Gobierno enfrentó un escenario marcado por demandas laborales

El gobierno venezolano enfrentó en 2009 un panorama conflictivo en el estratégico sector de industrias básicas y petróleo por las reiteradas protestas de trabajadores, que reclamaron mejoras laborales, mayores inversiones, así como denunciaron la criminalización del movimiento sindical.

El gobierno venezolano enfrentó en 2009 un panorama conflictivo en el estratégico sector de industrias básicas y petróleo por las reiteradas protestas de trabajadores, que reclamaron mejoras laborales, mayores inversiones, así como denunciaron la criminalización del movimiento sindical.

Trabajadores del aluminio, del acero y del hierro, agrupados en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), que reúne a 15 grandes empresas, protestaron contra el “abandono” y la falta de recursos, lo que puso de manifiesto un conflicto entre el movimiento sindical y el gobierno, que se autodefine “del pueblo y los trabajadores”.

“La conflictividad es alta. Desde principios de 2009 las protestas fueron constantes. Y en este 2010, que es de elecciones, vamos a continuar”, aseguró a la AFP José Luis Morocoima, responsable sindical de Bauxilum, una de las grandes empresas públicas del aluminio, refiriéndose a los comicios legislativos de septiembre de este año.

Las protestas en Carbonorca, Venalum, Bauxilum y Alcasa (las cuatro grandes empresas públicas del aluminio) y en la siderúrgica Sidor, nacionalizada en 2008, se intensificaron a final de año.

De poco sirvió el desembolso de 280 millones de dólares en recursos y un aumento de las inversiones por 1.220 millones de dólares anunciados por el ministro de Industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sanz.

Según los sindicalistas, además de incumplir las convenciones colectivas y atrasarse en sus compromisos, el gobierno de Hugo Chávez también ha criminalizado su movimiento, utilizando a efectivos de la Guardia Nacional para contenerlo y sometiendo a dirigentes a procesos judiciales.

Como telón de fondo de estas protestas que afectaron a diversos sectores está la crisis financiera internacional, que hizo caer el precio del petróleo, generador del 90% de las divisas en Venezuela.

Las protestas laborales en el sector automotriz fueron abundantes. Es necesario recordar la brutal represión ejercida por la policía del estado Anzoátegui contra los trabajadores de Mitsubishi a inicios del 2009, en la cual fueron asesinados dos trabajadores por armas de fuego. Esta legítima protesta reclamaba el reenganche de 135 trabajadores tercerizados y su represión dejó también un grupo de trabajadores bajo régimen de presentación.

Según Morocoima, en 2009 se vio “una arremetida” contra el movimiento obrero. “Hay un intento del gobierno por eliminar la interlocución de los dirigentes sindicales”, sustituyéndola por grupos afines que son verdaderos “brazos políticos”, afirma.

En agosto, Chávez anunció el lanzamiento del Plan Socialista Guayana 2019, que tiene el objetivo de formar una gran corporación con las empresas del aluminio, el hierro y el acero bajo la premisa de eliminar los sindicatos por ser un mecanismo de lucha y el anuncio de “control obrero de la producción”, el cual será “reglamentado”, siendo esto contradictorio con el proceso revolucionario.

“No se han hecho las inversiones necesarias que hemos pedido, hay pasivos laborales que aún no se pagan, las cuotas sindicales están retenidas, no podemos realizar actividades. Hay crisis económica y violaciones a los derechos de los trabajadores”, declaró Juan Gómez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos de la CVG, a la AFP.

Las cuatro empresas estatales del aluminio producen un total de 700.000 toneladas al año, pero según fuentes sindicales están operando al 50% de su capacidad y requieren inversiones por unos 5.500 millones de dólares.

En el estratégico sector petrolero también se registraron choques entre el gobierno y los trabajadores, quienes actualmente debaten un nuevo contrato colectivo en el seno de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), donde el sindicato está dominado por el ‘chavismo’.

Las protestas estuvieron motivadas principalmente por la anexión de unos 8.500 trabajadores de empresas de servicios tras una nacionalización decretada en mayo de 2009.

El gobierno de Chávez “ha estrangulado” el sistema de protección social, sobre todo en educación y salud, aseguró Morocoima.

Así como en el 2009 hubo un aumento de las protestas en el contexto laboral también hubo un aumento en la criminalización de las mismas por parte del Estado a través de la implementación de medidas cautelares que obligan a cientos de trabajadores a someterse bajo un régimen de presentación ante organismos judiciales.

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