Es necesaria una respuesta obrera y popular a la crisis

Por: Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura)

1. Situación política nacional

El país atraviesa por una crisis generalizada, una de las más graves de nuestra historia reciente, con expresión en el terreno económico, social y político. Desde hace poco más de un mes se desarrollan marchas y protestas estudiantiles en distintas ciudades del país, que también han involucrado a otros sectores de la sociedad. Dichas protestas son expresión distorsionada del descontento que se viene acumulando entre la población, como consecuencia de la alta inflación, los bajos salarios, la escasez de productos básicos, la inseguridad y los malos servicios públicos. Esta situación ha sido explotada a su favor por un sector de la MUD, encabezado por Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma, quienes con una política antidemocrática, cuya consigna es “la salida”, han impulsado las más recientes protestas, la cuales, carentes de objetivos claros, de consignas ligadas a la realidad social del pueblo, y con métodos alejados de la lucha de los trabajadores y las comunidades, han degenerado en algunos casos hacia acciones de violencia, estas protestas han sido reprimidas brutalmente por el gobierno con el respaldo de grupos parapoliciales.

La crisis económica

El origen de esta crisis está en un pronunciado deterioro de la capacidad productiva del país, que lo ha llevado –como reconoció el propio ministro Ramírez- a depender cada vez más de las exportaciones petroleras y las importaciones. Hoy de 100 dólares que ingresan al país por exportaciones, 96 provienen del petróleo. Venezuela en el último siglo ha sido un país monoproductor (petróleo) y poco productivo industrialmente, ya en 1999, año en que asumió el poder Hugo Chávez, de cada 100 dólares, 68 provenían de las exportaciones petroleras, esta situación se ha profundizado en los últimos 15 años. Esto se agrava porque el país es hoy importador neto de derivados del petróleo, como gasolina, debido a las fallas operativas de Pdvsa y en particular de las refinerías. Por otra parte, en la última década el crecimiento de las importaciones ha sido mucho mayor que el de las exportaciones, y la deuda interna y externa ha crecido de manera importante. La deuda pública total se ubicó en el 2013 en más de 115 mil millones de dólares, lo que significa un aumento de 9,9% con respecto al 2012, mientras que la deuda externa se ubicó en 44.791 millones de dólares. Por otra parte en el año electoral 2012, con Chávez ya enfermo, y ante el desgaste que ya se venía evidenciando en su gestión, el gobierno incrementó exageradamente el gasto público, dedicando grandes cantidades de dinero en la campaña electoral, en la Gran Misión Vivienda Venezuela y en importaciones, las cuales llegaron en el 2012 a más de 56 mil millones de dólares, para así garantizarse los votos suficientes para mantenerse en el poder. Esta combinación de factores ha generado una escasez relativa de divisas (dólares), situación muy grave para un país que depende altamente de las importaciones. Al caer las reservas internacionales de dólares, se dificulta la obtención en el exterior de productos e insumos necesarios para la producción. Esto, aunado a las presiones del sector empresarial para obtener aumentos en los precios regulados, y a un aumento de más del 70% en la masa monetaria (la cantidad de bolívares en circulación), producto de la impresión desaforada de dinero por parte del BCV, sin respaldo en la producción, explica la escasez de productos para el consumo masivo que el mes pasado fue de 28%, y la elevada inflación, que en el 2013 terminó en 56,2%.

La situación social: se está acumulando un gran malestar

En este contexto de grave crisis económica, se viene incubando un gran malestar social entre los trabajadores y habitantes de las comunidades populares urbanas y rurales, que, sin lugar a dudas, está en la génesis de las protestas que se han producido en el país, desde hace poco más de un mes. Este descontento creciente se refleja en los innumerables conflictos obreros que se producen en todo el país, en empresas públicas y privadas. Ejemplo de ello fue la huelga de 3 meses en Sidor; la lucha de los trabajadores eléctricos por su contrato y contra la intervención de Corpoelec. Los conflictos de Dianca, La Gaviota, Aceites Diana, Lácteos Los Andes, Empresa Socialista Pedro Camejo, todas empresas estatales. La lucha de los trabajadores petroleros por la aprobación del contrato, que condujo a la detención del compañero José Bodas, miembro de C-cura y secretario general de la Futpv, así como de otros 9 trabajadores a los que cuales se les aplicó medidas cautelares con régimen de presentación, sólo por convocar asambleas para discutir la situación del contrato. Pero también en el sector privado, como el caso de Helados Efe, y la grave situación que se cierne sobre el empleo de los trabajadores de las automotrices, de las cuales ya Toyota y Chrysler se encuentran en una paralización parcial y programada por falta de materia prima importada para producir. O el caso de los trabajadores de la prensa, o de las empresas productoras de envases de plástico y aluminio, en una situación similar. Pero no sólo son los trabajadores los que se movilizan. También lo hacen habitantes de comunidades populares contra la inseguridad y por mejores servicios públicos. Así como los damnificados por vivienda.

