Estado español: El nuevo Gobierno emprende la ofensiva
Ofensiva frontal contra los trabajadores/as:
La llegada del PP al gobierno profundiza una ofensiva contra los trabajadores/as que ya había iniciado el PSOE en el primer tramo de la crisis. Con De Guindos como ministro de economía, ex ejecutivo de Goldman Sachs, la política del gobierno combina el pago de la deuda como prioridad con la reducción del gasto público, una política de privatizaciones y la desregulación del mercado de trabajo.
Ofensiva frontal contra los trabajadores/as:
La llegada del PP al gobierno profundiza una ofensiva contra los trabajadores/as que ya había iniciado el PSOE en el primer tramo de la crisis. Con De Guindos como ministro de economía, ex ejecutivo de Goldman Sachs, la política del gobierno combina el pago de la deuda como prioridad con la reducción del gasto público, una política de privatizaciones y la desregulación del mercado de trabajo.
Arrancó con la congelación del sueldo de los funcionarios y el aumento generalizado del IRPF, siguió la Reforma Laboral, abaratando el despido y facilitando su tramitación; se liquida la negociación colectiva, facilitando que el empresario se «descuelgue», permitiéndole la rebaja unilateral de salarios y el empeoramiento de condiciones laborales, aparte de destinar más recursos públicos a la financiación de las empresas. La Unión Europea aplaudió la Reforma Laboral, pero en menos de 24 horas ya pedía nuevas medidas y más recortes. Con la «reforma financiera» Rajoy y De Guindos anuncian nuevos procesos de fusión, con el fin de completar la privatización y la entrega de las cajas a los bancos. El siguiente objetivo está en marzo, con los Presupuestos Generales del Estado, un amplio plan de privatizaciones, pero antes ya se oyen voces para «regular» el derecho a la huelga.
La ofensiva antiobrera se desarrolla en todos los frentes y el Gobierno sabe que ahora puede golpear fuerte pues aun prima la desmovilización. Los sindicatos piden tiempo para seguir negociando, cuando no hay nada que negociar y el tiempo juega a favor del Gobierno, que actúa con hechos consumados. ¿A qué esperan las direcciones de CCOO y UGT para lanzar la lucha? Acaban de firmar el acuerdo con la patronal que asegura la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en los próximos tres años, a cambio de… nada. La recesión ya está confirmada y el Banco de España anuncia que va a continuar en los próximos trimestres con 1’5 puntos de caída del PIB. Ya hay 5’4 millones de parados y el gobierno prevé alcanzar pronto los 6 millones.
Más golpes no suponen más movilización, como ocurrió en la Gran Depresión de los años 30. En Grecia la lucha obrera ha sido masiva y condiciona el panorama de crisis e inestabilidad política en el Gobierno, incluso puede condicionar el resultado de las próximas elecciones si las fuerzas de la izquierda anticapitalista son capaces de reorganizarse para dar una alternativa. No así se ha dado la situación en Irlanda o Portugal, países también intervenidos. No hay más tiempo que esperar. Las direcciones de CCOO y UGT son quienes pueden poner día y hora a la huelga general y establecer un calendario de lucha, pero se resisten. Hay que crear un movimiento desde la base para exigir a todos los sindicatos una convocatoria unitaria de huelga general con un plan que le dé continuidad.
Recentralización «tecnocrática» del estado… aprovechando la crisis
Los años de mayoría absoluta de Aznar con los intentos de recentralización política y económica provocaron una grave crisis entre la burguesía central y la periférica (catalana o vasca). Se llegó a un enfrentamiento con el PNV, al plantear la suspensión de las autonomías, el procesamiento del lendakhari, la disputa por el BBVA… Esto provocó un giro «radical » de un sector de la burguesía vasca con Arzalluz a la cabeza. En paralelo el deterioro del pacto constitucional enfrentaba también al Gobierno con la burguesía catalana, amplios sectores populares giraron hacia la ruptura con la constitución y la Monarquía.
Zapatero recibió el objetivo de buscar un nuevo equilibrio entre el centro y la periferia burguesa. A ese acuerdo se le llamó «reforma estatutaria». La piedra de toque de esa reforma era el acuerdo con la burguesía catalana, para luego abordar el tema vasco, mientras se completaba el cese definitivo de las acciones de ETA. Al calor de la reforma estatutaria catalana se procedía -con el café para todos del duque Suárez- emprendiendo las reformas estatutarias del resto de autonomías.
