Fuertes conflictos interburocráticos en el PSUV y la gobernación de Mérida

Pese a una fuerte oposición en sectores del PSUV, el gobernador de Mérida, Marcos Díaz Orellana nombró al ex alcalde del municipio Libertador, Carlos León como secretario de gobierno, en sustitución del profesor universitario Guido Ochoa, quien se desempeñó brevemente en el cargo. Aunque Ochoa anunció su apoyo al nombramiento de León Mora, y atribuyó su salida del cargo a que el Consejo Universitario de la ULA no le habría aprobado la comisión de servicio, la Fuerza Bolivariana Universitaria, de la que él forma parte, ha expresado su rechazo a la medida.

Fuentes periodísticas aseguran que también se nombrará a personas allegadas a la anterior gestión de la alcaldía y la gobernación de Mérida en los cargos de secretario privado del gobernador, presidente de Fundecem (dirección de cultura del estado), presidente de Aguas de Mérida, entre otros.

La magnitud y la repercusión de estas medidas probablemente propiciaron un viaje reciente del gobernador de Mérida a Caracas.

Acusaciones de nepotismo contra sectores de la dirigencia del PSUV que tradicionalmente se han opuesto a Carlos León Mora y el ex gobernador Florencio Porras han enturbiado el ambiente en la tolda política.

Marcos Díaz militó varios años en el partido Copei, y su formación política no es de corte socialista, sino socialcristiana; su campaña se centró en ofrecer relaciones cordiales y de entendimiento a la empresa privada, las autoridades de la ULA, y la iglesia católica. Recientemente lanzó convenios con la alcaldía copeyana para subsidiar la creación de una escuela de tauromaquia.

Carlos León Mora, por su parte, resultó derrotado en las elecciones regionales del 23 de noviembre, en las que aspiraba a la reelección como alcalde frente al copeyano Léster Rodríguez, un ex rector de la ULA cuestionado por su apoyo a grupos fascistas y bandas armadas en la universidad.

La gestión de Carlos León fue cuestionada por sectores populares y de izquierda, por la permisología irregular otorgada para la construcción de centros comerciales, el otorgamiento de cargos en la alcaldía a connotados fascistas, así como las denuncias de corrupción, una de las cuales derivó en un allanamiento a la sede de la alcaldía por parte de la Disip, por el supuesto funcionamiento de una oficina ilegal de recaudación de impuestos.