Otro de los dramas que ha vivido el país en los últimos 6 años, con graves consecuencias en la vida de las familias, son los continuos cortes de luz en la mayoría de las principales ciudades del interior del país, así como varios apagones nacionales, que reflejan la grave crisis eléctrica existente.

Pero quizás lo más grave, y potencialmente explosivo son la escasez de productos básicos y la elevada inflación, particularmente de los rubros alimenticios. El tema de la escasez se ha agravado desde el año pasado. En el mes de enero fue de 28%, y algunas fuentes privadas aseguran que en febrero habría sido de 47%, aunque el BCV no publicó la cifra oficial. Este es un drama cotidiano que afecta a todos los sectores sociales. Las personas deben ir a varios comercios distintos para poder completar el “mercado”. Deben estar pendientes cuando llega al supermercado más cercano la harina, el papel toilette, el aceite, la leche o algún otro producto desaparecido de los anaqueles. Recientemente otro de los productos que escasea es el gas doméstico. En este sentido es interesante destacar que en Los Teques en días pasados, los habitantes de varias comunidades hicieron trancas con las bombonas vacías de gas, reflejando que el descontento no se limita a las zonas de clase media. A todo esto hay que agregar los bajos salarios en un país con la inflación más alta del continente (el año pasado fue de 56,2%), el desempleo, los empleos precarios, y a tiempo determinado, sobre todo entre los trabajadores del sector público.

También entre los indígenas el malestar es creciente. Ejemplo de ello es la lucha de los yukpas por la demarcación de tierras, lo cual le costó la vida a Sabino Romero. Pero más recientemente son los wayuu los que vienen luchando. El gobierno los criminaliza acusándolos de ser los responsables del contrabando de extracción. Varios han sido asesinados por el ejército, que aparentemente tiene intereses en el tema del contrabando.

La Conferencia de Paz y los puentes al empresariado

Es en este marco que debe entenderse la política cada vez más clara del gobierno de Maduro de lanzar puentes al empresariado y a la oposición burguesa agrupada en la MUD. Ya previamente, a principios del año, esto se manifestó en la reunión con los alcaldes y gobernadores, se ha venido expresando en la devolución de algunas competencias e infraestructuras que el gobierno le había quitado a las alcaldías, y en las reuniones del Ministro del Interior con gobernadores de oposición, en el marco del tema de la inseguridad, así como con Capriles. Y más recientemente la realización de la Conferencia Nacional por la Paz, a la que asistieron Lorenzo Mendoza, Jorge Roig, presidente de Fedecámaras, entre otros empresarios, además de los empresarios ligados al Psuv como Pérez Abad o Cudemus. Asimismo, la conformación de la Comisión de la Verdad Económica, propuesta por Mendoza, y la realización de conferencias regionales de paz en Táchira y Anzoátegui. Con estas acciones el gobierno busca estabilidad, así como consenso con la MUD y la burguesía para avanzar en la aplicación de las medidas de ajuste y de esa manera capear el vendaval de la crisis económica, descargando sus efectos sobre la población mayoritariamente empobrecida.

Uno de los primeros resultados de estos acuerdos es que se aumentó Bs. 40 al kilo de pollo, un incremento del 133%, y se tiene previsto realizar aumentos similares en otros rubros alimenticios. De igual forma, la implementación del Sicad 2, que constituye una nueva devaluación monetaria, superior al 100% que incidirá en la inflación, deteriorando aún más los ingresos reales del pueblo trabajador.