El fracaso de la actualización de ese acuerdo llegó a su máxima expresión en la sentencia del constitucional y la respuesta masiva en la calle el 10 de julio del 2010. El nuevo equilibrio estaba roto, y la grieta entre la Monarquía y sus instituciones y el pueblo catalán era más profunda. La cuestión está abierta y sin resolver cuando llega un nuevo intento de recentralización del estado. Tras las reformas y las necesidades «técnicas », el Gobierno prepara una LOAPA financiera, con control del déficit de las autonomías, y sanciones si se incumple. CiU calla, porque sus intereses de clase se imponen a los nacionalistas. Los intentos de recentralización del Estado y de recorte político y financiero de las autonomías van a proseguir, con un aspecto más tecnocrático y menos ideológico que bajo Aznar.
Había sectores de la izquierda vasca que valoraban que sería más fácil la negociación con el PP para acordar el fin de ETA y la solución de los presos/as. Pero todo indica lo contrario. El PP fue quien sacó más rédito a la «amenaza terrorista » y mantenerla viva le da un plus político. El Gobierno de Rajoy no ha hecho el más mínimo movimiento para facilitar la solución de armas por presos/as y va a poner cara, muy cara, cualquier medida que demande la organización armada o la izquierda abertzale. No estamos ante una reedición de las negociaciones sobre el final de ETA-PM con el ministro Martín Villa. Las próximas elecciones quedan lejos, lo que no obliga al PP a poner en marcha de inmediato nuevos procesos de ilegalización de candidaturas abertzales, con lo que Rajoy no tiene ninguna prisa y va a seguir aprovechando ese factor para debilitar la euforia inicial de la izquierda abertzale.
Realineación total tras Estados Unidos
El Gobierno Zapatero se estrenó sacando las tropas de Irak y marcando una cierta distancia con la política unilateral de los Estados Unidos, y reivindicando el marco de la ONU como instrumento común de intervención. Era el resultado de la presión ejercida por la movilización de cientos de miles en las calles contra la guerra y en las horas previas a las elecciones tras el atentado de Madrid. Ciertamente no hubo una ruptura con la política del imperialismo y del mismo modo que sacaban tropas de Irak las incrementaban en Afganistán, al servicio de la ocupación norteamericana del país y de su gobierno títere, pero tenía que poner distancia del Aznar del «trío de las Azares» y del apoyo incondicional a Bush. La llegada de Obama a la Casa Blanca facilitó la normalización de relaciones de subordinación al imperialismo americano.
Rajoy arranca poniendo la industria militar al mando de la política de Defensa. Morenés ha sido directivo de Instalaza (que fabrica las prohibidas bombas de racimo) y MBDA (principal fabricante de misiles). Como Secretario de Estado de Defensa y número dos, se coloca a Pedro Argüelles, exejecutivo de Boeing. En el anterior periodo del Gobierno Aznar y con Morenés entonces Secretario de Estado de Defensa, se dispararon los contratos de compra de armamento del Gobierno.
El circo de la justicia
Vuelve la España católica. Para completar la reacción ideológica, Rajoy pone en Justicia a Gallardón, progre ex-OPUS, que anuncia la cadena perpetua revisable, el copago de la justicia, y la penalización a los recursos, de forma que si pierdes y reclamas pagas los costes.
La llegada de Gallardón viene en un momento en que la justicia es todo un espectáculo. El juicio en el que Camps ha sido declarado no culpable es un escándalo, pues todo el mundo ha podido escuchar las cintas en las que el expresidente de la Generalitat Valenciana pasteleaba, compraba y vendía favores y cargos. Ahora toca el turno a Matas, ex-presidente del PP y de la autonomía balear. Y también veremos cómo se las arreglan para seguir el juicio contra Urdangarín sin dañar la imagen de la Monarquía, que no es tarea fácil.
Mientras esto se da, Garzón, juez instructor del caso Gurtel, resulta ser el único sancionado en este asunto. Mientras Garzón golpeó a la izquierda independentista vasca o catalana gozó de todo el apoyo de la legislatura y los grandes partidos, cuando entró a tocar trapos sucios del PSOE o del PP, o a desenterrar el pasado franquista, se acabaron las contemplaciones y el aparato judicial -muchos de los jueces hunden sus raíces en el viejo régimen- fue a por él.
Las promesas de Gallardón a la Iglesia Católica para restringir la legislación del aborto abren otro frente. Y en contraste con la política de recortes se mantiene la financiación con fondos públicos a la Iglesia Católica… y veremos si no mejora.