Gobierno de Uribe continúa espiando a magistrados, diputados, activistas de derechos humanos, y candidatos opositores
La policía secreta colombiana, sumergida en una escándalo de espionaje que tiene a sus últimos cuatro ex directores vinculados a una investigación en la Fiscalía General, seguiría grabando ilegalmente funcionarios y políticos, han denunciado medios colombianos.
La policía secreta colombiana, sumergida en una escándalo de espionaje que tiene a sus últimos cuatro ex directores vinculados a una investigación en la Fiscalía General, seguiría grabando ilegalmente funcionarios y políticos, han denunciado medios colombianos.
Según la Revista Semana, que comenzó a circular el domingo, «nuevas grabaciones demuestran que a pesar de estar en medio del peor escándalo de su historia, el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) continúa grabando ilegalmente a magistrados, congresistas y candidatos presidenciales».
La oficina de prensa del DAS o policía secreta dijo que el director de ese organismo Felipe Muñoz no comentaría el caso de inmediato.
Semana, citando fuentes anónimas dentro del DAS, aseguró que la policía secreta mantuvo sus interceptaciones ilegales días después de que la revista revelara en febrero los seguimientos y las grabaciones ilegales.
Agregó que entre los que siguen siendo objeto de esas grabaciones ilegales están el magistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez, y ahora se sumó el candidato presidencial Germán Vargas.
La revelación de Semana en febrero desembocó en que la Fiscalía General allanara entonces la sede del DAS y en mayo vinculara a la investigación por el espionaje a los cuatro ex directores del organismo, Jorge Noguera, Andrés Peñate, Joaquín Polo y María del Pilar Hurtado, para que aclaren su participación en los seguimientos ilegales de comunicaciones de personalidades.
Además, 10 ex directores de inteligencia, contrainteligencia y funcionarios regionales del DAS se entregaron en julio ante la Fiscalía, que había dispuesto su captura por el delito de «concierto para delinquir» o la unión de dos o más personas para cometer crímenes, que en Colombia se castiga con hasta seis años de prisión.
El DAS depende directamente de la presidencia, con lo cual se ve involucrado Uribe, quien aspira a reelegirse por tercera vez.
Los seguimientos denunciados en febrero –desde fotos de familiares, hasta balances bancarios y perfiles personales, si bebían o tenían amantes– fueron hechos a activistas de derechos humanos, periodistas y magistrados, según el expediente.