Por su parte, los alcaldes y gobernadores de la MUD están de acuerdo en general con el ajuste. Un ejemplo de ello fue la represión ejercida recientemente por la policía del gobernador de Lara, Henry Falcón, contra un paro de trabajadores de la cervecera Brahma. Están de acuerdo con la devaluación y el aumento de la gasolina. Los partidos agrupados en la MUD sólo buscan presentarse como alternativa al gobierno, en su afán de disputarle al gobierno el control de la renta petrolera.

El modelo económico de colaboración de clases promovido desde 1999 fracasó

Como decíamos previamente, Venezuela desde 1926 es un país monoproductor de petróleo, con un muy débil desarrollo industrial. Consumidor de productos importados. El modelo político-económico rentista y de sustitución de importaciones, sobre el cual se basó la democracia burguesa y el sistema capitalista dependiente venezolano, se desmoronó hacia finales de la década del 70 y principios de los 80 con la crisis de la deuda externa latinoamericana. Las expresiones más dramáticas del fracaso capitalista fueron el “Caracazo” en 1989 y las rebeliones militares de febrero y noviembre de 1992. Fue en ese marco que Hugo Chávez asumió el poder en 1999 presentándose como representante de la resistencia al bipartidismo adeco-copeyano, en medio de un gran apoyo y crecientes esperanzas de redención social para la mayoría de la población del país. Chávez generó grandes expectativas en la población, con un discurso que apuntaba hacia la refundación de la República sobre bases democráticas y de justicia social. Al no impulsar transformaciones de fondo en el modelo dependiente y rentista, las limitaciones de su proyecto se hicieron evidentes. Las Misiones empezaron a retroceder a partir del año 2007 y ese año arrancó con una política de criminalización de la protesta y de ataques a la libertad sindical. Se empezaron a perder las conquistas democráticas y sociales obtenidas luego de la derrota del golpe de Estado de 2002.

Por otra parte, numerosas empresas que fueron compradas bajo el esquema de nacionalizaciones del gobierno, hoy se encuentran paralizadas o produciendo por debajo de los niveles previos a su estatización, mientras a los trabajadores se le violan sus derechos, se les prohíbe la conformación de sindicatos mediante la imposición desde las gerencias de Consejos de Trabajadores sin autonomía, o no se discuten los contratos colectivos. Los compañeros de la Unete conocen muchos casos, por ejemplo Lácteos Los Andes, Aceites Diana, Petrocasa, Dianca, entre otros.

Luego de 15 años del llamado “socialismo del siglo XXI”, los grandes beneficiados han sido los empresarios, banqueros, importadores y trasnacionales, mientras que los trabajadores y el pueblo pobre sufrimos todos los rigores de una grave situación social y económica, caracterizada por desabastecimiento, bajos salarios e inflación. El sector financiero obtiene jugosas ganancias, el sector telecomunicaciones tiene más de 40 trimestres de continuo crecimiento. Empresas de maletín de boliburgueses y empresarios tradicionales se robaron 20 millardos de dólares mediante la sobrefacturación e importaciones fraudulentas en el 2012, favorecidos por el otorgamiento discrecional de divisas en Cadivi, sin ningún control ni planificación, como Ramírez y Maduro han reconocido recientemente.

Los trabajadores y el pueblo se movilizan pero sin centralización

Ante esta situación, los trabajadores se movilizan en todo el país. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social informa que en los últimos 3 años se han producido 15 mil protestas de distinto signo. Miles de huelgas, paros y otras formas de lucha se desarrollan en todo el país, siendo los trabajadores, tanto públicos como privados el sector más dinámico y que más se moviliza.

La contrapartida de lo anterior es que los trabajadores hemos estado luchando de manera desarticulada. La movilización ha sido constante pero dispersa. El movimiento obrero carece de una organización sindical que centralice las luchas. Para desarticular al movimiento obrero y sindical, el gobierno utiliza las Inspectorías del Trabajo y la LOTTT contra los trabajadores. Por otra parte, como en épocas del puntofijismo con la CTV, que estuvo al servicio de los gobiernos de AD-COPEI, hoy la CBST allana el camino para dividir las luchas de los trabajadores, siendo una correa de transmisión de las políticas gubernamentales en el seno del movimiento obrero.

