En Mérida la Contraloría se ensaña con los trabajadores en vez de perseguir a los corruptos
Durante los largos años en que Frank Castillo se desempeñó como Contralor en el estado Mérida, campearon los más groseros negociados entre las autoridades municipales y estadales y sus socios capitalistas. Castillo, un pupilo del hoy prófugo Luis Velásquez Alvaray, brindó protección a todos los manejos turbios de los jerarcas del MVR y luego el PSUV, hasta su salida reciente del cargo. Como testimonios de esta época sombría, quedan el Centro Comercial Yuan Lin, el Centro Residencial El Rodeo, y varios desarrollos urbanísticos ilegales a todo lo ancho y largo de la ciudad de Mérida, así como la existencia de una serie de extrañas fundaciones a cargo de testaferros de los altos funcionarios locales y regionales.
Durante los largos años en que Frank Castillo se desempeñó como Contralor en el estado Mérida, campearon los más groseros negociados entre las autoridades municipales y estadales y sus socios capitalistas. Castillo, un pupilo del hoy prófugo Luis Velásquez Alvaray, brindó protección a todos los manejos turbios de los jerarcas del MVR y luego el PSUV, hasta su salida reciente del cargo. Como testimonios de esta época sombría, quedan el Centro Comercial Yuan Lin, el Centro Residencial El Rodeo, y varios desarrollos urbanísticos ilegales a todo lo ancho y largo de la ciudad de Mérida, así como la existencia de una serie de extrañas fundaciones a cargo de testaferros de los altos funcionarios locales y regionales.
A Castillo le llamaban «el pimentón», porque participaba en todos los guisos. Naturalmente, cuando renunció a su cargo, meses después de las elecciones regionales de noviembre de 2008, su salida creó expectativas entre la ciudadanía, y particularmente entre los trabajadores de la propia Contraloría.
El Contralor General, Clodosbaldo Russián, nombró contralor encargado para Mérida a Asdrúbal Romero. Pero, como han demostrado los hechos, la tarea encomendada no fue la de establecer responsabilidades en la gestión de su antecesor, Castillo, sino por el contrario arremeter en contra de los derechos de los trabajadores y cubrirle las espaldas a la dirección saliente de la institución.
Sus primeras medidas consistieron en eliminar el servicio de comedor y desconocer el contrato colectivo vigente. Luego, ante la creación de un sindicato por parte de los trabajadores, Romero comenzó a perseguir a los sindicalizados, despidiendo a sus dirigentes. Desde hace más de tres meses, más de 30 trabajadores han paralizado sus labores, exigiendo respeto a sus derechos legales y contractuales. En represalia, Romero suspendió el pago de sus salarios, y chantajea a los sindicalizados para que renuncien al sindicato. Mientras tanto, el salario del propio Romero ronda los 12 mil bolívares fuertes mensuales.
Aprovechando el conflicto, Romero ha sustraído documentos de la sede de la Contraloría, y ha establecido una sede paralela en las afueras de Mérida, como lo han denunciado públicamente los propios trabajadores. Y a las viejas corruptelas se suman las nuevas, cuyo más doloroso ejemplo es el de Pdval.
Pese a que el Consejo Legislativo de Mérida y la Asamblea Nacional conocen las denuncias de los trabajadores, no se han tomado medidas para salvaguardar sus derechos. Y es que la situación que hoy lamentablemente viven los trabajadores de la Contraloría guarda estrecha relación con la que vienen atravesando el resto de los empleados públicos, con un retraso de cinco años en la discusión del contrato marco de la administración pública. La situación de los trabajadores de la Contraloría no es extraña a un contexto en el que se desconoce el derecho a la sindicalización en empresas estatales como Vtelca y Cavim; donde se desconocen y violan regularmente contratos colectivos, como ocurre en el Metro de Caracas y la industria petrolera; en el que la propia administración pública y las empresas estatales recurren a prácticas antiobreras como la tercerización y los contratos a tiempo determinado.
Los revolucionarios consideramos que todas estas prácticas que lesionan los derechos de los trabajadores contradicen y echan por tierra totalmente el discurso con pretensiones «obreristas» y «socialistas» del gobierno nacional. Consideramos que hay que intensificar la solidaridad con quienes, como los trabajadores de la Contraloría de Mérida, se alzan en protesta reclamando respeto a sus derechos. En estas luchas está presente el verdadero proceso revolucionario, y está presente la aspiración a un verdadero socialismo revolucionario, sin burócratas ni explotadores. Por eso llamamos a todos los luchadores honestos a solidarizarse con los trabajadores de la Contraloría de Mérida.
* Simón Rodríguez Porras es coordinador del partido Unidad Socialista de Izquierda en Mérida y candidato suplente a diputado por el circuito 3 de Mérida.
