase de oportunistas, tiene también que existir dentro de este mismo Estado-gobierno otros funcionarios, otras mentes, otro camino que entienda la necesidad de proteger la vida de Sabino y de todos los indígenas y luchadores sociales, y sembrar la paz en esos territorios. Apostamos por esto, por ver a Sabino y a todas las comunidades indígenas en paz por fin en sus territorios sin parcelas ni intereses de terceros que los exterminen. Y una cosa más: el Estado tiene que dejar de apoyar la matriz de opinión que dice que al entregarle los territorios a los indígenas el Estado perdería soberanía, los indígenas son venezolanos, y más que eso, apuestan por la conservación de la naturaleza y los recursos, los indígenas con conciencia no se van a dejar comprar ni por estos locales ni por el imperialismo o fuerzas internacionales. De la misma forma que en contra de los locales que los amenazan, luchan en contra de la explotación minera, del carbón y las trasnacionales.
Si a Sabino y si algún luchador social les pasa algo será culpa de los ganaderos de la zona, las fuerzas militares y policiales de la zona y también del descuido del actual Estado-gobierno, si no hace nada más por ellos que dictar una medida cautelar. Chávez tiene que dar la cara por esto, pues señor presidente, usted no ha atendido nunca personalmente a los indígenas con quienes sembró un compromiso antes de que empezara a gobernar (en el 2005 estaba con Maradona y mandó a alguien a atender a los indígenas que lo fueron a buscar a Caracas). Por el lado de los luchadores, repetimos, la verdad y la dignidad podrán siempre con toda la maldad social y el odio. Así ha sido siempre la resistencia y la verdadera revolución, en su deseo de libertad y vida.