En C-cura mantenemos nuestro llamado a impulsar la autonomía e independencia de los trabajadores y del pueblo ante el gobierno, los patronos privados y los burócratas sindicales. Hoy cuando el descontento crece entre la población es cada vez más real la exigencia de articular desde las bases las luchas obreras y populares. En ese contexto es importante que los estudiantes, los cuales hoy se movilizan en todo el país, se sumen a las luchas del pueblo, y hagan frente común con las comunidades y los trabajadores por salario, empleo, vivienda, servicios públicos, entre otras reivindicaciones. Ese, precisamente es el objetivo del presente Encuentro Sindical y Popular.

2. Por un Plan Económico y Social Alternativo

En tal sentido C-cura plantea que es urgente levantar una alternativa desde abajo, con el pueblo en lucha. Con los trabajadores, los campesinos, los luchadores de las comunidades populares, con los indígenas y jóvenes.

Por ello creemos que este espacio es el ideal para debatir democráticamente un Plan Económico y Social de Emergencia para enfrentar la crisis, con independencia respecto del gobierno, de los patronos y de los partidos agrupados en la MUD.

Desde nuestro punto de vista, ese plan debería contemplar, entre otras propuestas:

a) Exigir un aumento general de sueldos y salarios.

b) Exigir que sean confiscados los bienes y fondos de las empresas que desfalcaron las reservas internacionales mediante importaciones fraudulentas.

c) Exigir elevar el salario mínimo al costo de la canasta básica, y que sea ajustado cada 3 meses de acuerdo a la inflación.

d) Exigir la eliminación del IVA.

e) Eliminación de los tratados contra la doble tributación, que eximen a las transnacionales que operan en el país del pago de impuestos por un monto superior a los 17 millardos de dólares anuales.

f) Exigir no al pago de la deuda externa.

g) La demarcación de los territorios indígenas y la realización de una verdadera reforma agraria. Fuera las trasnacionales y los
militares de la Guajira y de la Sierra de Perijá.

h) Nacionalizar la industria petrolera, para que sea 100% venezolana, sin empresas mixtas ni transnacionales.

i) Rescatar las empresas básicas de Guayana bajo la administración democrática de los trabajadores.

j) Demandar la derogatoria parcial de la LOTTT, a fin de eliminar el registro sindical impuesto por el gobierno.

k) Apoyar demandas legítimas del movimiento estudiantil como el aumento del presupuesto para la educación, la democratización del gobierno universitario y la transparencia del gasto presupuestario.

l) En el terreno de las libertades democráticas: exigir la libertad de todas las personas detenidas por protestar; libertad plena para José Bodas y los 9 petroleros con medidas cautelares, libertad para Rubén González y demás dirigentes con medidas cautelares; denunciar la actuación de grupos parapoliciales; exigir la disolución de la GNB y el Sebin; exigir la renuncia de la Fiscal General y de la Defensora del Pueblo; exigir la conformación de una comisión independiente integrada por organismos de derechos humanos que investigue las muertes y violaciones de los derechos humanos en las recientes protestas; apoyar las reivindicaciones de los trabajadores de la prensa, que denuncian la imposición de líneas editoriales proclives a la censura, así como la restricción del acceso al papel que ha llevado a varios periódicos del interior del país a cerrar, poniendo en riesgo centenares de puestos de trabajo y limitando el derecho a la información. Apoyar la campaña de denuncia contra las violaciones de los derechos humanos en la Guajira en perjuicio del pueblo wayúu por parte de la FANB.

3. Plan de lucha y movilización unitario

En aras de avanzar hacia la articulación de la necesaria respuesta de los sectores populares y obreros ante la crisis, proponemos elaborar una declaración unitaria de las organizaciones reunidas en este Encuentro y darle amplia difusión a través de volantes, ruedas de prensa nacionales y regionales y medios electrónicos.

De igual manera proponemos realizar Encuentros Sindicales y Populares regionales para discutir esta plataforma reivindicativa y organizar movilizaciones y pronunciamientos.
Realizar una concentración o marcha en el mes de abril que consigne estas exigencias ante la Vicepresidencia de la República. Preparar una gran marcha autónoma y combativa para el 1ero. de mayo, Día de los trabajadores, en la ciudad de Caracas.

4. Coordinación de luchas

Proponemos la conformación de una coordinación nacional de lucha integrada por los convocantes al evento y por todos los sectores dispuestos a impulsar este plan de lucha y movilización.

Caracas, 21 de marzo de 2014