Estrategia timorata de Lula, Correa y Chávez frente a las bases yanquis en Colombia termina en fracaso

Los gobiernos de Brasil y Ecuador fracasaron hoy en el intento de que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) pida un diálogo directo con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre la presencia militar en Colombia y su estrategia general hacia la región, a raíz del rechazo de Alvaro Uribe.

En la cumbre extraordinaria del foro en Bariloche, suroeste argentino, Lula insistió en la propuesta hecha ya en Quito el 10 de agosto, de un diálogo directo con el jefe de la Casa Blanca, para que describa su política hacia América Latina.

También el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, presidente temporal de la Unasur, insistió hoy en que el foro pida una reunión «urgente» a Obama, pero poco después Uribe rechazó terminantemente la idea.

La política de Estados Unidos para la región, en especial en el plano militar, se debatió en torno de esta propuesta pero también a raíz de un documento del Comando Sur presentado a sus colegas por el venezolano Hugo Chávez.

Ese documento, que habla de la presencia en Colombia como posibilidad de intervenciones en toda América Latina y como paso para operaciones en Africa, quedó a estudio del Consejo de Defensa de la Unasur, pese a que Uribe intentó minimizarlo, definiéndolo erróneamente como un texto académico.

Pero Uribe se fue de Bariloche después de haber logrado al menos demorar el pedido a Obama para que se reúna con la Unasur.
«No estamos de acuerdo en llamar a cuentas (pedir explicaciones, NDR) al presidente Obama», dijo Uribe, para quien ya hay mecanismos de relación, consultas y debate para encaminar el diálogo.

Además, Uribe anticipó en su primera intervención que no firmaría ningún pronunciamiento contrario a la presencia militar estadounidense en Suramérica, lo que de inmediato condicionó las resoluciones de Unasur, que a nivel presidencial debe adoptar decisiones con consenso de todos los miembros.

No obstante, fueron varias las expresiones de cuestionamiento y preocupación por la presencia militar estadounidense.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, reclamó que sus colegas acepten mecanismos de verificación de los acuerdos y recursos militares, dada la «crisis de confianza» en particular entre Colombia, Ecuador y Venezuela. «Debemos conciliar (…) su proyecto de cooperación con Estados Unidos; y debemos lograr que sus vecinos tengan la certeza que ese acuerdo no va a afectar la seguridad y la institucionalidad en sus países», dijo la mandataria en una estilo eufemístico.

Tampoco fue aprobada la propuesta del presidente de Bolivia, Evo Morales, de consultar a los pueblos suramericanos sobre si debe haber o no bases y presencia militar estadounidense en Colombia o cualquier otra nación.

En tanto, Chávez pidió formalmente al gobierno de Colombia que «revise» la decisión de adoptar el acuerdo militar.

En su segunda intervención en la cumbre, Chávez respaldó la propuesta de que el tema militar de la región quede a estudio del Consejo de Defensa, y también pidió impulsar «una iniciativa de paz» para Colombia.

Asimismo, ofreció que ese Consejo examine los acuerdos militares de su país con Rusia y China, porque «no tengo ningún problema de mostrar aquí, o ante el mundo, lo que nosotros estamos haciendo con China, con Rusia o con Irán, no tengo ningún problema». La discusión respecto del papel de Estados Unidos apareció en otros tramos de las deliberaciones, como cuando Lula le pidió a Uribe que revise la utilidad de la presencia militar en su país, que dijo data de 1952 y pese a la cual el conflicto interno colombiano sigue presente.

Uribe corrigió la afirmación de su colega brasileño, al replicarle que «nunca existieron bases» de Estados Unidos, y también le dijo directamente que la sucesión de acuerdos militares entre Bogotá y Washington le dio buenos resultados a su país. El ecuatoriano Correa fue quien más argumentos interpuso a la presencia militar estadounidense, como cuando dijo que «claramente este acto sobrepasa la soberanía de un pueblo digno como el colombiano».

Asimismo, enfatizó que la «capacidad de las bases militares» en Colombia «es totalmente desproporcionada» al proclamado fin de combatir al narcotráfico y a grupos guerrilleros.

Las siete bases en cuestión son «un problema que atentan, hacen peligrar y aumentan el desequilibrio militar, con todo respeto no es un problema de soberanía colombiana», afirmó.

Correa dijo que no es verdad que se pueda controlar ese despliegue militar sofisticado, «ustedes no van a poder controlar a los norteamericanos», enfatizó dirigiéndose al «pueblo colombiano».

En su postura de rechazo a las bases, agregó: «Creemos que Colombia tiene los medios suficientes, si se cambia la visión, para luchar contra este flagelo; es claro que los medios y equipos superan en mucho los objetivos del narcotrafico y el terrorismo».

«Tenemos motivos más que de sobra para estar preocupados», sintetizó Correa, tras enumerar datos sobre la capacidad militar norteamericana que, dijo, «permite el control del Caribe y una parte del Pacifico», basado en el documento del Comando Sur. En coincidencia con él, Fernández dijo que la presencia militar estadounidense en la base colombiana de Palanquero responde más a una hipótesis de guerra convencional que a la «lucha contra el narcotráfico y el terrorismo».

Al fracasar la intención timorata de solicitar formalmente audiencia con el presidente Obama para arrancarle alguna declaración de buena fe en el asunto de las bases, el claro ganador fue Álvaro Uribe, quien se benefició con las vacilaciones y las medias tintas de la centroizquierda latinoamericana. Uribe incluso se dio el lujo de pasar del banquillo de los acusados al papel de acusador, al decir que el gobierno venezolano resguardaba a dirigentes de la insurgencia colombiana. En realidad, en virtud de acuerdos alcanzados con el gobierno ultraderechista de Uribe, el gobierno venezolano ha entregado a más de 15 guerrilleros tan sólo este año, en procedimientos expeditos y sin que medien procesos de extradición.

Uribe, pese a no contar con más apoyo que el del desprestigiado presidente peruano Alan García, pudo salir airoso y evitar que se solicitara la audiencia con Obama, en virtud de que la Unasur tiene la antidemocrática norma de sólo adoptar resoluciones por unanimidad.